Por Víctor Hugo Moreno Julio 7, 2016

Con un cariñoso palmetazo en la espalda brindado por el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguire, la titular de Educación cartera de educación, Adriana Delpiano, concluyó las casi dos horas que duró la exposición que realizó ante la comisión de educación del proyecto de reforma al sistema de educación superior. La secretaria de Estado confesó que este era un día muy especial, porque se estaba presentado un proyecto “anhelado por gran parte de la ciudadanía”. Agregando a la parte más política de su alocución que con este proyecto se cerraba “el conjunto de reformas estructurales que la presidenta Michelle Bachelet comprometió al país”.

 Delpiano intentó marcar los trazos, la ruta que seguirá este proyecto que ya se espera permanezca por varios meses al interior del Parlamento. La ministra de entrada aclaró dos puntos: el primero que el proyecto “llegó para ser mejorado”, y que esta reforma es “finita”, es decir que tiene caminos con metas y horizontes claros, sobre todo en lo que se refiera a la tan esperada gratuidad universal. Claro que no pudo establecer cuáles serán esos plazos, sólo remitiéndose a la fórmula escalonada que dice relación con el crecimiento y el PIB tendencial, tema que explicó con más detalle la subsecretaria, Valentina Quiroga, quien expuso cómo a medida que iba aumentando este indicador, se iban a ir sumando deciles a la gratuidad. Pero todo ello, sin aventurar plazos en años o décadas.

 La ministra remarcó la relevancia histórica que tiene esta reforma, la más grande y compleja que se hace en el país desde 1980. Destacó los altos niveles de cobertura que ha logrado el país, situándolo en el segundo lugar dentro de los países de la OCDE, pero argumentando que pese a ello Chile es de los países con menos aporte estatal, y más de las familias, en la educación de los estudiantes con un 60% de aporte privado, lo que fue calificado de “vergonzoso” por algunos diputados que murmuraban al escuchar las cifras. Todo ello, más el distanciamiento que a juicio de la ministra se produjo entre el Estado y los planteles de educación superior, entre otras cosas, son los factores que determinaron la presentación de la reforma.

 Los primeros nudos

 En los 202 artículos repartidos entre las 174 páginas del proyecto, ya se comenzaron a observar los primeros nudos. Nada nuevo, según el debate que ya se estaba iniciando con las minutas iniciales que se fueron conociendo antes de que el texto definitivo ingresara.

 El primero de ellos dice relación a la fórmula para alcanzar la gratuidad, lo que para casi todos en el Congreso plantea un completo misterio sobre plazos y cifras.   La ministra consultada sobre estos cuestionamientos hizo un llamado a qué quien estime necesario proponga una nueva fórmula distinta a la elaborada por el ministerio de Hacienda: “Quisiera escuchar propuestas alternativas, si encuentran un mecanismo que permita ir más rápido. Lo que está en la ley es cómo se va a avanzar, cómo se mantienen las ayudas estudiantiles en el período de transición y cuáles son los mecanismos por los cuales podemos llegar a tener gratuidad universal en el país”, agregando que “el proyecto tiene que ver con la recaudación que hace el Estado sobre el aumento  del crecimiento. Si mañana tuviéramos un cobre con mayor valor sin lugar a dudas eso nos genera mayor recaudación, para poder avanzar”, explicando que toda esta materia recae justamente en Hacienda.

 Ante ello el diputado Giorgio Jackson dijo que le preocupaba no ver ninguna ruta clara al respecto: “En materia de financiamiento no cumple con lo esperado. Esperamos que el gobierno este llano a revertir, porque así como está no tendrá mi aprobación. No podemos farrearnos la oportunidad de cambiar el sistema. El proyecto no amarra ningún plazo para lograr la gratuidad universal”, enfatizó.

 El otro nudo, por ahora visible, es sobre el lucro. El proyecto establece un plazo de cinco años para que las instituciones se adecuen al nuevo sistema, ya sea de gratuidad o para optar a financiamiento estatal. Ante ello, Valentina Quiroga explicó que “habrá un plazo de cinco años para que esas instituciones que reciban financiamiento público cumplan ciertos requisitos para seguir teniendo fondos públicos aunque no adscriba a la gratuidad en becas y créditos”, y durante ese período todos los planteles deberán cumplir con el nuevo marco que no solo prohíbe el lucro, sino que también relaciones entre diferentes planteles. 

 Estos dos serán sólo alguno de los complejos temas que se plantean en el proyecto y que auguran un largo debate, en donde nadie aún puede asegurar que terminará bajo este gobierno.

 Así concluyó el primer día de la reforma en el Congreso que partió temprano en la mañana con un banderazo organizado por los diputados Jackson y Gabriel Boric, quienes dejaron pasar a un grupo de estudiantes que desplegaron una bandera nacional por las afueras del Congreso, mientras un grupo de manifestantes aplaudía y gritaba consignas por calle Pedro Montt. Una señal que este debate no estará sólo en las paredes del Parlamento, y que estos dos diputados de la ex bancada estudiantil aún mantienen la tesis de un pié en la calle… un pie en el Congreso. La batalla recién comenzó. 

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