"Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena. Atentamente. Patricio Contesse". Así cerraba el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse un largo intercambio de correos electrónicos con el ex senador UDI, Pablo Longueira, el 1 de septiembre de 2010, el mismo día en que el gobierno de Sebatián Piñera ingresó al Congreso el proyecto que establecía un nuevo régimen tributario para la minería chilena.

Revista Qué Pasa reveló a fines de enero pasado una serie de correos electrónicos que dan cuenta de las huellas de Contesse en la tramitación de la ley de royalty minero, comprobando la influencia ejercida por el entonces gerente de la minera no metálica a través del ex senador Longueira. Ayer Ciper Chile agregó nuevos antecedentes que complementan este escenario en un artículo titulado "Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse", es decir, nuevas comunicaciones donde Contesse y Longueira profundizan sus opiniones sobre el proyecto de ley justo cuando el Ministerio de Minería trabajaba en la redacción del proyecto que ingresaría al Parlamento.

Ciper revela un correo electrónico del 5 de agosto de 2010 en el que Contesse le envía a entonces senador UDI un documento adjunto titulado "Royalty Minería I", bajo el asunto "Texto cláusula extensión".

"Estimado Pablo te envío la propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla", decía Contesse en el correo electrónico.

Según la publicación, el texto que el ex gerente general de SQM le envió a Longueira es "prácticamente igual al que el gobierno ingresó casi un mes después el 31 de agosto de 2010", agregando que "el cambio contenido en ese email beneficiaba directamente a SQM". El documento de Contesse, según Ciper Chile, apuntaba a la modificación de la redacción del artículo cuatro transitorio del proyecto de ley, que permitía entonces a SQM acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado.

“Las empresas chilenas pertinentes no suscribieron el Convenio a que se refiere el artículo 5° transitorio de la Ley actualmente vigente (N° 20.026) pues la autoridad de entonces no pretendía que esto ocurriera y las condiciones puestas lograban ese efecto en la práctica”, señalaba, a modo de alegato, el email Contesse. El problema es que el nuevo borrador que había presentado el gobierno de Piñera establecía expresamente que el nuevo beneficio de invariabilidad tributaria sólo contemplaba a las empresas chilenas que ya tenían un convenio vigente, lo que no era el caso de la minera.

“Dicho de otro modo, la nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM–ya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.026– y borrará con tal exclusión, todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias (royalty) de las empresas mineras chilenas con los de las empresas mineras extranjeras”, afirmaba el gerente.

Por ello, propuso una alternativa que favorecía directamente a su empresa: “La omisión indicada debe ser solucionada y ello puede ocurrir, por ejemplo, a través del reemplazo del posible Artículo Sexto Transitorio del mismo nuevo proyecto de ley. Este artículo, entonces, íntegramente reemplazado, podría leer como sigue”, fue su argumento, pasando a presentar la redacción de un artículo de ley que luego quedó en la iniciativa legal como Artículo Cuarto Transitorio.

Sin embargo, en este razonamiento se omite un dato esencial. La diferencia entre las empresas nacionales y extranjeras, se debía a que este beneficio se encontraba con anterioridad en los contratos de los inversionistas extranjeros, por lo que garantizar su ampliación era necesario para que accedieran al alza tributaria. En el caso de las compañías chilenas, en cambio, estaban  adquiriendo una ventaja nueva.

Estos nuevos antecedentes vienen a complicar aún más la delicada situación de Longueira, quien está siendo investigado por financiamiento irregular a la política precisamente por los millonarios pagos que recibió de SQM. De acuerdo al informe de Shearman & Sterling, auditora estadounidense que fue contratada por la misma compañía, Longueira es el político que más se benefició con los dineros de la minera, recibiendo en total más de $ 730 millones de pesos a través de pagos a 20 personas jurídicas y naturales relacionadas con él, los que se extendieron desde su época como senador y ministro, hasta incluso después de que renunciara a la carrera presidencial en 2013 producto de una depresión. Los nuevos documentos, sin embargo, sugieren directamente un eventual delito de cohecho.

Ahora será cuestión de ver si el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) deciden presentar querellas por delitos tributarios y funcionarios respectivamente.

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