La promesa de extender la gratuidad al 70% de los alumnos más vulnerables en 2017 venía tambaleando hace unas semanas. La primera señal la dio Rodrigo Valdés cuando, el 29 de febrero, anunció un ajuste fiscal de US$540 millones que afectaría a todos los ministerios. Al día siguiente la presidenta salió a apagar las alarmas, asegurando que los recortes no afectarían ni a Educación ni Salud. Pero el domingo, en una entrevista en La Tercera, la ministra de Adriana Delpiano terminó por sincerar el panorama: “No renunciamos a ampliar la gratuidad al 70% más vulnerable, pero no sabemos en qué plazo, si en este gobierno o pasa a otro”.
Además, la Ministra explicó que durante el transcurso de este año los esfuerzos estarán puestos en aumentar el número de instituciones que se adscriben a la gratuidad –principalmente para incluir a los IP y CFT, que quedaron fuera de la glosa presupuestaria aprobada en 2016–, pero no se añadirán más deciles socioeconómicos que pueden aplicar a este beneficio.
A esto, se le suma la molestia que han expresado los últimos días los rectores de varias universidades, quienes alegan haber recibido un monto muchísimo menor al dinero comprometido por el gobierno.
En febrero, la subsecretaria de Educación Superior, Valentina Quiroga anunció que se transferirían cerca de $200 mil millones a las 30 universidades adscritas a la gratuidad, aunque no se estableció un cronograma para realizar los pagos.
No obstante, por conversaciones con autoridades del ministerio las universidades entendieron que existían dos posibilidades: o recibirían el 50% del dinero que les fue asignado por decreto en un solo pago en febrero o, de lo contrario, se les transferiría, en cinco cuotas hasta junio. Sin embargo, en la práctica ninguna de estas opciones llegó a oficializarse y durante la primera semana de marzo lo que habían recibido fluctuaba entre el 10% y 12% del monto comprometido.
Por otra parte, a la fecha sigue sin existir claridad respecto de cuántos alumnos podrán aplicar al beneficio en cada universidad adscrita, ni cuáles serán los aranceles regulados. Por lo tanto, tampoco es posible calcular cuánto es el monto exacto que le corresponde a cada casa de estudio ni la magnitud de los déficits que se producirán por la diferencia entre los aranceles que fije el Mineduc y los aranceles reales, pero que las universidades calculan serán del orden de los $1.400 - $ 1.700 millones de pesos. Se espera que estos datos estén disponibles recién en abril, cuando los alumnos ya lleven más de un mes en sus respectivas casas de estudio.
“La implementación de la gratuidad ha presentado una serie de incertidumbres para nuestra universidad, principalmente porque hay una falta de claridad respecto de la forma de cálculo de los montos que corresponden a la institución”, sostuvo Pedro Palominos, rector interino de la Universidad de Santiago.
“Aunque en los alumnos de primer año es más claro, no está definido quiénes tendrán el beneficio en los años posteriores ni cómo se financiarán aquellos estudiantes luego de finalizada la duración normal de su carrera y que no han logrado titularse, lo cual ocurre en la gran mayoría de los casos. Todos nuestros cálculos se basan en estimaciones”, añadió Palominos.
“En la práctica no sabemos nada oficial, sólo podemos esperar hasta el 16 para ver cuánto nos depositaron este mes. Así no podemos programar gastos ni nada, no podemos programar qué hacer con la plata que disponemos, que es lo que hubiésemos recibido directamente de nuestros alumnos. Y todos esperamos que se cumpla que nos van a entregar el 50% de aquí al 20 de junio, pero no hay ningún compromiso formal”, Loreto Massanés, vicerrectora económica de la Universidad Católica.
Massanés además explicó que las universidades no tienen un canal de comunicación directo con el Mineduc, lo que naturalmente hace menos expedito el proceso. Y aunque reciben la información oficial a través de un portal en internet que fue habilitado exclusivamente para la implementación de la gratuidad, sus quejas o incertidumbres sólo las pueden hacer llegar a través de los rectores.
Uno de los grandes temores para los rectores es que, finalmente, la suerte de sus casas de estudio dependa de los vaivenes de la economía, por lo que buscarán que en el proyecto de reforma a la educación superior que se va a discutir este año existan garantías para que esto no suceda. Una de ellas podría ser a través de la creación de aportes basales.
“En muchos países fijan un porcentaje del PIB, fijan dineros para investigación, fijan dineros para la vida universitaria y yo que aquí debería haber una política que garantizara eso”, postuló Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile”.
“Existe una paradoja, gran parte de las fluctuaciones económicas que tenemos se dan porque no hemos tenido una buena política de investigación y de innovación. Una buena lección es que aquí hay una circularidad: si hubiéramos destinado más fondos en el pasado a investigación y universidades hoy día tendríamos una economía menos dependiente”, concluyó.
