Los agudos dolores en su espalda la obligaron a reducir al mínimo su agenda de trabajo y sus actividades públicas. Como el malestar se hacía insoportable, finalmente la ministra de Salud, Helia Molina, debió someterse a una infiltración en la columna en la Clínica Las Condes y a una intervención quirúrgica a la cadera en la Clínica Alemana, tratamientos que la tuvieron con licencia y alejada de la cartera buena parte de agosto.

Pese a su ausencia, esta semana el nombre de la médico salubrista estuvo más presente que nunca en las reuniones de La Moneda. En el comité político del lunes se debatió sobre el complejo panorama que atraviesa Salud y la necesidad de reforzar la agenda del sector, afectado por el retraso en las obras de infraestructura hospitalaria y crisis como el paro de trabajadores en el Hospital del Salvador. Sobre la mesa había un dato que descolocó a la Nueva Mayoría: el resultado de la última encuesta CEP, que fija con un 51% a salud como el área en que el gobierno debería destinar mayores esfuerzos, por sobre educación (44%) y delincuencia (43%). Además, una mayoría de 56% considera que  los recursos de la reforma tributaria deberían invertirse en salud.

“Hay mucho ruido en salud”, advirtió durante el encuentro el timonel de la DC, Ignacio Walker. El comentario fue leído como un cuestionamiento a la gestión de Helia Molina, por lo que Jaime Quintana, el presidente del PPD -donde milita la ministra-, salió a defenderla y pidió que el comité político diera un respaldo cerrado a su labor. Al día siguiente fue el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien salió a destacar las políticas de salud del gobierno, explicando en una conferencia que está contemplado que parte de los recursos de la reforma tributaria vayan a esa área con una inversión de mil millones de dólares anuales en infraestructura y equipamiento.

El oficialismo había tomado nota de la demanda ciudadana. Durante toda la campaña presidencial y en los primeros cinco meses de gobierno, el discurso reformista de la presidenta Michelle Bachelet apuntaba exclusivamente a los tres grandes ejes: educación, impuestos y nueva constitución. Salud fue quedando relegado a un discreto segundo plano. En el programa de gobierno las propuestas sobre esta materia están en el capítulo número 15 y además del vistoso anuncio del plan nacional de inversión “20-20-20” (construir 20 nuevos hospitales, dejar en construcción otros 20 y avanzar en los estudios técnicos de 20 más), el resto de las medidas contempla la creación de un fondo nacional de medicamentos y programas de ayuda dental y de prevención.

Un programa acotado. Al menos así lo califican en la propia Nueva Mayoría. El médico y diputado socialista Juan Luis Castro sostiene que “el programa no está en la categoría de las grandes reformas: inversiones en infraestructura, fomento de especialistas, servicios odontológicos… todo en un tono muy menor. El gobierno debe tomar una decisión e instalar el tema de salud como prioridad”.  Para el diputado DC Gabriel Silber, también miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, “todo el foco se ha puesto en educación. La gente percibe que en educación hay proyectos y autoridades movilizadas, pero en salud nada. En el Congreso nos tienen sin agenda, se nos va el año y no hay ningún proyecto”.

En el Senado, el presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi (PPD), tras conocer los resultados de la CEP, planteó que es urgente aprobar un presupuesto de emergencia para enfrentar la crisis hospitalaria, ya que se acumulan más de 3,2 millones de pacientes en las listas de espera. “El gobierno de Piñera nos heredó un desastre.  El problema es que la gente vive la educación en el mediano plazo, pero la salud en el inmediato: si tiene un ser querido con un accidente vascular y va a la posta, no lo atienden, va al hospital y está malo el escáner. Estamos frente a una bomba de tiempo”.

Fuentes al interior del gabinete de la ministra Molina, reconocen que a ella le ha costado echar a andar la pesada máquina que es el Minsal. Principalmente porque ha enfrentado dos grandes dificultades: por una parte el debate interno que existe al interior del ministerio sobre si mantener o no el sistema de concesiones hospitalarias, lo que ha llevado a dar señales equívocas y confusas, por ejemplo, en la forma en que manejó la crisis del Hospital del Salvador. Por otro lado, la ministra ha debido lidiar con la influyente comisión asesora presidencial para el sistema de isapres, instancia que ha actuado con autonomía y ha abierto flancos de polémica contradiciendo a la secretaria de Estado.

Molina trabaja con un nutrido equipo político y técnico de 10 asesores de todos los partidos con figuras como el PC Julio Sarmiento, pareja de Camila Vallejo; el ex diputado PPD Enrique Accorsi, el ex director de Fonasa Hernán Monasterio (PS) o la DC Teresa Valdés. Quienes conocen el trabajo del ministerio señalan que hay “demasiadas cabezas, pero poca coordinación”, al punto que a la ministra no le llegan todos los antecedentes necesarios para tomar decisiones. En más de una ocasión en sus respuestas a la prensa o al Congreso ha debido declarar que no maneja la información. Y si bien tiene un alto nivel de conocimiento, 56% según la encuesta Adimark, su gestión registra un 42% de rechazo, contra un 51% de aprobación, ubicándose entre los miembros del gabinete peor evaluados y la derecha ya anunció que está en la mira para una eventual interpelación.

SIN CONCESIÓN
El paro en el Hospital del Salvador, que se prolongó por casi un mes, dejó damnificada a Helia Molina, ya que desde el Ministerio del Interior criticaron su falta de habilidad política para manejar la crisis.

Cuando el gobierno frenó seis proyectos de concesiones hospitalarias que venían de la administración Piñera, expresamente dejaron fuera de la medida al geriátrico del Salvador y al Félix Bulnes, ya que éstos estaban en un proceso muy avanzado y desconocer los contratos implicaría pérdidas millonarias. La ministra no logró desactivar las protestas de los trabajadores del Salvador que rechazaban ser concesionados, y finalmente las negociaciones las lideró la subsecretaria de redes asistenciales, Angélica Verdugo (PS) y La Moneda designó al subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy para solucionar el problema.

Recién esta semana, el gobierno y los trabajadores sellaron un principio de acuerdo con una fórmula intermedia que contemplaría continuar la concesión en infraestructura pero eliminar la de servicios como aseo y lavandería. Y un gesto simbólico: patrocinar la “ley Salvador” que presentará un grupo de parlamentarios para sacar definitivamente a Salud del sistema de concesiones.

Al interior del Minsal se dice que conviven “dos almas”, por un lado los socialistas que promueven terminar de raíz con el sistema que patentó en los 90 Ricardo Lagos y, por otro, los funcionarios de la DC, partidarios de la cooperación público-privada. Tal es el caso del subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.

También se cita el ejemplo del director del Instituto de Salud Pública, Ricardo Fábrega (DC), que antes de entrar al gobierno participó con su sociedad Mestesa América Asesorías Sanitarias en varias licitaciones, como la del Salvador (que no se adjudicó) o la del Hospital Sótero del Río (que sí se adjudicó, pero el proyecto fue cancelado). En cualquier caso, Fábrega precisa que desde marzo Mestesa se encuentra “congelada” para evitar conflictos de interés.

A la paralización de obras de infraestructura a la gestión del Minsal se suman las polémicas con el anterior ministro Jaime Mañalich, por el incremento del arriendo de camas a clínicas privadas por parte del Minsal, y el retraso en la construcción del hospital de Puente Alto. Casos que dieron pie a una comisión investigadora en la Cámara. 

LA SALUD PRIVADA
En julio, la ministra Molina tuvo que concurrir de urgencia a la comisión asesora presidencial que revisa el sistema de isapres.  Tenía que precisarles que el mandato que tiene el equipo se restringe únicamente  a hacer una propuesta de ley para el sistema de salud privado que regule aspectos como las discriminaciones en las cotizaciones por género o edad o el alza de planes, que ha llevado a una masiva judicialización del sistema en los últimos años.

El mensaje de la ministra se debía a que, para el gobierno, la comisión -que dirige el economista Camilo Cid e integran figuras como María Soledad Barría o Pedro Barría- se había radicalizado, ampliando su margen de discusión a todo el sistema de salud, público y privado. Aunque con fuertes discrepancias entre sus 18 miembros, en la comisión comenzó a discutirse la propuesta de que el 7% de la cotización de los chilenos fuera a un fondo único solidario. La idea era promovida por la directora de Fonasa, Jeanette Vega (PPD), quien declaró en las primeras sesiones de la comisión que el 7% debe ser un impuesto específico a la seguridad social.

Para la Asociación de Isapres era una amenaza directa a la continuidad del sistema, pero se tranquilizaron cuando la ministra salió a aclarar que “sólo buscamos tener una buena ley de isapres, no hacer cambios tan profundos y potentes”.  En el ministerio señalan que si bien el fondo solidario es un antiguo anhelo en la Nueva Mayoría, Jeanette Vega se equivocó en la forma y el momento de lanzar la propuesta. Detrás se esconde también una lucha de poder entre Vega y Molina, ya que la directora de Fonasa siempre ha sonado como carta para encabezar el ministerio, y a varios les llamó la atención que dejara su alto cargo como directora de salud de la Fundación Rockefeller en Nueva York para asumir una jefatura de servicio en Chile.

En el oficialismo hay expectación de qué dirá finalmente el informe que la comisión debe presentar en octubre. Qué tan lejos llegará y si Bachelet acogerá las recomendaciones o no.

Según Victoria Beaumont, directora de Altura Management, consultora estratégica en materias de salud, “es evidente que hay una lucha ideológica al interior del ministerio, tanto en el tema de las concesiones como de las isapres. Aquí se va a repetir la discusión del lucro, tal como en educación, la vamos a tener también en salud:  si es lógico o es válido que opere el mercado en las clínicas e  isapres”.