El marzo de los estudiantes partió con una protesta. Cientos de escolares con gritos y banderas en el frontis de su colegio, reclamando por el cierre del establecimiento, vendido a un nuevo dueño que no les asegura matrícula.

Una protesta repetida, por motivos conocidos. Lo inusual es el escenario: el frontis del colegio Apoquindo, un establecimiento particular pagado de La Dehesa, vendido, según los apoderados, en unos 9 mil millones de pesos al colegio Mayflower.

La historia, que cruza elementos explosivos como el lucro y el derecho a la educación, se ha repetido una y otra vez con el cierre de liceos municipales, y con la venta, a través de la sección de avisos económicos de los diarios, de escuelas subvencionadas. Pero, como revela el caso Apoquindo, el modelo también puede volverse contra los más beneficiados por él: la elite que estudia en los colegios particulares pagados. ¿Debe intervenir el Estado también en estas escuelas a las que no subvenciona?

EDUCACIÓN Y CELULARES

Hasta el año pasado, la respuesta a esa pregunta parecía ser un rotundo “no”. Los colegios particulares pagados habían sido el único ámbito de la educación que había quedado fuera del debate sobre profundas transformaciones en el área. El movimiento estudiantil centró sus demandas en fortalecer la educación pública, reformar la subvencionada y volver gratuita la superior.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet recogió ese clima: en los 71 párrafos que le dedica a la reforma educacional, no hay una sola mención a los particulares pagados. La exclusión tiene lógica por dos aspectos. Uno es económico: el Estado no invierte recursos en esos colegios. El otro es cuantitativo: los alumnos que asisten a estas escuelas son apenas el 7% de la matrícula total.

Pero durante el verano de 2014, las señales se acumularon.

Primero fue el debate abierto por la mención de Nicolás Eyzaguirre a los “idiotas” de su colegio, el Verbo Divino, y el hecho sugerente de que, pese a tal exabrupto (¿o gracias a él?), la Presidenta Bachelet lo designara poco después ministro de Educación.

Luego, un reportaje de La Segunda que mostraba los requisitos de selección de alumnos de colegios del sector oriente, que incluyen información detallada sobre los cargos de los padres en sus trabajos, liquidaciones de sueldo e incluso fotos de la familia del postulante.

En cosa de días se sumaron las opiniones apuntando al hasta ahora intocado mundo de los colegios de elite. Y los dardos venían desde ángulos muy distintos: la izquierda, la socialdemocracia y los liberales.

Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric adelantaron que a su juicio el lucro debe eliminarse de todo el sistema educacional, y no sólo de los colegios subvencionados. El líder de Educación 2020, Mario Waissbluth, lanzó una propuesta para obligar a los colegios de elite a incorporar hasta un 30% de alumnos de quintiles inferiores. Y el fundador de Red Liberal, Davor Mimica, publicó en su blog una columna en la que aboga por quitar a los particulares el derecho a seleccionar sus alumnos.

La propuesta de Mimica es especialmente provocativa porque se sustenta sólo en argumentos de mercado, comparando la educación pagada con otros casos de intervención del Estado para mejorar la competencia, como la licitación de cartera de las AFP o la portabilidad numérica en los celulares.

“Lo liberal en la educación privada”, dice Mimica, es “arrancar de los colegios la labor de selección de sus estudiantes, dejándola en manos de instituciones independientes”. El diagnóstico para llegar a esa conclusión es desolador: advierte que el mercado de los colegios de elite está “muy alejado de sus niveles óptimos competitivos”, porque sus dueños tienen incentivos para seleccionar alumnos, no para brindarles mejor educación.

La tesis liberal, entonces, no demoniza el mercado en la enseñanza. Al revés, advierte que el Estado debe intervenir precisamente para perfeccionar el mercado de la educación de elite, que no está brindando el servicio que debe a los padres -  consumidores.

Y sobre la libertad de enseñanza, da vuelta el argumento. Dice que se trata de “el derecho de los padres a tomar decisiones”, no de los colegios a elegir sus clientes. “Cuando hablamos de libertad de elección”, se pregunta Mimica, “¿nos referimos a la libertad de los colegios para escoger a los padres, o a la libertad de los padres para escoger el colegio de sus hijos?”.

El razonamiento hizo mella en la Nueva Mayoría. Cuando, en una entrevista el viernes pasado en La Moneda para CNN Chile, le pregunté a la Presidenta Bachelet si debía intervenirse en los particulares pagados, su respuesta fue muy parecida. “Vamos a asegurar en toda la educación que sean los padres los que elijan los colegios, y no que sean los colegios los que elijan a los padres, en virtud de apellidos o cualquier otra consideración que signifique restringir a los niños sus alternativas”, fue su compromiso.

“Terminaremos con toda forma de selección a nivel de la escuela”, es la frase textual del programa de gobierno. Sin embargo, aunque el texto no excluye explícitamente a los particulares, el proyecto que prohibirá la selección, que será enviado al Congreso dentro de los primeros 100 días de gobierno, incluirá sólo a los subvencionados. Lo mismo pasará con el fin del lucro y del copago.

No obstante, según confirman fuentes del Mineduc, sí habrá una ofensiva comunicacional contra prácticas indebidas en los particulares pagados. “El tema preocupa y habrá una apelación ética, aclarando que hay requisitos de selección que son discriminatorios e inaceptables”, dicen en el ministerio.

Una mirada que ya tuvo una demostración concreta en la primera actividad en terreno de Nicolás Eyzaguirre junto a la Presidenta Bachelet. Consultado por la práctica de exigir fotos familiares o liquidaciones de sueldo para aceptar alumnos, el ministro afirmó que “es absolutamente inaceptable que los colegios discriminen”.

EL PESO DEL 7%

Pero ¿por qué preocuparse de lo que ocurra con la educación de una pequeña elite? Precisamente, puede argumentarse, porque se trata de una pequeña elite. Entre 1990 y 2011, los colegios particulares subvencionados pasaron del 31% al 53% de la matrícula. Los particulares pagados sin subvención, en cambio, tenían el 7% de los alumnos del sistema en 1990… y seguían teniendo el mismo 7% dos décadas más tarde. En el intertanto, el PIB per cápita se quintuplicó, pero la proporción de chilenos capaces de pagar por entrar a esa educación de elite no varió en lo absoluto.

Por lo tanto, si se considera la segregación como uno de los principales problemas del modelo educativo chileno, y la desigualdad como el talón de Aquiles de nuestra sociedad, la persistencia de una educación altamente segregada como la particular pagada debe ser motivo de análisis. Y eso, de nuevo, ocurre desde distintos prismas ideológicos.

Desde el socialdemócrata, Mario Waissbluth acota que “el problema más grave en el caso chileno es la segregación”. Desde el liberal, Davor Mimica agrega que “los colegios particulares y el acceso a ellos tienen un rol fundamental en la definición, identidad y perpetuación de las elites tradicionales en Chile”. Y desde la izquierda, una columna escrita en Ciper por dos ex presidentes de la Fech, el ahora diputado Gabriel Boric y el economista Nicolás Grau, plantea que “resulta contradictorio prohibir que la clase media pueda pagar por sus colegios y lograr ciertas ventajas (terminar con el financiamiento compartido) y, al mismo tiempo, mantener tal privilegio para la elite”.

Por ello, Boric y Grau plantean una reforma radical: “avanzar hacia un sistema donde todos los colegios, incluidos los que actualmente son para la elite, no tengan ningún tipo de selección, ni cobro alguno, y donde el exceso de demanda se resuelva con sorteos”.

Claro que este cambio hacia un modelo financiado exclusivamente por el Estado generaría una “brutal oposición de los sectores más privilegiados”, advierten Boric y Grau. Del mismo modo, Waissbluth considera su idea de una cuota del 30% “política y culturalmente inviable”, y Mimica asegura que la educación particular pagada es tan importante para la elite que “su intervención podría ser para muchos tanto o más violenta que la reforma agraria”.

Esa cautela parece guiar por ahora los pasos legislativos de la Nueva Mayoría. Pero es llamativo que tanto desde su margen derecho como desde su orilla izquierda comiencen a acumularse los llamados para, citando el libro de Houellebecq que por estos días cumple 20 años, ampliar el campo de la gran batalla ideológica de estos tiempos: la educación.