Por Ana María Sanhueza Diciembre 20, 2012

Fue como retroceder a los años 80: Patricia Pérez (38, casada y sin hijos) en medio del patio de la Escuela Ramón Barros Luco, en el barrio Almendral de Valparaíso, frente a cientos de escolares que la miraban con curiosidad. A su lado la directora, Ana Tapia, la presentó a través del micrófono y dijo: “Niñas: si ustedes estudian, pueden ser como ella”.

Patricia Pérez se sonrojó. Por esos días aún era subsecretaria de Justicia y se encontraba en la misma escuela donde estudió gran parte de su enseñanza básica. Pero casi 30 años después, convertida en abogada de la Universidad de Valparaíso y presentando la campaña para prevenir el abuso sexual infantil, “El abuso no es un cuento”.

Como si fuera un raconto, por su cabeza pasaron cientos de imágenes: los domingos por la noche lustrando los zapatos; las primeras amigas; los recreos jugando en ese mismo patio y el nervio de los días de prueba, pese a que era de las mejores alumnas. También, recordó su infancia en el cerro Barón de Valparaíso junto a sus tres hermanos y sus padres: un oficial de Carabineros y una dueña de casa.

Han transcurrido dos semanas desde ese episodio. Y han pasado muchas cosas en el intertanto: Patricia Pérez acaba de ser nombrada ministra de Justicia, en reemplazo de Teodoro Ribera (RN), quien tuvo que renunciar al cargo debido a sus vínculos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, hoy en la cárcel imputado por cohecho y lavado de activos. Un caso que salpicó a Ribera, rector de la Universidad Autónoma hasta que asumió en el gobierno, luego  que contratara a Díaz para asesorar a Gendarmería mientras el instituto Incacea, de propiedad de su familia y del que fue director, estaba en proceso de acreditación.

Pero mientras se sucedía la polémica, que se prolongó por casi dos semanas, Patricia Pérez continuó con su abultada agenda como subsecretaria: el 14 de diciembre culminó un trabajo de meses, como encargada de coordinar el acto de reparación a la jueza Karen Atala luego que un fallo de la Corte Suprema le quitara la tuición de sus hijas por ser lesbiana. También, viajó al sur a presentar un plan de seguridad junto a los subsecretarios de Prevención del delito Cristóbal Lira, y de Interior, Rodrigo Ubilla; asistió a la comisión de Hacienda del Senado y preparaba a full el proyecto de ley que salió de la llamada comisión de la “Reforma a la Reforma”, de la que era la secretaria ejecutiva, y que creó el presidente Piñera para mejorar las falencias del actual sistema de justicia.

En eso estaba cuando este lunes 17, pasadas las 10:00, Piñera le pidió que asumiera como ministra interina de Justicia tras las renuncia de Ribera. Por la tarde, a las 18:00, las cosas cambiaron radicalmente y el presidente la confirmó en el cargo en medio de presiones políticas para que asumiera un abogado de RN.

Una hora después, a las 19:00, Patricia Pérez salió desde el Ministerio de Justicia, atravesó la calle y entró a La Moneda, donde en una ceremonia express que no duró más de 15 minutos se convirtió en la sexta mujer del gabinete, junto a Cecilia Pérez, Evelyn Matthei, Loreto Silva, María Ignacia Benítez y Carolina Schmidt. Estaba con el mismo vestido color turquesa con el que había ido a trabajar esa mañana. También, algo despeinada tras un día largo y agitado.

Ajena a la crisis política que desató la salida de Ribera y su nombramiento como ministra, mientras era ungida por Piñera el presidente de RN, Carlos Larraín, renunciaba -con elástico- a la presidencia del partido en protesta por el trato del gobierno a Ribera y porque en su reemplazo no se había nombrado a cualquiera de sus dos candidatos: el abogado Sergio Urrejola o el ex senador Sergio Romero. 

De ahí que muchos se pregunten hasta hoy, ¿por qué asumió como ministra de Justicia una mujer sin militancia y con escasas redes políticas?

No es una carta de amor

Es el año 2003 y en La Serena un caso judicial acapara las portadas de la prensa a nivel nacional. Es el fallo por la muerte de la monja peruana Lita Castillo, de 22 años, en un incendio provocado en 2001 por Carlos Vivanco, un hombre que se había obsesionado con ella y que había sido condenado en primera instancia como autor del crimen, pese a que padecía esquizofrenia y sufría de delirio místico: en su casa le tenía hecho hasta un altar.

En ese tiempo, Patricia Pérez trabajaba como defensora penal pública en Ovalle. Eran los primeros años de la Reforma Procesal Penal, y el nuevo sistema de justicia sólo operaba como piloto en la Cuarta y Novena región. El desafío era declarar inimputable a Vivanco, una tarea a la que Pérez se sumó tras el llamado de Alejandro Viada, el defensor a cargo del caso.

Viada y Pérez comenzaron a revisar parte de la evidencia entregada por la fiscalía. Y se encontraron con las supuestas “cartas de amor” de Vivanco a la religiosa, presentadas como pruebas para demostrar su obsesión: resultaron ser metros y metros de papel higiénico en los que se repitía cientos de veces la frase “monjita yo te amo/monjita yo te amo/monjita yo te amo (...)”.  “En esto una mujer no se equivoca: ésas no eran cartas de amor. ¡Nadie manda una carta de amor en ese tipo de papel y menos escribe lo mismo interminables veces!”, recuerda la abogada.

Han pasado nueve años desde el “caso Monjas”, como  lo bautizó la prensa, y Patricia Pérez lo sigue considerando clave en su carrera. Es viernes 7 de diciembre y está sentada en su oficina de subsecretaria. Sin saber lo que ocurriría dentro de una semana, ésta será la última entrevista que dará en ese cargo: la convocamos para hablar de cárceles y de “la reforma a la reforma”.

“Fue un caso muy intenso. Gracias a que se le hizo un nuevo juicio, (Carlos Vivanco) tuvo acceso a un tratamiento médico por primera vez. Su historia tiene que ver con la situación de los enajenados mentales en las cárceles, porque él sufría de alucinaciones, y delirios y nunca había sido tratado”, agrega.

Años después de ese juicio en La Serena, Pérez volvería a encontrarse con la precaria realidad de los penales chilenos: el 8 de diciembre de 2010, a nueve meses de haber asumido como subsecretaria de Justicia de Felipe Bulnes (RN) -hoy embajador de Chile en Estados Unidos y antecesor de Ribera-, ambos tuvieron que enfrentar el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 internos que vivían hacinados.

Poco antes de la tragedia, junto a  Bulnes habían recorrido varias cárceles chilenas. Una de ellas es la Penitenciaría de Santiago, considerada la más precaria del país hasta hoy, pese a los varios cambios que ha experimentado.

Pero tiempo atrás, en la década de los 80, cuando Patricia Pérez era niña y aún estudiaba en la escuela Barros Luco, iba a la cárcel de Valparaíso junto a su papá, Manuel Pérez, un carabinero evangélico que trabajaba en el Centro Carcelario de Valparaíso visitando presos. “Mi papá nos crió con mucho compromiso social. Además de ir a las cárceles, él trabajaba en el puerto, en pleno barrio chino, con los niños abandonados de Valparaíso”, cuenta Pérez.

Por eso, después de titularse de abogada  y pese a que trabajó dos años en un estudio jurídico en Valparaíso, tramitando juicios civiles contra empresas de transporte y areolíneas, en su entorno no extrañó que dejara el mundo privado de un día para otro para irse a la Corporación de Asistencia Judicial. Su sueldo bajó en un 60%, pero se sintió cómoda: “En mi carrera he conocido todos los lados: me ha tocado defender a las víctimas y también a los imputados. Eso ha sido muy enriquecedor. Años después, hice el link y me di cuenta que mucho de lo que he hecho ha sido marcado por el compromiso de mi papá”.

La dupla con Bulnes

“Patricia Pérez Goldberg, de la Defensoría de Valparaíso”. El nombre no le sonaba al recién nombrado ministro de Justicia de Piñera, Felipe Bulnes, pero de igual forma decidió marcar su celular.

De pronto, en la ruta que va hacia Puerto Natales, se oyó un teléfono: “Hola. Habla Felipe Bulnes”. Patricia Pérez, con la batería de su celular agonizando, pensó que era una broma. Estaba de vacaciones, en panne en plena carretera, y pocos minutos antes junto a su marido se habían enterado por la radio que Bulnes era el nuevo jefe de justicia.

Pérez viajó de urgencia a Santiago a entrevistarse con el nuevo ministro: “Yo no lo conocía. Solamente había oído hablar de él como un excelente abogado y profesor, pero nunca lo había visto. Me preguntó mi opinión sobre muchos temas ¡Fue como un examen de grado!”.

Pero antes de empezar la reunión, la abogada quiso resolver una duda: “Le pregunté al ministro cómo había llegado a mí, porque no me explicaba por qué me había llamado. Me dijo que el nombre se le repitió tras consultar a varios profesores de Derecho”.

El universo de “recomendaciones” era amplio: había sido alumna en Valparaíso y en Santiago, y profesora  de Derecho en las universidades Católica de Valparaíso y Adolfo Ibáñez.

Tal como ocurrió esta semana con su nombramiento como ministra de Justicia, en 2010 no era la única candidata para la Subsecretaría. Sin embargo, Bulnes la escogió: como abogado experto en Derecho Civil, necesitaba a alguien con experiencia como penalista y en el servicio público. Ése era el caso de Patricia Pérez, quien además manejaba varias áreas que serían clave en Justicia de ahí en adelante: cursó un diplomado en Derechos Humanos, donde tuvo de profesores al abogado José Zalaquett y a la ministra de la Corte Interamericana Cecilia Medina. También, en 2001 fue alumna del primer diplomado que impartió la Universidad de Chile sobre el nuevo sistema de justicia. Allí sus profesores fueron Jorge Bofill -uno de los miembros de la comisión presidencial de la reforma a la reforma- y María Inés Horvitz.  Y como compañeros tuvo a conocidos penalistas, entre ellos Gabriel Zaliasnik, Claudio Feller y Miguel Chávez, y también al juez Luis Avilés, el primero en echar por tierra el caso bombas.

En el mundo judicial, muchos ven a Pérez hasta hoy como “la continuadora de Bulnes”. De hecho, siguió liderando proyectos emblemáticos de Justicia: la división del Sename, la tramitación en el Congreso de la ley de penas sustitutivas, que implica el uso del brazalete electrónico, entre otras iniciativas de reinserción social de los presos y modernización de los penales juveniles. Además, encabezó la comisión de la reforma a la reforma.

Pero así como con el  ex ministro Bulnes era conocida su empatía en el trabajo, en el gobierno también se sabe que no fue la misma relación que tuvo con Teodoro Ribera. “No es que se llevaran mal, pero los estilos era totalmente distintos. Era una relación estrictamente cordial y formal. Por ejemplo, Felipe Bulnes y Patricia Pérez eran muy detallistas y mateos en todo. Ribera es un abogado muy destacado, pero es distinto”, cuenta un jurista.

De hecho, durante la semana más crítica de Ribera antes de su renuncia, en una entrevista dijo que el nombre de Eugenio Díaz como asesor de Gendarmería salió tras una conversación entre su gabinete y el de su entonces subsecretaria. Sin embargo, Pérez nunca conoció a Díaz previo a su llegada a Gendarmería.

El lunes 24, Patricia Pérez recién cumplirá una semana como ministra de Justicia. Y comenzará a foguearse en un mundo que no maneja: la política. Sin embargo, por su trabajo como subsecretaria y sus varios viajes a las comisiones del Congreso, ha establecido vínculos con parlamentarios como Soledad Alvear (DC)  y los senadores RN Alberto Espina y Lily Pérez.  Ésto últimos, junto a su ex compañero en la Escuela de Derecho, el senador Francisco Chahuán (RN), fueron clave en apoyar su designación como ministra.

Desde que asumió, ha optado por el bajo perfil. Pero ha tenido que responder a los primeros cuestionamientos a su nombramiento respecto de si hay inhabilidad entre ser ministra de Justicia y liderar los cambios a la reforma procesal con el hecho de que su marido, Pablo Gómez, sea fiscal regional de Valparaíso. “El Ministerio Público es una institución autónoma. Con presupuesto autónomo”, se ha limitado a contestar.

Pero hay un capítulo desconocido en su historia, que ella sí consideró que podía inhabilitarla cuando asumió como subsecretaria: en marzo de 2010 llevaba varios años en proceso de adopción de un hijo. Pero decidió congelarlo porque...de ella dependería directamente el Sename.

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