El miércoles en la mañana, con un rostro pálido, que reflejaba el cansancio de la larga noche anterior en que anunciaron el paquete de medidas para afrontar las protestas estudiantiles, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín explicaron punto a punto cada una de las medidas a un grupo de estudiantes secundarios, universitarios y de institutos superiores reunidos en el salón Montt-Varas. "Se abre el debate", dijo el presidente antes de darles la palabra a los estudiantes.
Todas las inquietudes apuntaron a lo mismo: la dificultad que tienen hoy las personas que no acceden a las universidades tradicionales para financiar sus carreras.
"Buenos días, señor presidente. Soy Miguel Ángel Mendoza, presidente de Tecnología Médica en la Universidad Diego Portales. Somos los estudiantes con menores ingresos y que tenemos que acceder a mayor crédito para poder entrar a la universidad. Mi pregunta es: ¿cuáles son los reales beneficios para nosotros?".
Piñera responde: "Hoy escucho mucho a los jóvenes hablar de que no están de acuerdo con la discriminación y con el trato desigual en la sociedad. Pero lo cierto es que los alumnos que están más desfavorecidos en el actual sistema son los alumnos de la educación técnico-profesional y de las universidades no tradicionales".
En los últimos veinte años, el alza de matrículas en la educación superior ha sido exponencial: de 250 mil alumnos en 1990, se pasó a alrededor de un millón en 2011. Y ese salto ha estado marcado por el ingreso a las instituciones de estudiantes de los tres primeros quintiles. Sólo un ejemplo: según la encuesta Casen, en 1990 apenas el 4,4% de los jóvenes del primer quintil seguía estudiando tras cuarto medio. En 2000, la cifra era el doble: 9,6%. Y en 2009 se volvió a duplicar, llegando a 22,7%. Hoy, siete de cada diez alumnos son los primeros de su grupo familiar en tener ese tipo de educación.
Miguel Ángel es el ejemplo de un grupo cada vez más amplio de jóvenes, que han concentrado un interés especial de los expertos en educación superior. Es el segmento que requiere más apoyo para ingresar. Pero, a la vez, son los que están permitiendo la expansión del sistema. Es este grupo el que está en la mira de los analistas en temas de educación. El que más preocupa. El que genera, en algunos expertos, el comentario de advertencia: se puede estar incubando una burbuja educacional.
La predicción inquietante
En Estados Unidos, Peter Thiel es algo así como un oráculo. Cofundador de PayPal y uno de los primeros inversionistas de Facebook, su fama se debe en buena parte a que predijo las dos últimas grandes "burbujas" de la economía estadounidense: la de las empresas puntocom en 2000, y la inmobiliaria que estalló en 2008. Por eso, Thiel volvió a atraer la atención cuando, en abril de este año, predijo en una entrevista con el prestigioso blog TechCrunch que una tercera burbuja se estaba incubando en ese país: la de la educación superior. En resumen, señaló que las universidades estaban sobrevaloradas, cobrando precios exorbitantes y causando enormes deudas a las familias. "La educación es la única cosa en que la gente cree hoy en EE.UU. Cuestionarla puede ser peligroso. Es como decirle a la gente que el Viejo Pascuero no existe", dijo Thiel. El tema no quedó ahí: se instaló en el debate de medios destacados, como The Economist y The Atlantic.
¿Se puede trasladar la discusión a Chile? Los principales expertos en educación son cautos. Coinciden en un punto central: hoy no hay nada más rentable ni mejor en Chile que estudiar en la educación superior. Pero todos apuntan a un grupo concreto como los "amenazados" del sistema. Los potenciales afectados si una burbuja así explotara.
"Esto es La Polar II: llegar y lucrar. Estás alimentando una bomba de tiempo. Una burbuja crediticia impagable. Por eso hay que meterse en la raíz del problema: los costos", dice Patricio Meller, quien presidiera el Consejo Asesor sobre Equidad y Trabajo en el gobierno de Bachelet.
"Son alumnos que estudian por lo general en universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Provienen de los primeros tres quintiles. Muchos son la primera generación de su familia estudiando en la educación superior, y son parte del nivel socioeconómico medio-bajo o bajo. Es un tema de equidad: ahí está la movilidad social", advierte Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Son familias con ingresos per cápita inferiores a los $140 mil mensuales. Por lo general, la opción en este bloque es una sola: acceder a un crédito que les permita pagar la carrera.
"Hay que extender los recursos a los tres primeros quintiles, que son los que van a permitir seguir expandiendo la matrícula de la educación superior. Algunos van a ir a las universidades, otros a los centros de formación técnica, y hay que ayudarlos a todos", plantea el ex ministro José Joaquín Brunner, quien dirige la Cátedra Unesco de la UDP sobre educación.
Gonzalo Cordero, decano de Derecho de la Universidad Andrés Bello, afirma que los cambios propuestos por el gobierno, que igualan los aportes a los estudiantes de planteles tradicionales y privados, apuntan a reducir las desigualdades: "El sistema de ingreso a las universidades, y particularmente el del Consejo de Rectores, tiende a perpetuar las brechas socioeconómicas. En el fondo, lo que hace es que el porcentaje de buenos puntajes que están en la educación privada pagada sea muy alto".
Pero para otros analistas, también hay un tema más de fondo. Uno que no se planteó en el mensaje presidencial.
La paradoja chilena
"Esto es La Polar II: llegar y lucrar. Estás alimentando una bomba de tiempo. Una burbuja crediticia impagable. Por eso hay que meterse en la raíz del problema: los costos", afirma Patricio Meller, quien presidiera el Consejo Asesor Presidencial sobre Equidad y Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet. Para él, todos los actores -el gobierno, los estudiantes, los profesores, la prensa y los propios expertos- han dejado de lado un factor importante a la hora de mirar la educación superior: el precio de los aranceles.
Meller muestra un estudio hecho por él sobre el aumento de precios de las carreras entre 1997 y 2009. Por ejemplo, Odontología superó el 150% de alza real; Medicina llegó al 120%, e Ingeniería Civil alcanzó el 60%. "Eso es en entidades privadas y públicas", plantea. "¡Y no hay estudios sobre por qué suben!", recalca.
El último estudio de la OCDE sobre educación, que data de 2009, dejó al descubierto una paradoja. Según los índices, nuestro país es donde la educación superior es más cara en promedio: de cada seis pesos que se pagan, cinco los ponen directamente las familias. Y el gasto público en educación superior es del 0,5% del PIB, comparado, por ejemplo, con el 0,8% de Brasil, el 1,1% de Gran Bretaña, y el 1,4% de Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo es el país donde la educación superior es más rentable para quien estudia: el valor agregado es tres veces superior al de EE.UU. y seis veces mayor que el promedio de la OCDE.
De todas formas, Meller puntualiza que, según su análisis, la alta rentabilidad que tienen los estudios se explica en buena parte por la deficiente educación escolar. "Si uno saliera medianamente capacitado de la educación media, tienes alternativas. Pero aquí la alternativa es pésima", explica.
Las cartas sobre la mesa
Uno de los conceptos transversales que se han escuchado, tanto por parte de los estudiantes movilizados como del gobierno, es asegurar la calidad de la educación. El concepto ya tiene una larga data: de hecho, hoy existe la Comisión Nacional de Acreditación, que debe velar por ese tema en los planteles.
"La imprudente expansión de las instituciones de educación superior puede entonces potencialmente crear el equivalente de una 'burbuja inmobiliaria' en la educación superior", dice un informe del Banco Mundial sobre los resultados del crédito con aval del Estado, publicado en marzo.
Los problemas son dos: qué se entiende por calidad y cómo asegurarse que el estudiante pueda optar informadamente a la hora de escoger su futura institución. Por ejemplo, un estudio hecho por Patricio Meller en 2010 mostró resultados sorprendentes: en varios casos, los salarios de las carreras técnicas superaban a los que obtenían egresados de las universidades. Y el trabajo también constató que, dependiendo de la carrera, puede existir una fuerte diferencia entre lo que ganan en promedio los egresados. Por ejemplo, en el caso de Medicina, el 25% de los egresados gana menos de $640 mil, mientras que el 25% que más gana supera $1.640.000. Es decir, cerca del triple.
Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, plantea que un sistema de acreditación debiera considerar criterios como el salario que obtienen los egresados, la empleabilidad que consiguen y los índices de deserción, con el fin de orientar la decisión de los estudiantes. "Por ejemplo, que el crédito sea más generoso con una institución que está teniendo buenos indicadores que con otra que tenga malos indicadores", señala.
La deserción universitaria es otra realidad preocupante. Dos de cada cinco estudiantes hoy no terminan su carrera. "Esos jóvenes se pueden quedar en una situación compleja: sin mayores ingresos adicionales respecto de haberse quedado con la educación media y con deudas importantes", apunta Beyer.
Juan Eduardo García-Huidobro, decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, añade otro punto al debate: la necesidad de dar más oportunidades a los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica. Sobre todo a partir del antecedente de que este año, por primera vez, sus matriculados superaron a los de las universidades. Una tendencia que se espera que continúe. "Ahí necesitamos una reforma estructural, para que sea con salida hacia la universidad. Para que quienes aspiren a más, o se den cuenta en el camino que tienen mejores condiciones para estudiar, puedan seguir. Eso tiene la ventaja de que no queda la educación técnica como una segunda categoría, sino como un camino distinto".
Los reparos internacionales
A comienzos de mayo, en varios centros de estudios chilenos comenzó a circular un duro informe hecho por el Banco Mundial sobre los resultados del crédito con aval del Estado, emitido a fines de marzo. En 181 páginas, la entidad reconocía que el sistema, creado en 2005 como una fórmula para financiar principalmente a alumnos de instituciones privadas, favorecía el acceso de sectores más pobres. Pero a la vez, advertía varias complicaciones: entre ellas, los altos índices de morosidad (proyectados en torno al 50%), el alto nivel de endeudamiento de los estudiantes, en torno al 174% de su sueldo anual estimado; y el alto costo para el Estado que tiene el actual esquema. "110 mil jóvenes hoy se encuentran en Dicom por no pagar sus créditos", ha repetido Lavín en los últimos días en todos los canales de TV y radios.
El informe fue más allá. Indicó que el 53% de los estudiantes con ese crédito se concentran en cuatro instituciones de educación superior: Santo Tomás, el grupo Laureate (las universidades De Las Américas, Andrés Bello y de Viña del Mar, y el instituto AIEP), el DUOC e Inacap. Y advirtió que algunas entidades están haciendo crecer su infraestructura esperando recibir a más alumnos, lo que, de no cumplirse, puede causar un grave problema.
"La imprudente expansión de las instituciones de educación superior puede entonces potencialmente crear el equivalente de una 'burbuja inmobiliaria' en la educación superior", dijo el texto, que recomendó al Estado "hacerle seguimiento a una pequeña porción de las instituciones, para asegurarse contra el riesgo sistémico a causa del comportamiento imprudente de unos pocos".
Junto con ello, el estudio señaló que por el esquema actual del crédito con aval del Estado, los bancos tienen un bajo incentivo a cobrar las deudas de los morosos: "La estructura actual redunda en incentivos para las entidades financieras que son perversos, ya que éstas se benefician de los peores escenarios posibles para el Estado", planteaba. Es decir, otra situación con alto costo fiscal.
En el gobierno señalan que las críticas de los expertos al modelo fueron uno de los factores que pesaron a la hora de anunciar la reformulación completa de dicho sistema de créditos, lo que quedará en manos de una comisión.
Para Meller, el esquema incentivó el alza en los aranceles. Por ello, su modificación puede ser un punto de partida para un esquema mejor. "Si el crédito es con aval estatal, todos tienen incentivos para aumentar los precios. Las universidades dicen: vamos subiendo los montos. Los bancos dicen: ok, los créditos tienen aval del Estado. Y los estudiantes dicen: vamos a hacer las marchas y logremos perdonazos. ¿Y quién paga la cuenta? ¡El Estado!".
