La imagen fue reveladora. No sólo de la relación que tendría el gobierno con el sector privado durante los siguientes cuatro años, sino también de la pérdida de la gravitas de los gremios frente al sector público.
En abril de 2014, y tras mucho insistir, la presidenta Bachelet recibió en La Moneda a la Confederación de la Producción y del Comercio. El objetivo era analizar las reformas estructurales que impulsaría la administración. La reunión, en la que participaron la mandataria, dos ministros y ocho dirigentes gremiales, duró sólo 25 minutos.
La cara de los dirigentes tras el encuentro fue decidora. La agenda que marcaría al país durante los próximos años no sólo se diseñó sin considerar su opinión. El gobierno dejó claro que esta tampoco importaría en la tramitación parlamentaria.
Los casos de colusión y el desprestigio que enfrentaron las empresas (justamente o no) durante los últimos años les habían pasado la cuenta.
Hoy, con el nuevo gobierno, surge el desafío de posicionarse como un actor válido ante una administración política que podría ser más afín, pero que en nada garantiza —hasta ahora— un cambio radical de trato.
En esta línea, el desafío de la Sofofa es mayúsculo, y la apuesta del empresariado para entrar —como adelantan en esta edición de QP— es instalar una robusta agenda de políticas públicas. Retornar al diálogo será la clave.
