Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un alza en las movilizaciones por una nueva educación. Es así que miles de compañeros y compañeras han vuelto a copar las asambleas y las calles para hacer notar que este sistema educativo está en crisis y que es necesario repensarlo. Se han sumado estudiantes de casas de estudio que por primera vez se organizan y movilizan. En este sentido, los casos de la Universidad Andrés Bello y la Universidad Santo Tomás son emblemáticos: quienes han vivido en carne propia los embates de un sistema desregulado, hoy alzan la voz por cambiar su propia realidad y la de todos los que vienen. No somos clientes y no valemos más o menos según nuestro puntaje.
Pero al mismo tiempo que la movilización nos sorprende por su revitalización y transversalidad, la violencia ha empañado las recientes jornadas de protesta, presentándose así como uno de los principales flancos desde los cuales se nos acorrala y se nos responsabiliza. Más de una vez voceros y voceras hemos tenido que elaborar maniobras discursivas que nos permitan evadir este tema, pues hace peligrar nuestras pretensiones de poner en el centro de la discusión la crisis de la educación pública. Esta evasión ha tocado techo, y debemos enfrentar la situación para superar el amedrentamiento comunicacional que busca criminalizar al movimiento por la educación.
Este año la muerte de Eduardo Lara y lo sucedido en la iglesia de la Gratitud Nacional han remecido a la opinión pública, que ha condenado los hechos por su falta de humanidad e irracionalidad. Y con justa razón. Son acontecimientos tan repudiables como lo es también la sistemática violencia policial hacia el pueblo mapuche, o el abandono estatal al pueblo chilote en su lucha contra la depredación de las salmoneras. La violencia en Chile está en todas partes, es sistémica, y tiene su origen en las profundas desigualdades sociales.
Pero no queremos jugar al empate moral. De nada le sirve al movimiento social por la educación ofrecer una explicación sobre el origen de la violencia, pues aquello no reconstruye la legitimidad que pierde cada vez que estos lamentables hechos ocurren. Por ello, nuestra preocupación sobre este tema es fundamentalmente política: a diferencia de los partidos políticos tradicionales, guardianes de los poderes fácticos y alimentados por el poder del dinero, nuestra posibilidad de constituirnos como una alternativa propositiva para cambiar Chile depende exclusivamente de nuestra masividad. Es esa masividad la que pende de un hilo con los actos de violencia, pues se pone al movimiento contra la sociedad, en una contienda que desplaza el foco del conflicto de donde verdaderamente nos interesa que esté.
Para quienes no nacimos con privilegios, la posibilidad de hacer política ha sido negada de manera reiterativa durante más de cuarenta años. Hemos encontrado en el movimiento estudiantil una chance para recuperar la iniciativa política por hombres y mujeres de a pie, para que sea la propia sociedad quien se haga cargo de una transformación estructural a la educación.
Esta posibilidad no se encuentra asegurada hacia el futuro. Seguir proyectando una alternativa popular depende de que sepamos resguardar la democracia y la legitimidad con la que goza nuestra causa, rechazando las manifestaciones de violencia que hoy vemos en la movilización, principalmente porque hipotecan la posibilidad de ir construyendo una fuerza social amplia. Esta es nuestra principal arma para enfrentar a quienes, haciendo uso de la violencia, conservan sus privilegios.
