Todos esperaban que lo hiciera, nadie sabía cómo. El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo historia al declarar –en fallo dividido entre jueces liberales y conservadores– que la Constitución le garantiza a parejas del mismo sexo el “derecho fundamental” al matrimonio, y que no les corresponde a los ciudadanos de cada estado decidir el asunto mediante el proceso democrático. Todo esto gracias al voto y la opinión del conservador juez Anthony Kennedy, quien rompió el empate ideológico entre sus ocho colegas y concluyó que los principios de dignidad e igualdad ante la ley empoderan a gays y lesbianas a acceder a una unión que representa “los ideales más altos de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia”.
La movida de Kennedy no causó sorpresa. El juez ha sido la voz clave del máximo tribunal sobre temas LGBT en tres previas oportunidades, y el fallo de la semana pasada coincidió con el aniversario de los casos Lawrence v. Texas y United States v. Windsor, los que en 2003 y 2013 invalidaron prohibiciones en contra de parejas homosexuales. Estos hitos hacen de Kennedy todo un héroe del orgullo gay, a pesar de una visión constitucional apegada al federalismo, una fuerte corriente en la jurisprudencia estadounidense que respeta la autonomía de los estados en toda materia donde el gobierno federal carece de facultades, como en materias de hogar y familia.
Pero esa autonomía no es sacrosanta. Es más, fue el propio pasado racista del país que llevó a la misma Suprema, en 1967, a acabar de una vez por todas con la práctica de penalizar el matrimonio entre las razas, entonces prohibida en 16 estados. Kennedy citó ese clásico precedente en su fallo del viernes. Él y el ala liberal de la corte reconocieron que el matrimonio es una institución que ha perdurado por los siglos, pero apuntaron que también ha evolucionado y se ha corrompido, al punto de que es muy distinto a como era en tiempos cuando los matrimonios se celebraban por previo acuerdo familiar o cuando el mero hecho de estar casada significaba que le pertenecías a tu esposo. Kennedy puso al matrimonio gay en ese continuo, y señaló que “años de litigios, legislación, plebiscitos y discusiones” han servido de antesala para una definición constitucional concreta. En ese punto, Kennedy fue categórico: “De acuerdo a la Constitución, las parejas del mismo sexo buscan en el matrimonio el mismo trato legal que las parejas de sexos opuestos, y denigraría sus elecciones y disminuiría su persona el negarle este derecho”.
En respuesta, los cuatro jueces conservadores protestaron por separado, pero nunca a una sola voz; cada uno expresó sus reservas sobre las conclusiones legales de la mayoría, pero sin lograr que sus tres colegas le respaldase por completo. Entre ellos estaba el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien sólo un día antes había fallado a favor del Affordable Care Act, salvando por segunda vez uno de los legados más importantes del presidente Barack Obama.
Otros lamentaron que “la decisión tendría consecuencias inestimables … para la sociedad”, que “roba al pueblo de … la libertad de gobernarse a sí mismo”, y que refleja “la profunda y quizás irremediable corrupción” del derecho constitucional.
Pero esta tensión entre los derechos fundamentales –como el derecho de los gays a casarse– y la voluntad de algunos estados –los que no quieren que exista tal derecho–, es tan antigua como la misma Constitución. En ese sentido, las advertencias sobre una crisis de gobernabilidad o en el Estado de derecho no debiesen alarmar a nadie. La legalidad del matrimonio gay no terminará con el debate constitucional; al contrario, permitirá que siga al rojo vivo.
