Por Rodrigo Velasco A., abogado, socio de Alessandri Abril 16, 2015

Trabajo esclavo, contrabando, armas y narcotráfico, reinado absoluto de pandillas y barras bravas. El nocivo cóctel que la semana pasada desentrañó una gigantesca redada para desbaratar cerca de 30 mil talleres ilegales que proveen La Salada -mercado ícono de la piratería en Argentina-, no es en rigor algo nuevo. En Asia, hace décadas que distintas organizaciones vienen denunciando la relación directa entre la lucrativa industria de la falsificación con el lavado de dinero, la corrupción, la trata de personas y el crimen organizado.

Motivo de orgullo debiese ser, a estas alturas, la situación de Chile. Pues más allá de las quejas históricas -sin duda queda muchísimo por mejorar-, las políticas implementadas han producido resultados concretos: el trabajo conjunto de Aduanas, fiscales y brigadas especializadas de Carabineros y la PDI, son muy destacables. A la capacitación de estos agentes se suman iniciativas público-privadas de información y educación, que han liderado el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

¿Por qué entonces Chile sigue siendo incluido en la “lista roja” de la Oficina de Comercio de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, junto con países como Argentina, Venezuela y China? ¿Qué se le reprocha, a estas alturas?

Derribemos algunos mitos. En primer lugar -y a diferencia de nuestros compañeros de lista-, Chile cuenta con un Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos, por lo que obviamente se nos mide con otra vara.  Y ojo que Chile ha sido incluido en esta “lista roja” -que más bien negra-, ininterrumpidamente desde 1989, año de debut del informe en cuestión.

En segundo lugar, el famoso USTR Special Report on Intellectual Property Rights abarca un amplio espectro de materias. Y son cuatro aspectos específicos en los que se acusa a Chile de incumplir lo acordado en el tratado: protección efectiva de datos de prueba y patentes farmacéuticas por parte del Instituto de Salud Pública (en coordinación o linkage con Inapi); adhesión al tratado UPOV II sobre obtentores vegetales (la mal llamada “Ley Monsanto”); reconocimiento de las TPM’s o medidas tecnológicas de protección (cuya violación ha permitido la proliferación masiva de decodificadores satelitales ilegales); y el implementar mecanismos eficientes de notificación y remoción de contenidos infractores en internet.

De piratería o falsificación, nada. Quizás con la notoria excepción de los decodificadores de TV satelital -en que resulta evidente nuestra inacción política y regulatoria-, básicamente estamos hablando de compromisos incumplidos al no penar la violación de TPM’s (señales de satélite, códigos de software y videojuegos, etc.) ni implementar un sistema de denuncia y bajada de contenidos infractores en internet (como los que tienen Facebook, Youtube o Twitter, por ejemplo) en la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, entre los años 2007 y 2010. Temas que hoy están nuevamente sobre la mesa del gobierno, en el ámbito de las negociaciones del tratado TPP (Trans-Pacific Partnership) que lideran Estados Unidos y Japón.

No nos extrañemos, entonces, ni recurramos a las viejas peroratas sobre la atrocidad de la piratería en Chile, cuando a fines de abril, junto con las celebraciones del Día del Libro, el Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual, seamos incluidos, por vigésimo sexta vez, en la misma lista que Argentina, Venezuela, Rusia, China, Indonesia, Tailandia, India y Pakistán.

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