Un comodín frecuente en los debates sobre el aborto en Chile es la comparación con Europa. La idea de fondo es correcta: es el continente que tiene el mayor número de legislaciones a favor del aborto. Incluso el cine demuestra que su interdicción tiene aires de otro tiempo. En Vera Drake (2004), Mike Leigh cuenta la historia de una mujer encarcelada por practicar abortos en el Londres de los años 50; en 4 meses, 3 semanas y 2 días (2007), Cristian Mungiu narra la pesadilla de una joven que interrumpe clandestinamente su embarazo en la Rumania de Ceausescu.

El tema fascina en festivales (Leigh ganó el León de Oro de Venecia y Mungiu la Palma de Oro de Cannes), pero en países como Irlanda las historias están en las noticias: en diciembre pasado, una veinteañera con 15 semanas de gestación fue declarada muerta en un hospital de Dublín tras sufrir un traumatismo cerebral. Sus padres pidieron desconectarla de todo soporte artificial, pero los doctores se negaron por miedo a la cárcel: en Irlanda la constitución establece que la madre y el no nacido son iguales ante la ley. En otras palabras, si se desconecta a la mujer, se viola el derecho a la vida del hijo.

La legislación irlandesa restringe el aborto a circunstancias tan limitadas que su práctica legal es casi inexistente, lo que sitúa a este país detrás de Andorra, donde sólo es legal para salvar la vida de la madre; y de Malta, el único Estado europeo donde el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. Eso explica la carga simbólica que adquirió la muerte de la joven de Dublín.  El caso fue un espejo de las disputas morales que hace décadas tienen a Irlanda entrampada entre la autoridad de la Iglesia católica y las luchas de quienes exigen mayores libertades civiles. No hay que olvidar que la venta de todo método anticonceptivo estuvo prohibida en suelo irlandés hasta 1980.

La mujer fue desconectada cuando los jueces aceptaron la evidencia médica -el feto tenía muy pocas o nulas posibilidades de sobrevivir si se mantenía con vida a la madre-, pero más allá de lo trágico del caso, lo que sorprende es lo cercano que resulta a un oído chileno el debate público que se desató en Irlanda. “En nuestra sociedad desigual, los que pueden pagar para ir a hacerse un aborto en Inglaterra lo harán, mientras que los que no puedan pagar, sufrirán siempre las consecuencias”, dijo Ruairi Quinn, ex ministro de Educación.

Esa es la realidad irlandesa: unas 4 mil mujeres viajan cada año a Inglaterra a abortar para eludir la ley. Lo dramático del asunto es que las únicas ocasiones en las que se ha debatido el tema ha sido después de tragedias. En 2012, una mujer llamada Savita Halappanavar murió de septicemia luego de que se le negara el aborto de un feto inviable en un hospital de Galway, donde se le dio como justificación que el no nacido aún tenía latidos. Su muerte generó enormes protestas en el país y obligó a que se modificara la ley para permitir el aborto en casos en que la vida de la mujer esté en riesgo “grave y sustancial”.

Sin embargo, tras el debate de diciembre, no hubo ninguna modificación. El capítulo se cerró cuando el primer ministro Enda Kenny declaró que no es el momento para un cambio constitucional. Las discusiones en los medios no cesaron y algunos diputados insistieron que se debe permitir la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad fetal y de secuelas a largo plazo en la vida de la madre. Mientras, varios grupos civiles llaman a seguir presionando. 

Tres en un sótano fue la primera película europea que trató el tema del aborto y se rodó siete años después de que la URSS se convirtiera en el primer país del mundo en legalizarlo, en 1920. Hoy, un siglo más tarde, en casi todo el continente prima el modelo de “ley de plazos”, que permite abortar hasta un período determinado de la gestación. Pero no hay que engañarse: la historia del aborto legal es también la historia de una moral cambiante. En Polonia se prohibió después de haber estado permitido durante el comunismo; en Rumania, por el contrario, se legalizó tras el fin de éste.