28 días de paralización en el Hospital Salvador pusieron la discusión en tono antagónico: rechazo a la privatización versus apoyo a la salud pública. Sin embargo, plantear un Estado omnipresente sin aporte privado tiene sus costos: los recursos públicos son limitados y deshacer una concesión implica postergar la construcción de otros hospitales, o al menos de otros asuntos públicos. Más que postergar, la pregunta debiera ser cómo lograr inversión privada sin que el Estado se desligue de su responsabilidad.
Los ingleses, que han probado ser muy innovadores y pensar outside the box, llevan un tiempo creando terceras vías para estas situaciones de antagonismo. En 2007, el Consejo de Acción Social -un grupo de innovadores de distintos ámbitos que asesora al Primer Ministro inglés- recibió el encargo de proponer nuevos modelos de financiamiento para las intervenciones sociales. Tres años después, el Ministro de Justicia, Jack Straw, anunciaba la emisión del primer Bono de Impacto Social (Social Impact Bond) para financiar un programa de rehabilitación para internos primerizos de la cárcel de Peterborough, con un índice de 60% de reincidencia. Lo que planteaba el nuevo sistema era un contrato en base a resultados donde el Estado encarga a organizaciones con un probado track record solucionar problemas complejos (reincidencia penal, problemas de salud, permanencia en el sistema escolar) de una comunidad, con el financiamiento de inversionistas privados que recuperan la inversión con un margen de beneficio sólo en caso de que los resultados predefinidos se cumplan, asumiendo un sistema de riesgo similar a los accionarios, pero con una expectativa de retorno no sólo económico sino también social. En Peterborough, un intermediario, Social Finance, levantó 5 millones de libras esterlinas de individuos y fundaciones que, sólo luego que la Universidad de Leicester compruebe que el programa de seis años ha logrado reducir en al menos un 7,5% la reincidencia de tres mil internos, recuperarán -o no- su inversión con un beneficio que puede alcanzar hasta un 13%.
Los Bonos de Impacto Social permiten invertir en prevención trasladando el riesgo a los privados y asegurando a los contribuyentes la eficiencia de los recursos públicos que de esta forma no se invertirán en programas sociales hasta que demuestren tener resultados exitosos, generando además ahorros a mediano plazo dado que, por ejemplo, detener la reincidencia delictiva permite a la larga reducir la inversión fiscal en el sistema penitenciario. Por otro lado, este sistema de bonos entrega a las organizaciones sociales financiamiento para nuevas soluciones a problemas complejos, y obliga a generar mediciones independientes y acuciosas del impacto social logrado.
El modelo ha resultado tan atractivo que en febrero de 2012 Nueva York emitió un bono de US$ 9,6 millones para otro programa de rehabilitación de convictos financiado por Goldman Sachs y tras ello, el sistema se ha expandido por otros países (Australia, Nueva Zelanda, entre otros), para intervenir y prevenir crisis de salud, vivienda e incluso de jóvenes en situación de calle. Como dijo Nick Hurd, ministro inglés de Sociedad Civil, no sólo se trata de nuevos recursos para enfrentar problemas sociales en forma innovadora, sino también de lograr el trabajo conjunto del Estado, los inversionistas y las comunidades para cambiar la vida de las personas.
