Hace algunas semanas escribíamos en estas mismas páginas sobre la paradójica diferencia de ánimo entre Argentina -donde primaba un cierto optimismo- y Chile -donde imperaba el pesimismo-. Cuánto han cambiado las cosas esta semana. Ya sabemos que los triunfos deportivos pueden cambiar significativamente las percepciones en Chile.
Lo de Argentina, sin embargo, es bastante más complejo, incluso si son capaces de lograr buenos resultados en el Mundial de Brasil. La razón es clara: este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que compromete seriamente la situación financiera de la nación trasandina.
La decisión que tomó la máxima autoridad judicial norteamericana fue no dar cabida a la solicitud de apelación que Argentina interpuso contra un dictamen de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que básicamente establece que no le puede pagar a algunos acreedores si es que no le paga a todos. Es lo que se conoce en jerga legal, como condición pari passu, y de hecho así fue como el caso fue conocido durante ya varios años que venía viéndose en las cortes estadounidenses.
El origen del problema se remonta a 2001, cuando ese país cayó el mayor default de deuda soberana de la cual se tenga registro, comprometiendo cerca de US$ 100 mil millones de dólares. Después de alcanzar cierta estabilidad financiera, el gobierno reestructuró su deuda en dos ocasiones, el 2005 y el 2010. Más del 90% de los tenedores de bonos participaron en estas reestructuraciones, por los cuales tuvieron que aceptar un importante descuento o “corte de pelo” de lo que se les debía.
Pero algunos tenedores, mayoritariamente hedge funds, consideraron desfavorables las condiciones y decidieron no participar de las reestructuraciones. Como el gobierno argentino decidió no pagarles, estos fondos demandaron a Argentina, invocando la ya famosa cláusula pari passu. La reacción de Argentina no se hizo esperar y los fondos fueron rebautizados como “fondos buitres”, siendo aludidos como tales frecuentemente por la presidenta Cristina Fernández y otras autoridades argentinas.
El problema es que este 30 de junio corresponde el pago de cerca de US$ 900 millones a los tenedores de bonos reestructurados, pero el fallo de la Corte no lo permite mientras que no pague los cerca de US$ 15 mil millones que adeuda a los acreedores “díscolos”. Argentina ha advertido que ello lo obligaría a entrar a un nuevo default de su deuda, considerando que sus reservas internacionales apenas alcanzan los US$ 30 mil millones.
El mismo lunes, y en un segundo fallo asociado, la Corte Suprema permitió a uno de estos acreedores “díscolos” exigir que dos instituciones financieras dieran acceso a los movimientos bancarios del Estado argentino, con el pretexto de identificar fondos para pagar lo que se les adeuda. Una demostración de este tipo de acciones la vimos el 2012 cuando el buque escuela de la Armada argentina fue retenido en Ghana, a solicitud de los acreedores. La Corte no halló bases para tratar de manera distinta a una persona que no paga sus deudas de un país extranjero que presenta el mismo comportamiento.
El fallo no podía venir en peor momento, justo cuando Argentina buscaba salir de su condición de paria en los mercados financieros globales. Hace tan sólo algunas semanas atrás, el gobierno argentino había logrado un acuerdo con el llamado Club de París, un grupo informal de autoridades de países acreedores que coordina soluciones de deuda impaga, principalmente con entidades gubernamentales o supranacionales como el Banco Mundial o el FMI. Antes ya había logrado un acuerdo con Repsol y el gobierno español para el pago de lo adeudado por la nacionalización de YPF. La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. parece hacer añicos la intención del gobierno de Fernández de terminar su período presidencial a fines del 2015 con Argentina de vuelta a los mercados internacionales, permitiéndole nuevamente generar la mayor inversión necesaria para que la economía argentina vuelva a crecer y reduzca su elevada inflación.
Las opciones para Argentina son muy difíciles. El mismo día del fallo, la presidenta Fernández, en cadena nacional, anunció que Argentina mantiene su disposición a negociar pero que no aceptará ser extorsionada. A continuación, instruyó a su ministro de Economía, junto con otras agencias técnicas gubernamentales, a preparar las estrategias necesarias para que ello se cumpla.
La respuesta del ministro Axel Kicillof fue rápida al día siguiente, aunque sin muchos detalles. Ante la imposibilidad de pagar a los tenedores no díscolos a través de instituciones estadounidenses, les ha propuesto que canjeen los bonos por unos nuevos cuyos contratos (y pago) sean basados en Argentina.
Otra opción es no pagarle a acreedores, sean díscolos o no, pero ello implicaría caer nuevamente en default y volver a la categoría de paria financiero, justamente lo que se había buscado revertir en los últimos meses.
Una tercera opción, probablemente la más realista financieramente, es negociar con los acreedores díscolos. Sin embargo, es probablemente la de mayor costo político, pues implica dar el brazo a torcer a los fondos “buitres”.
Es posible que un buen resultado de la selección de fútbol argentina en la Copa del Mundo ayude a pasar tan difícil momento. Las oraciones del papa Francisco I también podrían ayudar. No sería la primera vez que la “Mano de Dios” le ayude a los argentinos.
