La regla electoral  binominal logró moldear un sistema político a su imagen y semejanza. Y aun cuando el mecanismo nunca rompió del todo con la existencia de tres tercios políticos ni con la diversidad de partidos en la que éstos se expresaron, su operación en el marco de una transición pactada lo convirtió en el principal eje ordenador de la política desde el retorno a la democracia.

Pero la irrupción progresiva de fuerzas electorales que se ubican fuera de los dos conglomerados principales, junto a la pérdida de representación relativa de estas últimas, ha ido minando la efectividad de este ícono de la transición, al punto que hoy se suma a su descrédito político la pérdida de su efecto inhibidor de proyectos que nacen y se mantienen fuera de su intención principal: la formación de acuerdos políticos preelectorales.

No obstante el escaso éxito de las apuestas parlamentarias extracoalición, esta tendencia está lejos de verse en retirada. Esta semana, por ejemplo, dos fuerzas nacidas al alero del movimiento estudiantil -Izquierda Autónoma y Revolución Democrática- han delineado su estrategia para llegar al Parlamento, sumándose así a otras figuras del mismo útero que, aunque de manera más institucional y en base a un acuerdo político-electoral del PC con la Concertación, enfrentan un desafío similar. Con esto, el espacio que abandonó el PC  -un outsider eterno del sistema de coaliciones preelectorales- con su incorporación a un pacto con la Concertación no demoró en ser llenado por quienes se niegan a entrar en el fórceps binominal.

Los proyectos de este tipo no son nuevos, pero una serie de cambios en el país en el último tiempo han contribuido a equiparar las fuerzas de actores que antes caían fácilmente en la irrelevancia por la baja chance de poner realmente en jaque las tendencias hegemónicas de la transición. Es más, la llegada de la derecha al gobierno terminó por sepultar el chantaje eterno que pendía sobre los díscolos en orden a ser artífices de facilitar o arriesgar un doblaje, según fuera el caso.

Le guste o n o a la generación del pacto permanente, hoy estamos frente a una total despenalización de los proyectos alternativos y todo apunta a que los acuerdos de gobernabilidad se comenzarán a tomar después de las elecciones y no antes, como sucede hoy. Ahora bien, no obstante este escenario más amistoso, las candidaturas catapultadas por los movimientos sociales deben enfrentar su propia transición al dejar el calor de las causas justas para saltar a la arena donde campea la medida de lo posible. Los movimientos sociales no viven de las definiciones excluyentes. Su tarea no es procesar las tensiones políticas y convertirlas en decisiones ejecutivas o legislativas sino impactar en la escala de valores y en las prioridades de la opinión pública, por lo que sus líderes no acostumbran jugar con el público en contra.

Por ahora, sin embargo, la suma da más que la resta. La irrupción de una generación lanzada a la arena política por su participación en movimientos sociales devuelve a un cierto cauce natural la renovación de elencos en la política que, de tanto negociar cupos y cargos, se había acostumbrado a llenar las vacantes siguiendo un estricto protocolo clientelar. El cambio en esta predictibilidad del sistema político le impone un nuevo desafío a nuestra arquitectura institucional. El gallito recién comienza.