Es un martes de febrero, y el sol golpea sobre las calles del centro de Santiago. Una mujer de unos sesenta años camina rápido por ellas, y lleva consigo una pequeña cartera negra de nailon, cruzada sobre su cuerpo. Busca en su celular la dirección de un lugar que, le han dicho, le ayudará a solucionar sus problemas de dinero. Se detiene, entonces, frente al pasaje Dr. Sótero del Río.
La mujer, a la que llamaremos Ester, camina bajo la sombra de los edificios, llega al final de ese pasaje y entra a una torre de oficinas. Sube hasta el séptimo piso, y allí le abre la puerta un hombre de unos cincuenta años, de pantalón beige y camisa, que parece imitar con cada gesto el rol de un ejecutivo bancario.
Más tarde, Ester dirá que no encontró quien le prestara dinero para pagar las deudas que acumula desde el año pasado, cuando su madre enfermó. El banco no estuvo dispuesto y sus cercanos tampoco. Pero unos días atrás, en la sección de clasificados de El Mercurio vio el anuncio de Créditos InverChile: una oficina dispuesta a prestar dinero de forma irregular, sin las exigencias de un banco. A simple vista, parecía sencillo, y Ester no dudó.
—Adelante, ¿qué necesita? —le pregunta el supuesto ejecutivo.
—Necesito un millón de pesos —dice Ester.
—¿Trajo los papeles?
—Sí, tengo todo. Quiero dejar esto listo hoy.
—Veámoslo, esto tarda sólo 10 minutos.
Lo que Ester no sabe es que por ese millón de pesos prestado le cobrarán un interés mensual de hasta un 19% —y en un año, de un 228%, cinco veces más caro que en un banco—, le harán firmar un pagaré y tendrá que dejar un cheque en blanco, con el que, si quisieran, sus prestamistas podrían sacar cualquier monto de su cuenta corriente. Pero ella desconoce todo eso. Por ahora, sólo sabe que necesita el dinero.
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No está claro cuándo comenzaron, pero desde hace varios años las páginas de los avisos económicos de El Mercurio y de El Rastro los muestran: anuncios de empresas dispuestas a dar préstamos no regulados a quienes lo necesiten. Incluso algunos ofrecen tasa preferente para quienes lleguen por la publicación del diario. La cantidad de empresas que ofrecen este servicio es variable, pero suelen repetir el mismo llamado: “Aprobado en 10 minutos con cuenta corriente, con/sin morosidades, primera cuota a 90 días”.
Los prestamistas informales son reacios a dar información y presionan a los clientes para que entreguen pronto papeles personales que les permitan “ganar tiempo” en el préstamo. El trato es cordial, siempre que no se hagan muchas preguntas.
Lo que está claro es que uno de los aspectos que influyeron en su aparición fue la promulgación, en diciembre de 2013, de la ley 20.715, que estableció topes a las tasas de interés que los bancos y otras entidades financieras pueden poner a sus créditos. La idea de la ley era reducir los intereses que ahogaban a los usuarios más vulnerables, a los que se les cobra más por ser considerados más riesgosos. Sin embargo, también les hizo más difícil el acceso a la banca, y empezaron a buscar otras fuentes de financiamiento.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) monitoreó los primeros años el impacto de la ley. En 2015, la institución alertó sobre un “aspecto interesante”, pero complejo de evaluar: la transición de deudores excluidos hacia proveedores más caros e informales, que generaría “una reducción en el bienestar de esos usuarios de crédito”. Según sus datos, el número de excluidos del acceso a crédito formal podría estar entre 151 mil y 227 mil personas. Esto considera a 48 mil clientes que salieron del sistema bancario en 2014, 52 mil en 2015 y 127 mil en 2016.
¿A dónde se fueron estas personas? ¿Tomaron vías distintas para recibir dinero con pago a plazo? ¿Quiénes son los actores de este mercado informal? Las oficinas de préstamos informales hoy están en una zona gris, y la SBIF reconoce que no cuenta con facultades para fiscalizarlas. Dicen que son actores que no están en la ley: que no son bancos ni cooperativas, y no están en su perímetro de acción. “La SBIF fiscaliza a las instituciones financieras definidas por ley y no a operaciones específicas, a excepción de aquellas que corresponden a operaciones masivas de dinero”, afirman desde la institución consultados para este reportaje. “Los créditos informales, como su nombre lo indica, son actividades informales que no están sujetas a ningún tipo de control, fiscalización y regulación”.
Es un jueves por la tarde, y en el segundo piso de un edificio de oficinas, a pasos del metro Tobalaba, una secretaria o una ejecutiva —es difícil distinguir—, de pelo castaño corto, orienta a un veinteañero sobre las condiciones de pago en Préstamos24.
—Nosotros damos préstamos para pagos urgentes, patentes, ese tipo de cosas. La primera vez se prestan 250 mil pesos y lo puedes cancelar en tres cuotas de 127 mil o cuatro de 96 mil.
—¿Y cómo se hace?
—Se hace un Pago Automático de Cuentas PAC. Por ejemplo, si a ti te cancelan el salario en un banco, ahí generamos un PAC y cada día 15 se descuenta automáticamente.
—¿Después puedes pedir más dinero?
—Si tienes buen comportamiento 300 mil o 400 mil pesos, pero no más, porque esto es para emergencias. Esto no es un banco.
El sistema funciona así: el pago automático es suscrito desde la página de su banco por quien pide el préstamo, como si estuviera pagando la luz o el TAG. Préstamos24 también permite pagar con Khipu, Webpay o transferencia, y pronto —dicen en la compañía—tendrán un convenio con Servipag para recaudar los dineros.
El gerente de operaciones de Préstamos24, Rodrigo Bedacarratz, dice que si bien no entran en ninguna categoría de la SBIF, les gustaría estar bajo el alero de esa institución. “En marzo cumplimos un año y nos acogeremos voluntariamente a las regulaciones de ese organismo”, dice. “Nos consideramos parte del mercado formal de préstamos”. En tanto, asegura que se autorregulan. Así, pueden llegar a cobrar un interés de casi el 20% mensual.
Las voces detrás de los teléfonos de las empresas prestamistas suelen pedir las mismas cosas: tener una cuenta corriente, no tener cheques protestados, ser chileno o residente permanente, un sueldo sobre 400 mil pesos, declaración de renta y no más de 75 años.
—¿Tiene renta fija o variable? —pregunta una mujer por teléfono.
—Fija.
—¿Cuenta corriente?
—Sí.
—Necesitamos tu última liquidación, cartolas del banco de los últimos tres meses, cotizaciones de los últimos 12 y fotocopia del carné. Con estos documentos evaluamos. Toma sólo 10 minutos.
—¿Cuál es el monto máximo para pedir prestado?
—El tope es su renta líquida.
—¿Esto lo hacen a través de algún banco?
—No, es directo con nosotros.
—¿Y alguien los fiscaliza?
—Nadie.
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Las páginas de avisos económicos, cada día, también ofrecen otro atajo irregular para quienes necesitan dinero rápido. Los anuncios ofrecen: “Dinero inmediato con el cupo en dólares de su tarjeta de crédito”. En el ambiente lo llaman la “compra de cupo internacional”. Las oficinas que lo hacen están desplegadas en el sector oriente y en el centro, en general cerca del metro. Por fuera lucen bien y, por dentro, lo intentan.
—¿Qué monto necesita? —dice la mujer que atiende en Ecash, una oficina de fachada vidriada en Las Condes.
—Mil dólares.
—Ese monto tiene una comisión de 30%. Hoy el dólar está a 603,07 pesos, o sea, descontando la comisión, recibirías 422.149 pesos.
—¿Necesitan alguna autorización?
—No. Es como si compraras algo de mil dólares, y eso se te carga a tu banco. Ningún banco en Chile permite que vendas tu cupo en dólares. No estamos haciendo nada ilegal pero el banco no lo permite.
—¿Cómo funciona entonces?
—Nosotros tenemos un sistema en el extranjero. Por eso, es como si estuvieras comprando por internet y la compra sale en Puerto Rico, por servicios de tecnología e información.
Quienes ofrecen ese servicio piden la firma de un contrato de compraventa de dólares, una fotografía del cliente con su carné en las manos, otra de su tarjeta bancaria y, por último, graban un video de la persona diciendo que autoriza la compra de su cupo. “Yo... hoy autorizo a cargar dólares en mi tarjeta…”, es la primera línea del libreto que tienen que repetir.
Junto con todo eso, viene una serie de recomendaciones para evitar el control del banco: “Tienes que decirles que vas a hacer una compra por internet”; “no les digas que vas a vender el cupo porque, de picados, te pueden bloquear la tarjeta”; “velo como si contrataras Netflix”; “pídele al banco pagar en cuotas”.
La operación puede tardar hasta una hora, dependiendo del tiempo que demore el banco en autorizar la compra. Una vez que esto ocurra, la persona recibirá, en su cuenta corriente, un depósito en pesos por el monto que gastó menos la comisión. Según la SBIF, esas operaciones pueden estar asociadas a eventuales defraudaciones. “Podríamos estar frente al uso inapropiado del producto contratado, tanto por parte del cliente como por parte del comercio afiliado”, responden desde la institución. “El uso de los productos no es un aspecto fiscalizado por la SBIF”.
Los compradores de cupo reconocen que su negocio no está regulado y que sólo el Servicio de Impuestos Internos se ha acercado a mirar. De hecho, en 2016 el SII empezó a fiscalizar este negocio, e identificaron al menos cuatro empresas involucradas: Ecash, Financialfast.cl, Cupoendólares y Comprotucupo. Desde entonces, algunas de ellas ya no tienen páginas en internet o sus oficinas
están desocupadas.
“Es una materia nueva en el contexto de la economía digital”, dice Víctor Villalón, subdirector de Fiscalización del SII. “Nosotros velamos por la aplicación de los impuestos, pero en la medida que veamos alguna situación sospechosa o clandestina tendríamos que iniciar los procedimientos respectivos”. El Servicio ya hizo una consulta interna para saber si estas operaciones corresponden a una actividad clandestina y hace un año consultaron a la SBIF cuáles eran las normas para la compraventa del cupo en dólares. Aún no reciben respuesta.
Las personas más vulnerables son consideradas riesgosas por la banca tradicional y los dejan fuera del sistema. Ese es el público al que apuntan los prestamistas irregulares, y pueden llegar a cobrarles intereses cinco veces más caros que un banco.
El año pasado, Banco Santander interpuso una querella por estas operaciones en el Ministerio Público ante quienes resulten responsables. “El banco considera que estas son conductas ilícitas, que incluso pueden ser delito”, dicen desde el banco. “Quienes realizan este tipo de negocio esconden en realidad un tipo de préstamo ilegal y de usura, que termina afectando más que a los bancos, a los usuarios del sistema financiero”.
Para este reportaje se contactó a todas las empresas nombradas, pero la única que quiso dar su versión fue Ecash. Carlos Lobos, director de esta compañía, dice que si bien muchos de sus clientes presentan alto endeudamiento, también hay otros que no tienen dificultades, pero que necesitan el dinero rápido.
“Es un tema de urgencia. Tienen un apuro económico, un accidente o algo que cubrir, tienen que disponer de fondos en una hora, y el banco no les sirve”, dice Lobos, cuya empresa puede mover al mes entre 200 mil y 500 mil dólares.“Esta es una actividad que no está regulada. Si haces la consulta en el SII, no tienen idea. Pero insisto: que no sea regulado no es sinónimo de que sea ilegal. Si no, no llevaríamos más de 6 años funcionando”.
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No importa el frío o el calor. Están en las plazas, en las esquinas, dando vueltas por distintas zonas de la capital. No suelen estar en puntos fijos, pero quienes los buscan terminan por encontrarlos. La Policía de Investigaciones los llama “el gota a gota”.
A veces la policía los identifica por azar cuando hacen controles de identidad. Ahí se dan cuenta de que llevan tarjetas de presentación con los montos de dinero que prestan, tablas con los días de pago y cuadernos con los nombres y teléfonos de sus clientes. Lo habitual es que el pago sea diario: una persona solicita un monto de 200 mil pesos y se compromete a pagar 12 mil pesos durante veinte días. Es decir, con un interés total del 22%. ¿Qué pasa si una persona se atrasa? No está claro. Lo que está claro que tendrá problemas.
“Van a lugares masivos y populares, ferias libres, locales de pequeños emprendedores. Aquí estamos cerca de La Vega y sabemos que están operando, y también en Puente Alto, Lo Prado, Quilicura”, dice el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, José Gutiérrez. “El punto está en qué pasa cuando el deudor cae en insolvencia. En el sistema formal hay un protocolo, pero acá no existe y ahí es donde vienen los riesgos”.
La forma quetiene la PDI de investigar a este tipo de prestamistas es esperar a que haya una denuncia, y ahí definir si existe o no usura. Sin embargo, las víctimas no suelen denunciar estas prácticas, y ante la policía niegan conocer a los prestamistas. “La pregunta es ¿quién regula?”, dice Gutiérrez. “La ley es clara respecto a las regulaciones de los prestamistas. Hay organismos…”.
Entre el Paseo Ahumada y Estado hay un pasaje, flanqueado por galerías comerciales, que da a un edificio de oficinas antiguas. En el piso diez, al final de un pasillo oscuro, un papel pegado en una puerta advierte: “13:30. Vuelvo luego o llamar al celular”. Cerca de las dos de la tarde aparece al fin un hombre canoso, de pantalones rojos y polera rosada, que llamaremos Santiago.
El lugar, que antes fue una bodega y también un baño, hoy es su despacho. Santiago ofrece préstamos de hasta 500 mil pesos, e incluso gestionar un crédito en el banco, quedándose él con una comisión del 5 al 10%. La forma de pago, para el préstamo, es con tres cheques de 200.001 pesos o seis de 169.002 pesos.
Sin embargo, cuando se le informa de que está ante una periodista, sólo reconoce ser un intermediario y niega ofrecer préstamos.
—Soy un gestor, un humilde servidor —dice.
Llegar a los prestamistas informales no es fácil. Son reacios a dar información, no atienden si no se los ha contactado antes por teléfono y presionan a los clientes para que entreguen pronto papeles personales que les permitan “ganar tiempo” en el préstamo.
El trato es cordial, siempre que no se hagan muchas preguntas.
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Han pasado diez minutos desde que Ester ingresó a la oficina de InverChile. El hombre de pantalón beige espera que le entregue sus documentos para el préstamo. Ella busca en su cartera negra. No puede creer que se le hayan quedado las tres últimas cartolas del banco. Sólo eso le falta para conseguir un millón.
—¿Puedo llamar al banco y pedirle que se las envíe a su correo?
—No señora, no se puede hacer eso.
—Se las envío yo entonces por correo y las imprime acá.
—No se puede, no se trata de un tema de impresión…
Entonces el hombre le da la dirección de un ciber, a pocas cuadras, para que imprima las cartolas. Ester sale de la oficina y sube al ascensor. Entre sus manos lleva un papel en que anotó las cuotas y los montos de pago: seis cuotas de 291 mil pesos, ocho cuotas de 245 mil, diez cuotas de 219 mil o doce cuotas de 203 mil.
Si acepta esas condiciones, podría llegar a pagar casi dos millones y medio. Es más del doble, pero Ester sabe que necesita el dinero.
