Por Estela López García // Foto: Juan Pablo Carmona Julio 7, 2017

Los obreros se preparan para comenzar los trabajos de demolición en la esquina de Presidente Riesco con Urano. Son las 10 de la mañana del último sábado de junio. No hay indicios de lluvias, así que parten. El primer objetivo es el edificio que está en el corazón de la Villa San Luis. Los trabajos llaman la atención de quienes caminan por el sector. De inmediato comienzan a circular fotografías de la escena por las redes sociales. En menos de una hora un grupo de diez personas llega al lugar e intenta detener los trabajos, cuando el primer edificio ya está demolido casi en su totalidad y las maniobras se replican en el segundo edificio.

Los valores por los que se decidió declarar el terreno como monumento fueron de carácter histórico. La Villa San Luis fue un proyecto creado para “combatir la segregación urbana de la ciudad”, afirmó el Consejo.

Las máquinas se detienen. En la tarde la Inmobiliaria Presidente Riesco S.A., propietaria de los terrenos y encargada de las obras, recibe una notificación del municipio que la obliga a paralizar la demolición. La carta causó sorpresa e indignación en los propietarios, además de desatar una pugna respecto a la legitimidad del dominio que tienen sobre uno de los paños más codiciados de Las Condes.

Si bien el argumento de la administración del alcalde Joaquín Lavín para paralizar fue la falta de obras de mitigación, sobre la mesa estaba, también, una citación para una sesión del Consejo de Monumentos Nacionales donde se evaluaría la pertinencia de declarar 4.329 m2 del terreno en proceso de demolición como Monumento Histórico. El reconocimiento lo había solicitado el cineasta Jaime Díaz, que había realizado un documental sobre la Villa San Luis; y el arquitecto Miguel Lawner, arquitecto símbolo de la Unidad Popular, en febrero de este año.

Pero esta disputa está lejos de ser la primera sobre la villa. Al contrario, forma parte de una trama de desencuentros que ha durado más de 80 años.

 

Una disputa de ayer y hoy

La viuda del ex alcalde de Providencia Ricardo Lyon, vendió 153 hectáreas del fundo de San Luis en 1935. Una parte fue adquirida por la Junta General de Beneficencia en ese mismo año, mientras que otra parte del terreno cayó en una demanda judicial interpuesta por los hijos del matrimonio Lyon Cousiño, que se prolongó por décadas. Y no fue hasta 1968 que el Fisco expropió e inscribió a su favor 50 hectáreas. A partir de esto, la entonces llamada Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) inició el proyecto de Remodelación Parque San Luis, a cargo del arquitecto Miguel Eyquem.

Durante el primer año del gobierno de Salvador Allende, se decidió reorientar el proyecto en el sector sur para dar espacio a la población sin casa del sector oriente. Este contemplaba la entrega de 1.000 viviendas en su primera etapa y fue considerado por el ex presidente como un proyecto ícono para romper con la segregación socioeconómica de la ciudad.

En abril de 1972 se entregaron los primeros 122 departamentos, de 1.038 viviendas entregadas a diciembre de ese año. De acuerdo al expediente que se abrió en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y al acta de sesión del mismo del miércoles 28 de junio de este año, se indica que al momento del golpe de Estado los títulos de dominio de los residentes de la villa, que habían pagado por cerca de un año 404 escudos mensuales por los dividendos, estaban en tramitación ya que el municipio no había hecho la recepción final de las obras. Esto dio el paso para que en dictadura el titular del Minvu, Carlos Granifo, enviara en diciembre de 1975 una carta a los vecinos indicando que “a las viviendas de San Luis se trasladaría otro número de miembros del Ejército y, a su vez, ellos nos entregarán igual número de viviendas, y así, sucesivamente, hasta la entrega total de la población al Ejército”.

Por años estos terrenos no sufrieron cambio administrativo. Sólo dos días antes de que el ex presidente Patricio Aylwin ganara las elecciones de 1989, el Serviu transfirió al Fisco los lotes de la Villa San Luis y casi dos años después, Bienes Nacionales destinó los terrenos al Ejército para fines habitacionales, limitando esta entrega a que, si no eran utilizados para los fines señalados o si los cediera, se pondría término inmediato a la destinación.

A pesar de este mandato, el Ejército categorizó el conjunto de departamentos como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), es decir, como parte de los fondos y bienes de los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas. La enajenación de estos bienes no queda registrada en el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que operan como patrimonio propio.

Bajo esta fórmula, el Ejército vendió gran parte a la inmobiliaria Parque San Luis S.A., según consta en el acta del CMN. Y luego en 2011 vendió el terreno, que hoy está en pugna, a la Inmobiliaria Presidente Riesco S.A.

 

El valor de la historia

Es la noche del primer martes de julio. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, firmó hace unas horas el decreto que declara monumento histórico el lote 18-A1, donde hay dos edificios a medio caer. Pasadas las 10 de la noche la calma inunda una de las esquinas más ajetreadas de Las Condes.

El último bloque que queda en pie fue el primero que se entregó. Y en una esquina del cuarto piso se alcanza a leer un grafiti que dice “paz”. Hace 45 años, cuando se trasladaron las primeras familias, una hoguera de varios metros de altura quedó en la memoria de quienes estaban ahí. “A pesar de que conocían los departamentos que estaban recibiendo, muchos pobladores llegaban y no se podían convencer. El clóset era un elemento absolutamente desconocido. Llegaban con cajones, cajas de azúcar, con canastos, algunos con tableros de madera de sus mediaguas por si tenían que hacer alguna ampliación. De a poco empezaron a botar cosas, se armó una hoguera con todos los trastos que iban trayendo, se armó una pila gigantesca. Ahí lloramos, porque acabar con un pasado de mierda era el futuro”, recuerda el arquitecto Miguel Lawren.

El ex director de la Cormu agradece la premura con que las autoridades asumieron la solicitud de declarar el terreno monumento histórico, aunque alerta “no podemos bajar la guardia”.

Una de las ideas que se ha pensado para la zona es recuperar el edificio que no está en un 100% demolido y generar una fachada que se asemeje a lo que fue en su origen e “instalar una muestra al interior que de cuenta de la política habitacional de integración social y la historia misma de lo que aquí ocurrió”, comenta Lawren.

El valor histórico es el que el CMN puso sobre la balanza a la hora de solicitar la declaración de monumento, apoyada por 10 consejeros y con cartas de respaldo de distintas personas vinculadas al mundo académico y urbano, como Patricio Herman, de la organización Defendamos la Ciudad. “Fue concebido como un proyecto social emblemático de integración y de redistribución del espacio urbano con criterios de equidad socioeconómica, para combatir la segregación urbana de la ciudad”, se puede leer en el acta firmada por el vicepresidente del organismo, Ángel Cabeza.

Mientras el decreto está en Contraloría General de la República para el proceso de toma de razón, la Municipalidad de Las Condes y el CMN formaron una mesa de trabajo para evaluar los pasos a seguir. La idea es crear un proyecto que se haga cargo de los valores intrínsecos que se le reconocen al terreno. Aún está en evaluación en qué minuto se invitará a la inmobiliaria a participar de las tratativas.

En cada oficina de la Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. existe un cuadro con una imagen de una rana atrapada en el hocico de un pelícano. La rana lo intenta ahorcar. Arriba, una frase que dice: “Never give up”, que funciona como mantra para sus empleados. Y en estos momentos, el mensaje cobra más sentido que nunca para sus ejecutivos, quienes aseguran que llevarán la disputa hasta la última instancia.

“Es una decisión arbitraria, procesalmente mal hecha, viciada. Creemos que el inmueble y el terreno no tienen méritos suficientes para ser declarados Monumento Nacional. Es una manipulación. Creemos que el consejo fue, al menos manipulado, si es que no engañado”, asegura el gerente comercial de la inmobiliaria, Felipe Gilabert. Y agrega: “Somos dueños del terreno hace seis años y es sospechoso que minutos antes, cuando metemos un permiso de demolición, toma este vuelo y pasa a tomar un activo tan importante, cuando eran unos edificios ruinosos que estuvieron abandonados por 20 años”.

Mientras la compañía ha intentado que la ministra Delpiano les dé una audiencia, las conversaciones se han centrado en el municipio, tratando que se retracte de la medida de paralización y contar con los permisos necesarios para retomar cuanto antes los trabajos.

Respecto de si han hablado con el Ejército, el gerente general de la compañía, Marcelo Cox, afirma: “Suponemos que nos vendieron de buena fe, compramos de buena fe, todo conforme a la ley. Si alguien te choca, tú no le vas a alegar al propietario anterior del vehículo. Hay que alegarle al que me chocó”.

A la polémica por el paño valorado en cerca de US$30 millones se sumó la Cámara Chilena de la Construcción, desde donde aseguran que se vulnera el derecho de propiedad de los dueños. El consejo “hizo las declaratorias a destiempo, cuando sus dueños ya tenían un anteproyecto aprobado por la autoridad”, aseguró la entidad.

Los grandes y modernos edificios que se han levantado en esa ala de la comuna han debido lidiar con un lunar oscuro que, pese al paso de los años, se ha mantenido ahí intacto. A ratos molesta y a ratos causa curiosidad. Pareciera ser que en esa esquina lo inmóvil intenta recordar algo, quizás lo que sucedió en abril del 72, cuando llegaron los primeros pobladores, o en el 75 cuando llegaron las tropas del Ejército, o simplemente lo del pasado sábado 24 de junio cuando la intención de construir Nueva Las Condes 3 quedó paralizada. Pareciera ser que todo lo que pudo haber salido mal en este lugar, salió mal.

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