Cuando en febrero de 2016 llegaron funcionarios de la Contraloría General de la República a las oficinas de Codelco, la primera reacción fue frenarlos en la puerta de Huérfanos 1270. La idea de que la Contraloría no podía entrar libremente a la minera era un principio que estaba instalado en el directorio y que se estaba poniendo a prueba como pocas veces en la historia.
En los últimos 22 años, Contraloría sólo ha investigado a la empresa estatal en tres oportunidades. En 1994 para el Davilazo, en 2002 por el conflicto con contratistas y ahora, en 2017, cuando decidió entrar para investigar primero los planes de egreso e indemnizaciones, y segundo para comprobar que los contratos cumplieran con la normativa vigente.
Aunque en un principio los directivos de la cuprífera estaban por bloquear el paso en la entrada, considerando que no existía una razón fundada para saltarse a Cochilco —ente creado para fiscalizar a la minera—, decidieron no poner trabas al trabajo de Contraloría. ¿La razón? Los hallazgos le podrían servir a la dupla compuesta por Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, y Óscar Landerretche, presidente del directorio, para empujar e implementar un nuevo paquete de medidas internas de mayor control de licitaciones y contratación de servicios.
La justificación de Contraloría para instalarse ocho meses en las dependencias de Codelco con un equipo de cuatro fiscalizadores y una supervisora fue “la importancia que reviste esta empresa del Estado para la economía del país, la complejidad y relevancia de sus operaciones y el volumen de los recursos involucrados en los distintos proyectos y contratos”.
Las conclusiones fueron tajantes y van desde deficiencias en la información al interior de la empresa hasta falta de regulación de las eventuales incompatibilidades de los trabajadores. Estas observaciones desencadenaron una discusión fuerte y pública que tiene en veredas opuestas al contralor general de la República, Jorge Bermúdez —quien defiende las atribuciones de Contraloría—, y a Óscar Landerretche, quien debe procurar que nada manche su desempeño en la recta final de su paso por Codelco.
Diagnóstico lapidario
La mayoría de los informes y auditorías que realiza Contraloría son públicos. Sin embargo, la revisión que hizo a Codelco se catalogó como reservada: se aplicó la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública cuando su comunicación o conocimiento afecta el interés económico del país.
Los ojos del ente contralor estuvieron principalmente en los pasos de la minera para contratar servicios, las eventuales incompatibilidades y las transacciones con partes relacionadas durante el periodo 2013 y 2015. Según se explica en el informe, el total de operaciones asociadas a la provisión de bienes y servicios fue de 117.014, por un monto de US$27 mil millones. De ese universo, se seleccionó una muestra no estadística de 18 operaciones por un monto de US$198 millones.
La auditoría a Codelco se catalogó como reservada: Se aplicó la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el interés económico del país.
La primera pregunta que se hizo la Contraloría cuando decidió empezar la investigación fue ¿Codelco cuenta con normativa interna para prevenir los conflictos de intereses? y luego ¿el procedimiento de contrataciones que utiliza Codelco se ajusta al marco legal? En esta línea, llamó la atención a Contraloría que del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se realizó por asignación directa o trato directo, lo que cobra mayor importancia dadas las últimas declaraciones del contralor Bermúdez. “Cuando hay trato directo siempre huele mal. Las cosas que a veces huelen mal no necesariamente están malas. Pero sí requiere una investigación y una explicación”, dijo el contralor durante la semana. Esto explica por qué Contraloría en su informe anticipa futuras investigaciones y auditorías, echando por tierra el celo que había construido Codelco respecto a su operación y fiscalización.
Uno de los capítulos del informe aborda eventuales incompatibilidades al interior de Codelco, en donde se revela que a lo menos 13 trabajadores de la cuprífera han recibido en forma simultánea honorarios y/o sueldos de empresas contratistas. Entre ellas están: Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, Empresa Portuaria de San Antonio, R&Q Ingeniería S.A., Gestión Ambiental S.A., Proyectos y Montajes Comin S.A., Claro Vicuña Valenzuela S.A., la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile.
En este punto se destaca que si bien la minera reguló la situación de ex trabajadores que pasan a prestar servicios en entidades proveedoras, este avance “no alcanzó a sus trabajadores que, como se advierte, presentan una doble condición, quienes, por un lado, se desempeñan en Codelco, y por otro, prestan servicios en empresas proveedoras, situación que importa un riesgo de conflictos de intereses y/o uso de información privilegiada”, sentencia el informe.
Este hallazgo y la contratación de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada fueron los que derivaron en una investigación al interior de Codelco, debido a las implicancias y al impacto político que esto podría tener en la empresa si se confirma lo alertado por Contraloría. Fuentes vinculadas a la minera explican que justamente este tipo de irregularidades eran las que esperaban que Contraloría identificara y no que cuestionara el core del negocio, como finalmente ocurrió. La auditoría respecto a los 13 trabajadores se está llevando a cabo con la mayor reserva posible, considerando lo delicado del tema y dado que no se descarta que Codelco se querelle contra quienes resulten responsables. De hecho, trascendió que en el preinforme de Contraloría este listado era más abultado debido a que se habían considerado funcionarios que también realizaban clases en distintos centros educativos.
El malestar de Codelco frente a las conclusiones de Contraloría no se hizo esperar y, más allá de salir a rechazar públicamente el actuar del ente fiscalizador, se envió un recurso de reposición donde se indica que “la incorrecta interpretación del estatuto legal exigible a Codelco (...) lleva a que en el informe final impugnado se arribe a conclusiones equivocadas, adoptándose medidas improcedentes y especialmente agraviantes. Es el caso de la remisión de los antecedentes de los contratos con partes relacionadas al Ministerio Público que el Sr. Contralor resolvió realizar sobre la base de su innovadora y discutida interpretación normativa”.
Justamente este tenor de respuesta sorprendió al contralor Bermúdez. “Me llama la atención, porque a nadie le debería extrañar el control. Entonces esta reacción que ha habido, sobre todo mediática, no me deja de sorprender. Porque lo único que ha hecho la Contraloría es hacer su trabajo”, agregando que la explicación se encuentra en que “probablemente por muchos años no estuvo allí la Contraloría. Demasiados años”.
La estrategia de Landerretche
Desde que la dupla Pizarro/Landerretche asumió en 2014, se propuso generar cambios al interior de la estatal en pro de la transparencia, probidad y de mayor control de la gestión. Así fue como se logró revertir las pérdidas y generar excedentes por US$534 millones durante el primer trimestre de este año.
La cuprífera ha impulsado tres paquetes de medidas durante estos tres años. En 2014 se pusieron límites para gestionar recursos y se implementó un sistema para trazar las solicitudes externas para contratar, ascender y desvincular a ejecutivos y empleados de Codelco. En 2015 se restringieron las licitaciones privadas y las asignaciones directas, con obligatoriedad del uso del portal electrónico de compra, se emitió un instructivo sobre incompatibilidades y conflictos de intereses en la administración de personal y se reforzó la función de auditoría interna. Ya en enero de este año —en vista del preinforme de Contraloría— se resolvió iniciar un programa de auditoría permanente para revisar las contrataciones por asignación directa y con proveedor único; la obligación de abstenerse de participar en decisiones se extenderá hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad y afinidad; reforzar la normativa interna para incorporar las incompatibilidades entre trabajadores con empresas proveedoras.
Cercanos a Landerretche concuerdan en que esta no es una pelea que le agrade, no disfruta que “lo arrastren a este tipo de política de barro”, explican, pero tiene el convencimiento de que hay que hacerlo.
La frustración ha invadido al presidente de Codelco, quien no ha tenido un año fácil. En enero de este año sufrió un atentado en su domicilio, que ratificó la idea que venía dando vueltas por su cabeza de retirarse antes. Sin embargo, tenía que dar una señal y quedarse hasta el final de su gestión.
En eso estaba cuando cayó el informe de Contraloría en su oficina: preparando su salida y buscando el broche de oro de su gestión. Pero el contralor le aguó la fiesta, lo que explica en parte el despliegue comunicacional que tuvo la semana pasada Landerretche en distintas plataformas donde intentó explicar el origen del desacuerdo con Contraloría.
Cercanos a Landerretche concuerdan en que esta no es una pelea que le agrade, no disfruta que “lo arrastren a este tipo de política de barro”, explican, pero tiene el convencimiento de que hay que hacerlo. Salir a defender lo que ha hecho durante estos años y salir por la puerta ancha es una prioridad para el ejecutivo.
La estrategia por parte de Landerretche hoy es bajarle el perfil al conflicto, lo que explica que en una de sus últimas apariciones públicas, el miércoles en la Universidad Diego Portales, decidiera salir por la puerta trasera del auditorio sin hacer comentarios a la prensa. Este cambio se debe a que espera que el gobierno intervenga en la discusión y que pueda generar puentes con Contraloría que eviten llegar a tribunales. En esta nueva estrategia, Landerretche tendría como aliado al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ya desde Contraloría han manifestado la disposición de encontrar una salida administrativa y generar instancias de conversación.
Y aunque el presidente ejecutivo de Codelco tiene la certeza de que las medidas adoptadas van en la línea correcta y que al interior de la minera se ha hecho la pega, hoy no tiene cómo dimensionar si el juicio de Contraloría logrará opacar su agenda.
