“Destacar que, de 2.800 proyectos tramitados, sólo 60 han sido judicializados, con sólo 2 recursos perdidos. El SEA ha hecho la pega”, @marcelomena.

Ese fue el comentario que el viernes 12 de mayo el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, estampó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, los hechos daban cuenta de otra cosa. El día anterior, tres funcionarios clave de esa entidad habían sido despedidos: Carlo Sepúlveda, jefe de departamento de Recursos de Reclamación; Mayra Barrero, jefa de departamento de Asuntos Estratégicos; y Cristhian Betancourt, jefe de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. El último, un funcionario que llevaba 12 años en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y cuyo puesto es clave a la hora de calificar los proyectos.

Los cortos dos meses de gestión de Mena como ministro de Medio Ambiente —donde sucedió a Pablo Badenier, actual jefe de campaña de Carolina Goic— han estado marcados por una mediática polémica. En ella se ventilaron problemas internos entre las acusaciones cruzadas de las autoridades actuales y las salientes.

Proyectos en el SEA: Actualmente el servicio tiene en proceso de calificación 448 proyectos que han sido ingresados desde 2011 a la fecha. Estas iniciativas implican una inversión de US$34.704 millones, de acuerdo al reporte mensual del organismo.

El ex director del SEA, Jorge Troncoso, salió del organismo dos semanas antes del resto de su equipo. Acusó públicamente que en la evaluación ambiental se pretendía considerar variables políticas y que tras su renuncia se podía identificar una intervención en el servicio impulsada por el actual ministro. Mena no esperó más de 24 horas y salió a desmentir aTroncoso. Primero, afirmó que el ministerio le pidió dejar su cargo pues no había implementado las medidas propuestas por la comisión asesora presidencial constituida para mejorar la labor del organismo. Y segundo, acusó una debilidad durante su mandato que significó reveses en proyectos que para Mena eran importantes, como fue el caso de Mina Invierno . “Tenía diferencias respecto a actos recientes que significaron reveses judiciales. Tiene que ver con reforzar aspectos técnicos de evaluación y mejorar la acción del servicio”, explica el ministro.

Aunque Troncoso busca dejar esta dinámica de dimes y diretes atrás, no puede evitar responder a Mena sus acusaciones. “No tiene toda la información de los resultados de la comisión, en términos de las medidas que estableció, y que están en el marco de modificaciones legales. En cuanto a las medidas asociadas a la gestión, están implementadas o puestas en programación del año 2017”, recalca el ex director del SEA.

Las alertas que levanta Troncoso revisten importancia. El SEA hoy tiene 448 proyectos en proceso de calificación que han sido presentados desde 2011 a la fecha y que implican una inversión de US$34.704 millones. Por tanto, cualquier intervención o cambio que se realice dentro del organismo tiene impacto inmediato en los grandes montos de inversión que están a la espera de ser aprobados.

A través de sus distintos actores, los cambios al SEA no encuentran un solo relato. A la hora de explicar la salida de sus funcionarios, las nuevas incorporaciones y sus motivos, las voces se dividen en dos historias paralelas que se pueden resumir en pocas palabras: injerencia política versus deficiencia técnica. Las versiones no se tocan, salvo para constatar una cosa: el sello del ministro Mena será el de la participación ciudadana en la evaluación de la mayor cantidad de proyectos posibles, aun cuando las leyes vigentes no lo sostengan. Una definición que tiene sus detractores en materia legal y económica, y que muchos leen en clave política pero que apunta, según afirma el secretario de Estado, a evitar que los procesos se judicialicen.

 

Dominga y mina Invierno

Las dudas sobre la inclusión de variables políticas en la evaluación ambiental las empezó a sembrar Dominga. El rechazo a este proyecto minero por parte de la comisión evaluadora ambiental de Coquimbo, tras el cual se denunció una injerencia por parte de La Moneda, abrió una interrogante respecto de las razones que sostuvieron esa decisión. Aunque sus protagonistas —seremis e intendente— descartaron oficialmente una presión por parte del gobierno, meses después Troncoso, tras renunciar al SEA, volvió a plantear ese argumento para explicar su salida.

Pero también apunta a los nombramientos que Mena realizó al interior del servicio: como jefe de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana nombró al ingeniero Simón Bruna, ex compañero de universidad y jefe de gabinete. Un hombre de confianza. “Me cuesta entender que en una de las divisiones más relevantes del servicio tengamos una gestión de carácter político y que se haya configurado la orgánica institucional instalando un gabinete político. Hay una suerte de irracionalidad o de no entender cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental en nuestro país”, enfatiza Troncoso.

Una visión parecida tiene el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, quien sostiene que “no me parece prudente” cambiar al personal “que ya ha hecho un trabajo técnico respecto a Dominga.”

Según Mena, los nombramientos responden a poner en práctica las recomendaciones que realizó la comisión asesora presidencial del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Comandado por el entonces ministro Badenier, en su informe final entregado en julio de 2016 ésta estableció una serie de modificaciones legales, reglamentarias y administrativas a concretar para la modernización de este servicio. De hecho, los otros dos cargos vacantes del SEA fueron llenados con las secretarias técnicas de la comisión.

Como subsecretario, Mena no tuvo mayor injerencia en el actuar del SEA, respondiendo a la línea de Badenier. Fue en el proyecto Mina Invierno —una explotación de carbón en isla Riesco, región de Magallanes— en el cual ambas autoridades tuvieron una diferencia de opinión. Ante el entonces ministro, y tras un viaje a esa zona, Mena promovió la necesidad de incluir el mecanismo de participación ciudadana (PAC) en su evaluación, cuestión que había sido rechazada por el informe del SEA. La negativa de Badenier, se afirma en el organismo, habría sido tajante, siguiendo la recomendación del servicio.

“El ministro (Badenier) obraba y decidía escuchar más al SEA. Es bien institucional y tiende a escuchar a los ejes técnicos de acuerdo a la jerarquía”, reconoce Mena.

El destino de Mina Invierno terminó en tribunales. A mediados de marzo, la Corte Suprema obligó a detener las tronaduras en la zona para realizar una consulta ciudadana. Un revés para la evaluación del SEA.

 

Participación

Este caso es clave para entender el sello de una mayor participación que Mena pretende imprimir a su administración, lo que también basa —dice— en las propuestas de la comisión asesora presidencial.

Entre estas, el grupo planteó ampliar las instancias de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto —siempre que dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente o diez personas naturales así lo pidan—, pero sin exigir que haya “carga ambiental”. Este último es un atributo que, para todos los actores, es subjetivo de probar por el SEA, pues en la ley se refiere ampliamente a proyectos que tengan beneficios a nivel nacional, pero externalidades locales negativas. Dice Mena:

Reforma al SEA. Participación en todos los proyectos de evaluación es la impronta que quiere impulsar Mena desde el Ministerio de Medio Ambiente. Expertos ven con recelo este criterio que, alertan, iría más allá de la ley.

—La participación siempre mejora los proyectos porque da mejores garantías. Cuando uno quiere no tener PAC es porque no tiene el convencimiento de que los proyectos están bien diseñados. Todas las políticas públicas y proyectos de evaluación tienen que pasar por PAC y nosotros pregonamos eso a nivel internacional. Son valores que yo creo firmemente: la PAC mejora los proyectos, da garantías. Aquellos proyectos que han tenido etapas preliminares con mejores PAC son aquellos que han tenido menos judicialización al final. Es importante tener buena PAC y así incluso mejores consultas indígenas.

—Eso, ¿aun cuando la ley no establezca participación ciudadana para determinados casos?

—La Corte Suprema entiende que la definición de carga ambiental que tuve yo era la apropiada, es decir, que había cargas ambientales y correspondía PAC. Pero también la comisión presidencial ha recomendado que haya PAC más amplia en la DIA, por lo tanto yo creo que van de la mano. Un proceso bien coordinado no debería verse entrampado, sino que fortalecido y mejorado cuando hay PAC.

 

Los detractores

En la práctica, para esto se requiere una modificación de la ley, para lo cual La Moneda aún no envía un proyecto. Es justamente esta definición la que causa preocupación y ruido en el sector medioambiental.

“Se tiene una ley y un reglamento que son bastante explícitos en las tipologías de proyectos que puede gatillarse una participación ciudadana. Extrapolar un fallo puntual a una situación que está expresamente regulada es bastante complejo. Si uno tiene esa posición, uno debería modificar el reglamento o la ley”, sostiene el ex subsecretario y director del SEA, Ricardo Irarrázabal. Comparte la visión el también ex subsecretario Rodrigo Benítez: “El proceso de evaluación ambiental es reglado y en la medida que todo se enmarque dentro de esas reglas, no debiera haber problema. Ir más allá puede provocar incertezas y complejidades que habrá que analizar en su momento”.

En este escenario entra en juego también la importancia que ha planteado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el comité de ministros de área económica y en el comité político, de respetar la institucionalidad ambiental y procurar no contaminar las calificaciones con puntos de vista políticos. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta las bajas proyecciones de crecimiento para este año.

Altas fuentes de Medio Ambiente coinciden en que si bien las decisiones que toma el SEA a veces no son afines a lo que quiere la comunidad, estas se basan en una máxima de aprobar los proyectos si es que la legislación actual así lo indica. “A veces técnicamente, pero de manera respaldada, se toman decisiones impopulares. Si técnicamente el SEA dice que en la declaración de impacto ambiental de un proyecto no concurren las causales para hacer participación ciudadana, como ministro lo que se debe hacer es defender eso. A algunos les gustaría que, políticamente, cuando hay un proyecto complejo se haga participación, pero hay que cuidar el precedente que deja eso”.

Pese a estas opiniones, Mena confía en que a través de la participación se despejarán las dudas de los actores implicados en los proyectos, y que esto tendrá un efecto positivo en reducir la judicialización de los mismos.

“Lo que yo quiero es dar las garantías a los titulares, que cuando el ministerio y el SEA aprueban proyectos estos tengan un margen de judicialización mucho menor. Como ingeniero y una persona que le interesa que las cosas funcionen bien, mi visión es que tenemos que evitar las reclamaciones y que se llegue a tribunales, e intentar que las divergencias se mantengan dentro de la institucionalidad ambiental”.