Por Estela López y Carolina Sánchez Junio 2, 2017

  • Arista Judicial

    Los tres altos ejecutivos formalizados por el caso La Polar fueron Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah.

Al abogado Andrés Sepúlveda (34) el estallido del caso La Polar en junio de 2011 le transformó la vida. Con sólo 28 años, licenciado hacía poco y recién dejando el estudio de su padre, en ese entonces descubrió uno de los fraudes empresariales más grandes de Chile. Pero no dimensionó nunca el remezón que provocaría, tanto a nivel social como corporativo. Ahora, cuando se cumplen seis años de conocerse el caso, en su nueva oficina en Providencia recuerda cómo, desde una duda, se forjó el rumbo de su carrera.

—Fue el primer caso que tuve que desarrollar de forma independiente. Es un hito muy relevante para mí, pero también lo es objetivamente: el caso La Polar es el fraude financiero de mercado de valores más importante del país.

Todo comenzó con un amigo suyo, a quien le estaban proponiendo comprar acciones muy bien cotizadas. Pero había algo que no le cuadraba: la proyección de crecimiento de La Polar era gigantesca. Ahí surgió la duda: ¿Cómo a La Polar, que vende prácticamente sólo ropa, le podía estar yendo mejor que a Almacenes París, que cuenta con supermercado, banco, agencias de viaje, etc.?

Ahí se decidió a investigar.

—Le dimos cuerpo a la duda. Y ahí las dudas se multiplicaron. Nos dimos cuenta de que La Polar tenía siempre una tendencia al alza, incluso en las crisis mundiales como la subprime. En 2009 todo el retail bajó, menos ellos. Además, noté que las deudas promedio de los clientes eran de $1.200.000, el doble de los otros retailers, teniendo un mercado objetivo C3, C2 y D. Era matemáticamente imposible sin repactaciones.

Hasta ese momento, Sepúlveda no pensaba hacerlo público. No fue sino hasta que leyó que La Polar haría una inyección de capital y una parte se destinaría a los ejecutivos a través de bonos y premios. Ahí comenzó sus presentaciones: a la SVS, al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones. Ese mismo día salió una demanda colectiva —de 100 clientes— delSernac que alegaba repactaciones unilaterales.

—Desde el estallido del caso, ¿crees que los cambios regulatorios que se han hecho han sido importantes?

—Hay unos positivos, como la adopción de la regulación estadounidense IFRS, que es mucho más estricta y homologa a las instituciones. Pero falta. Se deberían homologar también los conceptos que se usan en los estados financieros porque o si no ocurre la “contabilidad creativa”. Otro problema es la modificación de la ley de lavado de activos.

—Una vez dijiste que el Congreso había sido el mejor defensor de los tres ejecutivos.

—Hasta antes de febrero de 2015 las penas eran altísimas, podían llegar hasta 15 años de cárcel. Pero en el proceso de actualización se estableció que no podrá tener una pena mayor que los delitos base, que son entre 60 y 300 días. Y se produjo durante el proceso de investigación, cuando ellos eran los únicos que, en ese entonces, estaban siendo investigados por delitos financieros que se les aplicaba acumulativamente el delito de lavado de activos. Les permitió una sola cosa: llegar a acuerdo y obtener el beneficio.

—¿Hubo algún cambio en las empresas?

—Sí, hubo repercusión positiva en cómo se administra una empresa. Ahora se autorregulan más. El caso de La Polar pudo ser un detonante, pero hoy, además, existe una tendencia paralela mundial que busca generar mayor control interno —como los departamentos de “cumplimiento”, para verificar que los dineros no provengan de ilícitos—, porque estos delitos de mercado de valores tienen la potencialidad de ser delitos transnacionales.

Para Andrés Sepúlveda, el caso La Polar fue la oportunidad de ganar experiencia y de compartir con los abogados más importantes de Chile.

—¿En qué casos estás hoy?

—De los que te puedo comentar, hicimos algunas presentaciones por las concesiones de hospitales públicos ante el MOP, la SVS, la Contraloría, entre otros.

—¿Y cuáles son las características que resaltan para investigar?

—A veces, conflicto de interés; otras veces, negociaciones incompatibles, depende del caso. Hemos recibido a muchos directores, gerentes o inversionistas que nos piden que analicemos empresas para hacer informes, y para eso tenemos un equipo compuesto por abogados e ingenieros.

—¿Y hay algún caso emblemático?

—SQM. Represento al ex diputado Alejandro Sule, que es imputado como facilitador de boletas, y nuestra tesis es que es inocente.

—¿No es contraproducente defender a una persona imputada y querer descubrir más casos como La Polar?

—No, como dice el lema de la defensoría penal pública: “Sin defensa no hay justicia”.

A seis años de ocurrido el caso, dedica el estudio “Gutiérrez & Silva” del que es socio —el mismo que destapó el caso— a asesorar sociedades corporativas. Si bien está constantemente haciendo análisis que detecten un nuevo fraude como ese, sabe que un caso como La Polar ocurre sólo de vez en cuando. Menos mal, dice mientras ríe.

—A veces nos va bien y a veces nos va mal. Cuando empezamos éramos jóvenes y creímos que después de este caso podíamos cambiarlo todo. Pero nos empezamos a golpear con una roca, que era el propio sistema regulatorio, sin ningún interés de pulirse.

—¿Y te sigues encontrando con esa roca?

—Sí, en distintas áreas del ejercicio de la profesión. Pero con el tiempo las derrotas a uno no lo botan, sólo aprende a avanzar más rápido.

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