Catorce donaciones hizo el Banco de Chile entre octubre de 2012 y diciembre de 2013 por $ 676,8 millones. En octubre de 2013, Falabella hizo dos aportes por $ 80 millones, mientras que Enersis efectuó, en el mismo mes, 16 que sumaron cerca de $ 764 millones. Si bien todos esos recursos se entregaron al amparo de la ley electoral —que permite hacer aportes a campañas políticas a través del Sevicio Electoral (Servel) de manera reservada—, hoy están bajo investigación, engrosando las carpetas de la primera acción judicial que cuestiona este tipo de donaciones.
En junio pasado, el accionista minoritario Óscar Gajardo, junto a la abogada Bárbara Salinas y al estudio Guggiana, Cordaro & del Campo se querellaron contra más de 50 ejecutivos y directores de las principales empresas del país por, según plantea el escrito, apropiarse indebidamente de recursos al donarlos a campañas políticas sin la previa autorización de los accionistas, es decir, de los dueños de esos fondos, causando un perjuicio a la compañía y a sus socios. Si bien inicialmente los querellados comentaron en privado que la acción judicial no tendría ningún futuro, las alertas se encendieron cuando el Servicio Electoral, previa orden del Tribunal, debió levantar el secreto bancario pese a su negativa original, generando que altos empresarios vieran en este proceso una amenaza latente.
Desde ahí en adelante la decena de querellas —distribuidas entre el Cuarto y Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago— comenzaron a tomar forma. Hoy, las carpetas en su conjunto acumulan varios cientos de páginas, mientras las compañías ya diseñan sus estrategias para intentar dejar la acción en cero.
Según plantean los primeros descargos presentados por Banco de Chile y Falabella, la querella interpuesta les impediría hacer aportes a obras como La Teletón. El retailer pidió el sobreseimiento de la acción judicial, petición que fue denegada por el Juzgado de Garantía.
Un documento de 31 páginas ingresaron recientemente los abogados Hugo Rivera y Carlos Balbontín, en representación del gerente general de Banco de Chile, Arturo Tagle, al tribunal haciendo ver sus descargos ante la acción judicial.
Según plantean, los bancos por definición están autorizados para captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamo, realizar inversiones, hacer rentar esos dineros, etc. El directorio del banco es el que define los valores corporativos que forman parte de los Principios Generales de Gobierno Corporativo, documento que contiene la política de donaciones con fines sociales y de beneficencia y la política de donaciones a partidos políticos y candidatos. Dado ello, tiene atribuciones para realizar esos aportes, ya que —según plantea la ley— está investido de todas las facultades de administración que la normativa no establezca como privativa de una junta de accionistas. “Sería interminable hacer referencia completa de las obras de beneficencia que realiza el Banco de Chile mediante donaciones”, subraya el escrito. Ejemplifica la calidad de patrocinante y donante de Teletón. “De acuerdo a la errada y abusiva imputación del querellante, estas donaciones serían también ilícitas”.
Da un paso más al señalar que la misma Ley 19.884, estableciendo incentivos tributarios, permitió a las empresas efectuar financiamiento privado a entidades de carácter político y sus candidatos, por lo cual estas donaciones son legales. “El directorio del banco ha decidió hacer aportes a campañas electorales (…) adoptando acuerdos por los cuales se aprueban montos máximos y se otorga mandato con facultades de delegación para implementar las donaciones”. “Los accionistas no tienen injerencia en la mencionada decisión”. La querella señala, no obstante, que son los accionistas en calidad de dueño de esos recursos los que deben decidir una donación.
En 2012, el Banco de Chile donó $ 2.029 millones; en 2013, aportó $ 1.929 millones y en 2014, $ 2.358 millones. Todos, según señala la defensa del banco, montos consignados en los estados financieros aprobados por las respectivas juntas ordinarias de accionistas. Según la información aportada por el Servel, el banco realizó siete donaciones con fines electorales el 5 de octubre de 2012 por cerca de $ 325,7 millones, las cuales fueron objeto de beneficios tributarios. En 2013 efectuó otras siete entre el 16 de septiembre y el 10 de diciembre por $ 351 millones. En el expediente también se hace mención a dos donaciones, una por $ 20 millones y otra por $ 18 millones, realizados a título personal por el empresario y vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, el 13 de noviembre de 2013.
En la querella, Óscar Gajardo asegura que el acuerdo de los directores del Chile en cuanto a donar recursos para fines políticos no tiene por fin el interés social ni los objetivos del banco, que dicen relación con cualquier actividad lucrativa. La defensa refuta: “Afirmar que el ‘interés social’ se reduce a la mera rentabilidad es hoy insostenible”, subraya el documento. Citan al estudio Responsabilidad Social Empresarial de los profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Christian Cancino y Mario Morales: “Evidentemente, que las empresas sean responsables operacionalmente y después de ello, adicionalmente, realicen filantropía, parece ser un sueño social que potenciaría claramente el bienestar de cualquier economía”, concluye el informe.
NO AL SOBRESEIMIENTO
El 16 de octubre pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el alzamiento del secreto electoral de Falabella Retail —entre 2013 y 2015— en el marco de la querella por apropiación indebida, presentada por Gajardo. Dos fueron los comprobantes de donaciones aportados por la misma compañía. Uno, del 3 de octubre de 2013 por $ 56 millones, y otro, el mismo día por $ 24 millones.
Meses antes de la exigencia de los tribunales, la filial de Falabella S.A.C.I. ya había intentado ponerle punto final a esta acción. Según consta en la carpeta investigativa, días después de presentada la querella, la firma —representada por los abogados Francisco Cox y Matías Balmaceda— presentó un escrito de 10 páginas pidiendo el sobreseimiento definitivo. La respuesta del Ministerio Público fue no.
En el documento de la defensa se refuta la querella. Precisan que si bien el 10 de septiembre de 2013 el directorio de Falabella Retail acordó efectuar aportes para las elecciones de noviembre de ese año, este hecho no habría derivado en apropiación o distracción alguna de recursos.
Si bien el Servel se opuso inicialmente a levantar el secreto electoral, debió terminar haciéndolo previa orden de los tribunales de justicia. Sólo en octubre la justicia ordenó alzar la reserva de a lo menos Enersis, Copec, Cencosud, AntarChile, Quiñenco y Latam Airlines.
Los abogados recuerdan que la Superintendencia de Valores y Seguros ya resolvió frente a una denuncia de idénticas características —presentada por un accionista de empresas del grupo CGE— que no existe afectación al interés social cuando se dona a campañas políticas dentro del marco de la Ley de Gasto Electoral. Según plantean, el razonamiento del regulador es correcto, ya que, primero, la normativa que rige a las sociedades anónimas establece que la administración de la sociedad la ejerce un directorio que está facultado para disponer de los bienes sociales de conformidad a lo establecido en los estatutos, por lo que destinar parte del patrimonio a donaciones está dentro de sus atributos. Además, estas decisiones no serían materia de junta de accionistas, puesto que la ley plantea que son objeto de esa instancia aquellas enajenaciones que excedan el 50% o más de su activo. “En ese sentido, entendemos que sólo una donación que exceda el porcentaje citado requeriría la aprobación de la junta de accionistas”. La donación de Falabella Retail alcanza el 0,001% del patrimonio de Falabella S.A.C.I., dicen.
“Es errada la argumentación de la querella, ya que, de seguirla, ninguna empresa chilena podría realizar una donación para campañas electorales y, por lo tanto, las normas que regulan las donaciones de personas jurídicas con fines de lucro carecerían de todo sentido”. “Con el razonamiento del querellante, cualquier donación estaría prohibida y convertiría, por ejemplo, a la Teletón en una apropiación indebida masiva. Y cada animador de televisión, artistas e institución que invite a las empresas a donar (se transformarían) en instigadores del delito de apropiación indebida”, subrayan los abogados.
Dentro de esa línea, argumentan que según variados estudios, la filantropía incrementaría la rentabilidad y permitiría el desarrollo de campañas electorales competitivas. “Si existe una democracia y un Estado de derecho, redunda en que la inversión resulta más rentable”, puntualizan.
SUMA Y SIGUE
Serían casos puntuales, pero ya es una generalidad. Partieron con Quiñenco y Cencosud y ahora suma y sigue. El Servel ha tenido que ir sometiéndose una y otra vez a la orden de los Juzgados de Garantía, a pesar de su persistente negativa. El 13 de octubre pasado, el tribunal ordenó el alzamiento del secreto electoral de Enersis para el período comprendido entre el 1 de junio de 2010 y mismo fecha de 2015. Dos días después sucedió lo mismo con Copec, solicitando elevar la reserva para igual período que la eléctrica. El 26 de ese mes, en tanto, se pidió lo propio para Latam Airlines, aunque para un lapso más acotado: entre septiembre de 2013 y junio de 2015. En ese escenario, las firmas comenzaron a tomar medidas.
Enersis ya contrató a los abogados Luis Ortiz Quiroga y Rodrigo Aldoney para defenderlos. Fueron ellos quienes entregaron al tribunal —tal como dictaminaban las diligencias pedidas por los querellantes— el acta de directorio de la firma del 3 de septiembre de 2013 donde se aprobaron aportes por US$ 2,5 millones. A ese antecedente se le anexaron 16 certificados emitidos por el Servel que dan cuenta de esas donaciones: diez de esos aportes se materializaron el 14 de octubre de 2013; cuatro el 21 de octubre de ese año y dos, el 30 del mismo mes.
Empresas Copec —asesorada por Carlos Balbontín, Waldo Bown y Carolina Obreque— ya puso a disposición del tribunal documentos relativos a sus aportes. Entre ellos destaca el acta de directorio del 30 de agosto de 2012, donde acordaron efectuar donaciones a las respectivas elecciones municipales. A ello se suma la entrega de variados comprobantes que dan cuenta de un aporte por $ 23,4 millones efectuado en octubre de ese año.
Ex ejecutivos de Endesa —empresa que también es parte de las querellas—han tomado una estrategia diferente, apostando directamente por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Los abogados de quien fuera el secretario del directorio de la compañía, Carlos Martín Vergara, le solicitaron al fiscal oficiar al superintendente Carlos Pavés para que informara si al tenor de la legislación que regula a las sociedades anónimas, las donaciones acordadas por un directorio configuraban un incumplimiento a la normativa. El 11 de septiembre, el Ministerio Público le pidió a la SVS lo ordenado. Si bien en la carpeta aún no está plasmada la respuesta del regulador, éste ya se había pronunciado en julio por una petición similar, asegurando que no contravenía la normativa.
Ahora, los tribunales están a la espera de que todos los querellados declaren. Las fiscalías a cargo ya citaron en calidad de imputados, por intermedio de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, a todos los ejecutivos y directores involucrados. Si bien ya han pasado meses de ello, aún ninguno habría entregado su testimonio, lo que harían finalmente previó llamado directo del fiscal. Las diligencias, en tanto, avanzan mientras las empresas siguen blindándose frente a una causa que recién comienza.
