A mediados de diciembre del año pasado, las isapres se enteraron de una decisión que, al poco andar, generaría revuelo. La Red de Salud UC Christus, a contar del 21 de enero de 2015 reajustaría los precios de sus prestaciones, lo que, según las aseguradoras, significaría un aumento en el copago para los pacientes de esos centros médicos. La medida -que en distintas magnitudes y con anterioridad ya habían tomado otros establecimientos- no sólo provocó la molestia inmediata de empresas como Colmena y Banmédica. También abrió un nuevo flanco judicial, que al interior de la industria califican como una futura “bomba de racimo”.

Sólo durante 2014, según las estadísticas del Poder Judicial, los recursos de protección presentados por los usuarios contra las isapres registraron un alza de 84%, llegando a un total de 99.521 causas, en un sistema que bordea los 3,2 millones de beneficiarios. El proceso para evitar un aumento en los costos de los planes se ha masificado de tal manera y ha ganado tanta notoriedad que ya en 2013 -y previendo el escenario que se avecinaba- la Corte de Apelaciones inauguró la tramitación digital de estas causas. Un mes antes, se realizaron jornadas de capacitación para abogados en las que se daba a conocer la nueva herramienta. Las medidas judiciales significaron para las aseguradoras el desembolso de entre $15 mil millones y $20 mil millones durante 2014 por el concepto de costas.

La carga de trabajo de los tribunales seguirá creciendo. En los últimos días, usuarios del sistema han acudido a la Corte de Apelaciones para ir un paso más allá y presentar recursos ya no sólo contra las isapres, sino contra las clínicas, para evitar alzas en los costos como la implementada por UC Christus y las que vendrán después. Este nuevo escenario ha abierto -aún de manera incipiente- una disputa en tribunales entre las aseguradoras y los centros de salud: mientras las isapres argumentan que son las clínicas las que los obligan a subir sus precios, éstas plantean que sus contratos son directamente con las aseguradoras y no con sus afiliados. La discusión recién comienza.

UN ALZA ARBITRARIA
“Por medio de la prensa, tomé conocimiento de que a contar del 21 de enero de 2015, la Red de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile alzó en un 20% los precios de las prestaciones médicas que ofrece a los cotizantes de Isapre Colmena. Esta alza me afecta y afectará directamente, pues encarece considerablemente el costo de las prestaciones que recibo regularmente”.

El párrafo es parte de un recurso de protección presentado contra la Red de Salud UC Christus el pasado 6 de febrero, por una afiliada a la isapre del grupo Bethia. Según relata en el documento legal, desde el año 2000 es beneficiaria de la aseguradora y desde entonces también se atiende con especialistas de la UC.  Al momento de ingresar el documento, la mujer tenía un embarazo de mellizos de 33 semanas de gestación. Por lo anterior decidió presentar el recurso, ya que, según argumenta en el texto, consideró que se vería afectada por un alza que, a su juicio, es “arbitraria”, “ilegal” y “unilateral” por parte del prestador.

“Si bien la isapre Colmena seguirá pagando el porcentaje al que se obligó por el contrato de salud, la base sobre la que éste se aplicará se verá aumentada en un 20%. Eso llevará consigo que se incremente en el mismo porcentaje el copago que deberé asumir...”, sostiene la demandante.

Según relató como parte de los antecedentes, los exámenes de laboratorio, las consultas y las ecografías que habitualmente se realiza habían generado hasta el momento un copago de aproximadamente $680.000, cifra que, sostiene, llegará a unos $816.000 tras el alza en los costos. Más aún, plantea que su parto en la clínica de la Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo implicaría hoy, con los nuevos valores, un copago aproximado de $4,2 millones, a diferencia del que había previsto en la misma institución por $3,5 millones unas semanas atrás.

Consultada por este caso, la Red de Salud UC Christus aseguró que el ajuste que ellos realizaron se enmarca dentro de los acuerdos contractuales que tienen con cada isapre. “De manera concreta, no existe una vinculación contractual alguna entre la red de salud y el beneficiario de una isapre”, asegura Jaime Santander, subdirector médico de la Red de Salud UC Christus. “Dentro de este contexto, nuestra red de salud no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal”.

El pasado 9 de febrero, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso, permitiendo su tramitación. Eso sí, el tribunal rechazó la orden de no innovar solicitada por su abogado, con la que se pretendía que la Red de Salud no pudiese materializar el alza en las prestaciones médicas mientras se tramitase el recurso.

DIFERENCIAS DE FONDO
Las diferencias entre Colmena y la UC tienen larga data. La disputa por la propiedad de la clínica de San Carlos de Apoquindo los mantuvo enfrentados durante 2013 y parte de 2014, hasta que finalmente ambos decidieron separar aguas. En abril de ese año, y tras varios meses de negociaciones, Christus Health -una de las 10 instituciones de salud más grandes de Estados Unidos y que cuenta con más de 60 hospitales - adquirió el 50% de la clínica, que hasta ese momento se encontraba en manos del grupo Bethia.

Hoy, ambos se vuelven a enfrentar con el reajuste de aranceles de la red de salud en enero pasado, decisión que fue informada a las isapres a mediados de diciembre. “Esta es la primera nivelación significativa que hacemos en más de 20 años”, dice el subdirector médico de la Red de Salud UC Christus. Según Santander, los costos operacionales de la institución se han elevado por sobre el IPC, lo que se suma al incremento que han registrado los costos laborales y los mayores valores de equipos e infraestructura.

El médico agrega que el alza del 20% es en realidad variable, ya que la cifra sólo corresponde al ajuste máximo alcanzado en algunas prestaciones y convenios. Asimismo, señala que han mantenido el diálogo y la colaboración con las instituciones involucradas en el proceso.

Pero Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, no coincide. Asegura que la Red de Salud implementó el alza en el valor de sus prestaciones “sin mediar negociación alguna”, imponiendo el plazo y el precio.

“Con ello generaban la sensación de que Colmena les provocaba un problema de servicio a sus afiliados. Pero lo que la isapre ha hecho es continuar emitiendo los bonos a los precios acordados y vigentes hasta el 19 de enero”, plantea De la Carrera. “Sin embargo, la Red de Salud UC Christus rechaza dichos bonos como una manera de imponer su pretendida alza de precios”, asegura.

“Nosotros no podemos aceptar que nuestros cotizantes vean aumentado su gasto de bolsillo en un porcentaje tan elevado”, argumenta el máximo ejecutivo de Colmena.

 

LA MATRONA QUE VENCIÓ EL ALZA
Mientras las acusaciones cruzadas entre ambos actores se hacen cada vez más patentes, las medidas judiciales siguen ganando terreno. El pasado viernes 13 de febrero, un nuevo recurso de protección fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones, esta vez tanto contra Colmena como contra la Red de Salud UC Christus. El 16 del mismo mes, la primera sala acordó admitir la tramitación del recurso.

A través de éste, una matrona detalla la compleja situación médica de uno de sus hijos, un menor de 17 años, quien desde su nacimiento ha padecido una serie de complicaciones médicas, las que lo han llevado a atenderse en el hospital universitario de calle Marcoleta con especialistas como neurólogos, cardiólogos, hematólogos y traumatólogos, entre otros.

“Sorpresa lamentable ha sido conocer la noticia de que a contar del 21 de enero, mientras acudía a realizarle un control a mi hijo, Colmena no aceptó los nuevos aranceles de la UC, obligando a los afiliados a pagar en forma particular y directa los gastos médicos, cuyo reembolso, además de ser un muy alto costo para nuestra familia, la cantidad y oportunidad en que este se hace efectivo, se agrava por la modificación unilateral del valor del plan pactado”, se lamenta la mujer en el escrito.

En el mismo documento, la matrona asegura que ambas instituciones se han culpado mutuamente del problema, lo que en la práctica ha significado que el copago que ha tenido que realizar por cada prestación médica es mayor.

Por lo anterior, la matrona decidió interponer el recurso contra ambos actores por “el acto ilegal y arbitrario de desconocer e incumplir el contrato de salud y pretender que pague en forma particular por las prestaciones médicas, de laboratorio y otras”.

Tras conocer este caso, la Corte de Apelaciones aceptó la tramitación del recurso; además, le concedió a la profesional la orden de no innovar solicitada. Con esto, la isapre deberá continuar emitiendo bonos para su atención en las condiciones que estaban vigentes en la UC hasta antes del 20 de enero de 2015, un día antes del reajuste de precios.

El capítulo judicial de este enfrentamiento, por lo visto, goza de buena salud.