Por Natalia Saavedra Abril 5, 2012

Existe un rincón en la fundición de Madeco en San Bernardo que todos quienes por ahí circulan miran de reojo. Se trata de una de las bodegas de la compañía cuprífera: desde hace poco más de un año allí se guardan -sin tocar- 2.000 kilos de cobre. Pero no se trata de un almacenaje común, sino que del cargamento que entregó Ítalo Nolli -lider de una banda que vendía cobre robado a grandes empresas- el 23 de marzo del 2011, poco antes de asesinar en las afueras de la empresa a dos detectives de la PDI, quienes realizaban un control de rutina.

El episodio llenó las páginas policiales chilenas y marcó, además, un fuerte impacto, quizás el más profundo en los 68 años de historia de la empresa de propiedad del grupo Luksic.

Por eso la instrucción de la gerencia es clara: nadie puede tocar ni mover ese material, pues en rigor no es propiedad de Madeco y ha sido periciado por la PDI en el marco del proceso. Tampoco hay interés en hacerlo, en parte por lo que representa. Esa pila de cobre en bruto es la "escultura" que les recuerda que aún hay muchos cabos sueltos en toda esta historia.
La primera pista surgió ese 23 de marzo. Dos detectives yacen acribillados en el suelo, Nolli tiene un minuto de lucidez y regresa a la escena del crimen. No vuelve para ayudarlos. En cambio, se agacha y recoge una factura ensangrentada del piso, la misma donde constaba la venta a Madeco y el pilar de una investigación mucho más profunda.

Durante todo este año año la indagación penal para determinar las responsabilidades del caso ha seguido su curso ordinario. Sin embargo, durante las últimas semanas, una nueva arista ha adquirido protagonismo, luego que el fiscal Tufit Bufadel señalara que están muy cerca de concluir la participación de una serie de involucrados en el robo y receptación de cobre, donde no se descarta la presencia de ejecutivos de Madeco.

Investigación puertas adentro

Nunca en sus más de seis décadas de vida Madeco se había visto involucrada en historias policiales que ocuparan la crónica roja. Por eso tras el incidente del 23 de marzo la compañía -controlada desde 1983 por el grupo Luksic- debió replantearse su participación -como una de las empresas más grandes del país- en la cadena de compra e cobre. Pese a que actualmente éste es un tema manejado por la gerencia de la empresa, a cargo de Cristián Montes, el protagonismo de Madeco en la escena del crimen preocupó en todas las esferas de la firma.

Inmediatamente después del sangriento episodio, el directorio de la compañía, presidido por Guillermo Luksic, ordenó dar una señal de transparencia y buscar las respuestas a lo que había sucedido. Era necesario determinar si había fallado algún control o si existía alguna responsabilidad de ejecutivos o trabajadores que se manejaran al margen de la ley.

Cercanos a la investigación liderada por el fiscal Tufit Bufadel comentan que su meta es ampliar los hechos más allá del 23 de marzo y determinar las responsabilidades en toda la cadena, de la cual Madeco es considerada su último eslabón.

El trabajo se dividió en dos áreas. El frente interno estuvo a cargo del jefe de Auditoría Corporativa de la firma, Patricio Álvarez, mientras que una segunda revisión fue realizada por la auditora Ernst & Young. La tarea de ambas investigaciones era detectar cualquier falta cometida en el proceso de compra de cobre, recepción, facturación e ingreso de esos datos a los balances de la compañía. La relevancia de esta indagación implicó que ambas revisiones fueran informadas al comité de directores de Madeco.

"La conclusión a que se llegó tiempo después los dejo tranquilos", asegura un ejecutivo de la empresa. Ésta indicó que al interior de Madeco no existían organizaciones o personas que cooperaran con Nolli ni que encubrieran el ilícito, así como tampoco se encontraron irregularidades financieras en el proceso de compra de cobre a terceros.

Pese a que ambas auditorías daban un respiro a la firma, los efectos no se hicieron esperar. En abril de 2011, Chilectra, CGE Distribución, Saesa y Chilquinta optaron por rescindir el contrato de venta de desechos de cobre a Madeco, a raíz del último evento, pese a que dijeron no desconfiar de sus políticas.

Por eso en Madeco optaron por volver aun más estrictos sus controles para comprar cobre, los que ya se venían perfeccionando hace un par de años e incluían entre sus puntos más relevantes el análisis de documentación respaldada por el Servicio de Impuestos Internos, aceptar cargamentos sin ningún material sospechoso y la realización de actas donde se registraba cada movimiento.

Las decisiones fueron radicales. En mayo del 2011, Madeco Mills -la división a cargo de la compra de cobre- informó que no adquiriría chatarra a ningún intermediario -como sucedía hasta antes del 23 de marzo-, y que sólo se relacionarían directamente con mineras, eléctricas y empresas que producían sus propios excedentes de cobre, evitando así cualquier relación con empresas que podían tener nexos con el mercado negro. La aplicación de estas medidas tranquilizó al mercado, lo que no implicó que la compañía dejara de buscar la explicación de por qué sus controles fallaron.

Una de sus conclusiones dice relación con lo difícil que es detectar proveedores que trabajan con material robado, pese a aplicar severas medidas de prevención. En la Fiscalía y en las empresas reconocen que estas firmas son verdaderas estructuras de crimen organizado. "Cuentan con personas avezadas y preparadas para que no se detecte como blanquean el cobre y donde todo, incluso ante lo registros del SII, parece legal", relata una fuente cercana a la compañía. 

Con todo, y a pesar del ajuste que ha hecho Madeco en su negocio,  hace algunos días la prensa informó la posible formalización a ejecutivos de la empresa. Al interior de la compañía el anuncio fue un balde de agua fría y los tomó por sorpresa. No tienen mayores antecedentes de qué camino tomará la investigación ni indicios de potenciales responsabilidades de sus colaboradores. Sobre todo porque sólo han sido citados a declarar el gerente de Administración, Logística y Abastecimiento de Madeco Mills, Erwin Blaschke, y el ex gerente de Producción, Carlos Monti, quien justamente dejó su cargo el primer semestre del 2011, aunque desde la cuprífera aseguran que su desvinculación no tiene nada que ver con este caso.

Pero la investigación del Ministerio Público no es el único frente con el que están lidiando en Madeco: además de cooperar con el caso, durante los últimos meses se han sentado a analizar la continuidad que el grupo Luksic dará a la división de tubos y planchas de cobre. No es una decisión fácil. Así como el elevado precio del cobre ha incentivado el robo, también han aumentado considerablemente los costos de la compañía. La prioridad es que la empresa no pierda eficiencia y por ello durante 2011 la división Mills cerró su unidad de láminas y vendió su fábrica de monedas y derivados (Armat). De este modo quedó sólo operando su división de tubos. El proceso no ha sido fácil y cercanos a la firma aclaran que no son decisiones relacionadas con el incidente de Nolli, sino directamente con la competitividad del mercado.

Para los Luksic tampoco ha sido un asunto irrelevante, ya que esta es una de las empresas más antiguas del holding y tienen hacia ella un apego sentimental. "Se ha hecho un cambio en el modelo de negocios con el fin de hacer los costos más eficientes, quizás lo más fácil sería cerrar, pero los dueños han querido agotar todas las opciones", relata un colaborador del grupo. Con todo, reconocen que 2012 será un año para analizar la continuidad de Madeco Mills.

Madeco después de Nolli

La tesis de la fiscalía

La semana pasada, la agenda del fiscal Tufit Bufadel estuvo copada. El jueves 5 de abril formalizó a la pareja de Ítalo Nolli, Mercedes Vallades; al chofer del camión que ese día entregó la carga a Madeco, Raúl Campos, y al ayudante de éste, su hijo Ulises. En un juicio abreviado la fiscalía quiere probar la figura de asociación ilícita para la receptación y delitos tributarios reiterados. La formalización es sólo parte de la investigación de Bufadel que involucra a más de una veintena de personas que participaban en la red que vendía el cobre a Madeco, el principal cliente de Nolli, conocido como el "capo de la chatarra".

Ahora sus indagatorias apuntan a determinar si alguien al interior de Mills conocía o sospechaba que estaban adquiriendo cobre robado. Clave para elloserá la investigación que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos y que busca detrminar  evasiones tributarias de Goycolea, la firma que Nolli utilizaba de pantalla para vender cobre robado y blanqueado a Madeco y, además, tributar ilegalmente.

Cercanos a la investigación comentan que la meta de Bufadel es ampliar los hechos más allá del 23 de marzo y determinar las responsabilidades en toda la cadena. "Madeco es el último eslabón. Si tuvo acceso a saber el origen del cobre o no es lo que está definiendo, y por ende si podría haber posibles formalizaciones",  señala una fuente que ha tenido acceso al proceso.

Las versiones más ácidas en materia de la responsabilidad de Madeco indican que la empresa tenía una relación de largo plazo con Goycolea y que muchas veces rechazó cobre por dudas en su procedencia. ¿Por qué entonces no activo las alarmas?
Al interior de Madeco se defienden insistiendo en que sólo compraba chatarra cuando se cumplían las condiciones expresadas en sus protocolos, si no, se producía el rechazo del cargamento, de lo cual se dejaba constancia y se entregaba además el antecedente a la PDI.  "Si la autoridad pretende que seamos los fiscalizadores, eso es verdaderamente imposible", asegura un ejecutivo.

De acuerdo a estimaciones de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, en 2010 la sustracción ilegal sólo de cables de cobre alcanzó un equivalente a 1.350 kilómetros, la distancia que separa a Santiago de Antofagasta.

Mientras se determinan posibles responsables, la fiscalía trabaja en afinar el modus operandi de la estructura que le vendía a Madeco. La venta de cobre se manejaba en dos grupos. Uno funcionaba con una serie de recaudadores de cobre robado que abastecían a Raúl  Campos y a Mercedes Vallades. Éstos a su vez habrían entregado el material a Ítalo Nolli, quien lo vendía a Madeco con facturas de Goycolea. Madeco también habría recibido cobre robado -sin saberlo- de una serie de sociedades que se relacionaban con Goycolea y que llegaban a la empresa a través Julio César Lacámara, otro de los imputados en el caso.

Estas mismas indagatorias permitieron que en agosto del año pasado se formalizara junto a Lacámara al administrador de Goycolea, Luis Rodríguez Maluenda; a su hijo y representante legal de la firma, Pablo Rodríguez Drake; al contador de la empresa, Jaime Massardo, y a uno de los facilitadores entre todas estas sociedades, Patricio Torres. "Lo que hay que aclarar ahora es si alguno de estos sujetos tenía una relación con Madeco y si la empresa tenía conocimiento de que era una red ilegal", explican cercanos a la causa.

Las esquirlas del caso

Tras el grave incidente protagonizado por  Ítalo Nolli el 23 de marzo del 2011, la Fiscalía Nacional encendió las alarmas. El hecho era prueba fehaciente de que el robo de cobre se había convertido en un delito violento y con fuertes efectos para la comunidad.

Por eso la autoridad instruyó al fiscal Tufit Badel a investigar estos delitos, en conjunto con la Unidad de Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco). Estas dos instituciones además solicitaron la cooperación en las invetigaciones al Servicio de Impuestos Internos; a la autoridad sanitaria para saber quienes tenían permisos de almacenaje; a los municipios que registraban patentes relativas al negocio; y la PDI que a través de del Departamento de Asesoría Técnica timbraban los libros de procedencia en la compra y venta de cobre. Este intenso trabajo se bautizó como "Plan Chatarra 2011".

Pese a que es muy temprano para hacer un diagnóstico, al interior de la Uldecco consideran que han dado pasos importantes. Uno de ellos es el próximo juicio oral que se iniciará contra otro de los pesos pesados de este mercado ilícito, Hernán Trujillo, quien fue formalizado por la fiscal  Yasne Pastén y quienhabría hecho perder al Fisco varios miles de millones de pesos.

La complejidad del delito se traduce en que sus cisean impactantes. De acuerdo a estimaciones de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, en 2010 la sustracción ilegal sólo de conductores de cobre (cables) alcanzó un equivalente a 1.350 kilómetros, la distancia que separa a Santiago de Antofagasta. Asimismo, según cálculos de la Fiscalía Nacional, el sector eléctrico perdió más de $ 8.000 millones de 2006 a la fecha. "Tanto o más relevante que el delito mismo, es que se interrumpe una enorme cantidad de horas de transmisión a comunas de todo Chile. Por eso desde julio estamos trabajando con el Ministerio del Interior, autoridades, Carabineros y la PDI para disminuir el robo", señala el presidente ejecutivo del gremio de las eléctricas, Rodrigo Castillo. Lo anterior permitió que hasta septiembre del año pasado la sustracción ilegal de cables cayera a menos de la mitad.

El dolor de cabeza no sólo afecta a las empresas. Por medio de la devolución de IVA a las sociedades que blanquean cobre el Estado pierde gran cantidad de recursos y hoy la sustracción es tan relevante como el delito tributario. Por impuestos obtenidos de forma fraudulenta gracias al mercado negro del cobre, la Fiscalía Nacional estima que los últimos cinco años el Fisco perdió $20.000 millones, recursos suficientes para la construcción de 14 colegios, la compra de 2.857 radiopatrullas y la puesta en marcha de 1.248 retenes móviles. Es el sello del cobre, el metal bautizado como la riqueza de Chile y que en el boom de su producción y su precio muestra su cara menos amable.

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