Lunes, 7.30 de la mañana. La capital se mueve aún de manera lenta, especialmente tras el recambio de veraneantes, y Pedro Pablo Errázuriz (49 años), ex gerente general de la sanitaria Essbio, sale de la estación Moneda rumbo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Es el primer día del nuevo ministro y quiere hacer notar que el foco en sus primeros meses de trabajo será uno solo: el Transantiago. La mochila que lleva a todas partes (en la que porta su laptop) y su estilo más relajado, son una señal de que su impronta será de "ministro en terreno".

La paciencia de los privados se agotó. El lunes 17 las empresas del Transantiago presentaron en Contraloría un oficio contra Transportes por una medida del anterior ministro.

A primera hora, este ingeniero civil de la UC citó a su despacho al equipo a cargo de Transportes, comandado por la subsecretaria Gloria Hutt. El coordinador del sistema, Raimundo Cruzat, también fue convocado y caminó raudamente las seis cuadras que separan su oficina, en calle Ahumada, de la de Errázuriz, en Amunátegui 139.

El ministro quería conocer de primera mano el estado actual del sistema público de transportes. Él, más que nadie, tenía perfecta conciencia que ahí estaba la razón de la caída de su antecesor, Felipe Morandé.

Y no sólo por la envergadura del sistema y su impacto social y político, sino porque como contraparte tiene a uno de los grupos de presión más temidos en el gobierno.

De ello se enteró cuando llevaba apenas unas horas en el cargo. Minutos antes del mediodía, los grandes operadores del Transantiago acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar su intervención en una de las disputas más críticas que mantienen con Transportes. En el oficio, las empresas de buses solicitaban la devolución de una serie de documentos que modifican los contratos firmados entre ellos y el Estado chileno en marzo de 2010.

Los contratos fueron retirados a solicitud del ex ministro Morandé en julio, y nunca volvieron para su toma de razón, dejando sin un marco legal el funcionamiento de los principales actores de la red.
La paciencia de los privados se había agotado y así se lo hicieron saber al ex secretario de Estado a inicios de enero pasado. El mensaje era claro: si el viernes 14 de enero Morandé no devolvía los contratos a Contraloría, el lunes a primera hora irían al organismo que encabeza Ramiro Mendoza a pedir que el ente contralor interviniera en el caso. Y aunque a Morandé se le pidió la renuncia ese mismo viernes, los operadores cumplieron su advertencia.

Una vez alertado del ingreso de la reclamación, Pedro Pablo Errázuriz tomó nota de que los encargados del transporte público son una de las principales amenazas que enfrenta: no partiría lidiando ni con la evasión, ni con el déficit. Tampoco con el rediseño del complejo Transantiago, comenzado a mediados de 2010.

Su tarea inaugural será negociar con los cinco mayores consorcios que operan el polémico sistema de transportes capitalino, quienes en el pasado han dado muestras de ir al choque cuando es necesario.

La caída del académico

En Transportes, explican que Morandé había pedido revisar los contratos porque, según su criterio, el Estado perdería dinero con las modificaciones que se incluían. Lo que no observó, dice un experto en la materia, fue que las empresas no podían quedarse sin un marco regulador por un período tan largo.

Para Felipe Morandé fue una sorpresa que el presidente Piñera, su amigo, le pidiera dejar el gobierno. El hoy ex ministro no previó que los eventos acontecidos durante las primeras semanas de 2011, tras sostener una reunión bilateral con el jefe de Estado, le costarían su salida del gabinete.
La caída de este economista comenzó, según relatan en La Moneda, el lunes 3 de enero. En una reunión en el despacho presidencial, y flanqueado por su equipo asesor, el ex titular de Transportes fue consultado sobre cifras operacionales del Transantiago. Según asistentes, el funcionario público no respondió con la precisión y detalles que el mandatario esperaba. Fuentes de Transportes aseguran que el ex titular sí entregó todas las cifras que el jefe de Estado le solicitó. Como sea, la reunión fue suspendida, y se reagendó para otra fecha, pero la salida del ministro dejó la cita en el aire.

El encuentro con el mandatario no era la única preocupación en el Ejecutivo. A los pocos días de la bilateral con el presidente, el abogado Jorge Carey se reunió con Morandé. El profesional, quizás el más conocido de la plaza y con línea directa con el presidente, fue fichado hace unas semanas por las "cinco grandes" del Transantiago -Alsacia, Express de Santiago, SuBus, Buses Metropolitana y Buses Vule-, para que los asesorara respecto al retiro de contratos efectuado en julio desde Contraloría.

Los empresarios, le habría transmitido el profesional al entonces ministro, estaban incluso dispuestos a llevar al Estado chileno a organismos internacionales si el problema no se resolvía.

"Lo delicado no era que un ministro retirara un documento para ser revisado. Demorar su devolución por tanto tiempo bordeaba la ilegalidad", asegura un cercano a los operadores.

En Transportes explican que Morandé había pedido revisar los contratos porque, según su criterio, el Estado perdería dinero con las modificaciones que incluían. Lo que no observó, dice un experto en la materia, fue que las empresas no podían quedarse sin un marco regulador por un período tan largo. Ni menos que se podían modificar los documentos sin el consentimiento de ambas partes.  Los privados aseguran que luego de meses de petición de reuniones -se alcanzó a efectuar un encuentro el 1 de octubre, sin éxito-, la inquietud cundió entre ellos, hasta que finalmente decidieron acudir a Carey.

En su cita con el ex ministro, Carey le habría planteado la necesidad de reingresar los contratos, para "ahorrarse un problema". Una fuente que supo del encuentro, agrega que el jurista le señaló que la situación podía escalar hasta tribunales. Incluso el Ciadi apareció -y sigue estando sobre la mesa- como alternativa para el reclamo de los inversionistas extranjeros (colombianos) que están en el negocio. El ex titular de Transportes le habría señalado que devolvería lo antes posible los contratos a Contraloría, decisión que ahora quedó en manos de Errázuriz.

El segundo golpe

Pero la pelea por los contratos es uno de los dos grandes dolores de cabeza que heredó Errázuriz.
El segundo flanco involucra el rediseño del Transantiago. El gobierno contrató a mediados del año pasado a una firma brasileña -Logit Engenharia Consultiva- para que realice modelos de nuevos recorridos, tal como lo ha hecho esa firma en Colombia, Brasil, Nigeria y China.

Con la nueva institucionalidad -aprobada esta semana en el Parlamento-, el gobierno podrá caducar contratos cuando no se cumpla con el servicio. Eso sí, el negocio seguirá siendo privado "y el Estado no manejará buses", afirman desde el ministerio.

En medio de estos cambios, el 9 de septiembre un oficio de la coordinación del sistema, a cargo de Raimundo Cruzat, inquietó a los operadores: se harían cambios en un indicador que permite a Transportes cursar multas a quienes no cumplan con la cantidad de pasajeros transportados ni con los tiempos de los viajes.

La modificación, que implicaba medir el desempeño del servicio bajo otros criterios, encendió los ánimos, que ya venían agitados. Las empresas estimaban que no era justo que se modifiquen los parámetros, cuando aún no existe el equipamiento -que debiera proporcionar el Estado y el Administrador Financiero del Transantiago (AFT)- convenido.

Las cartas al coordinador y a la subsecretaria Hutt para que echara pie atrás en la medida no surtieron efecto y el 16 de noviembre se puso en marcha la modificación.

En el equipo de Cruzat defienden la medida, aduciendo que poseen las facultades para hacerlo y, además, que los privados habrían sido notificados que venían estos cambios. Los argumentos no bastaron a los operadores, y el 13 de enero -un día antes de la salida de Morandé- acudieron a la Contraloría. ¿El fin? Que declarara ilegal la medida y defina si la autoridad se excedió en sus atribuciones.

El ministro Errázuriz deberá llegar a acuerdo con las partes, dejar nula la modificación o iniciar una batalla legal que podría continuar en tribunales.

Una nueva mano en Transportes

Dados los dos focos de controversia, los operadores están atentos a las señales que entregue el nuevo titular del ramo.

La llegada de Errázuriz -quien es reconocido como un hábil negociador, con experiencia en temas complejos tras su paso por la sanitaria Essbio- es vista con buenos ojos por la contraparte. "Creemos que viene a mejorar las relaciones con todos los actores involucrados en el Transantiago", dicen en una de las firmas.

Incluso desde la otra vereda política, celebran su aterrizaje. "No es ajeno a los temas sociales y siempre busca consensos. Me tocó trabajar con él en la solución de problemas y siempre logró formar equipos para encontrar la medida que impactara menos negativamente a las personas", recuerda el senador del MAS Alejandro Navarro.

Este poder de negociación y fama de "componedor" será puesto a prueba para superar el impasse con los cinco "troncales", antes de que el ruido llegue a palacio. Para los privados, el recién llegado a Amunátegui 139 deberá desplegar sus dotes de facilitador y reinstalar el diálogo, rasgos que -a juicio de los empresarios de la locomoción- su antecesor en el cargo no cultivó.
Como muestra, destacan los denominados "diálogos ciudadanos", una iniciativa surgida del ex ministro, que consistía en reunirse regularmente con representantes comunales para discutir la necesidad de nuevos recorridos.

La idea de estas reuniones -a las que además de Morandé, asistían Cruzat y la subsecretaria Hutt- era "que la ciudadanía de cada comuna aporte en la configuración de la malla del nuevo Transantiago", explican en el entorno del ex secretario de Estado.

La medida, que no se aplicó en la confección de la primera red de recorridos, era valorada por las empresas, ya que produciría mayor eficacia en el nuevo diseño. Sin embargo, esa disposición al diálogo que el antecesor de Errázuriz mostró respecto a la ciudadanía no habría estado presente en la relación público-privados, aseguran en las empresas.

Revisando carpetas

Además de manejar estos dos focos, el nuevo titular de Transportes debe analizar lo realizado en estos meses. El tiempo no le juega a favor. Se trata  de potenciar un sistema a su mayor capacidad posible, y el "nuevo rostro" debe ser estrenado en enero de 2012.

Detalles de esta tarea venían contenidos en la carpeta blanca que Piñera le entregó el domingo 16, cuando juró como ministro. A la salida, el nuevo titular del ramo volvió a insistir en que el transporte es su prioridad. En el ministerio están conscientes del impacto político de esta misión: el Transantiago, sostienen, "no debe seguir siendo la causa de una baja popularidad para Piñera en el área metropolitana". Así se lo han hecho saber en La Moneda.

Entre los expedientes que hoy están sobre el escritorio del nuevo integrante del gabinete está el detalle de los nuevos recorridos y las propuestas para la lograr la estabilidad financiera, pese a que está asumido que siempre funcionará con subsidios.

Los plazos -bajo la administración de Morandé- se cumplieron según el cronograma, y el segundo semestre de este año deberían darse a conocer las primeras modificaciones a la red de transporte público.

La llegada de Errázuriz, quien es sindicado como hábil negociador, es vista con buenos ojos por su contraparte en el sistema de transporte público. La apuesta de los operadores es tener mayor diálogo y hacer valer su postura ante la nueva administración instalada desde el lunes en Amunátegui 139.

"Será gradual, jamás un Big Bang como fue aquel 10 de febrero", dejan en claro en Transportes. 

Sin embargo, como gran parte de la tarea de diseño ya está hecha, lo que queda por delante resulta igualmente desafiante. Se deben terminar las negociaciones de los contratos con el AFT y, quizás la arista más sensible: sentarse a conversar los nuevos términos contractuales con los "micreros".