Eliodoro Matte se acomodó los anteojos y convirtió el gesto en pausa deliberada. Miró al sector de la audiencia en el que se encontraba la intendenta de la VIII Región, Jacqueline van Rysselberghe, y entró de lleno en la parte más relevante de su discurso.
Fue el jueves de la semana pasada. En un hecho inédito -antes el acto era sólo para sus empleados-, la Papelera decidió lanzar en público su Reporte de Desarrollo Sostenible. Tras enumerar los logros de la compañía en los 90 años de vida, Matte soltó su mensaje sobre responsabilidad social y "buena vecindad".
"CMPC realiza permanentemente un esfuerzo serio de acercamiento y puertas abiertas con las comunidades vecinas (…), especialmente con las 300 comunidades mapuches cercanas a los predios forestales y áreas de operaciones de la compañía", dijo.
El empresario, quien desde hace años no se refería en público a la "cuestión mapuche", agregó que "en CMPC creemos necesario reconocer y difundir la cultura mapuche, a través de un genuino respeto por sus creencias, costumbres y la conservación de su conocimiento ancestral".
Allí, frente a todos los alcaldes de las zonas en las cuales la compañía tiene operaciones; frente a sus trabajadores y sus contratistas, Matte daba cuenta de un conocimiento adquirido a fuego. Literalmente.
Desde el podio levantado para la ocasión, el dueño -entre otras filiales de CMPC- de Mininco, empresa ícono durante el conflicto mapuche de fines de la década pasada, dio cuenta de una realidad con la que aprendieron a convivir y detalló el método escogido para lograr dicha convivencia. Habló de "reconocimiento" y ya no de "integración", como hace algunos años. Resaltó la importancia de la educación y enumeró cada una de las actividades que la empresa y su fundación realizan con las comunidades vecinas.
Ni el momento, ni el lugar eran casuales. A 140 kilómetros de ese lugar, en Concepción, el ministro Cristián Larroulet y el subsecretario Claudio Alvarado, apoyados por la Iglesia, hacían lo posible para detener la huelga de hambre protagonizada por los comuneros mapuches.
"Nadie nos avisó"
Si bien su alocución no tuvo mayor impacto en los medios, quienes conocen al mayor del clan Matte saben perfectamente que sus intervenciones son siempre calculadas.
En este caso, el objetivo del máximo ejecutivo de la Papelera era enviar dos mensajes: el primero, comunicar al gobierno que su familia y toda la industria forestal miran con detención las negociaciones entre el Ejecutivo y las comunidades.
El segundo es más sutil: los Matte y el resto de los empresarios forestales creen que tienen bastante que decir en las relaciones con los mapuches.
Según un abogado cercano al grupo Matte, la forma en que el Ejecutivo negoció con los huelguistas y el acuerdo al que se llegó abrieron un "espacio para ampliar las reivindicaciones históricas de los mapuches. El cerco se corrió y, además, se legitimó a grupos que son minoría dentro de ese pueblo", asegura el jurista.
"Tenemos una capacidad profesional que debe y puede ayudar en estas materias", afirmó el empresario hacia el final de su intervención.
Un ejecutivo de la industria lo explica con mayor detalle: "Como rubro instalado en zonas mapuches tenemos un expertise que nos costó años desarrollar. Nos hubiera gustado que este gobierno nos pidiese nuestra opinión".
El escenario elegido para el acto era parte del mensaje: la ciudad de Los Ángeles es un punto neurálgico para el sector forestal. En los alrededores se encuentra la mayor parte de los más de 150 aserraderos que existen entre Maule y Los Ríos (la mayoría propiedad de los Matte y del grupo Angelini). La Región del Biobío es, en general, la zona donde se sitúan las mayores plantas de celulosa.
En el clan Angelini sostienen que no han tenido comunicación con La Moneda. "Cuando el gobierno decidió retirar las querellas por delitos terroristas, nadie nos avisó", afirma un alto directivo del grupo.
Con operaciones que van desde Maule a Valdivia, este conglomerado convive con comunidades indígenas. En los últimos meses se han encontrado con la resistencia de grupos lafkenche, que rechazan la construcción de un ducto que lleve las emisiones de la Planta Valdivia, situada junto al río Cruces, hasta el mar.
No es todo. Celco está enfrascado en lograr una certificación para su producción maderera que le exige un diálogo amplio y sostenido con sus "audiencias", incluidas las comunidades cercanas a sus complejos.
"En esta etapa, no"
En el Ministerio del Interior reconocen que no se conversó con las empresas forestales la recalificación de querellas, pese a que éstas han sido el principal objetivo de la violencia de un sector de los mapuches. La explicación, desde el gobierno, es la urgencia de la coyuntura.
"Es probable que en algún momento se instale un diálogo con ellos, pero en esta etapa no correspondía", señalan desde La Moneda.
Según un ex funcionario de la Conadi, durante los gobiernos de la Concertación, si la forestal es la principal actividad en la zona y las empresas del rubro la contraparte "civil" de los mapuches en estas disputas, no se entiende por qué las empresas no fueron invitadas o, al menos, informadas de las negociaciones.
A juicio del experto, a la mesa del Ñielol le faltan "dos patas": la correspondiente a representantes de los otros pueblos originarios de Chile; y la de los actores del sector privado.
Cero comunicación
Silencio en el gremio
La Moneda no es la única que en esta crisis ha operado por carriles separados con los privados. A diferencia de otras ocasiones, los gremios empresariales y los grupos forestales se han mantenido fuera del debate público que enfrentó a esta administración con los mapuches.
Aparte de una aislada declaración de los agricultores, la Corma -gremio que agrupa a las principales productoras de madera y celulosa- ha mantenido un estudiado silencio. Se trata de una definición estratégica adoptada desde hace un par de años. Tras estar por casi una década en el centro del debate -a fines de los 90 y comienzos del 2000-, los empresarios del rubro optaron por cultivar un bajísimo perfil.
"Pero eso no significa que no miremos lo que está ocurriendo. Y que no estemos preocupados por la forma en que se desarrollan los acontecimientos", asegura un importante dirigente gremial.
Según un abogado cercano al grupo Matte, la forma en que el Ejecutivo negoció con los huelguistas y el acuerdo al que se llegó abrieron "un espacio para ampliar las reivindicaciones históricas de los mapuches. El cerco se corrió y, además, se legitimó a grupos que son minoría dentro de ese pueblo", afirma el jurista.
Relación con las comunidades
Llegar a la suerte de pacificación en la que hoy desarrollan sus actividades fue lento y complejo para las firmas forestales. Los Matte, por ejemplo, tuvieron que entregar el fundo Alaska -de 2.000 hectáreas- y cerca de 300 hectáreas del campo Santa Rosa, sin contar las pérdidas económicas producidas por las tomas de predios y los incendios de camiones.
De hecho, durante el desarrollo de la huelga mapuche, el jueves 16 de septiembre fue quemado un camión cargado de madera, que trabajaba para Mininco.
Y aunque durante el gobierno de Ricardo Lagos tenían línea directa con el Ministerio del Interior y una fluida relación con el encargado de asuntos indígenas, Jaime Andrade, hoy la situación es lo opuesto. Pese a los vínculos con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, no hay canales abiertos las 24 horas.
Eso los ha obligado a desarrollar su propio sistema de información. La plana mayor de CMPC, conoce a cada uno de los alcaldes de las comunas donde la firma tiene operaciones. Y los encargados de planta y ejecutivos zonales tienen el mandato de conocer a los líderes de cada comunidad y relacionarse con ellos, algo que en el pasado -reconocen en la compañía- no sucedía.
El objetivo del máximo ejecutivo de la Papelera era enviar dos mensajes: el primero, comunicar al gobierno que su familia y toda la industria forestal miran con detención las negociaciones entre el Ejecutivo y las comunidades. El segundo es más sutil: los Matte y el resto de los empresarios forestales creen que tienen bastante que decir en las relaciones con los mapuches.
El grupo Angelini opera con sus propios conductos. El presidente de Celco, Roberto Angelini, o su vicepresidente, José Tomás Guzmán, tienen una histórica relación con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien fue director de AntarChile hasta antes de aterrizar en Teatinos 120.
Pero no existe un conducto formal. Un dirigente forestal lo grafica así: "Hoy, con suerte llegamos a las autoridades regionales. No hay línea abierta con la autoridad central".
El rol de Espina y la CPC
Durante la huelga de los comuneros, uno de los canales de comunicación con La Moneda fue el senador RN Alberto Espina, quien defendió hasta bien avanzado el conflicto la calificación de delito terrorista. Como parlamentario por la IX Región, Espina conoce la realidad mapuche y tiene, además, nexos con el mundo privado.
A comienzos de este año, el presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, y sus colaboradores más cercanos le pidieron a un experto en temas indígenas que les expusiera sobre los alcances del convenio 169, donde, para muchos, está y seguirá estando el centro de las polémicas con los pueblos originarios. En simple, se trata de un acuerdo promulgado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que tiene calidad de tratado y que exige que cualquier normativa o acto administrativo que afecta a alguna comunidad indígena debe ser motivo de consulta con dichas comunidades.
Pero hasta la fecha ni Guilisasti ni el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, han sido mandatados para negociar a nombre de los privados con las autoridades. Lo que sí es un dato de la causa para gobierno y empresarios es que éste es un tema que llegó para quedarse y que si no es bien manejado puede acarrear "nefastas consecuencias" para las comunidades indígenas y las empresas. Sobre todo para las inversiones en carpeta.
Una de las "fuentes" de información en la materia es el Centro de Estudios Públicos (CEP), que históricamente ha seguido la realidad mapuche y que en estos días ha sido consultado, informalmente, por empresarios. Según una fuente que ha estado al tanto de las conversaciones, el gobierno ha dado señales de que en las próximas semanas pedirá a este think tank insumos sobre la realidad de las comunas insertas en temas mapuches, incluyendo indicadores como pobreza y alfabetización.
