El caso Pinochet obligó como pocas veces a los miembros del directorio del Banco de Chile a dirimir posiciones en una votación. La reunión fue en agosto pasado. A un lado de la mesa estaban quienes creían en la batalla que se podía dar en los tribunales norteamericanos. En el otro, se encontraban quienes preferían una salida pacífica que pusiera fin al litigio judicial.

Sólo después de una extensa discusión, ellos procedieron a resolver cuál era el  mejor camino. La mayoría se pronunció, entonces, por la última opción, es decir, por respaldar un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la entidad que en marzo de este año los demandó en Miami por haber actuado con negligencia en el manejo de los  fondos que tuvo Augusto Pinochet en Estados Unidos, o más grave aún, los acusó de transgredir las normas de lavado de dinero que rigen en ese país tras los atentados a las Torres Gemelas, en 2001.

En total, según el Senado norteamericano, se trataría de alrededor de US$ 6 millones que pasaron por las oficinas de la institución en ese país sin que ninguno de sus ejecutivos diera el alerta que correspondía.

La decisión tomada ese día de agosto parece ser la última palabra del Banco de Chile frente a un tema que los ha complicado desde julio del 2004, cuando se descubrieron las cuentas secretas del ex gobernante en el extranjero y estalló el bullado caso Riggs.  La entidad comandada por la familia Luksic estaría por pagar una compensación al Estado chileno para reparar el daño causado a su patrimonio. La cifra se maneja con total hermetismo, aunque fuentes ligadas a la institución financiera especulan que podría ir entre US$ 3 millones y US$ 5 millones.

A cambio de dicha indemnización, el CDE habría estipulado su decisión de retirar la demanda que está vigente en Miami. Un hecho que sería inminente, según dicen fuentes ligadas al proceso, pues se ha dado por cerrada la negociación  que se inició también bajo reserva en julio pasado. Hasta hace unos días, las conversaciones las llevó el presidente del CDE, Carlos Mackenney, y  el abogado del banco en este conflicto, Cristóbal Eyzaguirre.

El documento ya estaría redactado y sólo falta un trámite de rigor en el Ministerio de Hacienda para su aprobación. Una vez que allí se vise el monto pactado, el Banco de Chile y el organismo público firmarán el avenimiento definitivo.      

Imagen en tela de juicio

"No podíamos seguir eternamente con este tema abierto. Habría tenido un costo muy alto para el banco", afirma un alto ejecutivo que es  partidario del acuerdo con el CDE. Al igual que el vicepresidente de la institución, Andrónico Luksic, él estuvo desde un principio entre quienes fueron más proclives a la vía del entendimiento.

En lo sustancial, según dice esta  fuente,  el directorio aprobó dicho acuerdo para  terminar de una vez con el capítulo Pinochet. No sólo estaban cansados de este conflicto, sino también temían que un proceso judicial de largo aliento en Estados Unidos hubiese causado un daño mayor a la imagen  de  la  institución.

Los expertos coinciden en que todavía es prematuro evaluar quiénes han ganado y quiénes han perdido tras este acuerdo al que ha llegado el CDE y el Banco de Chile. Sin embargo, a la luz de los antecedentes que hoy existen, los abogados estiman que ambos han debido ceder en esta negociación.

Ésa ha sido, de hecho, la inquietud más fuerte que han tenido los propietarios del banco desde que la presidenta Michelle Bachelet firmó, a mediados del 2008, el decreto a través del cual dio la autorización al CDE para emprender  la  acción  judicial en Miami.

Entonces, el organismo demandó  no sólo al Banco de Chile, sino también a otras tres entidades extranjeras: el Santander de España, el Espíritu Santo  y el PNC Financial Services Group. 

 Testigos del impacto que produjo la noticia en la familia Luksic, dijeron a Qué Pasa que ellos no comprendían cómo en medio de una crisis financiera el Estado chileno iniciaba esta acción en su contra. De acuerdo a esa versión,  existía entonces incertidumbre acerca de las razones que influyeron en esta nueva embestida, en circunstancias de que la institución ya había pagado US$ 3 millones en Estados Unidos por no respetar las normas bancarias que previenen el lavado de dinero.

Al interior del Chile primaba en ese momento la tesis de enfrentar desde el punto de vista judicial al CDE en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde estaba radicada la demanda.

En rigor, ésa fue una posibilidad que tuvo asidero en la institución financiera hasta hace poco tiempo. Hace unos  meses, por ejemplo, para transar sus acciones en Bolsa la entidad presentó un informe a la Securities and Exchange Commission (SEC), donde señalaba que disponía de los argumentos necesarios para defenderse como corresponde en un tribunal de Estados Unidos.

En la misma época contrataron al conocido abogado norteamericano Robert Bennett, el mismo que representó a Bill Clinton en la demanda de acoso sexual que presentó en su contra Paula Jones.

¿Escenarios desfavorables?

Sin ir más lejos, en julio pasado, este influyente profesional con fama de duro decía entonces desde su oficina en Washington a Qué Pasa: "En esto me puede citar: Mi cliente no ha hecho nada malo". Pero dos meses después su presencia no resulta necesaria para la nueva estrategia conciliadora del banco, donde se muestran herméticos cuando se trata de explicar si hubo alguna consideración de índole jurídica que los hiciera desistir de continuar con un litigio en Estados Unidos.

No obstante, un abogado que conoce el sistema norteamericano, estima que este escenario no era el más favorable para la entidad. Entre otras razones, debido al alto costo que podría haber implicado para ella seguir en un juicio civil. En particular porque en caso de perder la contienda en tribunales, la ley los podría obligar a pagar una indemnización muchísimo más alta que en Chile. 

Además, el otro factor que pudo haber incidido en el giro de la entidad financiera, según este especialista, es el precedente que se estableció en el juicio que llevaba el propio Banco de Chile en contra de Óscar Aitken en Estados Unidos. En él, se consignó que la institución financiera debió estar al tanto de las transacciones que hizo el ex albacea de Pinochet con el dinero de propiedad del militar, lo cual desacredita la línea de defensa que ha sostenido la institución de propiedad de los Luksic. Es más, si hay alguna responsabilidad que están dispuestos a asumir los dueños del banco, es haber dado demasiada libertad a algunos de sus ejecutivos para operar.

Ganadores y Perdedores

Alguos expertos coinciden en que todavía es prematuro evaluar quiénes han ganado y quiénes han perdido tras este acuerdo al que ha llegado el CDE y el Banco de Chile.

Sin embargo, a la luz de los antecedentes que hoy existen, estiman que ambos han debido ceder en esta negociación. Según afirman, la entidad financiera evitó correr riesgos tan perjudiciales como podría haber sido, en un caso extremo, perder la licencia en ese país a causa de un juicio adverso.

En cuanto al CDE, algunos abogados piensan que el costo que se evitará el organismo no es menor, pues también habría resultado difícil para él probar los delitos de los cuales se acusaba al Banco de Chile. Y, probablemente, habría incurrido en millonarios gastos para el erario público al contratar de manera indefinida los servicios de un estudio jurídico norteamericano.

Más allá de cómo se incline la balanza,  los expertos consultados consideran que el acuerdo sienta un precedente importante. En especial para  los otros tres bancos demandados por el Estado chileno. De hecho, según ha trascendido, el Santander de España ya habría iniciado las conversaciones preliminares para sellar un acuerdo prejudicial. Y con la misma atención seguirían el proceso las otras  dos instituciones en la mira  del  CDE.