Estela Ortiz tiene un clavel rojo en la mano. Con la otra sujeta a su hijo. Tiene una blusa blanca, el pelo tomado. Frente a ella, cinco carabineros tratan de impedirle el paso, pero no lo logran. Es 1985, pero a ella no le importa: les grita, les exige que la dejen caminar. Con rabia, quizás también con miedo, trata de llegar con ese clavel a La Moneda.

Trece meses antes, su esposo, José Manuel Parada, había sido degollado por agentes de la dictadura. Y ella quería rendirle un homenaje. Casi diez años antes, su papá, Fernando Ortiz,  había desaparecido a manos de la DINA.

—Ahí están mis desaparecidos, y mis asesinados —dice hoy, señalando las fotos que tiene en la pared de su oficina. Y ahí están, en blanco y negro, en fotos muy pequeñas: su papá, su marido. Lo dice y sonríe, pero esa sonrisa dura poco. Estela Ortiz, de 67 años, tiene la dureza de quien ha vivido mucho y de quien confía muy poco.

En 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet —de quien es muy cercana—, la educadora de párvulos  y profesora básica de la U. de Chile lideró la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). En el segundo mandato, en cambio, asumió la dirección del Consejo Nacional de la Infancia, organismo creado por este gobierno para abordar las políticas de infancia. Dos años después, en abril de 2016, Lissette Villa, de 11 de años, aparecería muerta en un hogar del Sename y, entonces, se desataría la crisis de un servicio que agonizaba. El 16 de octubre, de hecho, tuvo que declarar por cerca de cuatro horas en la Fiscalía por la muerte de más de mil trescientos menores a cargo del Estado.

Hoy, sentada en su oficina, a cinco meses de que se acabe el gobierno, se dispone a hablar del rol del Consejo Nacional de la Infancia, del camino que han trazado y de las deudas pendientes con los niños y niñas de Chile.

Junto a ella está su periodista y sobre la mesa hay una segunda grabadora: la ocupan, dice, como respaldo, pues perdieron la confianza.

—El 9 de mayo de 2014 sesionó por primera vez el Consejo Nacional de la Infancia. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

—Muchas cosas. Yo diría que el avance más emocionante, y que planteé el otro día en la comisión, es ver cómo ha cambiado el lenguaje. Escuchar a los senadores hablando de la importancia que tienen la niñez y la adolescencia, de la importancia de la inversión en infancia, temas de los que nunca se hablaba, muestra que hemos logrado que se entienda que el niño es parte del desarrollo del país.

—¿Y en políticas?

—Los avances que tenemos, y que daremos a conocer prontamente, que van más allá de lo legislativo, muestran que estamos dejando los cimientos de un cambio estructural profundo que significa mirar la relación del Estado y la sociedad con los niños. La relación es asistencial. Es: “yo tengo que ayudar porque es una persona menor, una persona que requiere apoyo”, y hay que pasar a una mirada donde el niño es un sujeto de derecho, que pueda ejercer, por ejemplo, su derecho en la educación. Eso es el comienzo de este cambio, el que salga una ley de garantía, una ley marco, avanzar en un cambio de paradigma.

—¿Qué implica eso?

—Implica que hoy ya hemos inaugurado una unidad clínica forense, y vamos a tener en todas las regiones, para poder hacer exámenes con altos estándares para niños que hayan sido violentados gravemente, como el abuso, la violación, el estupro. Significa que el niño tiene derechos y que hay que priorizar en que los exámenes sean de calidad y estén disponibles para todos y no sólo para el niño que puede ir a la Clínica Alemana. También contar con la ley de maltrato que sube las penas, incluso con cárcel, para quienes violenten a un menor. Además, el gobierno apoyó que existan entrevistas videograbadas para niños vulnerados. Chile tiene que avanzar en que los niños sean sujetos de derecho y sean incluidos en las políticas públicas.

—¿Y por qué hacerlo ahora y no años atrás?

—Creo que hoy día estamos comenzando a verlo, pero no es algo tan obvio. El trabajo más difícil que me ha tocado a mí, en mi experiencia profesional, es este. Porque los niños en general no importan. Yo creo que el mayor impacto de la muerte de Lissette Villa es poder abrir algo que nadie había visto con frialdad y crudeza. Yo creo que si algo ha pasado en este gobierno es generar un sistema de garantía de derechos del niño. Es fundamental cambiar la óptica de atención en la que está el Sename.

—¿Pero por qué no se hizo años antes? Antes de que todo estallara.

—Porque los niños están invisibilizados. Uno de los temas que ellos mismos plantean es que no son escuchados, nadie les pregunta su opinión, los obligan a hacer cosas que nadie les pregunta si quieren. Cuando van al médico, el médico le pregunta a la mamá cómo se sienten, a él no lo miran. Esa invisibilización cotidiana en los diferentes espacios en que están los niños y niñas, desde pequeños, es el primer gran maltrato que sufren.

—¿Y políticamente?

—Yo planteé varias veces que no conozco ninguna comisión política de los partidos que discutiera temas de la niñez. Espero que en base a la situación vivida con Lissette, y por otros niños que han fallecido, por lo menos discutan en las comisiones, en las directivas de los partidos, qué es lo que hay que hacer, cómo no nos dimos cuenta antes, por qué tenemos que invertir en el área. Porque si uno piensa lo que significa igualdad de oportunidades desde que el niño nace, uno tiene que pensar en que si recibieran educación, salud, barrio habitable, plazas como las de Vitacura, no estaríamos viviendo lo de La Legua, no estaríamos en un país como en el que estamos.

—Muchas veces se escucha el argumento de que los niños no han sido prioridad porque “no votan”, pero parece más profundo que eso, ¿no?

—Yo creo que es más profundo, sin embargo, creo que eso es una parte de la verdad. Porque los niños no marchan. Si tuvieras una marcha en la Alameda de niños menores de cuatro años, te aseguro que la situación sería otra. Pero eso no va a pasar nunca. Hoy día, los niños de 15, o jóvenes de 20 o 30 años, no es que usen la violencia porque sí y las balas vayan de acá para allá, es algo que va de generación en generación. No es que ellos sean malos, es que no tienen otra mirada de lo que han conocido o vivido. Y además está la rabia.

—¿Y cómo se aborda?

—Los cambios culturales son (demoran) alrededor de 20 años. Nosotros estamos dejando aquí la base de este cambio estructural.

—Pero en el caso del Sename, ¿cómo se actúa hoy para que dejemos de ver que los niños se están muriendo?

—Aquí hay que caminar y masticar chicle a la misma vez. Nuestra tarea fundamental es generar este cambio de mirada. De decir que esta es la institución que existe hoy en día, que tiene problemas profundamente complejos, y trabajar en una institución que restituya los derechos vulnerados, y uno de los derechos más graves vulnerados es separar a los niños de su familia. Alrededor del 70% de los niños pueden volver con sus familias si se entrega apoyo, herramientas, de manera sistemática. Lo que no queremos es que la primera infancia sea institucionalizada. Además, se toman medidas urgentes, como que todos los cargos sean a través de concursos públicos, se están trabajando estándares, el aumento de recursos, contar con personal especializado.

—Muchas veces los funcionarios de trato directo con los niños no están capacitados, como ocurrió con Lissette.

—La mayoría no estaban preparados. Hoy día están más preparados. Pero también tiene que ver con las condiciones laborales, con una serie de complejidades que tiene el sistema. Solange Huerta (actual directora nacional del Sename) se demoró tres meses en llegar al número de niños fallecidos al interior de los centros. Eso te muestra la dificultad. Hay avances, ¿son suficientes?, yo creo que nos falta mucho.

 

***

Por la ventana de Estela Ortiz no sólo entra el sol, o el ruido de la gente que camina por las calles. De esa ventana lo que resalta es lo que se ve allá atrás: la imagen prominente del palacio de La Moneda. Algunos dicen que es simbólico, que representa, de hecho, lo cerca que está de la Presidenta de la República. Pero ella no habla de eso. Tampoco de su hija, Javiera Parada, quien hace un tiempo se enfrentó a gran parte del Frente Amplio por su candidatura.

Estela Ortiz parece escoger cada palabra. Lo hace —asegura— porque le da miedo que digan mentiras, especialmente porque dice que los ataques que recibe son constantes.

—Este gobierno ha sido particularmente difícil, y han recibido distintos golpes.

—Yo creo que este ha sido un gobierno difícil desde el 2015 en adelante. Y no sólo por el caso Caval, sino porque hacer cambios estructurales no es fácil. Este es un gobierno que está haciendo reformas de fondo y muchas de esas reformas tocan el bolsillo y los valores de la elite económica. Obviamente no iba a ser fácil.

—A las leyes de infancia les pusieron urgencia. ¿Planean que sea parte del “legado de Bachelet” del que se ha hablado el último tiempo?

—Ella es la que ha puesto en el centro las políticas públicas de la niñez y adolescencia. Sin lugar a duda eso es parte del legado.