Un sobresalto tras otro. Esa es la cotidianidad en Venezuela. Parecía que el 30 de julio se acababa el mundo, que era el fin de la historia. Ni las advertencias internacionales ni las negociaciones a puertas cerradas lograron que el gobierno de Nicolás Maduro cediera en su propósito de elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Y al final de una jornada de calles trancadas y 15 personas asesinadas en protestas, se anunció que más de 8 millones de venezolanos habían participado en un proceso calificado como ilegal desde su propia convocatoria.

Que se cometería un fraude era algo de lo que ya muchos estaban convencidos. En una votación sin auditorías previas ni posteriores y sin la participación de candidatos ni testigos independientes, era de esperar que manipularan el resultado: el gobierno tenía que superar los 7,6 millones de personas que en la consulta previa rechazaron el proyecto de Constituyente.

Con todo, las horas siguientes fueron de desconcierto. Los mensajes de la coalición opositora fueron (salvo excepciones) erráticos. Y cuando se hizo público que discutían —y aún lo hacen— sobre la posibilidad de participar en las elecciones de gobernadores programadas para diciembre, las críticas fueron feroces y no exentas de cierta lógica: ¿cómo se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

En la madrugada del martes 1 de agosto, el gobierno aportó un golpe más a la sensación de derrota: a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma se les revocó el beneficio de casa por cárcel y fueron llevados nuevamente a una prisión militar.

Se ha dicho que la ANC tomará decisiones por encima del Ejecutivo, de manera que el grupo que controle a la mayoría de los “constituyentes” tendrá las riendas del país

La respuesta de la comunidad internacional, sin embargo, ha mantenido una corriente de esperanza para los opositores en medio de las circunstancias. El mismo 30 de julio, sin haberse divulgado resultados oficiales, algunos países anunciaron que desconocerían a la Constituyente y sus decisiones. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que Nicolás Maduro entraba a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una medida que implica anulación de visa, congelamiento de bienes y cuentas en Estados Unidos y la prohibición de establecer acuerdos o negocios con empresas estadounidenses, entre otras cosas.

Esa fue la primera muestra de que la advertencia hecha por Donald Trump había que tomarla en serio: si la Constituyente sigue su curso vendrán más sanciones.

Para el miércoles 2 de agosto se contaban 38 países —entre ellos Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y EE.UU.— además del bloque de 28 miembros de la Unión Europea que anunciaron no reconocer a la ANC. Hasta Suiza solicitó a Maduro que se reconsiderara el asunto. Algunos estados han planteado, incluso, sumarse a la aplicación de sanciones.

Lo que no estaba ni en las previsiones más optimistas ocurrió el mismo miércoles 2. Primero la agencia Reuters reveló que tuvo acceso a datos del CNE que muestran que el domingo a las 17:30 horas habían participado 3,7 millones de personas. En algunos centros electorales la votación se extendió hasta las 19:00 horas. Habría que asumir, entonces, que lograron duplicar el total en una hora y media. Y luego, la empresa que automatizó y está a cargo del voto electrónico en Venezuela, Smartmatic, informó que los resultados fueron manipulados.

Su director, el venezolano Antonio Mugica, le explicó a la BBC que pasaron dos días revisando las cifras para estar seguros y que prefirieron no advertir antes al CNE, es decir, a su cliente desde 2004, sobre lo que harían. En realidad también esperaron a sacar del país al menos a veinte técnicos de sus oficinas en Caracas por temor a represalias. Una auditoría al sistema —dijo— comprobaría si hubo o no fraude.

La sombra del fraude no es lo único que se instala como amenaza. Hay otro factor a considerar: su materialización. En términos prácticos, la ANC se trata de 545 personas sesionando en un salón del Palacio Federal Legislativo donde también lo hacen los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Están dadas las condiciones de logística y presupuesto?

También hay que preguntarse sobre el poder: se ha dicho que la ANC tomará decisiones por encima del Ejecutivo, de manera que el grupo que controle a la mayoría de los “constituyentes” tendrá las riendas del país. Y ahí podrían salir a escena pugnas internas y alianzas inesperadas. Se supone, además, que cada una de estas 545 personas tiene una propuesta que presentar, cosas que aspirará a que sean tomadas en cuenta. Pero lo único previsible hasta ahora es que la línea de acción bajará directo del Ejecutivo y de los cónclaves. ¿Qué pasará con las expectativas de esta gente que hoy se siente empoderada?

A esto hay que añadir algo más: para el chavismo la ANC es la promesa de un futuro mejor, de paz y abundancia en socialismo. Pero la ANC no acabará con la inflación, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad, el hambre. No es necesaria una Constituyente para resolver asuntos de políticas públicas. ¿Qué ocurrirá cuando se quiebre esa ilusión?

Los planes que han asomado hasta ahora apuntan a tomar decisiones inmediatas para anular a los diputados de oposición y procesar a los líderes de las manifestaciones de calle; ejercer mayor control de precios y mercados; destituir y llevar a juicio a la fiscal general y avanzar en la imposición de una economía “comunal”. En ese tránsito el país terminará de hundirse. Pero también, cargando con el fardo de la ilegitimidad, la habitual ineficiencia del chavismo para dar verdaderas respuestas a las necesidades del pueblo y las luchas intestinas, es posible que primero colapse la Asamblea Constituyente y se abra, finalmente, la oportunidad de un cambio.