–¿Has tenido relaciones sexuales?

Camila escucha la pregunta, pero no la entiende. Tiene 13 años y está en un consultorio de una comuna del sector sur de Santiago. Siente una molestia en la vagina.

Camila no se llama Camila, pero en esta historia recibirá ese nombre. Es menor de edad y su abogada debe proteger su identidad. Esa mañana, la niña no podrá responder la pregunta. Horas después una asistente social le explicará y, entonces, dirá que sí.

–Sí, con mi padrastro.

Hace dos años que venía ocurriendo. Esa revelación la hizo cuando su madre salió de la sala. Sola con la asistente social, esta le pregunta si su mamá sabe. Ella asegura haberle contado que el padrastro –papá de sus dos hermanos menores– la tocaba. Pero que no le creyó y ella no volvió a mencionarlo.

Cuando le dicen a la mamá, ella la increpa: “¿Cómo se te ocurre decir eso?”.

La asistente social inmediatamente dio aviso al fiscal y a Carabineros. Mientras se hacían las gestiones para trasladarla al Servicio Médico Legal (SML), le practicaron un test de embarazo. El resultado: positivo. En el trayecto al SML, Camila comenzó a sangrar. La niña no entendía lo que le ocurría. Los exámenes médicos arrojaron que sufrió una pérdida.

Ese mismo día, el fiscal mandó su caso a los Tribunales de Familia. La asistente social se dio cuenta de que la mamá estaba en negación. No creía que su pareja fuera capaz de eso y que lo más probable era que su hija, que pasaba el día entero sola en casa con sus hermanos –de 11 y 9 años– junto al padrastro, estuviera mintiendo. No podía creerle. La mamá trabajaba de día  y su pareja de noche. Confiaba en él.

En ese momento los intereses del adulto se contrapusieron con los del niño.

Es ahí, entonces, cuando la abogada Rosalía Salazar aparece en esta historia. Ella representaría a Camila.

***

La jornada de la abogada Rosalía Salazar parte a las 6:30 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Tiene 40 años y estudió en la Universidad Bolivariana. Sabe que no escogió la parte del derecho que “da plata”. Trabajar en infancia está lejos de ser rentable.  Comenzó en el área de protección del Hogar de Cristo y hoy está en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) —un servicio público, sin fines de lucro, que presta asesoría y patrocina judicialmente a los que no cuentan con recursos económicos—, específicamente en la oficina del Centro Integral por los Derechos del Niño,  sede San Miguel, que tiene cinco abogados, dos psicólogos y dos asistentes sociales.

Salazar es una curadora ad litem —del latín “a los efectos del juicio”—. Su trabajo es representar a menores de edad cuyos derechos han sido vulnerados: niños maltratados, abusados o abandonados.

 Los Tribunales de Familia  designan un abogado curador cuando descubren que los padres no les dan credibilidad a sus hijos o son incapaces de denunciar el hecho cuando saben que ocurrió.

Salazar es la visión de los niños frente al juez, su última oportunidad.

En 2004, con la ley que creó los Tribunales de Familia, apareció esta figura del “curador”. Los jueces deben designarlos. Pueden ser los abogados de la CAJ o de cualquier institución pública o privada que se dedique a la protección de los derechos de los niños. La Universidad Diego Portales, por ejemplo, cuenta con una clínica jurídica.  También están las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y la Fundación Integral de la Familia (Fidef).

Las sentencias pueden determinar que los niños afectados lleguen al Sename, ya sea a programas ambulatorios o permanentes.

—Nosotros le damos cuerpo a la causa, hacemos que no se muera. Es reparador para las niños saber que lo que ocurrió no quedó en nada, que no están solos y que se   hará justicia —señala Salazar.

Ella o cualquier abogado curador ad litem_gana, aproximadamente, $1.400.000 pesos mensuales. Si trabajase en  el sector privado, o en un área lejana a la protección de menores, podría percibir tres o cuatro veces esa suma al mes.

Para esta curadora, las causas no son sólo expedientes. Detrás de cada carpeta hay una cara, el rostro de un niño vulnerable o en peligro que ella defiende.

Salazar tiene una memoria privilegiada. Apenas  escucha un nombre, recuerda la historia del niño, la residencia temporal donde está y las intervenciones en tribunales.

–El día que a uno le deje de importar algún niño, se tiene que ir de este trabajo.

Un par de comunas más allá de San Miguel, en la calle San Antonio, están las oficinas de la sede de Santiago Centro de la CAJ. Séptimo piso a la derecha, una secretaria, de esas que aún sonríen, recibe a los que llegan a pedir asistencia judicial. El lugar está atochado de practicantes de derecho instalados en pequeños escritorios. Un computador al lado de otro. Parece más un call center que una oficina de abogados.

Joseline Lagos, abogada de la Universidad de Concepción, trabaja en una pequeña sala.  La rodean montañas de carpetas que se acumulan hasta el techo.  Más de mil amontonadas arriba de los muebles. Son las causas que lleva, son los niños que defiende. Todas en papel, nada digital.

Hace dos años que Lagos es curadora ad litem. El equipo de la CAJ de Santiago Centro, compuesto por cuatro abogadas, una asistente social y una psicóloga, lleva un total de 1.500 causas que les llegan directamente del Tribunal de Familia.  No importa cuántos casos ya lleven, estos curadores no pueden decir que no, aunque el tiempo no les alcance.

Descuidar una causa implicaría que la vulneración siga, que el niño continúe compartiendo techo con el abusador, que no se realicen tratamientos psicológicos que ayuden a asuperar el trauma.

Cuando es designada por el juez, Lagos debe ir a una audiencia preparatoria. Allí escucha las vulneraciones que sufrió el niño,  abusos o negligencias. En ese minuto comienza su trabajo.

Los curadores  se involucran desde el inicio de la causa hasta que se dicte sentencia.  Deben asegurarse de que la pena se cumpla.

Joseline Lagos tiene a su cargo 380 causas.Dice que ese número es su límite y ya hizo una  solicitud vía jefatura y dirección regional para tener más abogados. Por lo menos, dos más.

Rosalía Salazar está a cargo de 77 causas. Tiene un tope máximo de 80 (por abogado) porque en el área donde trabaja en San Miguel ven solamente causas complejas. Ese número máximo determina la dedicación que se puede dar a cada niño. En todas las sedes de la CAJ tienen alumnos en práctica que los apoyan, pero a los que no se les pueden delegar los casos.

–Uno sabe el número que puede abarcar. Y ese número no es ilimitado. Con los practicantes se supervisa. Dada la urgencia y gravedad de los hechos, hay que estar encima. Dejar en el olvido una causa  tiene consecuencias en la vida de un niño —explica Salazar.

Olvidar una causa, no tramitarla o esperar más de lo normal implica que la vulneración siga, que el niño continúe compartiendo techo con el abusador, que no se realicen tratamientos psicológicos que ayuden a superar el trauma. Cada causa es una historia.

***

No fue sino hasta el día que la violó su marido delante de sus hijos cuando se cambió de bando. En ese momento, la mamá de Camila, ahora víctima del mismo hombre que su hija,  comenzó a creer en el relato de la niña. Tuvo que asimilar, con horror, que ese mismo hombre al que conoció cuando arrancó del sur, de otra vida de abusos, era un violador que acechaba a su hija apenas ella salía de su casa a trabajar.

La mamá de Camila ya había sido víctima anteriormente. El verdadero padre de la niña la tenía sumida en una vida de abuso y de maltrato, de la que escapó.  Por eso, el que su actual pareja la agrediera sexualmente quebró su confianza en él. Se sumaría el testimonio de su hijo menor (9) que aseguró haber sido testigo cuando su papá violaba a su hermana. El niño estuvo dispuesto a declarar en contra de su propio padre.

Tras expulsarlo por primera vez de su casa, la madre juró que él pagaría por lo que hizo.

Con la mamá de su lado, la niña por fin comenzó a narrar lo que sucedía. Habían sido demasiados meses de silencio.

La madre ganaba 100 mil pesos mesuales  y ya no contaba con el apoyo monetario de su ex pareja.  Para poder ir a declarar, eran los mismos practicantes los que se turnaban para llevarlos en auto. En la sede de la CAJ de San Miguel se hicieron campañas para conseguir  mercadería y útiles escolares para los niños de esa familia.

***

El Centro de Justicia de Santiago parece nunca detenerse. El lunes 6 de marzo aparece Rosalía Salazar en el ascensor. Viste blusa blanca, pantalones oscuros y chaqueta negra. Tal como todos los días de la semana, debía asistir a audiencias en representación de niñas y  niños. Lleva lentes de sol y se los quita para intentar leer la sala en que le toca alegar. Afuera de la 501 esperan familiares y amigos que se ríen fuerte, mujeres que esperan impacientes que se abra la puerta. Una niña de cinco años escucha reggaeton en el celular de su mamá. Entremedio, cabizbajo y sin hablar, se encuentra J.B., un hombre acusado por  abuso sexual y contra el que Salazar se querelló. La abogada ingresa y cierra la puerta.

La audiencia no dura más de quince minutos. La defensa del acusado pide 541 días de pena. Rosalía, con voz fuerte, habla por el micrófono. Dice que tiene que hablar con la familia, que la víctima es una niña, que J.B. vive a dos cuadras. Pide que se amplíe la investigación y que vuelvan a analizar la pena. El fiscal, que se sienta junto a ella, está de acuerdo. La audiencia se pospone.

Un rato más tarde dirá que esos 541 días de prisión son insuficientes. Que no puede aceptarlo. Y menos si el acusado sigue viviendo cerca de la menor y víctima.

“La red Sename no da respuesta. Yo puedo pedir todas las cautelares, pedir todas las intervenciones, pedirle al tribunal que ponga plazos. Pero a ellos, en lo concreto, no les dan respuesta”, dice la abogada Rosalía Salazar.

Las causas suelen durar un año, cuando menos. Son procesos duros donde frecuentemente, dice, “chocan con una pared”. Los casos más complejos, de vulneraciones severas a los derechos de un niño,  se tratan en San Miguel. A veces existe la duda sobre si seguir o no, un punto de quiebre.

Para Rosalía fue en febrero de 2016. Había cumplido con todo lo legal, con las etapas que se debían,  pero nada cambiaba. Nada específicamente en las causas que involucraban al Sename.

–La red Sename no da respuesta. Yo puedo pedir todas las cautelares, pedir todas las intervenciones, pedirle al tribunal que se pongan plazos y se cumplan. Pero a ellos, en lo concreto, no les dan respuestas (…). Los niños no tienen atención. Un niño que se está tratando de matar necesita intervención inmediata y no existe. En los hospitales no hay camas sino sólo lista de espera, aunque lo ordene el Tribunal. Debe ser el Sename el que tome las medidas necesarias para su situación. Ellos dicen que no tienen esa posibilidad. En las residencias tampoco tienen el personal adecuado para dar este tipo de asistencia. Yo veo la vulneración, soy abogada del niño, pero no puedo hacer nada más que lo legal —dice la abogada.

Ese verano de desolación, como le llama ella, coincidió con una reestructuración en la CAJ de San Miguel y le ofrecieron pasar al área penal. Desde entonces puede querellarse y logra encerrar al culpable de la vulneración de derechos o  ayudar en el proceso de reparación del menor.

La jueza de familia y encargada de curadores ad litem, Gloria Negroni, dice que esta figura fue creada para casos específicos. Hasta ahora, sigue siendo una facultad del juez designarla —no una obligación—, para proteger los intereses de los niños que han sido vulnerados.

—Nosotros comenzamos a masificarlos, entendiendo que hay una obligación de defensa en los derechos de los menores. Estamos cambiando la mirada. El niño es un sujeto de derecho y por eso debe contar con un abogado que represente sus intereses —asegura. Pero no es suficiente. La ley no contempla una normativa que rija el actuar de los curadores ad litem, ni que defina detalladamente el rol que deben cumplir.

Según Negroni, debería ser el Estado el que, por obligación, les proporcionara abogados a los niños. Así se contaría con los recursos económicos necesarios para proveer de abogados a los menores y el sistema no estaría colapsado.

***

Tres años y dos meses pasaron desde el día de aquella denuncia por violación en el consultorio hecha por Camila (13), hasta la sentencia del juez. Tres años y dos meses de negación, de intentos reparatorios, de aprender a aceptar una verdad. Madre e hijo declaran en contra de quien fuera esposo y padre, pero que terminó siendo un violador.

El magistrado, con un público expectante, dicta la sentencia: 15 años de cárcel.

—¡Te lo dije! —le grita la madre de Camila a su ex pareja, mirándolo a los ojos, apuntándolo con el dedo, sin temor.

Y esa mañana de julio de 2016 se vuelve inolvidable. Se convierte en un triunfo.