Cada vez que iba al baño de su casa, a Arturo Acevedo, de 11 años, le daban ganas de vomitar por el olor de los cerdos. El niño recuerda la escena mientras observa el paso de un tren de carga de la empresa KDM que se dirige al relleno sanitario de Montenegro, en la comuna de Til Til. Allí llega la basura de más del 50% de los habitantes del Gran Santiago. Lo rodea un extenso hoyo que solía ser un embalse lleno de agua, pero que hoy está prácticamente seco, debido a la sequía que invade a este pueblo agrícola desde hace 10 años. En medio de cerros y espinos, un par de casas desmanteladas son los últimos vestigios de lo que fue una planta de tratamiento de residuos.

Arturo vive junto a su madre y dos hermanos en Rungue, una localidad rural de Til Til, que hoy enfrenta un nuevo conflicto social: el pasado 29 de diciembre la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó la instalación de una empresa de tratamiento de residuos peligrosos, un proyecto de US$ 85 millones de la empresa Ciclo Chile. El proyecto, que se ubicará a 3,5 km de Rungue, ha desatado la indignación de la gente, los que están decididos a agotar todas las instancias legales para que este no se lleve a cabo.

Los vecinos de Til Til tienen que convivir con un criadero de cerdos, un relleno sanitario, una planta de tratamiento de lodos orgánicos y la cárcel Punta Peuco. “Estamos saturados”, dicen.

Y es que parte de estos residuos serían compuestos químicos y metales pesados como cianuro, asbesto, arsénico y el plomo, y los vecinos temen que los malos olores se intensifiquen, que se dañe la flora y fauna, se contaminen el aire y las napas subterráneas y que la congestión aumente producto de los 50 camiones diarios que ingresarían a la planta, si es que llega a construirse.

La historia de la lucha de Til Til para dejar de ser “el vertedero de Santiago” tiene varios años.

Sólo en las localidades de Rungue y Montenegro —ubicados a siete kilómetros de distancia—  se concentran un criadero de cerdos (Porkland), el relleno sanitario Loma Los Colorados (KDM), una planta de tratamiento de aguas servidas y de lodos orgánicos (Aguas Andinas) y el tranque Relave Ovejerías (Codelco). Las demás localidades conviven con la cárcel Punta Peuco y un centro para detención de menores, el relave minero Las Tórtolas (Anglo American) y la planta de cementos Polpaico.

Ubicada al noroeste de la Región Metropolitana, los 18 mil habitantes tienen la calle principal pavimentada, mientras que los caminos interiores son de tierra. Todavía se ven caballos, cultivos y terrenos baldíos. A 60 kilómetros de Santiago, los tiltileños deben lidiar con el aislamiento y la falta de agua potable. Es una comuna extensa —tiene una superficie de 750 kilómetros cuadrados— lo que explica que compañías de tratamiento de residuos se instalen en esta zona.

¿Por qué Til Til?

 “Existen sólo dos zonas en la región donde se permite la realización de actividades peligrosas: Til Til y Lampa”, sostiene Damián Tomic (35), director y gerente general de la empresa Ciclo Chile. El ingeniero civil de la Universidad Católica con estudios de medio ambiente en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, fundó la compañía en 2011, y este proyecto —denominado Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI)— es el primero y único.

Lampa era inviable para el tipo de proyecto que buscaban, debido a que el tipo de suelo presentaba riesgos de desbordes e inundaciones, lo que dejó a Til Til como la única opción.

El porqué de la atracción de Til Til  hacia las empresas de tratamiento de residuos tiene que ver con el Sistema de Evaluación Ambiental, que no interviene en la planificación territorial. La comuna no tiene plan regulador propio, por lo que queda a disposición del Plan Regulador Metropolitano, que incluyó a Til Til en 1997 y sigue funcionando de la misma forma hasta hoy. Pero la comuna ya no es lo que era hace 20 años.

Tomic se dio cuenta de que la Región Metropolitana contaba sólo con una planta de tratamiento de residuos industriales peligrosos. La empresa Hidronor opera en Pudahuel desde hace más de 20 años, por lo que se estima que su vida útil es cada vez menor y, actualmente, está al borde de su máxima capacidad. Si Hidronor caduca, la zona central no tendría una solución para recibir sus residuos de forma efectiva, ya que las únicas empresas que cumplen con condiciones parecidas se ubican en Copiapó y Talcahuano.

En 2010 el 48% del total de los residuos peligrosos del país se eliminó en la Región Metropolitana, y el 77% de estos desechos llegó a parar a Hidronor, según el Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos. En tanto, en 2015 la cantidad de desechos eliminados fue de 33%, es decir, un tercio de la cantidad de desechos total del país se deposita en el área metropolitana. El nuevo relleno de seguridad, que operaría por 30 años, vendría a satisfacer esta necesidad.

En junio de 2015 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le dio el visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental realizado por Ciclo Chile, que luego se aprobó en diciembre. Aunque la empresa cumple con todos los permisos, una gran parte de la comunidad rechazó el proyecto en el proceso de consulta ciudadana, que duró dos meses. Aunque el proyecto no operará con residuos explosivos, radiactivos ni domiciliarios biodegradables, despierta desconfianza.

Jimena Muñoz (44) vive desde hace seis años en Rungue y siente que no recibe los beneficios de las industrias que se instalan alrededor. “No queremos más empresas contaminantes”, dice. A la entrada de su casa flamea una bandera negra, como manifestación de que el pueblo está de luto ante la llegada de otra compañía de esta naturaleza.

Damián Tomic entiende que para instalar la planta en Rungue tiene que vincularse con sus habitantes y ayudarlos en su desarrollo. Está convencido de que empresas de esta naturaleza pueden hacer las cosas bien en Til Til. Por esto les planteó a los vecinos un acuerdo de otorgarle a la comunidad  el 7% de las utilidades de la empresa después de impuestos, con un mínimo garantizado de 2.000 UF al año. “Si a Ciclo le va bien, a Rungue le va bien”, dice.

El ingeniero asegura que el proyecto cuenta con los planes de contingencia necesarios y tecnología de punta que les permitiría operar sin impactar la calidad de vida. Aun así, la gente no confía.

La batalla legal

Las principales empresas de la comuna están tomando acciones para mejorar su relación con la comunidad, organizando mesas de trabajo con sus habitantes. El 70% de los 210 puestos de trabajo en KDM es cubierto por habitantes de la comuna o localidades cercanas. Además, según señalan los mismos vecinos, la compañía entrega agua potable a más de 400 habitantes.

Pero no es suficiente. Por eso, este verano la lucha para dejar de ser el basurero de Santiago pasó de las protestas a los tribunales.

El alcalde Nelson Orellana, electo por el Pacto Chile Vamos, está liderando la batalla legal, no porque no quiera empresas en el sector, sino que considera que la comuna se saturó de compañías que impactan el medio ambiente.  “Aquí hay un problema de autoestima de los vecinos, de sentirse ciudadanos de segunda clase”, expresa.

El pasado 17 de febrero la abogada de la alcaldía interpuso un recurso de reclamación en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, alegando que las observaciones vertidas por los vecinos no fueron consideradas.

Las esperanzas están puestas en la decisión del Comité de Ministros (Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería) que da su veredicto en abril o mayo. Ni el Seremi ni el Ministerio de Medio Ambiente quisieron referirse a este tema.