En las 24 páginas del currículum de Ana Balsa, la palabra que más se repite, tanto en inglés como en español, es salud. Y es que luego de finalizar su doctorado en Economía Política en la Universidad de Boston, donde se graduó con una tesis centrada en las desigualdades del sistema de salud, la académica de la U. de Montevideo se ha convertido en un referente a nivel continental en políticas sanitarias, al concebir la salud como el resultado de interacciones sociales, de la posición de cada persona en la sociedad y de las expectativas. Además, ha demostrado el efecto de los pares en el consumo de alcohol por parte de los adolescentes, que sería un mecanismo para subir su popularidad.

Invitada esta semana a Chile por el CEP, la académica analizó el escenario de la salud, sus costos y las políticas públicas que diferencian a Uruguay de nuestro país.

Conflicto Cannábico

El 10 de diciembre de 2013 culminó la aprobación de la ley que legalizó a la marihuana en Uruguay. A contar de esa fecha, se habilitaba el autocultivo de seis plantas por hogar, previo registro ante la autoridad. También se iniciaban las gestiones para la producción nacional de cannabis y la venta en farmacias. A tres años de este hito, Balsa dice que su país está lejos de ser el paraíso del cannabis, porque la ley no se ha podido implementar del todo y agrega que han sido pocos los avances en cuanto a su aplicación, en gran medida porque los farmacéuticos no han querido vender la droga. A su juicio, la ley se gestó sin mucha idea de cómo se iba a poner en marcha y, a medida que se empezó a ejecutar su implementación, se encontraron escollos en el camino, que no han sido fáciles de resolver.

Las cifras son decidoras. En noviembre, la escasez de la marihuana legalmente producida llevó a que sólo se pudiera cubrir el 25% de la demanda, y distintas organizaciones pro cannabis han cuestionado la falta de stock. En paralelo, el 72% de la población rechaza la venta en farmacias, que ya no se concretará este año, pues el presidente, Tabaré Vásquez, aplazó para 2017 el expendio farmacéutico de la droga.

Ante estos contrastes, la especialista uruguaya señala que “fue muy curioso que después de tener una de las campañas más fuertes del mundo prohibiendo el tabaco en todas sus expresiones, surja esta ley de legalización de la marihuana. Fue bastante contrapuesto, sin además un mensaje claro a la sociedad de los efectos negativos de esta droga”. Precisa que, a pesar de ello, hay algunos argumentos como el de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se comparte, pero que nadie tiene seguridad de cómo va a terminar lo que el presidente Mujica llamó “un experimento sicosocial”, cuyo fin era bajar el consumo de pasta base. Y que no se estaría logrando.

La académica plantea, además, que el gran defecto de la campaña de la marihuana en Uruguay es que no entregó a la sociedad herramientas para considerar que es dañino su consumo. Que no se habló de los efectos negativos, se mencionaron sólo sus beneficios.

Chile no ha estado alejado en el último tiempo del debate por la despenalización de la marihuana. Así, mientras el alcalde Rodolfo Carter dispuso el cultivo medicinal de la droga en La Florida, el tema ha sido abordado por los presidenciables, como la propuesta de Ricardo Lagos de que el Estado suministre droga a las personas adictas cuyos casos no son recuperables, para evitar otros delitos e impedir que ingresen recursos a los narcotraficantes.
—La adicción es una enfermedad, encarcelándolos no vas a resolver ese problema. Como es enfermedad, requiere tratamiento. Yo intentaría rehabilitarlos antes que pensar en darles droga—responde Balsa.

Humo negro

A pesar de que las cajetillas que se venden en Chile están cruzadas por fotos que grafican los daños del humo y la nicotina, y que la Ley 20.660 de tabaco prohíbe consumirlo en lugares cerrados accesibles al público, las cifras sitúan a los chilenos como los más fumadores del continente.

El último Informe sobre el control del tabaco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evidenció que, a pesar de ser Chile uno de los países con mayor gravamen a los cigarrillos —representando el impuesto supera el 80% de su precio de venta al por menor— sigue siendo en 2016 el país que más cigarros consume en América Latina.

"Fue muy curioso que después de una de las campañas más fuertes del mundo prohibiendo el tabaco, surja la ley de legalización de la marihuana. Fue bastante contrapuesto, sin  un mensaje claro a la sociedad de los efectos negativos de esta droga"

Por el contrario, Uruguay es uno de los países que más ha reducido el tabaquismo en la última década. Mientras los jóvenes chilenos fuman 23 cigarrillos, los uruguayos sólo encienden ocho. Balsa explica que esto se logró gracias a cómo se manejó la campaña antitabaco desde 2005. “Lo interesante es que, si bien los precios tuvieron efecto en la caída, los impactos más importantes no provienen de impuestos. Sí podemos decir que esa acumulación de medidas fue de las que generaron mayor caída en la prevalencia”, comenta.

La arremetida sanitaria uruguaya no sólo consideró un alza de los precios y aumentó los impuestos, como Chile. También tomó otras medidas, como disponer una línea telefónica para ayudar a tratar la dependencia a la nicotina, y el sistema de salud cubre los gastos de la terapia de sustitución de nicotina en su totalidad, asegurando también la cobertura del tabaquismo en los centros de salud.

—Los economistas estamos un poco sesgados al creer que los precios son los que generan mayores cambios conductuales y no fue lo que vimos. Y lo otro es que se pueden generar en espacios cortos de tiempo cambios importantes en lo que son conductas riesgosas. Chile subió el precio y el consumo no bajó demasiado.

Balsa explica que el buen resultado en Uruguay fue gracias a las acciones complementarias que la prevalencia del consumo de tabaco en su país bajó del 35% al 25%, mientras que en Chile está alrededor de un 40%. Además, destaca que tras finalizar la campaña, más del 40% de mujeres embarazadas dejó de fumar, mientras que previa a ésta sólo un 15% de las embarazadas de primer trimestre lo hacía. La especialista dice que este cambio “es realmente grande. Si bien Argentina y Chile también implementaron medidas, los efectos en Uruguay fueron más importantes”.

Salud a la chilena

Otro tema que preocupa a la investigadora es la baja cobertura de la salud mental en Chile y América Latina. Su diagnóstico es que los problemas de estrés, depresión y ansiedad son muy prevalentes y que hay que buscar un modelo de mayor cobertura.

La académica dice que la crisis en el nivel sanitario va de la mano de los cambios sociales. Además de la baja en la tasa de natalidad, y los cambios en las enfermedades, la población mundial está viviendo más años y eso genera que sistemas sanitarios creados para determinadas pirámides poblacionales hoy en día sean deficitarios. Y esto también se aplica a las pensiones.
—Tenemos que ver cómo hacer más sostenibles estos sistemas, para un perfil de población que va a vivir muchos más años, que no sabemos cuál es su vida útil, cuántos años más podrá trabajar, y si es viable aumentar la edad de jubilación. Vivimos más años, pero no sé si los vivimos muy bien —explica.
Su diagnóstico sobre la sanidad chilena es lapidario. “Es un sistema bastante fragmentado, a pesar de que ha habido intentos para generar bases comunes a la población, tiene una cobertura que es bastante inequitativa. Y a nivel de eficiencia, cómo hacer para que no haya retroalimentaciones negativas, por la existencia de sistemas paralelos. Se tiene un sistema privado, que se queda con las personas menos riesgosas y con más poder adquisitivo, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de las personas con mayores costos. A eso se suma un poco la judicialización de las isapres, que intentan poner cotas.

—Chile va a tener que transitar a un sistema más equitativo, donde haya más solidaridad entre riesgos y solidaridad entre ingresos, porque si bien la competencia por los precios que mantienen las isapres reduce la selección adversa, por otro lado sería más inequitativo —afirma.
A su juicio, ese es un tema que hay que definirlo políticamente y, luego, tratar de regular el sistema de la mejor manera posible, para cumplir con los objetivos país.

Según Balsa, una manera de tratar de configurar un nuevo sistema de salud sería mirar lo que se ha hecho en Europa. Eso sí, destaca: “Cada país tiene su idiosincrasia cultural e institucional que es importante respetar, uno no puede importar un modelo de otro lado, porque esas cosas en general no han funcionado. Lo que hay que tratar de hacer es amoldar las instituciones que son respetadas y arraigadas en la cultura del país y cómo generar cambios”.

Otro tema que preocupa a la investigadora es la baja cobertura de la salud mental en Chile y América Latina. Su diagnóstico es que los problemas de estrés, depresión y ansiedad son muy prevalentes y que hay que buscar un modelo de mayor cobertura. “En la medida que no ataquemos eso, se van a extender los gastos del sistema. La sociedad aún no se ha dado cuenta de la magnitud de ese problema y de los costos sociales que está generando”.