Los problemas de dinero en el Ejército están lejos de llegar a su fin. Al menos no en el corto plazo. A la polémica generada por el denominado caso Milicogate, relacionado con el desfalco de recursos en el contexto de la Ley Reservada del Cobre, y la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte por el supuesto enriquecimiento ilícito del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, se suma un nuevo elemento: el informe final 256/2016 de la Contraloría General de la República que da cuenta, según se lee, de un desorden generalizado y falta de control de la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército (Temge ), unidad dependiente de la Dirección de Finanzas del Ejército, a través de la cual la institución castrense paga los compromisos que suscriben a los menos 52 centros financieros que conforman la entidad, o sea gran parte de los dineros de la institución pasan por esta división. Fue por ello que entró en la mira del organismo contralor. “En este caso, se ponderó el alto riesgo inherente asociado a la cuantía de recursos financieros que administra la citada entidad para cumplir con las funciones que le son propias”, señaló Contraloría al ser consultada.

Así, el organismo detectó una serie de problemas que van desde pagos irregulares en fotocopias hasta millonarias compras de pasajes sin justificación y deficiencias en procesos de licitación y compras públicas.

“De las diversas fiscalizaciones realizadas al Ejército de Chile, se han identificado deficiencias de control en los pagos y gastos efectuados, referidas principalmente a la falta de antecedentes de respaldo que certifiquen los servicios contratados y la recepción de los bienes”, se lee en la auditoría.

El análisis fiscalizó los pagos efectuados por la Temge en 2015. En total fueron $5.175 millones, de los cuales se auditó una muestra correspondiente al 33,7% de ese total, es decir, $1.745 millones. Según se lee en el reporte, que ya se encuentra publicado en la web, el análisis se centró en las partidas presupuestarias relacionadas con acceso a internet; enlaces de telecomunicaciones; pasajes, fletes y bodegajes; gastos menores y deuda flotante. Todo esto relacionado a los centros financieros ubicados en la Región Metropolitana. Además, se analizó una partida no incluida en la muestra estadística por un ítem presupuestario relacionado al arriendo de maquinaria y equipo, ejecutada por la Jefatura de Adquisiciones del Ejército, que suma $183.077.707 y que corresponde a once comprobantes de egreso emitidos por la Temge entre junio de 2015 y febrero de 2016. De esta partida se analizó el 100% de los pagos, egresos emitidos por la Temge entre junio de 2015 y febrero de 2016. En este punto se examinó el 100% de las transacciones, dado que el proveedor involucrado —Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.—, de acuerdo al informe, se encuentra cuestionado por la utilización de facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El reporte — que fue despachado el 23 de agosto al alto mando del Ejército y también al ministro de Defensa, José Antonio Gómez— fue claro: existen problemas de control; situación que no era nueva. “De las diversas fiscalizaciones realizadas al Ejército de Chile, se han identificado deficiencias de control en los pagos y gastos efectuados, referidas principalmente a la falta de antecedentes de respaldo que certifiquen los servicios contratados y la recepción de los bienes”, se lee al inicio del documento de casi cien páginas.

Y si lo anterior fue el origen y la justificación de la indagatoria de la Contraloría, los resultados finales sólo profundizaron las dudas y confirmaron las sospechas. “Se verificó que la Contraloría del Ejército de Chile, Contrae, para el período comprendido entre los años 2013 y 2015, no efectuó auditorías a la mencionada entidad, realizando solamente inspecciones a las unidades que solicitan a la Tesorería que proceda al pago respectivo”. Las consecuencias: una seguidilla de pagos sin control ni regulación alguna.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

El 24 de septiembre de 2014, la Jefatura de Comunicaciones —dependiente del Comando de Telecomunicaciones del Ejército— autorizó la licitación pública para contratar los servicios de internet por tres años. Dicho proceso terminó con la adjudicación del servicio a Entel (por $449 millones el trienio); Telefónicas Empresas (por $70 millones) y Telefónica Coyhaique, por $67 millones. En total, los contratos sumaban $586,6 millones.

La normativa establece que cualquier contrato que supere las 5.000 UTM debe ser sometido a toma de razón por parte de Contraloría. En el caso de Entel, este sumaba $449 millones, equivalentes a 10.974 UTM, un 119% más que el valor mínimo afecto a dicho trámite. Pese a ello, el Ejército no sometió el documento a ningún control de legalidad. Aún más, las bases administrativas y técnicas del proceso tampoco tuvieron el visto bueno del fiscalizador, señala el reporte de Contraloría.
Si bien el Ejército confirmó los hechos, aseguró que el no someter el contrato de Entel a toma de razón respondió a que consideraron el monto anual del contrato ($125 millones más IVA) —que no supera las 5.000 UTM— y no el acumulado en el trienio. La respuesta no satisfizo al organismo, por el contrario, calificó la irregularidad como altamente compleja.

El problema de estos acuerdos no se redujo sólo a lo anterior. Contraloría detectó que el pago a Entel y a Telefónica Coyhaique se efectuaba emitiendo solamente un “acta de recepción cualitativa y cuantitativa”, registrando una aceptación conforme al reverso de cada factura, sin adjuntar otros antecedentes que acreditaran que los servicios solicitados se recibieron en la calidad pactada. “El hecho descrito no permitió verificar que las prestaciones acordadas hayan dado cumplimiento o no a los criterios y las exigencias consignadas en los respectivos contratos”.

Ante tal conclusión, el Ejército tomó medidas: mandató la implementación del “Libro de revista de Internet”, mediante el cual los oficiales de semana de la Jefatura de Comunicaciones registrarán el estado del servicio periódicamente.

Pero los cuestionamientos no llegaron hasta ahí.
Contraloría detectó irregularidades de carácter altamente complejo, en los convenios relacionados con el arriendo de impresión y fotocopiado. Se verificó que mediante un comprobante del 22 de febrero de 2016, se pagaron dos facturas (por $25 millones y por $12,7 millones) a Importaciones y Exportaciones Tecnodata, cuya fecha de emisión fue posterior al término del contrato. Aún más, se estableció que las sumas pagadas por la Temge superaron la cuantía mensual pactada en el acuerdo.
Si bien, el Ejército planteó sus descargos, Contraloría fue clara: “Por lo expuesto, se mantiene lo observado y se observa la suma de $37,8 millones”.

VUELOS EN LA MIRA

Entre el 24 y el 30 de noviembre de 2015, el Comando de Personal, Pasajes y Fletes emitió 106 órdenes de compra para la adquisición de pasajes aéreos. En total fueron más de $55 millones en tickets, es decir, UF 1.053,7. Pese a superar las 1.000 UTM no se efectuó llamado a través del Sistema de Compras Públicas, contraviniendo el decreto 250 del Ministerio de Hacienda relacionado con grandes compras, que obliga a comunicar la intención de adquisición a todos los proveedores que estén adscritos al convenio marco. “La situación detectada pudo haber significado que el Ejército de Chile no aprovechó las condiciones de precio y ofertas existentes en el mercado”, se lee en el informe.

En la misma línea, Contraloría verificó 40 órdenes de compra de pasajes que carecían de la documentación que respaldara y autorizara dicha solicitud, o bien estos documentos de respaldo fueron emitidos por las diferentes unidades en forma posterior a la adquisición. Se trata de 35 vuelos LAN y 4 SKY efectuados en 2015. Tal situación —dijo Contraloría— vulnera la normativa que obliga que los pasajes sean comprados con la debida antelación para acceder a tarifas más económicas; aun más, la regulación dice que los tickets nacionales deben adquirirse con un mínimo 10 días de anticipación a excepción de que ocurra una urgencia. Y esa fue justamente la explicación del Ejército al órgano contralor: “Las solicitudes efectuadas por parte de la unidad requirente fueron realizadas bajo el concepto de ‘pasajes solicitados por imprevisto’”. Sin embargo, gran parte de los tickets, señala el informe, fueron para asistir a ceremonias o comisiones administrativas previstas con antelación, por lo que no se amparan en lo explicado por la institución castrense. Contraloría sólo levantó la observación respecto a 12 pasajes relacionados con la dotación Antártica 2015, los cuales fueron adquiridos de manera imprevista por condiciones climáticas.

GASTOS IMPROCEDENTES

Entre el 24 y el 30 de noviembre de 2015, el Comando de Personal, Pasajes y Fletes emitió 106 órdenes de compra para la adquisición de pasajes. En total fueron más de $55 millones en tickets, es decir, UF 1.053,7. Pese a superar las 1.000 UTM no se efectuó llamado a través del Sistema de Compras Públicas.

Una factura a Sodimac por $1,7 millones pagada por la Dirección General de Fomento Equino y Remonta (Digefer), llamó la atención de Contraloría. Si bien ese monto había sido pagado en su totalidad a comienzos de enero, existían notas de crédito que anulaban esa operación, las cuales no estaban en el expediente de rendición. Si bien la Dirección en cuestión señaló que la nulidad se debió a que los productos comprados no estaban finalmente en la casa comercial, Contraloría detectó que tal explicación no se condecía con el acta de recepción de la factura que justamente asegura que “los materiales fueron recibidos conformes en calidad y cantidad”. Lo advertido —subraya la auditoría— vulnera el Decreto Ley 1.293 que obliga a que los ingresos o gastos de los servicios del Estado cuenten con el respaldo de la documentación original para justificar tales operaciones.

Tras la acusación, la Digefer reconoció que efectivamente se compraron artículos de ferretería para el criadero militar Haras Nacional. En su oportunidad, los productos fueron retirados de Sodimac, y el comandante a cargo no informó que quedaban elementos pendientes por sacar, procediendo al pago.

Posteriormente y dado lo ocurrido, el jefe de criadero, también sin informar, generó las notas de crédito, derivando en la situación cuestionada por Contraloría. El Ejército dispuso instruir una investigación sumaria administrativa para identificar las responsabilidades. El órgano contralor, en tanto, mantuvo lo objetado, quedando los $1,7 millones en la categoría de “gastos improcedentes”.

AUSENCIA DE TRANSPARENCIA

El Ejército de Chile no pasó el examen de transparencia. Son múltiples las observaciones que realizó Contraloría referentes al grado de cumplimiento de la Ley del Lobby; en varios puntos quedaron al debe.
La auditoría detectó que aún existen 134 encargados de compras que no han sido designados sujetos pasivos, entendiendo que por Ley de Transparencia las personas a cargo de adquisiciones deben ser parte de esta lista. Además, se constató que el Ejército no ha publicado, tal como lo exige la ley vigente, la identificación de los funcionarios que han participado en comisiones evaluadoras para compras públicas. “Dicho incumplimiento se verificó en 218 adquisiciones, correspondientes a la suma de 395 integrantes”, se lee en la auditoría.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, ingresaron 71 solicitudes de audiencia a la institución castrense, sólo 33 fueron aceptadas y en la gran mayoría de ellas (84,8%) no se detalló la materia abordada. El órgano contralor detectó, además, un alto porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo, registros incompletos de las reuniones, viajes no publicados, gestores de intereses incorrectos, entre otras cosas. Aún más, acusó falta de igualdad de trato. Constató que el Ejército otorgó audiencia a 15 empresas que no se encontraban en el Registro Especial de Proveedores, toda vez que le negó reunión a otras siete compañías aduciendo justamente que no estaban inscritas en el registro antes indicado. “Lo anterior vulnera el deber de igualdad”, puntualizó Contraloría.
Si bien ciertos cuestionamientos fueron subsanados por el Ejército, una buena parte de ellos siguieron generando dudas. De hecho, Contraloría le dio 60 días hábiles a la institución para informar las mejoras realizadas.

Contactado el organismo contralor señaló que, por ahora, no se contempla la posibilidad de enviar el documento al Ministerio Público. “Del informe se desprenden eventuales responsabilidades administrativas y civiles, las que se harán efectivas mediante la correspondiente investigación sumaria administrativa ordenada por el Estado Mayor General del Ejército y el juicio de cuentas que iniciará esta Contraloría General”.

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