El 14 de julio de 2009 fue una fecha clave para la pequeña Lissette Villa, de, en ese entonces, cinco años de edad. Ese día el sistema de protección de la infancia chileno conocería el nombre de la menor que, siete años después, se iba a transformar en el caso que desnudaría la precaria situación de la red de ayuda a los menores vulnerados en el país. Ese martes, el jardín infantil dependiente de la red Integra de Tiltil acusaba una serie de situaciones que ponían a la niña en calidad de víctima porque sus derechos básicos habían sido pasados a llevar. Malos tratos, negligencia parental, ausencia de un adulto responsable y ausentismo escolar eran algunos de los elementos que el centro educacional del Estado resaltaba en la comunicación que hizo llegar al tribunal de familia de Colina.

Era el principio del fin para Lissette. En abril de 2016 moriría en una situación que no está clara aún, pero que desató una crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename) que ya ha cobrado dos directores y ha servido como base para la doble acusación constitucional a la que se verá enfrentada próximamente la ministra de Justicia Javiera Blanco. Desde esa fecha, el nombre de Lissette se escribió varias veces en informes psiquiátricos, recetas médicas, documentos varios y en los registros de una serie de residencias que están, técnicamente, bajo supervisión del Sename. Contra toda recomendación de los expertos internacionales y los organismos especializados, nunca se le pudo dar un egreso definitivo del sistema de protección por el que deambuló por los próximos siete años. Algo totalmente contraindicado por todos los organismos y expertos mundiales en el tema. Es más, si Lissette lograba sobrevivir a la crisis de la que no salió, su esperanza de llegar a adulta y desarrollar una vida normal eran pocas.

“Las investigaciones internacionales indican que cada tres meses que un niño esté institucionalizado pierde un mes de desarrollo de vida. Imagínate lo que significa para un niño estar internado un año. Y mientras más chicos es peor”, dice Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.

El tiempo es dinero

Así, los mismos organismos especializados, como Unicef, apuntan a que la internación como medida de protección para menores vulnerados de derechos debe ser la última medida que se debe tomar para otorgar protección. Así lo explica Anuar Quesille, abogado de Unicef Chile. “Se deben agotar todas las vías posibles y cuando ya no existen otros caminos posibles, se debe colocar a los niños en instituciones del Estado”, dice. Una vez que eso ocurra, agrega, el tiempo de permanencia debe ser el mínimo teniendo en cuenta cada caso. Por cierto, la ley de menores chilena otorga un tiempo de un año que puede ser renovado. El punto es que, de acuerdo a las cifras entregadas por el propio Sename, casi la mitad de los menores (46%) que se encuentran en centros de protección dependientes directa o indirectamente de la institución estuvieron más de 12 meses en ella. Y el 25% está entre dos y diez años. Demasiado, según los estándares internacionales.

“Esto es algo que por mucho tiempo se viene diciendo. Cuando tienes programas que se mantienen en base a la subvención, casi instintivamente, no estás dispuesto a, de un día para otro, quedarte sin niños”, explica el juez de familia Pedro Maldonado.

Pero más allá de los problemas producidos en los niños por las largas estadías, como la de Lissette, no son pocas las voces que se levantan en contra de los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename (OCAS). Estas instituciones sin fines de lucro son privadas y están enfocadas en brindar apoyo aplicando los programas en favor de los menores y administrando casas de acogida en las que se internan, siempre por la orden de un juez, los menores vulnerados. Reciben una subvención de parte del Estado, que se paga en forma anual y debe ajustarse a los cupos que cada institución disponga. Un detalle: al igual que en el sistema escolar, se paga por niño que efectivamente sea atendido.

Esto último es lo que, según advierten algunos expertos, estaría generando un estímulo complejo. Así lo entiende el juez de familia Pedro Maldonado. “Esto es algo que por mucho tiempo se viene diciendo. Cuando tienes programas que se mantienen en base a la subvención, casi instintivamente, no estás dispuesto a, de un día para otro, quedarte sin niños”, explica Maldonado, quien denunció al Ministerio Público la muerte de Lissette Villa. El magistrado agrega que si bien la internación de los menores es la última alternativa, una vez que sucede la institución de acogida debe trabajar con la familia para que la permanencia sea por el menor tiempo posible: “Esto implica que, si egresaran todos los niños, naturalmente que el programa desaparece. El incentivo perverso es ése, porque mientras tú cobras subvención por niño, en el fondo no haces mucho para que se produzca el egreso”.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso Qué Pasa (revisa aquí el listado aportado por el Sename), entre las instituciones que más recursos recibirán este año por este concepto se cuentan Aldeas Infantiles S.O.S., con $ 1.700 millones; Coanil, con $ 1.500 millones, y la Corporación María Ayuda, con $ 1.000 millones. Todo esto, durante 2016. Los datos de la institución gubernamental agregan, además, que a mayo de este año había 8.383 menores en el sistema de protección internos en residencias; 7.322 de ellos se encontraban en hogares dependiente de los OCAS. Y sólo 1.061 en casas de acogidas directamente relacionadas al Sename. Además, existen otros 52.350 atendiéndose en programas ambulatorios.

“Aquí claramente hay un incentivo perverso con estos centros, porque por un lado prestan un servicio que a todas luces parece cuestionable por los escasos resultados de las intervenciones, y por otro se les paga una subvención por retener a niños en estos lugares sin que medie una evaluación por los avances o logros alcanzados”, dice la diputada Marcela Sabat, miembro de la comisión investigadora del Sename, la cual presidió, y quien, además, interpeló por éste y otros temas a la ministra Javiera Blanco. La parlamentaria es una convencida de que el sistema debe cambiarse: “Hay que buscar una fórmula en la que la subvención esté relacionada con los resultados”.

Aporte investigativo

Hace un poco más de cuatro semanas, el fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró a Marcos Emilfork (jefe regional de Los Lagos) como fiscal especial para indagar las muertes ocurridas al interior del Sename. Lo anterior, debido a la polémica originada en el número de niños fallecidos (185) entregados por el Ministerio de Justicia correspondiente a menores que perdieron la vida en el sistema de protección; frente a la cifra de 477 fallecidos a la que accedió el diputado René Saffirio y que, según los datos del mismo Sename, corresponden a la suma de los primeros y la de los muertos en el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (292).

Desde que fue nombrado, Emilfork se dedicó a formar un equipo especial que abarcará todas las regiones del país, además de PDI y profesionales del Servicio Médico Legal. La idea es hacer, en primera instancia, un levantamiento total de los menores fallecidos en ambos regímenes (protección y penal). Eso, además de pesquisar casos ya en etapa de investigación, como el de Lissette, de los que se hará cargo con el apoyo de los fiscales que ya investigaban. Es que y, tal como lo reconoce Emilfork a Qué Pasa, además de indagar penalmente los casos, la investigación servirá para realizar una radiografía al sistema de protección de menores en Chile.

“En este país se ha avanzado en derechos sociales; sin embargo, esos derechos no sólo no los conoce la familia que sufre el problema, sino que tampoco las otras partes del sistema”, explica Estela Ortiz, del Consejo Nacional de la Infancia.

“Sin duda que en esta investigación se va a permitir visualizar distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de protección del Servicio Nacional de Menores y sus organismos colaboradores en relación con la infancia. Más allá de los resultados procesales a los que se pueda llegar y que están determinados por el principio de objetividad, los antecedentes nos van a ir dando luces respecto de distintos aspectos relacionados con el Sename”, sostiene Emilfork, quien considera “extremadamente valioso” este eventual aporte del organismo persecutor.

En todo caso, Emilfork ya ha detectado varias irregularidades, como la falta de autopsias en casos de chicos fallecidos y, como en el tema de Lissette Villa, la falta de preparación de las personas que estaban a cargo de la niña cuando ésta falleció. Coincide así con las voces que señalan que el sistema tiene demasiadas falencias. Sobre todo las que apuntan a que una mayoría de las casas de acogidas que reciben subvención no cumplen con los estándares adecuados.

Propuestas y realidad

Si bien el abogado de la Unicef Anuar Quesille sostiene que no puede referirse específicamente al funcionamiento del sistema —pues la institución es también un organismo colaborador del Estado— sí puede hacer recomendaciones para su mejora. “La idea debería ser poder tener un organismo fiscalizador independiente. Cuando tú tienes un ente independiente del gobierno, del Poder Judicial o del Congres,o se puede realizar una evaluación si el programa cumple con la función para la cual fue contratado y si se produce el efecto que se requiere, que es la desinternación de los menores”, dice. Quesille agrega que se producen situaciones contradictorias, como que, muchas veces, el mismo organismo que entrega el programa también aporta la representación legal de los chicos. Esto último se traduce en que los mismos que reciben el dinero de la subvención por la permanencia del niño, recomienden si está en situación de egresar o no. Todo un contrasentido.

Para Estela Ortiz, el punto es trabajar integralmente para promover, primero, que los menores no lleguen a los hogares, y segundo, si ingresan a uno, que la permanencia sea la menor: “Pensamos que lo ideal es que el niño viva con su familia y no en hogares. Por lo tanto, acá lo fundamental es trabajar con la familia, entregarles herramientas, ojalá de manera preventiva y no llegar atrasados cuando ocurra una vulneración”.

Ortiz apunta, además, a una serie de elementos que, a su juicio, son determinantes a la hora de decretar —según ella con demasiada frecuencia— medidas de internación. Uno de estos elementos es la pobreza. Acusa que existe un sesgo y estigma con el que viven las familias con menos recursos en Chile. Por otro lado, asegura, también hay desconocimiento desde el sistema mismo, de los beneficios sociales a los que pueden acceder las familias que están asociadas a casos de vulneración de derechos de menores. “En este país se ha avanzado en derechos sociales; sin embargo, esos derechos no sólo no los conoce la familia que sufre el problema, sino que tampoco las otras partes del sistema. Y cuando se resuelve la medida, lo primero que se hace es separar al niño de su familia”, explica la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.

“Creo que el sistema requiere un grupo de residencias, pero con otras características. Con los casos más graves. Deben funcionar con residencias pequeñas de no más de 20 o 30 niños y con equipos psicosociales trabajando con las familias de origen, de manera que los tiempos de permanencia sean más cortos”, comenta Ximena Calgani, de la Fundación San José.

El punto de los expertos es que no sólo el sistema se debe mejorar; las OCAS deben estar incluidas en las mejoras y no ser eliminadas, ya que sin ellas sería imposible para el Estado alcanzar a los menores necesitados de ayuda.

Ximena Calgani, psicóloga y directora de la Fundación San José —una de las OCAS—, sostiene que la mayoría de las organizaciones que trabajaN con infancia no poseen fines de lucro. “En el caso nuestro, financiamos el 30% de las operaciones de la fundación con presupuesto estatal. Y esos son programas que son concursables a los cuales hay que postular. Por lo tanto, tengo que financiar el 70% de la intervención. Y eso lo hago con colectas, socios, campañas, etcétera”, argumenta la profesional. “El Estado nos pone el 30 y nos exige el 100”, agrega. El problema, según Calgani, pasa porque si alguien o alguna organización pretende funcionar sólo con el presupuesto estatal, no hay ninguna posibilidad de dar un buen servicio. O sea, no se pueden contratar psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales a fines. Explica que el costo de atención de un menor en un buen estándar es de un millón de pesos al mes.

Lo anterior explicaría el porqué algunas de las instituciones no cumplen los estándares y están bajo permanente crítica. Calgani concuerda con que se debe mantener a los organismos colaboradores, aunque estos deben mejorar. “Creo que el sistema requiere un grupo de residencias, pero con otras características. Con los casos que sean más graves. Deben funcionar con residencias pequeñas de no más de 20 o 30 niños y con equipos psicosociales trabajando con las familias de origen, de manera que los tiempos de permanencia sean más cortos”, comenta.

Por ahora, lo anterior no siempre se cumple. Si se observa el listado aportado por el Sename, la mayoría de las residencias sobrepasan los 30 niños y varias de ellas atienden a más de 100 menores. Así, es difícil que funcione.