Aún faltan detalles para la redacción de los más de 300 artículos que contemplará el proyecto de reforma a la educación superior que el gobierno está por enviar al Congreso. Siguen las dudas y la expectación. Pero dentro de todo hay algo que está más o menos claro, al menos para algunos: no existe una ruta clara para llegar a una gratuidad universal, al menos en un corto plazo. Ello debido a que las cifras no cuadran, el escenario económico está muy incierto, y las platas obtenidas a largo plazo por la reforma tributaria no alcanzan. Era una realidad que había que sincerar y ocurrió este lunes en el comité político, donde el ministro de Hacienda recalcó que era imposible prometer antes de 2018 algo más que la cobertura en gratuidad para el 60% de la población más vulnerable. De ahí en más, no hay espacio para especular.

Todo esto no hace más que enredar el escenario en casi todos los flancos de la reforma, pero sobre todo en algo que era considerado como su corazón, el de establecer un nuevo sistema en donde la educación fuese concebida como un derecho social con acceso gratuito. Esa al menos era la esperanza de muchos, sobre todo del movimiento estudiantil de 2011. Ante ese incierto futuro, la diputada PC Camila Vallejo pidió al gobierno revisar lo que hasta ahora se tiene en mente respecto a que la gratuidad para todos los quintiles se establecerá respecto de los puntos adicionales que se obtengan mediante la recaudación fiscal estructural respecto del PIB tendencial. Metodología que para la ex líder estudiantil es muy confusa y no otorga ningún grado de certeza: “Hay que repensar esta propuesta de la gratuidad en función del PIB tendencial. Tiene que estar claro cómo y cuándo se va a llegar a la gratuidad universal. Y en ese tránsito no perpetuar el sistema de endeudamiento”, expresó.

Ante esta imposibilidad de otorgar más cobertura, se seguirá utilizando en Crédito con Aval del Estado (CAE), que ha sido duramente cuestionado por los estudiantes debido a las altas tasas de intereses que se pagan. La ministra de educación, Adriana Delpiano, expresó que sería caótico acabar con esas ayudas, mientras no se llegue a la gratuidad: “Todos los apoyos estudiantiles van a existir mientras no entre el ciento por ciento de la gratuidad, porque de lo contrario sería el caos. Lo que esperamos que este proyecto sea aprobado durante este gobierno, así se cierra el compromiso de la presidenta”, dijo. La secretaria de Estado ratificó que todo el tema de los plazos para mejorar la cobertura hasta la ansiada universalidad pasa por un asunto de recursos, recursos que hoy día escasean: “Es realista respecto de un compromiso que se hizo siempre hasta un séptimo decil en este gobierno, y vamos a llegar hasta el sexto por las razones que ha explicado la propia presidenta de la república. Y el tema de cómo vamos a seguir avanzando efectivamente depende de cómo obtener los recursos.  Va a depender de cuánto se recaude vía impuesto, pero también un aspecto muy importante pues cuando se hizo este proyecto el cobre nuestro estaba al doble de hoy, y eso también es importante para la recaudación”, enfatizó.

Es decir todo aún se mantiene a la sombra de las grandes cifras económicas, lo que para algunos no significa otra cosa que el triunfo de la tesis del realismo. El presidente del PR, Ernesto Velasco, afirma que hay que mirar de frente y sincerar el estado de las cosas: “Al país hay que hablarle con claridad, acá lo que hay es gratuidad con gradualidad, no hay gratuidad universal. El país no tiene condiciones financieras de establecer un presupuesto que defina un horizonte preciso. Este año 50% al 2018 un 60% y eso es valorable para esas familias de escasos recursos. Esa gradualidad se va a expresar en una gratuidad acotada. La gratuidad universal es una utopía, es un objetivo que en algún minuto se va a poder avanzar, pero que hoy no es realista”.

Un poco más optimista fue el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien aún guarda la esperanza que se logre establecer un cronograma claro para cumplir con la promesa: “El compromiso (de la gratuidad universal) está vigente. Ahora cómo, eso se va a discutir en la ley. La tarea será en este gobierno llegar al 60% de los más pobres, eso concluye con este gobierno y es el compromiso de este gobierno. Y seguramente quedará para la discusión futura, porque igual debería quedar establecido el propósito de la gratuidad universal, pero tendrá que verse en un nuevo gobierno, en un nuevo parlamento cómo esto se concreta, y hay muchas maneras”.

En tanto el jefe del PPD Gonzalo Navarrete restó dramatismo a este punto y resaltó que lo que se logrará ya es un gran avance: “En el corto plazo la gratuidad universal es imposible, eso lo sabemos. Llegar al 60% de gratuidad al 2018 es un tremendo avance. Son 600 mil familias en gratuidad que van a dejar de pagar entre 350 y 400 mil pesos mensuales. Si eso no es un avance no sé qué se podrá considerar un avance”.

Con todo, el proyecto sigue afinándose, ahora, en la Dirección de Presupuestos (Dipres) en donde se está analizando el detalle de los costos y del informe financiero que acompañará el envío del texto. Nada fácil está resultando cuadrar cifras, comentaron fuentes cercanas al proceso. Siendo este tema una de las piedras de tope que ha impedido mandar el proyecto con mayor antelación.

¿Una nueva Reforma Tributaria?

Los 3.02 puntos adicionales del PIB que se recaudarán en 2018 cuando entre en pleno vigor la reforma tributaria, al parecer, se quedaron cortos. Dicha reforma que fue duramente debatida en el Congreso era una de las herramientas clave para costear la gratuidad universal. De hecho en un principio estuvo pensada casi en exclusivo para financiar la educación, pero en el camino se le fueron agregando más elementos como la salud.

Así las cosas una de las ideas que empezó a tomar forma hoy en Palacio, tras la reunión de comité político, fue la de pensar una nueva reforma, aunque “muchos pongan el grito en el cielo”, como dijo el diputado Teillier. El jefe de los comunistas piensa que será necesario para el futuro gobierno pensar en cómo se puede recaudar más: “En todos los países donde existe gratuidad universal, sobre todo desarrollados, tienen una carga tributaria del 45%; en Chile solo con la

reforma tributaria incluida es de un 23%. Entonces a lo mejor hace falta para la gratuidad otra reforma tributaria. Recordemos que esta reforma tributaria el 72% del mayor ingreso proviene del 0,1% de las personas más acaudaladas, queda espacio para una nueva reforma”, afirmó.

En tanto Gonzalo Navarrete cree que además de revisar una carga tributaria mayor hay que pensar en el modelo de desarrollo del país, para garantizar varios derechos sociales, no sólo la educación: “Hay que buscar un mecanismo es que si uno quiere derechos sociales garantizados tendremos que discutir cuál es el modelo de desarrollo económico que te permita asegurar ingreso, y también una discusión sobre cuál es la carga tributaria. Si uno quiere salud gratuita, educación para todos de calidad y pensiones hay que mirar la carga tributaria que permita hacer todo eso al mismo tiempo. Y será una discusión que se podría hacer en las próximas elecciones presidenciales”.

Esta idea fue comentada al interior del comité político, una vez que se expuso que la gratuidad dependerá de cómo generar mayores ingresos fiscales. Pero antes que eso, aún el gobierno no sabe con plena exactitud cómo financiará lo que ya está comprometido, cuestión que hasta últimas horas se seguía trabajando en Hacienda.

Así, el proyecto- quizás el  más emblemático de Bachelet- poco a poco comienza entrar en un gran y profundo laberinto, en donde no existe ni la más mínima claridad de una pronta salida. Se abre un  debate que tiene como único plazo el fin del gobierno de Bachelet. En La Moneda no quisieron aventurar siquiera una fecha determinada, pues si hay algo que no sobra en este proyecto son las certezas.