El desfavorable fallo del Tribunal Constitucional (TC) por la reforma laboral, que declaró inconstitucional la titularidad sindical y, de manera parcial, la extensión de beneficios, considerados como el corazón del proyecto que impulsó La Moneda, volvió a poner al órgano jurídico en el centro del debate.

Tal como ya había ocurrido en diciembre del año pasado cuando fue impugnada la glosa de la gratuidad, desde el Ejecutivo no escatimaron en comentarios duros en contra del organismo. “La sentencia  del TC al declarar inconstitucionales elementos centrales de la libertad y derechos sindicales que nos proponemos fortalecer, nos dificulta  el cumplimiento de nuestros compromisos como país”, afirmó la presidenta Michelle Bachelet al día siguiente del fallo. Críticas similares también resonaron con fuerza en los actos por el Día del Trabajador, que se conmemoró el domingo pasado.

Pero mientras el gobierno sigue evaluando cuáles son sus opciones frente a la decisión –inapelable– del TC, indecisos entre aplicar un veto que tendría que ser “ciego”, porque el plazo para hacerlo vence el 8 de mayo y el TC no dará a conocer el detalle de sus argumentos hasta el 9, o ingresar una ley, en el mundo académico volvieron a levantarse las voces que abogan por reformar el TC, limitando sus atribuciones, y las que consideran que las críticas son injustas.

Si bien esta es una discusión antigua, que se retoma cada vez que ocurre un fallo polémico que incomoda a alguna de las partes, esta vez cobra más importancia, porque se enmarca dentro del proceso constituyente que impulsa el gobierno, como quedó demostrado con las declaraciones del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz inmediatamente detrás del fallo: "Esta fallo confirma que la actual Constitución no es la casa común que queremos".

HISTORIA, ATRIBUCIONES Y CONFLICTO

El TC fue creado en 1970 como parte de la reforma a la Constitución de 1925 impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Su objetivo era arbitrar los conflictos que surgían entre el Ejecutivo y el Congreso durante la tramitación de las leyes, tomando como modelo las cortes y tribunales de este tipo que surgieron en las democracias constitucionales europeas después de la segunda guerra mundial, como la corte constitucional italiana, el tribunal constitucional federal alemán y el consejo constitucional francés.

Tras el golpe de Estado de 1973 fue disuelto, pero volvió a ser repuesto en la Constitución de 1980, aunque con una atribución nueva: el control preventivo de las normas, que permite que una ley sea declarada inconstitucional antes de que sea promulgada. Así, a diferencia del tribunal del 70, su labor dejó de ser arbitrar los conflictos en caso de que estos existieran, sino que comenzó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas por oficio.

Tras esto, sus últimos cambios sustanciales fueron con la reforma constitucional del gobierno de Ricardo Lagos en 2005, cuando se modificaron los mecanismos con que los ministros eran nombrados y se introdujo el recurso de inaplicabilidad de las leyes vigentes. Así, hoy sus principales atribuciones son resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional, así como de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso; pronunciarse sobre los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda; y resolver otras contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, cuando no correspondan al Senado.

Quienes están a favor de reformar el TC lo hacen a través de tres argumentos: que es un organismo contra-mayoritario que permite a minorías circunstanciales impugnar leyes no aprobadas, que funciona como una tercera cámara y que existe poca transparencia para elegir a sus miembros.

Fernando Atria, profesor de derecho la Universidad de Chile y uno de los asesores más importantes del gobierno en materia constitucional, es de la idea de reformar el TC. A su juicio, los problemas son dos. En primer lugar, que desde la Constitución del 80 el tribunal se convirtió en un neutralizador político, dejando atrás el papel de árbitro. El segundo, que debido a su composición, en la práctica funciona como una tercera cámara que toma decisiones conforme a la relación de fuerzas políticas que tiene dentro de él.

“Sus miembros llegan ahí luego de tener destacadas carreras políticas, en cargos en los cuales han mostrado que son leales a las coaliciones de derecha o de izquierda y que llegan en virtud de ese partisanismo”, argumenta el abogado.

"No sólo hay un órgano no elegido que puede anular reformas políticas importantes, como la reforma laboral, también ocurre que los problemas jurídicos terminan siendo decididos por esta cámara política. Eso desde el punto de vista del Estado de Derecho y la independencia judicial también es un problema”, agregó.

El TC está compuesto por diez ministros que son elegidos a través de distintos mecanismos: tres son designados por el presidente, tres por la Corte Suprema, dos por el Senado y dos por la Cámara de Diputados, pero con la ratificación de la Cámara Alta.  Esto hace que sean elegidos mediante cuoteos políticos, buscando mantener equilibrios. El cargo dura 9 años y es inamovible.

Sebastián Soto, profesor de Derecho Político de la Universidad Católica y consejero de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, defiende el papel del TC, aunque reconoce que en la interpretación de las normas jurídicas es imposible aislar del todo las convicciones políticas.

“El Tribunal Constitucional está cumpliendo un rol jurídico, no cabe ninguna duda de eso, porque dicta fallos y los fundamenta en derecho. Lo que sucede es la Constitución es un conjunto de reglas y principios que también admiten cierta interpretación".

Sin embargo, a diferencia de los críticos del TC, cree que el sistema de integración es una de las principales fortalezas del tribunal, y el medio más seguro para salvar este problema: "Llevar al TC a personas con convicciones políticas diversas permite que reflexionen sobre la base de un piso común, que es el piso constitucional, y dejen de lado de alguna medida sus posiciones políticas".

No obstante en agosto del año pasado se rompió el empate, cuando la Corte Suprema designó al profesor José Ignacio Vásquez, ligado a la derecha, en reemplazo de Francisco Fernández Fredes, militante del PS.

Aunque al momento de la votación los ministros considerados “progresistas”, Carlos Cerda, Carlos Künsemüller y Ricardo Blanco, estaban ausentes, no dejó de llamar la atención que el candidato oficialista, Juan Carlos Ferrada, obtuvo apenas dos votos, al igual que los abogados Humberto Nogueira y Eduardo Sepúlveda, ligados al PS.

La nueva composición de 4 contra 6 vendría se correlaciona con los votos que aprobaron la inconstitucionalidad de la gratuidad, en diciembre de 2015, y de la titularidad sindical la semana pasada.

El año 2012 ocurrió una situación similar cuando fue designado Domingo Hernández, cercano a la DC.

EL PERFIL DE LOS MINISTROS DEL TC

Nombrados por el Presidente de la República:

-Carlos Carmona: Nombrado por Michelle Bachelet, el presidente del TC es abogado y académico de la universidad de Chile, experto en Derecho Administrativo. Tiene una relación muy cercana con la Democracia Cristina y ejerció cargos en los gobiernos de Frei, Lagos y el primer período de Bachelet.

-Ivan Aróstica: Abogado de la Universidad de Chile, también tiene una larga trayectoria académica en derecho administrativo. Fue nombrado por Sebastián Piñera en el año 2010, en reemplazo de José Luis Cea, y volvió a ser ratificado en 2013 cuando terminó su periodo. Antes de eso se desempeñó como jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

-María Luisa Brahm: Abogada de la Universidad Católica, hizo carrera en el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo de Alta Dirección Pública. Fue nombrada por Sebastián Piñera y es considerada una de las personas más influyentes de su gobierno, donde se desempeñó como jefa del segundo piso. También fue directora ejecutiva del Instituto Libertad, ligado a RN.

Nombrados por la Corte Suprema:

-Marisol Peña: Abogada y profesora de la Universidad Católica, donde se hizo cargo de la cátedra de Jaime Guzmán tras su muerte. Fue la primera presidenta mujer del TC, y también ha trabajado en la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República y como asesora jurídica de la Segegob y la Segpres.

-Domingo Hernández: Abogado de la Universidad de Chile, fue miembro integrante de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Se le señala cercano a la Democracia Cristiana y ha trabajado como asesor de  Fonasa.

-José Ignacio Vásquez: Abogado de la Universidad de Chile, fue presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago entre 2012 y 2014. También fue director de estudios de la Corte Suprema y subdirector de la municipalidad de Vitacura, encabezada por Raúl Torrealba (RN).

Nombrados únicamente por el Senado:

-Cristián Letelier: Abogado de la Universidad Católica, fue militante y diputado de la UDI entre los años 2011 y 2014. Antes de eso trabajó en el estudio jurídico de Andrés Chadwick, “Hermosilla, Chadwick y Morales”, y ocupó un cargo en el gobierno de Patricio Aylwin. El año pasado el fiscal Sabas Chahuán solicitó su inhabilidad por vínculos con el caso Penta.

-Nelson Pozo: Abogado de la Universidad de Chile, es militante del PS y se ha desempeñado como docente en varias universidades, entre ellas la Universidad Católica, Andrés Bello, Bolivariana y Raúl Silva Henríquez.

Nombrados por el Senado, previa propuesta de la Cámara de Diputados:

-Gonzalo García: Abogado de la Universidad Católica de Chile, fue nombrado en 2011 en reemplazo de Mario Fernández, y luego ratificado en 2013. Fue militante de la Democracia Cristiana y se desempeñó en diversos cargos durante los gobiernos de la Concertación, relativos a la defensa nacional.

-Juan José Romero: Abogado y docente de la Universidad Católica, donde se desempeñó como director de postragdo de la Facultad de Derecho. También fue ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y formó parte del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.