El nuevo fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias (43), tiene un guardaespaldas que no lo abandona. La mirada dura del carabinero que viste de impecable terno negro se cruza con quien pretenda acercarse al persecutor y sólo la venia de éste hace que el rictus serio del PPI (Protección de Personas Importantes) se suavice en algo. Hace siete años, Arias fue amenazado de muerte. Es una muestra de que su labor como parte del Ministerio Público no ha sido simple ni fácil. Ha estado en zona de peligro varias veces por sus causas de terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas. Incluso ha estado tras funcionarios de Carabineros y la PDI involucrados en narcotráfico. Todo esto le ha granjeado varios enemigos y es probable que a más de alguno la idea de verlo fuera del sistema o despacharlo del planeta no le disguste, por decirlo de alguna forma.

Pero Arias también ha estado en la mirada de los políticos involucrados en el caso Penta y luego los de SQM, causa desde donde salió con algo de polémica por sus desencuentros con el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Y ahora lo seguirá estando con su jefatura en O’Higgins. Caval lo espera y deberá definir, junto a Sergio Moya, el futuro judicial de los involucrados en el escándalo que abarca desde especulación inmobiliaria, corrupción municipal y tráfico de influencias hasta implicancias políticas de primer nivel, dado que una de las imputadas es Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet.

Claramente, Emiliano Arias seguirá en el ojo de la tormenta. En esta, su primera entrevista luego de ser nombrado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, marca sus puntos, enfrenta la polémica con su colega Pablo Gómez y da inicio público a lo que será su gestión a una jefatura regional marcada con Caval.

“Pablo Gómez era fiscal regional y yo era fiscal jefe de otra zona. Era de un equipo anómalo. No era posible que subsistiera”, dice Arias sobre su salida del caso SQM. “Dicen que un quiebre en el equipo hizo que yo me fuera,  y nunca fue así”, asegura.

—¿Qué señal cree usted que quiso dar el fiscal nacional al elegirlo?
—Eso lo tendrá que responder el fiscal nacional. Lo que yo creo es que eligió un fiscal que investiga. Desde que empecé como asistente de fiscal el 2001 y de ahí mi carrera como fiscal de Arica, fiscal de Concepción y fiscal en Pudahuel, ha sido siempre de investigaciones complejas y que, por así decirlo, escapan de lo normal. Siempre he investigado delitos que nadie ha investigado antes. En Arica perseguí una asociación ilícita para el contrabando de locos a Perú. No podía ser que Perú fuera uno de los principales exportadores de locos en el mundo y que en sus costas estuvieran extintos. Ese trabajo se hizo por primera vez coordinando a la PDI con la Armada. Cuando estuve en Concepción también hice investigaciones grandes. Por ejemplo, de piratería en el mar territorial. Sujetos que se subían a los buques en alta mar con el buque andando y con cables. Luego acá hice investigaciones internacionales con casi todos los países de América y también con Europa. Si hay alguna conclusión que pude sacar de eso es que quería un fiscal regional que investigue.

—Previo a su elección se habló que le podía generar ciertos problemas su relación con el fiscal Pablo Gómez, ya que tuvieron complicaciones cuando investigaron SQM.
—Qué bueno que me hizo esa pregunta. Nunca se aclaró bien y se han dado ciertas cosas como hechos que en realidad no lo fueron. Si nos remontamos a mi designación en Soquimich, ésta fue en febrero de 2015, cuando asume la investigación el fiscal nacional Sabas Chahuán, que armó su equipo con los fiscales que él estimó que necesitaba: Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, que ya estaban en la causa, y me suma a mí. Y ahí nosotros comenzamos a investigar Penta y Soquimich. Acá hay una confusión, y se cree que SQM surgió después de la nada. No. Recordemos que nuestros principales problemas cuando comienza esa investigación se dan por la causa de Soquimich. Hay que recordar lo del Tribunal Constitucional que suspendió, que no nos querían entregar la contabilidad. Penta – Soquimich nosotros la estuvimos investigando, con el equipo que nombré, durante un año. Luego se produce el cambio de fiscal nacional, y no podía seguir el mismo equipo.

—¿Por qué no?
—La asignación de una investigación al fiscal nacional es un tema excepcional. Se ha producido una sola vez y actualmente sólo continúa en una causa, que es Corpesca. Por esa excepción es que yo, como fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, me voy a trabajar. Yo no dejé de ser fiscal jefe. Cuando estuve en Penta y Soquimich en ningún caso dejé de ejercer esas funciones. Estaba acá y allá. Creo que una situación como esa durante un año es suficiente. Coincide con la llegada a la Fiscalía Occidente del nuevo fiscal regional, José Luis Pérez Calaf. Él me preguntó si era necesario que yo siguiera y le digo que no es necesario. Y él hace la petición al fiscal nacional para que yo salga del caso oficialmente, porque en rigor ya no estaba en el caso.

—Pero tuvieron diferencias de criterio cuando sí estaba en SQM…
—Por eso hay que aclarar bien las cosas. Yo no seguí porque no era necesario ni indispensable que siguiera. Y yo era un fiscal jefe con un fiscal regional que estaba empezando, y que me necesitaba acá. El fiscal nacional está de acuerdo y el otro fiscal regional, Pablo Gómez, también concuerda en mi salida. Eso para que quede claro. Ahora, en que no estábamos de acuerdo en temas, eso es así y de eso dan cuenta los correos electrónicos, conversaciones y mis posturas expresadas con el equipo. Las comunicaciones nuestras son bien dinámicas en ese sentido en relación a las opiniones jurídicas por un caso.

“Las instrucciones del fiscal nacional en estas materias están establecidas en un oficio, el que señala que lo que se necesita para investigar delitos tributarios es que el SII haya deducido denuncia o querella”.

—¿Estaba en esa diferencia de criterio el tema de Longueira y sus correos con Contesse? ¿Eso los dividió? ¿Que usted estaba por imputar a Longueira y Gómez no?
—Vemos ahora que no hay ninguna diferencia entre lo que opinaba yo en esa época y lo que se está haciendo ahora…

—¿Y en ese tiempo…?
—No voy a ahondar en eso ahora. Esas comunicaciones de las que hablaba son como el símil de lo que pasa en un camarín en el entretiempo. No es posible que se esté ventilando eso.

—Para establecerlo, ¿había diferencias en ese sentido?
—Había diferencias en varios sentidos, pero yo también tenía diferencias con Carlos (Gajardo).

—Era una diferencia profunda entre imputar o no imputar a Longueira por cohecho, tomando en cuenta que ya se conocían los correos.
—Tampoco estoy dando por cierto que esa haya sido la diferencia. El tema es que cuando se producen diferencias o ese tipo de cosas con el fiscal que dirige la investigación no es posible que se siga tampoco. Pablo Gómez era fiscal regional y yo era fiscal jefe de otra zona. Era de un equipo anómalo. No era posible que subsistiera. Al no tener relación jerárquica de ningún tipo con él, el tema de las diferencias no tiene una solución.

—Mediáticamente pareció que usted se iba de la causa, que “tiraba el mantel” porque no le gustaba cómo se estaba llevando el caso…
—Creo que se aprovechó de eso. Dicen que un quiebre en el equipo hizo que yo me fuera, y nunca fue así. Nunca hubo un quiebre. Había diferencias de opinión, como es necesario que haya. Cuando se informa la noticia, lo reconozco, sí se produjo un quiebre. Fue la forma en que se dio la noticia lo que produjo un quiebre. Se produjeron roces, pero después de la publicación de la noticia. Es más, creo que el fiscal Pablo Gómez ha demostrado con hechos que su dirección de la investigación del caso SQM ha sido muy rigurosa y profesional.

La carga de Caval

—¿Jorge Abbott le planteó algo sobre Caval en la entrevista que tuvieron antes de elegirlo? ¿Le señaló para dónde quiere que vaya, ahí o en otra instancia?
—El fiscal nacional es una persona muy seria como para plantear ese tipo de cosas en la entrevista. Conversamos de temas generales. Quizás lo hagamos luego de que asuma. En general mi cargo o nombramiento no va asociado a ningún modo especial de ver esa causa. Lo que más le preocupa a él es mantener la región con los índices de cumplimiento con los cuales está. La de O’Higgins es una de las mejores regiones a nivel nacional de cumplimiento. Tenemos un porcentaje de archivo del 29%. Son cuestiones a nivel mundial. Hay que mantenerlo y, dentro de eso, la región se caracterizó por llevar ese caso bastante bien. Es transversal la opinión de que Luis Toledo llevó la causa muy bien. Luego, cuando se fue, hubo mucha especulación. Hubo ruido, pero ese ruido duró hasta que Sergio Moya siguió con la misma línea de investigación. O quizás más duro aún. Sergio es así.

—¿Usted se meterá de lleno en el caso Caval?
—Sí, claro, tengo que hacerlo. El fiscal regional es responsable. Los fiscales adjuntos son adjuntos al regional, que tiene la titularidad de todas las causas de la región. ¿Cómo se manifiesta esa responsabilidad?Dando instrucciones generales a los fiscales. A mí, por mi naturaleza y por lo que he sido siempre, me interesan las causas complejas y voy a conocer esta causa.

—¿Era usted el fiscal más afín a Sergio Moya para trabajar en esto? Entiendo que ya se han comunicado...
—Por supuesto. Ya hemos conversado. La verdad es que Sergio es un fiscal relevante tanto en Caval como en otras materias en la región. Él conoce la región, en este momento, mejor que yo. Y confío mucho en él.

—¿Qué hablaron con Moya?
—Hablamos en general, y tenemos posturas bastante similares en esa causa y en las causas complejas. Nosotros pensamos en un juicio oral.

—¿O sea piensa tener a la nuera de la presidenta Bachelet en un tribunal en un juicio oral?
—La verdad es que no lo he pensado desde ese punto de vista. Para mí es penalmente irrelevante perseguir a la nuera de la presidenta. No tiene mayor relevancia penal que una de las imputadas sea nuera de la presidenta Bachelet. ¿Cuándo es relevante? Cuando es funcionario público ¿Ycuál es la relevancia? Simplemente que su responsabilidad es mayor. Ese es el tema.

—Pero es una causa de relevancia nacional, debido a la calidad de los personajes que están involucrados...
—Es importante, pero no puede ser relevante para tomar una decisión de ese tipo.

—¿Y la carga política que tiene el caso?
—La carga política no se ha manifestado ni se manifestó en un momento estratégico, como lo era mi participación en el concurso y mi posterior designación.

—¿Hablaron con Moya sobre esto?
—Cuando estuve en SQM o ahora que me corresponde asumir esta causa, sinceramente, no me siento presionado de alguna manera para tomar una decisión u otra que no sea la que corresponda al delito cometido. Vamos a prepararlo pensando en un juicio oral, independientemente de quién sea el imputado.

—¿No cree que si saca a Natalia Compagnon en un juicio abreviado y con una condena pequeña, tendrá una carga negativa en la opinión pública?
—Cuando uno prepara una causa con estándar de juicio oral sólo se hace interesante un abreviado en la medida que dé la misma pena que un juicio oral. Yo creo que en este tipo de investigaciones la pena a solicitar es la máxima posible tomando en cuenta y aplicando las atenuantes y agravantes.

—¿Y en este caso que ella está sólo por delitos tributarios?
—En concreto no conozco en detalle la carpeta de investigación y cuáles son los antecedentes.

“Es transversal la opinión de que Luis Toledo llevó la causa (Caval) muy bien. Luego, cuando se fue, hubo mucha especulación. Hubo ruido, pero ese ruido duró hasta que Sergio Moya siguió con la misma línea de investigación. O quizás más duro aún. Sergio es así”.

—Pero los delitos tributarios son con penas relativamente bajas.
—Si se generan expectativas desmedidas en la comunidad, cualquier pena que yo solicite que no sea pena efectiva de cárcel va a ser muy criticada. En cambio, si se plantea desde un inicio la pena probable, las expectativas son razonables y se llega a esas penas con racionalidad. Lo bueno de estas causas que son tan mediáticas es que el escrutinio popular y de la prensa está siempre. Lo que hay que saber es comunicarlo.

—Hasta donde se sabe, Compagnon promovía sus altas influencias, partiendo al parecer por su suegra. ¿Cómo ve el rol de ella?
—Hay que ver que un particular o cualquier persona que no tenga un cargo público puede tener conductas que si son realizadas por un funcionario público son delito. El funcionario público tiene deberes que no tiene el particular. Por ejemplo, el cohecho. Si hay cohecho entre privados no es delito, pero si está un funcionario público entremedio sí lo es. Y si hay un funcionario público involucrado y en ese acto participa un particular, también puede cometer el delito del funcionario público en algunos casos.

—Se estima que Compagnon usaba estas influencias para dar a entender que podía obtener favores de funcionarios públicos. Es una arista que está manejando el fiscal, específicamente, en el tema Raylex con funcionarios de Onemi y Codelco…
—Sin conocer los antecedentes concretos de la investigación, lo que puedo decir es que, en la generalidad, el particular no tiene deberes que el funcionario público sí. Eso es lo que se tiene que entender. Ahora, si se puede acreditar que efectivamente un particular influyó en las decisiones de un funcionario público, sí va a cometer un delito. Pero hay que conocer el caso en concreto, y son cosas que se están investigando.

El factor Abbott

El nuevo fiscal regional de O’Higgins también enfrenta los cuestionamientos que se generaron al principio de la administración de Jorge Abbott. Dice estar “optimista” sobre lo que viene en el Ministerio Público chileno. “Veo con bastante ánimo y optimismo lo que viene”, dice.

—Se ha dicho que las señales que dio Jorge Abbott en un principio fueron un tanto confusas. Que quería terminar rápido las causas, lo que se leyó como si quisiera “echar tierra” a los casos de dineros políticos. ¿Qué opina?
—Yo nunca leí eso de lo que decía don Jorge. Yo concuerdo en que hay que tomar decisiones rápido en las causas. Por supuesto. Todas las investigaciones tienen su tiempo y debemos ser lo más efectivos y eficaces en ese tiempo. En consecuencia, debemos terminar las investigaciones en el menor tiempo posible, lo que no significa en ningún caso que no vamos a investigar. Hay que terminar luego las causas y con condenas. Eso sería un agregado necesario en las palabras de don Jorge. Por supuesto que quiero terminarla en el menor tiempo posible. Pero eso en ningún caso significa echarle tierra al asunto. No se condice con las acciones del fiscal nacional echarle tierra a las cosas.

—Así se interpretó a partir de su entrevista a La Tercera, en la que decía que quería darles pronto término a las investigaciones…
—Todas las veces que he hablado con él, nunca me ha dado esa impresión ni esa idea. Y eso se ve reforzado con el discurso que él planteó en el ex Congreso Nacional para su cuenta pública.

“Sinceramente, no me siento presionado de alguna manera para tomar una decisión u otra que no sea la que corresponda al delito cometido”, dice sobre el Caso Caval. “Vamos a prepararlo pensando en un juicio oral, independientemente de quién sea el imputado”.

—¿Considera que estuvo en entredicho el rol del Ministerio Público en relación a estas causas políticas?
—No sé. La verdad es que yo sólo soy un técnico que persigue delincuentes. Eso es lo que soy yo. Ese tipo de señales, la verdad es que… incluso me complica un poco referirme a eso, porque yo mismo viví en carne propia que se genere una sensación errónea con respecto a mi persona:cuando se dijo que salí de SQM por un quiebre. Puede ser que lo que nos falte en alguna medida, a nosotros como institución, es que se explique de una mejor forma nuestro actuar. Una parte esencial es hablar con los medios de comunicación. Yo creo que sí debemos hablar con los medios de comunicación.

—¿No está por la ley mordaza entonces?
—No. Para nada.

—Y en relación al tema de las querellas del SII, ¿cuál va a ser su postura? ¿Investigará con querella, con denuncia, prescindirá de ellas en caso de delitos tributarios?
—Nosotros, como fiscales regionales, seguimos las instrucciones jerárquicas del fiscal nacional. Sus instrucciones en estas materias están establecidas en un oficio, el que señala que lo que se necesita para investigar delitos tributarios es que el Servicio de Impuestos Internos haya deducido denuncia o querella. No sólo lo dice el oficio, sino que el mismo código tributario. Al ser un delito de acción penal mixta, lo que se necesita es que se haga andar el aparato de persecución penal con denuncia o querella, y una vez que se hizo andar ya se investiga como cualquier delito de acción penal público.

—Pero Abbott en el Senado habla de sólo querella….
—Es querella o denuncia. Lo que nosotros necesitamos, y lo dice la ley, es querella o denuncia. Sin eso no podemos operar.

—Él habló de sólo querella…
—Da como lo mismo. Es una acción. Un tema procesal de la querella o denuncia en el servicio hace que nosotros podamos realizar la acción. Técnicamente es lo mismo la denuncia o querella del SII.

—¿Y cuando no haya querella o denuncia y ustedes tengan la certeza de delito?
—Hay una razón que es fundamental y es que la acción penal depende de estos servicios. El SII, frente a un ilícito, puede ejercer la acción administrativa o la acción penal. Si ejerce la acción administrativa no hay delito. En consecuencia, no hay espacio para interpretaciones voluntaristas.