Tres meses después de la jornada de formalización del caso Caval, Herman Chadwick Larraín, el síndico de quiebras que llevó adelante el convenio judicial preventivo que le permitió a la empresa de Natalia Compagnon adquirir los terrenos de la familia Wiesner en Machalí, salió a entregar su versión de los hechos. En una entrevista en El Mercurio, el abogado reconoció que cometió errores, pero aseguró que jamás actuó de mala fe.
Por el contrario, afirma que en ese momento no pensó que hacer negocios con la nuera de la presidenta pudiera traerle problemas, atribuyendo la responsabilidad al Banco de Chile, institución que aprobó el crédito con que se compraron los terrenos luego de que Andrónico Luksic, uno de los vicepresidentes del banco, se reuniera con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.
“Lo lamento, porque eso me trajo todos estos problemas”, sostuvo Chadwick sobre aquella reunión. “Fuera la nuera de la presidenta, un sobrino del Papa o la misma presidenta, yo no podía no venderle. No me llamó la atención; alguien que viene con un crédito aprobado por el 100% del valor ya pasó la prueba de la blancura”, agregó.
Sobre la presidenta, afirma que la compadece: “Creo que a ella la pautearon para decir una declaración a la vuelta de un verano. Se equivocó y se metió en un problema que era más fácil. El saber que un hijo se compró un terreno y que tiene un negocio inmobiliario no es ningún pecado. Pero el 'me enteré por la prensa” no lo compró ningún chileno'".
Además, el síndico defendió el pago de $415 millones en honorarios a Juan Díaz, donde asegura que el error fue únicamente de carácter formal por no haberlo notificado ante la junta de acreedores. Pero a su juicio, el monto correspondía al precio de mercado, y tanto la familia Wiesner como el Rabobank, principal banco acreedor de dicha quiebra, estaban al tanto.
Chadwick siente que dada la alta connotación pública del caso y de su familia –el síndico es hijo de Hernán Chadwick Piñera y sobrino del ex presidente Sebastián Piñera–, ha habido ensañamiento en su contra, especialmente de parte de la Fiscalía, la Superintendencia de Quiebras y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
“Hoy los fiscales mezclan su labor con la que tienen los tribunales. Los tribunales son los llamados a juzgar, los fiscales a investigar. Esos roles se han mezclado. Los fiscales son entes políticos. Este caso, al fiscal Toledo le sirvió para postular a fiscal nacional”, dijo el abogado.
En tanto, según Chadwick las intenciones del superintendente interino de quiebras, Andrés Pennycook, serían asegurar su permanencia en el cargo. “Lo que yo veo es que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados apretó a la Superintendencia de Quiebras. Y la Superintendencia empezó a ser realmente drástica y severa en toda su fiscalización”, afirmó.
Hoy, Chadwick duda que vuelva a ejercer como síndico, y lamenta el alto costo personal que ha tenido este caso para él: “Es fuerte estar en la cima de una actividad y de un día para otro, no estar abajo, desparecer”. No obstante, aseguró que no está dispuesto a aceptar a un juicio abreviado, porque quiere probar su inocencia.
