—¿Puedo llamar a mi abogado?
—Sí, pero de un teléfono fijo.
Los ojos del síndico de quiebras Herman Chadwick se abrieron más de la cuenta. Era el 20 de abril de 2015, estaba en su oficina en el barrio El Golf, en Las Condes, cuando el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya Domke, junto a carabineros del OS-9 llegaron sorpresivamente a realizar un allanamiento apenas dos meses después de que estallara Caval.
Chadwick tenía su celular en la mano, y pretendía desde ahí llamar a su abogado. Pero Moya tenía otros planes y de inmediato le informó que en ese preciso instante requisaría su teléfono personal. Así lo hizo y hoy los mensajes por WhatsApp que tenía el abogado se han convertido en antecedentes clave de la causa.
Quienes conocen a Moya dicen que esa escena relata con precisión su estilo de trabajo y forma de actuar. Y que cuando está en su rol de fiscal, no se le mueve ni un músculo de la cara. Nunca se sabe lo que está pensando.
Al caso Caval, en el que hoy Chadwick es uno de los 13 formalizados junto a Natalia Compagnon y Mauricio Valero, llegó al comienzo. Y en adelante trabajó codo a codo con el fiscal regional de la VI Región Luis Toledo, quien el 1 de abril dejará su cargo para liderar la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional en Santiago.
La salida de Toledo implica que Moya, quien trabaja hace seis años en Rancagua, será el hombre que definirá el destino de Caval. Hoy su nombre suena, además, como uno de los candidatos al cargo que dejó Toledo, el mismo al que también concursará el ex fiscal de SQM, Emiliano Arias. Ambos se conocen cuando investigaron los nexos de las FARC con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM): viajaron a realizar pesquisas a Colombia y, aunque encontraron vínculos directos entre ambas organizaciones, se determinó que éstos no eran constitutivos de delito en Chile.
El reemplazante definitivo de Toledo sólo se conocerá a principios de mayo, después de que la Corte de Apelaciones de Rancagua escuche a los candidatos y arme una terna de la cual el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, escogerá al fiscal regional. Sea cual sea el resultado, es muy improbable que Moya no siga en la indagatoria de Caval. No sólo porque su conocimiento del caso es “cabal”, sino porque mientras ha sido parte de la causa ha liderado todas las diligencias clave: dirigió los allanamientos a la oficina de Chadwick, de la casa de Compagnon y Sebastián Dávalos en La Reina, donde estuvo más de cuatro horas y lo hizo el mismo día de marzo de 2015 en que toda la atención pública estaba puesta en las primeras formalizaciones del caso Penta; al domicilio de Valero y a las oficinas del Serviu de la Sexta Región y de la Municipalidad de Machalí, comuna donde están ubicados los terrenos que vendió Caval.
Moya también estuvo presente, junto a Toledo, en todos los interrogatorios a los principales implicados en Caval: el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic; la nuera de la presidenta Bachelet y Sebastián Dávalos, el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó a Caval $1.200 millones por distintas asesorías que hoy están en la mira, y Mauricio Valero, socio de Compagnon, entre otros.
En todos esos interrogatorios usó las técnicas de inteligencia con las que se ha hecho conocido desde que trabajó en La Araucanía, muchas de ellas aprendidas en el FBI.
SU ROL EN LA ZONA MAPUCHE
Profesionalmente, Sergio Moya Domke (41) tiene la edad de la Reforma Procesal Penal: entró a trabajar a la Fiscalía en noviembre de 2000, un mes antes de que empezara a regir el nuevo sistema de justicia en la IX Región, una de las dos zonas piloto, junto a la IV, donde se probó el cambio a la justicia oral, hasta que en 2005 operó en todo el país.
Por eso, Moya es parte de la primera generación de fiscales, entonces muchos de ellos menores de 30 años, que enfrentaron a la vieja escuela de policías —acostumbrados a trabajar con jueces del antiguo sistema, basado en el secreto de sumario— y no con abogados recién egresados que llegaban a impartir instrucciones y dirigir investigaciones.
En Victoria, en la IX Región, Sergio Moya Domke era compañero de colegio del escritor Francisco Ortega. Casi 30 años después, uno de los personajes de sus libros, El Verbo Kaifman, llevaría el segundo apellido del fiscal: Leopoldo Domke.
Su primer cargo fue abogado asistente en Traiguén, una zona donde se encontró con varios focos del llamado conflicto mapuche, tema que en adelante cruzaría su carrera y forjaría su estilo de trabajo como fiscal. Un estilo con el que hoy se enfrentan todos los protagonistas del caso Caval: experto en técnicas de inteligencia aprendidas en el FBI, con experiencia en investigaciones por asociación ilícita, delitos terroristas, estafas, tráfico de personas y en análisis criminal de interceptaciones telefónicas y de información estratégica.
Moya, además, ha formado a varios fiscales del país como relator de casos de Investigaciones Complejas. También ha impartido cursos a más de 150 fiscales de Ciudad Juárez justamente en el período de la crisis por los femicidios y la explosión del crimen organizado en México.
Aunque en La Araucanía tenía un estilo muy distinto al polémico ex fiscal Luis Chamorro, al que las comunidades mapuches solían impugnar públicamente por su modo de trabajo, Moya tuvo protección policial del GOPE durante varias de sus investigaciones, pese a que nunca hizo públicas sus amenazas. En 10 años, el fiscal indagó aproximadamente 100 causas relacionadas con el conflicto en La Araucanía. Tuvo distintos resultados en sus pesquisas. Pero logró acreditar en juicios orales delitos de connotación terrorista y condenó a 11 personas por la ley antiterrorista.
Mientras trabajó en la IX Región, estrechó lazos con el fallecido ex director de Carabineros Alejandro Bernales, con quien coincidió cuando éste era jefe de zona y también le entregó conocimientos de inteligencia.
En su debut como fiscal en Traiguén, tuvo un caso muy difícil: la violación de una niña de cuatro años al interior de la comunidad mapuche de Lumaco, un hecho que generó un conflicto entre los habitantes y en el que se logró la condena del autor. Moya, entonces con 27 años, y una vez que el imputado quedó en libertad, consiguió que el tribunal dictara prohibición del implicado, quien era familiar de la víctima, de acercarse a ella. Un hecho que resultó especialmente delicado por la dificultad que tenían los escasos policías del retén de la zona para entrar al lugar y verificar si se estaba o no cumpliendo la medida.
Un caso judicial emblemático fue el primer juicio oral por quema de camiones en la IX región, de propiedad del abogado Juan Agustín Figueroa, con resultado condenatorio y que investigó Moya.
Sin embargo, no todos los puzles policiales los pudo resolver. Fue el caso de la desaparición de una mujer y en la que su hijo mayor fue el principal sospechoso. Pese a las pesquisas, los interrogatorios y los allanamientos a la casa, ni el fiscal ni los policías lograron dar con el cadáver. Tiempo después, el imputado se suicidó y dejó una carta en la que no sólo confesó el crimen, también entregó el móvil: dijo que había sido abusado de niño por su madre.
Cinco años después, y cuando la casa tenía nuevos propietarios, el piso del garaje cedió, y bajo una gruesa capa de cemento se reveló el cuerpo: estuvo siempre en el mismo lugar donde Moya y los policías habían buscado.
VICTORIA, LOS PRISIONEROS Y EL FBI
Moya Domke es hijo de un matrimonio de profesores. Se crió en Puente Alto y llegó a vivir a la IX Región a comienzos de los años 80. En el Colegio Santa Cruz de Victoria lo recuerdan como uno de los mejores alumnos de la promoción. Allá fue compañero del escritor Francisco Ortega, quien cuenta que Moya era un líder en el curso y más maduro y reflexivo que el promedio de los compañeros. Por ello lo apodaban “el perro viejo”. Casi 30 años después, uno de los personajes de uno de los libros de Ortega, El Verbo Kaifman, llevaría el segundo apellido del fiscal Moya: Leopoldo Domke.
Otros compañeros de la época recuerdan que Moya y su grupo de amigos, en una ciudad que era marcadamente de derecha y en pleno régimen de Pinochet, rompieron la tendencia: eran los únicos que escuchaban a Los Prisioneros, Sol y Lluvia y canciones de la Nueva Trova.
Después de estudiar Derecho en la Universidad de Concepción, Moya trabajó como abogado en Concepción, Chillán y Victoria. Alcanzó la última etapa del antiguo sistema de justicia: con actuarios y secreto de sumario.
Luego entró a la Fiscalía, donde además de ser conocido por su carácter reservado, bajo perfil y muy compartimentado en la información, es definido como alguien muy “institucional”.
Compartimentar información es algo que aprendió en las investigaciones complejas que llevó en la IX Región. Pero también de la decena de cursos de técnicas de inteligencia que ha tomado con el FBI y la Guardia Civil Española sobre lavado de dinero, tráfico, crimen organizado y terrorismo.
A la VI Región llegó el 2010. En la fiscalía explican que él mismo pidió su traslado. Apenas asumió como fiscal en Rancagua, lidió con causas complejas: la primera fue el megafraude llamado Los Españoles, debido a que la mayoría de las víctimas eran de Valencia. Se trataba de un caso que llevaba cuatro años de tramitación y en el que habían sido estafados más de 200 inversionistas con la venta fraudulenta de terrenos de alta plusvalía, tanto en la VI Región como en la Metropolitana.
Finalmente, logró condenas por asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión.
La segunda fue la causa por tráfico ilícito de 165 inmigrantes, mayores y menores de edad, que viajaron desde Paraguay para trabajar en los fundos del Grupo Errázuriz. Aunque se probó la participación del empresario Francisco Javier Errázuriz, fue sobreseído por enajenación mental.
Hoy, en su rol en Caval, y después de las formalizaciones del caso (trámite que esta semana debía enfrentar Victorino Arrepol), Moya se concentrará en la etapa crucial de la causa: la investigación patrimonial a cada uno de los implicados (es decir, en qué ocuparon el dinero que recibieron del millonario negocio); afinar los pormenores de la querella tributaria que hay en su contra; indagar la arista de Saydex, empresa de suministros tecnológicos que ganó varias licitaciones en servicios de salud tras contratar a Caval, y los dichos del empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó en apenas un año $1.200 millones a Caval por distintas asesorías que cuestionó en su última declaración: “Pueden ser parte de un engaño, cuyo único propósito era obtener dinero de mis empresas”, dijo entonces.
Lo próximo de Moya será lograr una diligencia que está pendiente hace meses: la declaración judicial de un personaje tan clave como enigmático en el puzle de Caval: el gestor inmobiliario y operador político de la UDI, Juan Díaz.
