El 6 de noviembre de 2013, Natalia Compagnon asistió junto a su marido, Sebastián Dávalos, a una reunión en el Banco de Chile con la esperanza de obtener un préstamo. Necesitaba 226 mil UF (6.500 millones aproximadamente) para que Caval Sociedad Limitada –la empresa de la cual es dueña con su socio Mauricio Valero, cada uno en un 50%– pudiera comprar 44 hectáreas en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins, que pertenecían al empresario Patricio Wiesner y que el síndico Herman Chadwick estaba liquidando para saldar las deudas que lo tenían al borde de la quiebra. Una apuesta, ya que hace años se venía discutiendo una modificación en el plan regulador de la región para cambiar el uso de suelo de rural a urbano, lo que eventualmente habría podido aumentar considerablemente el precio de los terrenos.

Aunque Caval era una empresa pequeña, sin trayectoria ni capital, justificaban su solicitud de dinero en lo promisorio del negocio y aunque ya habían sido rechazados en otros lugares,  a la reunión en el Banco de Chile asistió el mismo Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad.

Un par de semanas después, el 15 de diciembre, Michelle Bachelet, la madre de Dávalos, fue elegida Presidenta de la República. A la buena noticia se le sumaron otras: un día más tarde el Banco de Chile aprobó el crédito y el 11 de marzo de 2014 los paños fueron inscritos a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Ese mismo mes, Dávalos dejó su cargo como director de proyectos de Caval para asumir un desafío más grande, la dirección del Área Sociocultural de la Presidencia que su madre le había confiado.

El “Proyecto de Machalí”, como se nombraba en Caval a este negocio, pudo haber sido una de las muchas inversiones que realizó la empresa desde su constitución, en 2012. De hecho, las operaciones de Caval pasaron desapercibidas durante muchos meses. Sin embargo, salió a la luz luego de que Sergio Bustos, un asesor que fue contratado por Caval con el propósito de obtener el famoso crédito, presentara una demanda laboral en contra de la sociedad alegando que le adeudaban más de $ 200 millones por no pago de sueldos y remuneraciones. Aunque la acción legal no prosperó –el Juzgado de Letras rechazó la demanda y a Bustos se le terminó dando vuelta la tortilla: en agosto fue procesado por presunta violación a los derechos humanos– fue la primera piedra de un engorroso camino.

Para febrero de 2015, cuando Qué Pasa destapó el caso y Banco de Chile confirmó que Andrónico Luksic estuvo presente en la reunión donde se aprobó el préstamo, Caval acababa de firmar un compromiso de compraventa por $ 9.500 millones con Inmobiliaria ruta 68, empresa propiedad de Hugo Silva. Las ganancias brutas para la firma de la nuera de Bachelet ascendían a $3.000 millones, aunque no terminaban ahí: en marzo se conoció la existencia de un contrato privado entre Hugo Silva y Mauricio Valero. Éste garantizaba la exclusividad de Caval en la gestión de una venta posterior de los terrenos y estimaba una ganancia mínima de $1.300 millones para la empresa.

La reacción del gobierno y sus consecuencias para la popularidad de Michelle Bachelet ya son historia conocida. Tanto la presidenta como sus principales asesores se encontraban de vacaciones, y los pocos que permanecían en Santiago –entre ellos Rodrigo Peñailillo y José Antonio Gómez– intentaron, sin éxito, bajarle el perfil al escándalo. El tiempo mostró que el silencio de La Moneda fue uno de los más grandes errores, que hasta hoy le pasan la cuenta a la gestión de Michelle Bachelet y a la popularidad de la presidenta.