La primera declaración de Natalia Compagnon ante la fiscalía, el 9 de abril de 2015, fue uno de los hitos más esperados de la investigación. Además de la prensa, afuera de la Fiscalía de Rancagua, le esperaban una multitud con pancartas de protesta.  Por más de 9 horas, la nuera de la presidenta fue interrogada por los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya.

Además de insistir que Bachelet nunca supo nada sobre los negocios de Caval, aquella declaración fue fundamental para la historia de la investigación porque aportó un antecedente nuevo que marcó uno de los primeros giros inesperados de la trama. De acuerdo a lo estipulado en el contrato privado entre Mauricio Valero y Hugo Silva, dos reconocidos operadores de la UDI, Patricio Cordero y Juan Díaz, recibirían el 50% de las ganancias obtenidas en la venta posterior de los terrenos.

Fueron las gestiones de Díaz las que le abrieron a Caval las puertas para comprar los terrenos de Machalí.

Juan Díaz Sepúlveda, un viejo dirigente de la UDI –participó en el equipo de investigación extrajudicial que formó el partido en medio del escándalo del caso Spiniak para desacreditar las declaraciones de Gemita Bueno–, tenía una red transversal de contactos políticos y conocía al síndico de quiebras Herman Chadwick desde 1989. Con él solía trabajar como gestor inmobiliario, apoyándolo en asesorías y proyectos relacionados con la venta de terrenos.

En 2004 sin embargo, había sido condenado por estafa, tras engañar a un matrimonio de Curicó precisamente en la venta de un sitio.

En 2011, algunas semanas después de ser designado síndico interventor de los terrenos de Wiesner S.A, Chadwick recibió un llamado. Era Juan Díaz. El gestor inmobiliario  se había enterado de su nombramiento y sabía que dentro de su mandato estaba la necesidad de modificar la zonificación para aumentar el valor del suelo. Díaz le habló entonces a Chadwick de Cynthia Ross, arquitecta con experiencia en la materia, quien además era sobrina de Patricio Wiesner y se había desempeñado en años anteriores como asesora del municipio.

Chadwick aceptó la oferta de Díaz y empezaron a trabajar juntos.  Concertaron el pago de $415 millones de pesos por las gestiones para cambiar el plano regulador y vender los terrenos, y Díaz se haría cargo del sueldo de Ross. Estos pagos ahora están bajo el escrutinio de la fiscalía y de la superintendencia de Insolvencias, ya que no fueron aprobados por la comisión de acreedores del convenio judicial a la que el síndico responde, y podrían valerle su cargo.

De inmediato, Díaz puso en marcha sus gestiones en Santiago para encontrar compradores. Pero no fue lo único. Debido a su pasado en la UDI, tenía un fluido contacto con algunos funcionarios de la municipalidad de Machalí, liderada por un alcalde del mismo partido: José Miguel Urrutia.

Ross acompañaba a los potenciales compradores, reforzando la inminencia del cambio en el uso de suelo como un factor de valor para concretar la transacción.

Sin embargo, no fue fácil encontrar interesados y en abril de 2013, Chadwick tuvo que extender el plazo para liquidar los terrenos. Ahí fue cuando apareció Mauricio Valero.

Un año antes, mientras Caval trabajaba asesorando al empresario Gonzalo Vial Concha sobre cómo mejorar la imagen de Agrosuper después del escándalo en la planta de Freirina, un conocido de Mauricio Valero le recomendó a Díaz para ese trabajo. Se trataba de Patricio Cordero, hermano de Luis Cordero, uno de los fundadores de la UDI y ex generalísimo de Joaquín Lavín, de quien fue administrador municipal.

Cordero conocía a Valero desde 2009, cuando el socio de Compagnon se desempeñaba como gerente general de Tech Data, empresa de Isaac Givovich, yerno de Lavín. Desde entonces habían mantenido una relación profesional en la que Valero constantemente le planteaba oportunidades de negocios. Así, Cordero fue testigo privilegiado del nacimiento de Caval y de su historia.

El episodio de Freirina fortaleció los lazos entre Díaz y Valero, quienes empezaron a reunirse con Cordero cada vez de manera más habitual. Fue en este contexto en que el gestor inmobiliario le ofreció a su nuevo amigo el negocio de Machalí.

Aunque tanto Díaz como Cordero aparecieron al mismo tiempo en el radar del Ministerio Público, hoy están siendo investigados por delitos diferentes, como queda constatado en sus formalizaciones.

Mientras Cordero fue imputado por facilitar a Caval boletas ideológicamente falsas a través de sociedad Lo Beltrán, de la cual es dueño, a petición de Mauricio Valero; Juan Díaz enfrenta acusaciones más graves: ventaja indebida por el pago de más de $400 millones que concertó con Chadwick y soborno reiterado por sus pagos a los funcionarios de la municipalidad de Machalí.