Una vez estallada la crisis de febrero, las ya conocidas tensiones entre Sebastián Dávalos y Rodrigo Peñailillo comenzaron a hacerse cada vez más notorias.
Con todos de vacaciones y lejos de La Moneda, el ex ministro del Interior, en su calidad de vicepresidente, fue quien tuvo que tomar el control de la situación, cosa que no hizo hasta el lunes, tres días después del destape. Muchos de los errores en el manejo comunicacional también se le atribuyen a él, por ejemplo, la primera vocería del ministro Gómez en el Salón Azul, que sólo se utiliza para los grandes anuncios, al mismo tiempo que el gobierno intentaba bajarle el perfil a la situación.
Peñailillo también fue el que más presionó a Dávalos a dar la cara, cuando se adelantó al resto y lo emplazó ante los medios: “tiene que responder él, en detalle”, fueron sus palabras. Insistió en que Dávalos publicara su declaración de patrimonio e intereses lo antes posible, y fue él quien llegó a la conclusión de que el hijo de la presidenta debía presentar su renuncia. Esa fue la última medición de fuerzas entre el hijo político y el hijo biológico de Bachelet: mientras el primero quería que Dávalos diera un paso al costado frente a los medios agolpados afuera de su casa en La Reina, éste sólo estuvo dispuesto a hacerlo en La Moneda.
No obstante, nadie responsabilizó directamente a Peñailillo hasta mayo, cuando en medio de los cuestionamientos por la vinculación con SQM que le costaron el cargo, Erika Silva, ex asesora de Dávalos en La Moneda, lo culpó directamente por la reacción tardía de la presidenta a través de Twitter.
Luego de eso las cosas parecieron enfriarse. Peñailillo, quien no volvió a hablar con Bachelet desde que dejó el gobierno, se mantuvo bajo perfil durante el resto de 2015.
Hasta que el 21 de diciembre pasado, Sebastián Dávalos fue a declarar por tercera vez ante la fiscalía, tras haber solicitado él mismo una cita “para aclarar su participación en todos los hechos”. De manera inesperada, sus dardos apuntaron contra Rodrigo Peñailillo a quien acusó deliberadamente de dejar que el caso Caval se “descontrolara” para perjudicarlo, reabriendo un capítulo que el gobierno había intentado dejar atrás y robándole la atención pública a la recién promulgada gratuidad en la educación superior.
Por primera vez, Dávalos confirmó la rivalidad que existía entre ambos. De acuerdo a su versión, los roces con Peñailillo comenzaron cuando su madre lo nombró director del área sociocultural, el único cargo que designó sin consultar a su máximo hombre de confianza y que se convirtió en un obstáculo en el esquema que buscaba posicionar a los miembros de la G90 –el colectivo al interior del PPD al que pertenece el ex ministro del Interior–, en las posiciones clave del gobierno. Tal era la aversión, que Dávalos justificó la decisión de borrar toda la información del computador que utilizaba en la dirección sociocultural por temor a que éste sufriera manipulaciones por parte de Peñailillo y su círculo.
Pero las inculpaciones no terminaron ahí. Dávalos además sostuvo que el mal manejo político y comunicacional del escándalo fue una estrategia para desviar la atención de SQM, caso que recién se conocía en el momento en que los negocios de Caval se hicieron públicos, y en el que la participación la izquierda estaba próxima a destaparse.
"La información del negocio de Caval fue conservada y utilizada por parte del G90 o un sector del PPD, para utilizar este caso y su cobertura para bajar el perfil al caso Soquimich, que los involucraba, y terminar de desplazarme", dijo en su declaración ante la fiscalía. Y añadió que "el tema Caval es, en parte, toda una operación política para ir bajando el perfil a otros casos de mayor connotación, relacionados con el financiamiento de la política, entre ellos Soquimich y para perjudicar al actual gobierno".
Incluso aseguró que figuras cercanas a la G90, como el senador Guido Girardi, el ex ministro Sergio Bitar y el ex embajador Fernando Ayala, conocían con anterioridad los negocios de Machalí, lo que después fue desmentido por los implicados.
Siguiendo la misma tónica que ha llevado desde el cambio de gabinete, Peñailillo se mantuvo en silencio y no salió a defenderse.
Las revelaciones de Dávalos se convirtieron en un error forzado para el gobierno, donde cada vez más abunda la desazón y preocupación por la incapacidad política y operativa de controlar los efectos del caso.
