Fue a comienzos de los 90 que Mauricio Duce, académico e investigador de la UDP, comenzó a trabajar en la idea de un cambio al sistema de justicia, lo que a partir de 2005 se cristalizó en la Reforma Procesal Penal.
Desde esa fecha han pasado dos fiscales nacionales, Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán, y en diciembre asumirá el próximo abogado que dirigirá el Ministerio Público por ocho años.
Hoy hay consenso en que esta elección es totalmente distinta a las anteriores. No sólo por el protagonismo inusitado que ha tenido la Fiscalía por casos de alta connotación pública como Penta y Soquimich, sino porque en las encuestas la ciudadanía ha ido calificando con nota cada vez más baja al Ministerio Público en su rol en la seguridad ciudadana.
Duce, quien ha sido profesor de jueces, fiscales y defensores, consultor internacional en reformas judiciales y autor de decenas de publicaciones sobre el tema, cree que a 15 años del nuevo sistema de justicia, éste es un momento “bisagra” para el Ministerio Público: o cambia de timón y se preocupa de la seguridad ciudadana o corre el riesgo de deslegitimarse y pasar a ser un actor irrelevante en el país.
—¿Qué tiene de distinta esta elección a las anteriores?
—En la primera elección, el desafío era instalar al Ministerio Público, por lo que el gran esfuerzo era el montaje institucional y que pudiera funcionar. Y para el segundo fiscal nacional fue la implementación, consolidación de los resultados obtenidos y el inicio de unas mejoras de segunda generación. En los comienzos hubo logros importantes, como la capacidad de seleccionar casos, de ocupar las distintas herramientas para el término de causas y de llevar casos a juicio oral y ganarlos. Al 2006, por ejemplo, la tasa de condenas era superior al 90%. Pero este tercer período plantea un escenario muy distinto, en el que lamentablemente el Ministerio Público vive un cuestionamiento muy importante, porque todos los indicadores de su credibilidad a nivel público son bajos.
—Pero los resultados de las encuestas sobre organismos relacionados con la justicia siempre son bajos.
—Sí, pero hace unos años su credibilidad era de un 33% y hoy, según la encuesta CEP de agosto, es de un 11%. Lo mismo pasa con las preguntas respecto a cómo evalúa la gente la función del Ministerio Público en materia de seguridad pública y control de la delincuencia: mientras en 2007 la nota era de 4,1, era baja pero aprobaba, según Paz Ciudadana Adimark hoy es de 3,3. Es decir, reprobatoria.
—Tras los casos Penta y SQM la Fiscalía ha logrado relevancia. ¿Por qué eso no influye en mejores notas?
—Estos casos han sido ganancia para el Ministerio Público, pero, probablemente, sin ellos la evaluación podría ser más baja. El gran factor que presiona en esta opinión negativa es la delincuencia. La ciudadanía percibe que el Ministerio Público no es un actor que tenga una intervención relevante y asuma un nivel de responsabilidad importante en mejorar los niveles de seguridad. Y eso que es la mayor preocupación de la población. En un nivel de crisis la gente tiende a cobrarle a una autoridad.
—¿Es justo reprocharle todo a la Fiscalía?
—Hay razones justas e injustas. Porque también está pagando responsabilidades que no son de su propia labor. El fracaso en la investigación y sanción de ciertos delitos en muchos casos obedece al trabajo policial que no está bien hecho y que se podría sofisticar. Pero hay razones que sí le son imputables, y que serán uno de los grandes desafíos que vienen para el nuevo fiscal nacional: el Ministerio Público no va a acabar ni con la desigualdad ni la pobreza, pero sí puede tener un mayor impacto que el actual en la medida en que a través de una adecuada focalización de sus recursos, desarrolle una política de persecución penal más eficaz para lidiar con los problemas delictuales. Por ejemplo, con los delitos más violentos y que constituyen la mayor preocupación de la ciudadanía.
—¿Cómo ha visto la posición del Ministerio Público respecto a la seguridad ciudadana?
—En los primeros años, la posición ha sido vacilante. La política del primer fiscal nacional fue decir que la seguridad pública no era un problema del Ministerio Público. Fue un discurso oficial. Esto da cuenta de una comprensión limitada de la propia Fiscalía acerca de su rol. Si bien no es la única responsable de la construcción de una política criminal que enfrente los problemas, sí debe llevar adelante el desarrollo de una estrategia de persecución de los delitos de manera más eficaz. La experiencia, comparada con otros países, demuestra que una política criminal es incompleta si no está coordinada con una política de persecución penal. Entiendo que el Ministerio Público no quiera cargar con la mochila de la delincuencia, pero sí es responsable de una parte muy importante del contenido. Uno esperaría un mayor compromiso.
—¿Qué camino debe tomar el nuevo fiscal nacional?
—En un escenario de baja legitimidad social, está en juego cómo se posicionará la institución en las próximas décadas. Este es un momento bisagra. Porque si el Ministerio Público no tiene un cambio de dirección en cómo ha enfrentado la delincuencia, corre el riesgo de deslegitimarse pública y políticamente y de transformarse en un actor irrelevante en el aparato institucional chileno. Esto no significa que los fiscales no vayan a tener un rol importante dentro del sistema de justicia criminal, sino que desde el punto de vista del prestigio y legitimidad, no vaya a ser que a nadie le importe su opinión.
—¿Qué implica que este sea un momento bisagra?
—Mi preocupación es que cuando tú tienes un sistema débil en su legitimidad pública y política, se está más expuesto a la captura de intereses no sólo políticos, sino también de los abogados, de los funcionarios y de los medios. Y eso no es bueno, porque la persecución penal en un país democrático debe tener niveles de autonomía importantes. Hasta el momento, uno de los logros es que nadie con antecedentes puede dudar de que ha tenido autonomía. Pero también hay otros riesgos en momentos como éste, y es que cuando se está deslegitimado, te abres a reformas legales de todo tipo. En Chile somos los reyes de la agenda corta, y muy poco reyes de la agenda larga. Y muchas de estas agendas cortas responden a problemas coyunturales que pueden tener consecuencias muy nefastas para la dinámica del funcionamiento del sistema.
—Aún hay gente que no sabe qué hace un fiscal.
—Por eso la necesidad de tener una política de posicionamiento social del Ministerio Público. Porque se han enviado señales que fueron mal percibidas por la comunidad, como que no son responsables de la seguridad ciudadana, o la política de sus primeros años de decir: “No somos los abogados de la víctima”. Desde el punto de vista técnico, es una afirmación correcta, pero políticamente no. Porque sí tiene deberes. Que técnicamente el fiscal no sea el abogado de la víctima, no quiere decir que no tenga deberes importantes.
—¿Qué deberes tiene con la víctima?
—Además de mantenerla adecuadamente informada, debe tratarla con sensibilidad y acorde a su condición. Pero hoy las encuestas muestran que un porcentaje relevante de las víctimas no se sienten consideradas por los fiscales ni tienen la información requerida para estar al tanto de sus casos. También, las víctimas piensan que el Ministerio Público no tiene una preocupación genuina por sus intereses, a pesar de que la experiencia demuestra que en la mayoría de los casos hay coincidencia entre lo que busca el fiscal y las expectativas de la víctima. Por ello, resolver esto es un desafío para el próximo fiscal nacional.
—¿Qué opina del alto porcentaje de imputados desconocidos que tiene la Fiscalía?
—Cuando tienes un imputado desconocido, es decir que no se sabe quién cometió el delito, y no encuentras información, es probable que ese caso tenga menos posibilidades de ser esclarecido. Esto presenta un desafío de cómo mejorar la capacidad de investigación en este tipo de causas. Porque el Ministerio Público no ha desarrollado una metodología sofisticada en esta dirección. Y hoy el foco está muy en el caso individual y no en la indagación de fenómenos criminales que se repiten en el tiempo y que, separadamente, son muy difíciles de esclarecer. Pero cuando uno los agrega como un problema, surgen más probabilidades de resolverlos y sancionarlos. Se puede lograr, focalizando y cambiando el método de trabajo. Por ejemplo, si desbaratas 50 o 60 bandas, se podrían explicar cientos de los delitos de mayor preocupación.
—Las absoluciones en juicios orales también han subido del 10% al 20% ¿Es un problema?
—Es una tendencia. Entre el 2007 y el 2014 las absoluciones han pasado de un 10% a 20%. Esto ha ido en declive, pero son cifras que en derecho comparado todavía son razonables. Lo preocupante es la tendencia, porque cuando la línea va bajando, no sabes dónde va a llegar. Lo que indica es que el Ministerio Público ha disminuido su capacidad de condena. El problema que hay detrás es complejo, pero hay varios factores. Uno, es pensar que lleva a juicio casos que no son tan buenos. Pero yo tiendo a pensar que más relevante que eso es la presión que tiene por llevar casos a juicio oral lo que está haciendo que los fiscales lleguen mucho menos preparados. He entrevistado a jueces, y ellos dan cuenta consistentemente de eso. Esto tiene que ver en cómo se está gestionando el tiempo de los fiscales. Pero también con el tiempo los jueces han ido perdiendo la ‘virginidad’ en términos de credibilidad de alguna prueba y hoy son mucho más críticos.
—En ese sentido ¿cuáles son los principales desafíos para el Ministerio Público que viene?
—El gran desafío no es hacer una oferta masiva y universal, sino que una que esté focalizada en las cuestiones que son más graves en la seguridad pública. Y para esto se necesita contar con un trabajo policial de calidad. Otro desafío será mantener los niveles de independencia y autonomía en los casos “políticamente complejos” en donde hay presiones de diverso tipo. El Ministerio Público es un pilar del Estado de derecho y debe evitarse a toda costa que sea capturado por intereses. Esto es especialmente delicado en momentos como los que vive nuestro país y es necesario dar señales claras a la ciudadanía que en esta materia se actuará con independencia y transparencia.
—¿Y cómo debería ser la Fiscalía en 8 años más?
—Me encantaría que la próxima elección de fiscal nacional tuviera 20 a 25 candidatos, con los mejores fiscales regionales y los abogados más prestigiosos de la plaza peleándose por entrar a una institución que sea prestigiada, con resultados valorados por la sociedad, con una política de persecución penal clara y que quien pase por ahí sea una garantía de calidad de un servicio público autónomo e independiente.
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Traspaso fiscal
Dos meses le quedan al fiscal nacional, Sabas Chahuán, para cerrar su gestión. Los casos Penta, SQM y Corpesca se instalaron como la herencia más compleja que le deja a su sucesor, a quien le espera un abanico de decisiones en la oficina de General Mackenna: completar, profundizar o cerrar lo avanzado hasta acá en los casos que golpean al poder político.
