El número llama la atención: 90 países de cinco continentes figuran en el currículum de consultor del experto marroquí Jamil Salmi, ex coordinador de Educación Terciaria del Banco Mundial hasta 2012 y una de las figuras más relevantes a nivel mundial a la hora de debatir sobre educación superior.

Dentro de esos 90 países está Chile, al que Salmi ha seguido con interés. En 2009, desde su rol en el Banco Mundial, fue uno de los redactores del informe conjunto con la OCDE sobre la educación superior chilena, solicitado por el primer gobierno de Michelle Bachelet; en 2012 también fue consultor en algunas materias para el gobierno de Sebastián Piñera, y es profesor emérito de la Universidad Diego Portales.
Salmi volverá en dos semanas a Chile como invitado internacional al seminario “Gratuidad y financiamiento público institucional a la educación superior”, organizado por Clapes-UC y que se hará este martes 22 de septiembre. Aquí anticipa su mirada sobre la reforma y advierte que si bien hay que hacer reformas, el modelo actual puede terminar sin dar solución al problema más grave a su juicio: la diferencia
socioeconómica en el acceso a las universidades.

—Usted participó en 2009 en una investigación de la OCDE y el Banco Mundial sobre la educación superior chilena. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de reformar, en su opinión?

—En 2009, a solicitud del gobierno chileno de aquella época —el primero de Michelle Bachelet—, se pide a la OCDE y al Banco Mundial hacer un informe sobre la evaluación de lo bueno y lo malo de la educación chilena. Y todo este tema de las desigualdades de financiamiento y de la inequidad ya está planteado allí. Entonces, una lección que yo saqué de lo que ha pasado en Chile es que no tomar decisiones puede traer problemas iguales o peores.

—¿Por qué señala eso?

—Toda la dinámica de la reforma no viene del gobierno ni del Parlamento: viene de la calle. Hay un movimiento en 2006 en que los estudiantes secundarios piden que el pase escolar del transporte sea gratuito, y eso poco a poco va escalando, hasta que llega este tema de la gratuidad, que se transforma en una promesa electoral. Entonces, son respuestas a crisis, sin realmente sentarse y decir: “Bueno, hay que hacerlo ahora, y de manera consensuada”. Yo tuve conversaciones sobre este tema con el equipo de Bachelet, y ya estamos a mediados o fines de 2015. Es una lástima que un tema tan importante no se haya solucionado hasta hoy.

—Si tuviera que describir cómo se ve la educación superior chilena desde el exterior, ¿qué marcaría como fortalezas y debilidades?

—Una cosa que los chilenos no aprecian es que su sistema es uno de los más avanzados en América Latina. Primero, ha tenido un nivel de desarrollo cuantitativo muy alto, con la tasa de matrícula en la educación superior más alta en América Latina; segundo, tienen un sistema muy diversificado entre universidades públicas e instituciones privadas, y entre universidades e instituciones que no son universidades, como los IP y los CFT; tercero, la calidad: si uno lo mide en relación a la población del país, ustedes tienen los mejores resultados de América Latina. Yo sé que hay oposición sobre el concepto de mercado, pero la tendencia mundial es que hay un mercado de la educación superior. Ahora, lo que hay que evitar son los excesos.

—¿Y qué cosas se definen como excesos?

—Con este tema de la gratuidad, que surge legítimamente a raíz de excesos, por ejemplo, de los jóvenes que tienen el crédito CAE y que no encuentran empleo, que tienen una deuda muy alta, se repiensa totalmente el concepto del sistema de educación superior en Chile sin ver los aspectos positivos.

 

“EL MONOPOLIO DEL CRUCH ES INJUSTO”

—¿Qué aspectos del actual sistema le parecen negativos?

—Hay una injusticia fundamental: el monopolio del CRUCh a mí me parece algo que quizás en su momento tuvo su racionalidad, pero que hoy en día es fundamentalmente injusto. Tanto las becas como los créditos son mucho más ventajosos para un estudiante del CRUCh. Concretamente, eso significa una gran discriminación: si no te califico para ser ciudadano de primera clase, por tanto soy ciudadano de segunda clase. Y yo no veo que se replantee este aspecto discriminador, que es realmente único a Chile.

—¿Cuál es la fórmula más común?

—En la mayoría de los países, el Estado tiene su compromiso con las universidades públicas y no con las privadas. En algunos países, como el caso de Colombia, donde vivo hoy, o Estados Unidos, las públicas son las únicas que reciben un aporte financiero directo; sin embargo, los estudiantes de las privadas que están acreditadas pueden recibir becas del Estado o créditos educativos subsidiados. Pero no existe este escenario de que algunas privadas, porque son más antiguas, van a ser financiadas, y otras que surgen después y que pueden ser de buena calidad no se financian por un tema histórico.

—¿Esto es algo que sólo ocurre en Chile?

—No se observa en ningún país del mundo. Por eso para mí un tema de reforma sería eliminar el CRUCh: uno puede hacer la distinción entre universidades públicas o privadas, o apoyar a todos los estudiantes, pero de acuerdo a la calidad de las instituciones. Otro tema es el del lucro: me parece que es importante ser más claro y honesto con esto, hacer como Perú y Brasil, y decir: “Si usted se compromete a no hacer lucro, hay un tratamiento, y si usted abiertamente lucra tiene que pagar sus impuestos”, pero que las cosas queden claras.

—Otro de los puntos que están sobre la mesa es a qué tipo de estudiantes se va a apoyar. ¿Qué método se podría usar de acuerdo a la experiencia internacional?

—Es que lo que Chile está tratando de hacer hoy en día, ningún país del mundo lo ha hecho.

—¿Ningún país?

—No, porque hay pocos países que han introducido cobros de matrícula y después lo han eliminado. Hay países que nunca los han introducido, como los de Europa del Norte, o países que tienen cobro de matrícula, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Y lo que pasa es que poco a poco a lo largo de los años hay cada día menos plata del Estado y más plata privada. Así es la tendencia mundial, por los déficits y la gestión de los recursos fiscales de los países.

—O sea, la tendencia mundial apunta más bien a que el Estado pone menos recursos.

—Sí. De alguna manera, Chile fue un precursor, un pionero, uno de los pocos países, con Corea del Sur, que tenían la proporción de contribución privada más alta del mundo. Ahora, eso no es problema si hay un buen sistema de apoyo financiero a los estudiantes que no tienen recursos para ingresar.

—¿Por qué usted plantea que la situación de Chile es inédita?

—Irlanda es uno de los pocos ejemplos que conozco donde a inicios de los 90 introducen el cobro de matrícula y después hay un cambio de gobierno y deciden quitarlo. Pero como todas las universidades son públicas, no hay problema: es un tema entre el Ministerio de Finanzas y el de Educación, siempre y cuando el dinero esté disponible. Ha pasado también en algunos estados de Alemania y en Austria, eso es fácil. Pero en un país donde cerca del 70% de los estudiantes va a instituciones privadas, es totalmente diferente e inédito. Es un experimento que no se ha visto en otra parte del mundo, es único.

—¿Cómo se enfrenta el tema del acceso a la universidad?

—Decir que vamos hacia la gratuidad no va a solucionar todo el problema, porque eso supone que la proporción de estudiantes que pasan la PSU sea neutra en cuanto al nivel socioeconómico. Y, como usted sabe mejor que yo, eso no es así.

—¿Qué otros aspectos son importantes de considerar en la reforma del sistema de educación superior?

—Sé que se está mirando también una reforma de la educación secundaria. Ahí no estoy al tanto, pero es muy importante que la población estudiantil que llegue a terminar esa educación no llegue ya con un patrón de diferenciación socioeconómica demasiado alto, porque la gratuidad no va a solucionar este problema de discriminación social, que es producto de lo que ocurre en primaria y en secundaria.

“El primer riesgo que hay que evitar es que sea regresivo. Si los impuestos no son progresivos, y la proporción de estudiantes ricos es mayor a la de estudiantes pobres —lo que en el caso de Chile todavía ocurre—, la gratuidad va a significar que los papás pobres están subsidiando a los hijos de los ricos”.

—¿Y qué riesgos considera que son importantes de evaluar?

—El primer riesgo que hay que evitar es que sea regresivo. Si los impuestos no son progresivos, y la proporción de estudiantes ricos es mayor a la de estudiantes pobres —lo que en el caso de Chile todavía ocurre, si uno ve la encuesta Casen—, la gratuidad va a significar que los papás pobres están subsidiando a los hijos de los ricos. El siguiente problema es decidir cómo paso la plata a las instituciones privadas: con qué criterios voy a definir cuál es el costo justo de una carrera en una de esas universidades, y cómo defino un monto que no sea exagerado, pero que al mismo tiempo no las castigue. Y esa respuesta es muy difícil.

—Pero la crítica que ha surgido desde las universidades es que los precios del arancel de referencia podrían quedar muy cortos respecto al costo real de las carreras. ¿Eso es plausible?

—Absolutamente, porque en ningún país del mundo el Estado tiene los datos suficientes para decidir los precios. Entonces, por ahí si las universidades privadas no van a abrir de manera transparente sus cuentas, y el sector público no tiene los datos suficientes, ¿cómo se busca el término medio para que la plata que se pase a las universidades privadas no sea corta o exagerada?

—¿Cómo se puede realizar ese proceso?

—Es que el punto es que no hay experiencia internacional suficiente en este tema. Ustedes están inventando un nuevo sistema. Yo digo siempre que, como observador de la educación superior, lo que está pasando en Chile es fascinante. Pero es preocupante si va a destruir lo que era bueno. Hay que asegurarse que el sistema con el que se termine sea mejor que el sistema con imperfecciones que tenían antes.

—Entonces, para usted el problema no es que no haya que hacer reformas, sino el diseño de ese modelo.

—Exactamente, porque hay que evitar lo que ocurre hoy en Chile, que es una polarización que, desde el punto de vista de las políticas públicas, me parece el peor resultado.