"Creemos que hay poco avance. Se han decretado pocas diligencias”. La semana pasada, Habitat perdió la paciencia. El fiscal de la AFP, José Miguel Valdés, en compañía de los abogados Luis Inostroza y Álvaro Morales llegaron a la Unidad de Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Ulddeco) del Ministerio Público, para pedir el cambio del fiscal a cargo del caso Cascadas, el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte,  José Morales, aduciendo lentitud en el proceso.  Un mes antes, la administradora le había planteado su disconformidad con cómo se estaba desarrollando la investigación, señalándole que si no había un vuelco, se tomarían medidas al respecto.

Esta fue la más reciente de una seria de tratativas por sacar a Morales del caso; movidas que hoy tienen al fiscal en una encrucijada de cara a las formalizaciones, ya que existen varias versiones al interior del Ministerio Público que prevén que la no persecución del  controlador de SQM, Julio Ponce, pueda incluso afectar su carrera hacia fiscal nacional.

“Como parte querellante nos corresponde estar evaluando permanentemente el curso de la investigación, proponer diligencias y colaborar con la Fiscalía, en este caso se han detectado deficiencias que hemos puesto en conocimiento del señor  fiscal nacional (Sabas Chahuán) y ello con el objeto de mejorar el desarrollo de la investigación, sin perjuicio que previamente fueron tratadas con el fiscal a cargo”, subraya Inostroza, quien trabajó varios años con Morales en la Fiscalía.

La causa que investiga el movimiento de acciones entre las sociedades que controlan SQM, denominadas sociedades cascadas (Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A.),  llegó hace casi dos años a la Fiscalía Centro Norte, luego que el fiscal que originalmente llevaba el caso, Alberto Ayala, se inhabilitara por haber sido abogado de SQM. Hoy sólo existen dos formalizados por entrega de información falsa al mercado, a raíz de la arista Linzor, por una serie de transacciones bursátiles fraudulentas. Se trata del el ex gerente general de Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, y la secretaria Claudia Morales.

Los ojos de los querellantes, no obstante, están puestos en el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Este ya fue sancionado por la Superintendencia de Valores en septiembre de 2014 por, a juicio del regulador, liderar un esquema de transacciones que terminaron perjudicando económicamente a las cascadas y, por consiguiente, a otros accionistas como AFPs y minoritarios.

Las intenciones de sacar a Morales no se han reducido sólo a Habitat. A comienzos de año, Moneda llegó a las oficinas del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, pidiendo la formalización de Ponce. La autoridad rechazó tal petición.  Luego, habrían intentado recurrir al fiscal nacional, para cambiar de manos el caso, lo que finalmente no se concretó. En esa oportunidad, Morales conversó con Chahuán, y le planteó las constantes “presiones” de ambos querellantes por formalizar a Ponce. “Le dijo que, si  Chahuán quería hacerse cargo del caso, él le remitía las 150 carpetas al otro día”, asegura un conocedor de la reunión. La respuesta de la máxima autoridad del Ministerio Público fue no.

Por su parte, Morales asegura que en los años de investigación no existe ninguna prueba que inculpe directamente a Ponce en las operaciones. En enero, la fiscalía  estuvo toda una mañana en LarrainVial viendo cómo se comportaba la compra y venta de acciones para seguir entendiendo el caso.  “Ellos (Habitat y Moneda) han sostenido reiteradamente, pero sin fundamento alguno, que después de la investigación de la SVS lo que correspondía era que el Ministerio Público actuara, por así decirlo, automáticamente, determinando la formalización de la investigación respecto de todas las personas involucradas en el caso administrativo”, explica  Jorge Bofill, abogado de Ponce Lerou. “Nosotros siempre hemos sostenido que las operaciones cuestionadas son completamente legítimas y que no existe ninguna prueba del supuesto ‘esquema’ del que habla la SVS”, agrega.  El abogado de Moneda, René García, sostiene lo contrario. “Los antecedentes que existen al respecto son abrumadores y derivan del protagonismo del señor Ponce en todas las decisiones relevantes de las cascadas, y en diversas operaciones de compra, de venta y de financiamiento realizadas por sus sociedades personales. Esos mismos antecedentes llevaron a la SVS a sancionar y a calificar al señor Ponce como ‘ideólogo y promotor del esquema’”, concluye García.

Morales asegura, no obstante, haber analizado ya toda la contabilidad de las cascadas y los libros de directorio de todos los años. “No hay ninguna hoja donde Aldo Motta haya pedido autorización a Julio Ponce respecto a alguna operación. Si no tienes esto, no tienes caso contra Ponce”, dice. “Formalizaremos a alguien sólo en la medida que existan antecedentes para formalizarlo”, enfatiza.

Sobre las presiones, el fiscal dice haber enfrentado mucho peores en su carrera.

FRENTES DE ALTAS PRESIONES
El 8 de mayo de 2014, Morales recibió tal vez la peor llamada de su trayectoria profesional. Mientras estaba en un curso de relatores en el Hotel Neruda, la madre de uno de sus tres hijos lo contactó. Un hombre había intentado hacerse pasar por él para, presumiblemente, raptar al niño del colegio. Desde ese día un guardia de seguridad lo acompaña toda la semana. Su hijo también tuvo uno por cerca de un año. El fiscal ya no corre en las noches, medida que tomó a raíz de este hecho, y que ahora mantiene por una dolencia en la espalda. Sigue viviendo en el centro de Santiago.

Las presiones —ninguna más de esta envergadura, por cierto— han sido parte de la carrera de Morales. Cuando era fiscal en Los Vilos, no sólo lo insultaban, sino también le tiraban cosas a su casa. “Pueblo chico, infierno grande”, recuerda un cercano al profesional. “Todos estos temas han sido para presionarlo y él nunca ha cedido”.

Ante eso, las tratativas de Moneda o Habitat para sacarlo del caso están lejos de poder causar algún tipo de complicación en el fiscal. “La Fiscalía, el fiscal y los fiscales adjuntos de Chile están sometidos únicamente a la correcta aplicación de la ley y ese es el principio de objetividad.  No se me ocurriría pensar que un fiscal no está sometido al principio de objetividad”, señala Morales.

La mirada de los querellantes, sin embargo, es otra. Dicen que no hay presiones, sino el legítimo derecho a pedir que se hagan las gestiones. “En esta investigación es evidente que no se han realizado todas las diligencias para llegar a determinar a todos los responsables así como los delitos que pudieren existir, pero es algo que se puede revertir. En todo caso no sólo es una responsabilidad del actual fiscal a cargo, sino que también de quien llevó la investigación con antelación a él”, enfatiza Inostroza, en referencia a Alberto Ayala. “Lo que hemos hecho es ejercer los derechos que la ley confiere al querellante: hacer peticiones, recurrir al superior jerárquico, etc. Las únicas presiones son las que apuntan a inhibir las acciones de las víctimas, atribuyéndoles intereses económicos y caricaturizando como presiones lo que es el ejercicio de derechos”, complementa René García. “No es un misterio a estas alturas que tenemos, como querellantes, importantes discrepancias con la forma en que el fiscal ha conducido esta investigación”, agrega. “Se lo hemos manifestado directamente”.

DILIGENCIAS PENDIENTES

El 3 de agosto, el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la UC de Valparaíso entregará un preinforme del peritaje solicitado por Moneda para analizar ciertas operaciones y aspectos de la investigación. El resultado final estará el 25 de septiembre.

En paralelo, Morales continuará con las declaraciones. La semana pasada, acudió el ex gerente de Potasios, Patricio Contesse Fica, y el jefe del área de Cumplimiento de la SVS,  Víctor Zapata. Según Bofill, este último reconoció que no existe ninguna prueba del supuesto esquema. “Tanto Moneda como Habitat saben esto perfectamente, porque ellos conocen al detalle la investigación administrativa. La duda es, entonces, qué es lo que critican, más allá de la insuficiencia –o inexistencia, mejor dicho– de su caso”, precisa. Al revés, en Moneda estiman que las aseveraciones de Zapata reafirman los hechos.

Aún  resta que vaya a declarar nuevamente Ponce; el socio de LarrainVial Leonidas Vial y otros ejecutivos de la corredora. Además, Morales citará a ejecutivos de Habitat para indagar si manejan antecedentes adicionales para formalizar a Ponce, dadas las acusaciones que han realizado en su contra. Las declaraciones terminan a principios de agosto.

Morales, eso sí, asegura que el caso contra Aldo Motta es firme. “Hay ciertas operaciones que Motta hizo, sobre las cuales es fáciles de determinar que son fraudulentas, por cuanto vendía para recomprar”, subraya. El abogado no descarta que vengan nuevas formalizaciones.

LA POLAR: JUICIO ABREVIADO

Dentro de los argumentos planteados por Habitat para solicitar cambio de fiscal, está el tiempo que Morales le deberá dedicar al caso La Polar, considerando que para el próximo 12 de agosto está programada la audiencia de preparación del juicio oral.

Hoy son siete los imputados por entregar información falsa al mercado, entre otros delitos. Se trata del ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; el ex gerente de Finanzas Santiago Grage; la ex gerenta de Créditos, Marta Bahamondes; el ex gerente general interino, Martín González, y el jefe de proyectos, Ismael Tapia.

Si bien a comienzos de año el mandato de la Fiscalía Nacional era llevar a los principales involucrados a juicio oral, hoy la predisposición es distinta. El 12 de agosto no habrá preparación de juicio oral, sino que se suspenderá  condicionalmente a Bahamondes, González y Tapia, y se fijará fecha para juicio abreviado contra el resto. Moreno (pese a que su defensa pidió la reapertura de la investigación) y Farah estarían dispuestos a ese mecanismo, a pesar de que eso implica reconocer los hechos. Alcalde y Grage estarían más reacios y preferirían juicio oral. La audiencia de preparación para esa instancia se vería después de los abreviados.

En el peor de los escenarios, que implica ir a juicio por un período estimativo de entre seis meses y un año, Morales podría abordar cascada y La Polar en paralelo, considerando que en ambos casos trabaja con la fiscal Tania Sironvalle.

LA CARRERA POR LA FISCALÍA NACIONAL

La petición realizada el jueves por Habitat debiera tener una pronta respuesta. Un alto funcionario del Ministerio Público, asegura que bajo el análisis de los antecedentes, la causa debiera seguir en manos de Morales: no existe ninguna otra repartición que conozca de valores. No obstante, hoy existe un dato adicional: la elección del próximo fiscal nacional. “En un escenario normal, yo no tendría la menor duda de que esto lo van a rechazar, pero en el escenario actual tiendo, legítimamente, a pensar que alguien podría meter sus manos”, explican conocedores de la causa. Todo eso en el supuesto de que una eventual formalización de Ponce derivaría en un “poroto” adicional para quienes están en carrera, añaden.

Conocidas son las intenciones de Morales por suceder a Chahuán, quien deja el cargo en noviembre. “No digo que Morales sea el favorito para ser fiscal nacional, pero creo que tiene más opciones que hace seis meses. Puede ser el más joven, pero es el que lleva  más años como fiscal”, destaca un abogado al interior de la Fiscalía.

Abogados defensores, de hecho, reconocen en Morales una serie de atributos que lo respaldan, pese a las voces que circunscriben su candidatura a una formalización en particular. “De Morales uno sabe qué esperar y qué no. Es un fiscal bien ubicado y bien ponderado”, explica un abogado de la plaza. “José Morales llegó a la Fiscalía Centro Norte a organizar un área sensible y acorde a la labor de dicha fiscalía regional.  Mi evaluación es que ha salido airoso frente al desafío de enfrentar casos complejos. Lo he visto como un fiscal pragmático,  metódico,  consciente de las posibilidades procesales del organismo. Buen investigador y de buen trato hacia los profesionales e intervinientes”, complementa el socio de Chaves, Awad, Contreras y Schürmann, Miguel Cháves.

Los aspirantes a fiscal nacional serían varios. Frente a ese escenario, la mirada de Morales es más bien negativa, aunque no es algo que hoy se cuestione y menos que ponga en duda su posición frente a Ponce. “Si formalizamos a alguien es porque lo podemos condenar en juicio oral y si  alguién estima que eso me puede costar una posible campaña para fiscal nacional, costará esa campaña para fiscal nacional”.

—Si no es electo ¿dejará la Fiscalía?

—No quiero irme sin terminar Cascadas ni La Polar. Después habrá que verlo.