ROUND 1: GAJARDO V/S AYALA
El martes 9 de junio, apenas se enteró de que su jefe directo, el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, había resuelto sacarlo del caso Corpesca, a petición de la defensa del senador de la UDI Jaime Orpis, Carlos Gajardo pidió una reunión con el fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Lo que ocurrió en esas 24 horas antes del encuentro generó una serie de especulaciones y trascendidos -entre ellos que renunciaría al Ministerio Público- que reflejan la tensión que se vive por estos días al interior del organismo y que tiene a estos tres fiscales en el ojo del huracán.

Tres relaciones que se cruzan en una trama de suspenso que está aún a meses de avizorar un desenlace.

En el primer capítulo, los hechos de esta semana reflotaron un viejo cruce entre Gajardo y Ayala, que quedó en evidencia a fines de febrero pasado, cuando Chahuán se vio forzado a reordenar la causa y dirigirla personalmente, debido a una disputa entre ambos por el control del caso Penta.

La rencilla interna se produce en momentos en que Chahuán enfrenta una carrera contra el tiempo por dejar avanzadas todas las formalizaciones de las aristas Penta y Soquimich (SQM), antes de terminar su mandato de ocho años en noviembre próximo.

Aunque Gajardo ya se había instalado en marzo pasado en dependencias de la Fiscalía Nacional para integrar el equipo de cuatro fiscales que junto a Chahuán indagan Penta y SQM, su nexo con la Fiscalía Oriente, que dirige Ayala, seguían vigentes, pues continuaba como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de dicha zona que, precisamente, indagaba hace meses el caso Corpesca. Aunque con menos presencia, Gajardo seguía el detalle del avance de dichas pesquisas que, en estricto rigor, estaban en control directo del fiscal José Luis Villalobos.

El hecho fue advertido hace meses por varios de los abogados de los imputados, entre ellos Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, representantes del senador Orpis. Los defensores se propusieron sacar a Gajardo, a quien apuntaban por las filtraciones del caso, para evitar que influyera decididamente en las pesquisas de Corpesca. Varios otros intervinientes en la causa además alertaban que Gajardo buscaba poner el caso Corpesca en la primera línea al igual como lo hizo cuando estalló Penta en 2014.

En su ofensiva, en un primer escrito los abogados de Orpis pidieron a Chahuán cambiar al fiscal del caso Corpesca y que, tal como ocurrió en febrero con Penta y SQM, él mismo asumiera el destino de la indagatoria.

Curiosamente, en el texto la defensa de Orpis nunca mencionó a Carlos Gajardo, aunque buscaba aislarlo.

Chahuán se negó a cambiar de mano el caso Corpesca, decisión que provocó que la petición de los abogados de Orpis rebotara en Ayala -para dichos efectos, superior de Gajardo-, quien sí resolvió sacarlo del camino.

Sin embargo, este último tenía una carta bajo la manga. En la reunión del miércoles pasado -en medio de los rumores de renuncia- le presentó al fiscal nacional un dato nuevo: que en la investigación de Corpesca encontraron una serie de antecedentes que se vinculan a SQM. Con esto, Ayala quedaba inmediatamente fuera de las decisiones, luego de que en febrero se inhabilitara de conocer el caso por haber trabajado durante más de 12 años en la minera no metálica. Gajardo logró afirmarse al menos por unos días, mientras Chahuán decide si se hace cargo de la causa.

Hasta ahora el único vínculo conocido entre Corpesca y la minera es la boleta que emitió a SQM por $ 3 millones la asesora de Orpis, Carolina Gazitúa, quien también recibió honorarios por $ 73 millones de la pesquera del Grupo Angelini.

Pero lo que ha llamado especialmente la atención en círculos judiciales es que el nexo entre Gazitúa y SQM era un hecho público, por lo menos hace un mes.

ROUND 2: CHAUÁN V/S GAJARDO
El reordenamiento de las piezas investigativas de los casos Penta y SQM en febrero pasado significó un triunfo para el fiscal Gajardo: tras una dramática disputa con Ayala, el fiscal nacional golpeaba la mesa y asumía el control total de la indagatoria. Pero Gajardo no se quedó abajo. De hecho, se sumaba a un equipo de fiscales integrado por su brazo derecho en la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, Pablo Norambuena, además del fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien es muy cercano a Chahuán, pues trabajó con él en la Fiscalía Metropolitana Occidente.

El nuevo rumbo de las pesquisas había dejado bien parado al ex fiscal jefe de Ñuñoa, quien incluso mantuvo un rol protagónico junto a Chahuán durante la formalización de cargos en contra de los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, además de Hugo Bravo y otros funcionarios del holding, los primeros días de marzo.  Gajardo estuvo en la primera línea, compartió roles con Chahuán y sus compañeros en la lectura de cargos y el debate jurídico sobre las medidas cautelares. El equipo se veía afiatado, pese a los pocos días que tuvieron para preparar la ofensiva judicial. “Jugaron casi de memoria”, comenta un abogado de la causa, lo que significaba un buen augurio para lo que se venía. La decisión del juez Juan Manuel Escobar fue el broche de oro: los principales imputados en la causa quedaban en prisión preventiva. Era el primer triunfo y el futuro se veía auspicioso.

Pero, con el correr de los días, la causa crecía como una bola de nieve. Si Penta ya demandaba suficientes energías, la arista SQM se transformaba en un verdadero dolor de cabeza gracias a la lucha constante de los abogados y la problemática convivencia con el Servicio de Impuestos Internos (SII), que demoraba en la presentación de las querellas, así como la tensión permanente entre La Moneda y el parlamento. La expectativa de otras nuevas líneas investigativas y la ampliación a otras empresas que aportaban irregularmente a la política, fue demandando cada vez más tiempo y energía al nuevo grupo. Un mes más tarde, los primeros días de abril, Chahuán decidió incorporar a una nueva integrante: la fiscal de La Serena Carmen Gloria Segura, especializada en delitos de corrupción.

Su llegada, si bien fue un alivio pues ayudaba a descomprimir la carga laboral, significó también un problema para Gajardo, acostumbrado hasta ese momento a tener un rol protagónico. Segura se transformó en el brazo derecho de Chahuán. Con su bajo perfil, capacidad ejecutiva y orden, consiguió rápidamente ganarse la confianza del fiscal nacional. Este nuevo esquema fue alejando de a poco a Gajardo del espacio de influencia sobre las decisiones de la investigación: Segura era su antítesis. Algo que desde afuera comenzaron a percibir los numerosos abogados que intervienen en la causa, quienes notaron un cambio de ánimo del ex fiscal de Ñuñoa. Así las cosas, la complicidad inicial del jefe del Ministerio Público y Gajardo se fue convirtiendo en una relación “estrictamente profesional”. Algo que pesó a medida que crecía la causa y se manifestó en una decisión clave: Gajardo fue marginado del interrogatorio de Giorgio Martelli, recaudador de campañas y principal imputado en la arista de pagos de SQM Salar a su empresa Asesorías y Negocios. La diligencia concentró toda la atención del mundo político, pues Martelli despejaría ante los fiscales el rol del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y una serie de funcionarios y ex colaboradores del gobierno que recibieron pagos de su empresa mientras organizaban el retorno de la ex presidenta Michelle Bachelet, durante 2013.

Aunque Chahuán negó en público que había marginado a Gajardo, sólo él y Segura participaron del interrogatorio que duró cuatro días seguidos. Tras la cita, el fiscal nacional declaró secreta la pieza investigativa, por lo que hasta ahora ni Gajardo ni el resto de los fiscales del equipo han accedido a ella. La medida es tan extrema que para que el resto de los fiscales realicen las diligencias e interrogatorios derivados del testimonio de Martelli, Chahuán y Segura confeccionaron un cuestionario tipo, resguardando su contenido de los propios investigadores.

ROUND 3: CHAUÁN V/S AYALA
“Todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando yo veo permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y medios, yo, como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso”. A la misma hora que el fiscal nacional Sabas Chahuán intentaba poner paños fríos a la polémica entre Carlos Gajardo y el fiscal regional oriente, Alberto Ayala, este último lanzaba una frase que fue leída como desafiante. Antes de que se resolviera el conflicto -atizado por una amenaza de renuncia que después Gajardo desvirtuó-, Ayala condimentaba el episodio sin mencionar a los aludidos. Las voces más agudas al interior del Ministerio Público leyeron en la arremetida del fiscal regional oriente una prueba palpable de que sus movimientos estaban en línea con un deseo transversal en el mundo político: sacar del camino a Gajardo, quien después de meses seguía siendo el blanco de acusaciones de las filtraciones de información de la causa.

“Cuando no está Gajardo, las cosas no se filtran”, decía a la misma hora en el Congreso a los periodistas el senador de la UDI, Víctor Pérez, poniéndole voz a un pensamiento generalizado en el parlamento.

En círculos judiciales y políticos la lectura era que Ayala buscaba reposicionarse en la carrera por suceder a Chahuán, quien termina su periodo en noviembre próximo. El fiscal regional oriente había quedado dañado tras el reordenamiento de la causa de fines de febrero, donde Gajardo le ganó el primer round.

Desde esa primera rencilla de febrero pasado, Ayala había mantenido un bajo perfil, sin involucrarse en temas de contigencia. Pero entre parlamentarios es conocido y  visto como un buen candidato para suceder a Chahuán gracias a sus habilidades sociales y redes en el mundo político, principalmente en el oficialismo.

Sin embargo, tanto en círculos judiciales y políticos ven con preocupación que el ruido generado esta semana en el Ministerio Público por las disputas internas termine debilitando a la fiscalía en la antesala de la materialización de importantes decisiones en Penta y SQM.

Afirman en la institución que se configuró un cuadro innecesario: la intromisión de Ayala desordenó la mesa de naipes preparada por Chahuán de cara a sus desafíos más urgentes. La agenda de formalizaciones es nutrida: el próximo 17 de junio imputarán a los ex dueños y ejecutivos del Grupo Penta por la arista de los contratos forwards; el 22 de junio a los políticos Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Pablo Zalaquett, Felipe De Mussy e Iván Moreira, y el 2 de julio al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz.

Al cierre de esta edición, el Octavo Juzgado de Garantía aún no determinaba la fecha para formalizar por delito tributario al ex gerente general de SQM Patricio Contesse y a Giorgio Martelli.