Pese a no estar en la agenda del gobierno, el debate respecto de la eutanasia se ha vuelto a reavivar tras el planteamiento del Partido Socialista acerca de un “buen morir”, durante su última Conferencia Nacional de Salud, y la reactivación del proyecto de ley a favor de la “muerte asistida”, presentado por el senador Fulvio Rossi.
Hoy, las definiciones a favor o en contra dependen, a diferencia de otros temas valóricos, de qué se entiende por eutanasia, asunto que una vez resuelto podría zanjar si es un derecho o un crimen. En esa línea, encuestas realizadas por la Universidad Diego Portales entre 2010 y 2013, representativas del 73,6% de la población nacional, demuestran que existe un apoyo mayoritario a la eutanasia cuando la pregunta es planteada “cuán de acuerdo o en desacuerdo está con que un enfermo terminal tenga derecho a solicitar su muerte asistida (eutanasia)”. Sin embargo, y pese a que sigue siendo mayoritario, ha habido un descenso de 10 puntos en el apoyo a esta moción. Mauricio Morales, director del Observatorio Político de la UDP, asegura que parte de esta caída se explica porque desde 2010 se viene hablando de eutanasia y muerte asistida, pero que ha sido una discusión de elite y no a nivel nacional, polarizándola hacia argumentos ideológicos. A esto, se suma la voz de la Iglesia, fracturada entre liberales y conservadores. “Cuando hay una opinión ampliamente mayoritaria se produce el efecto ‘vagón de cola’. A la gente le avergüenza pertenecer a posturas minoritarias y por eso prefiere sumarse a la eventual mayoría. A esto se añade la ‘espiral del silencio’: las personas con opiniones minoritarias ocultan su postura hasta que instituciones como los partidos o la Iglesia definen las suyas, entonces se sienten seguras y deciden revelarlas”, afirma Morales.
Actualmente, el debate está en una etapa normativa, esto es, definiendo de qué se trata la eutanasia, una discusión en la que están participando sectores políticos, la Iglesia, y a la que pronto debería sumarse el Colegio Médico. Lo que sigue, es la etapa procedimental, en donde habrá que dilucidar cómo se realizará, en qué momento y quién tomará finalmente la decisión, si el enfermo que está en etapa terminal o su familia. “El problema es que cuando tenemos un dilema normativo es difícil capturar las opiniones de la gente porque el concepto no está absolutamente socializado”, remata Morales.
