Desde su nueva oficina de abogados en el barrio El Golf, que comparte con  Vinko Fodich, ex fiscal de Ñuñoa; Eduardo Riquelme, ex jefe de gabinete de Andrés Allamand; y José Luis Andrés, ex defensor público de la zona sur de Santiago, Gonzalo Yuseff Quirós se refiere a su aprendizaje en los cuatro años que estuvo al mando de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

-Uno se imagina a las agencias de inteligencia como en las películas, con espías, infiltrados, informes secretos… ¿Quiénes trabajan en la ANI?
-La verdad es que es algo bastante más trivial, es una organización acorde a las necesidades del país, con expertos que se han mantenido en el tiempo por sus conocimientos y no por razones políticas. Son profesionales, en su mayoría de las ciencias sociales, que saben cómo han operado los organismos de violencia política en los últimos 40 años en Chile, cómo ha evolucionado la violencia anarquista y el terrorismo internacional.

-El caso Snowden, quien hizo públicos documentos secretos el año pasado, revivió el tema del espionaje en el mundo.
-La interceptación de comunicaciones en Chile está a cargo de las policías. Lo único relevante del escándalo Snowden como experiencia para Chile es el gran nivel de actividad que tienen las inteligencias de los países extranjeros que se despliegan en todo el mundo. No podemos  ser ingenuos y pensar que no ocurre lo mismo en Chile. En Chile hay temas de espionaje.

-¿La información de la ANI ha evitado conflictos, atentados, tragedias?
-Creo que sí, hay información importante que se intercambia con otros países. La inteligencia civil es fundamental no sólo para el conocimiento de los órganos del Estado vinculados al Poder Ejecutivo que toman decisiones, sino también por el intercambio internacional de información sobre los fenómenos de terrorismo.

-¿Un gobierno podría usar a la ANI para investigar, por ejemplo, a empresarios, políticos, gente influyente?
-No. Y justamente es la gran virtud del modelo chileno. No puedo decir qué se hace y no se hace en la agencia, pero lo que sí puedo asegurar categóricamente es que siempre se ha actuado dentro del ámbito legal y no se ha invadido la privacidad de nadie.

-Si tuviera que describir su paso por la ANI, ¿cómo lo haría?
-Siento orgullo por haber cumplido el encargo que se me hizo sin contratiempos que afectaran el prestigio del gobierno de Piñera, y en un ámbito especialmente complejo. Basta ver los problemas que hay en el resto de los países de la región y en el mundo más desarrollado. A pesar de la fuerte presión social, la indisciplina de sus partidarios y la acción política opositora, Piñera cumplió su periodo de manera ejemplar y con un apoyo popular del 50%.

-¿Cuáles son los mayores riesgos que Chile enfrenta hoy?
-Están los temas tradicionales o que ya se han perpetuado en el tiempo: La Araucanía, y un fenómeno emergente que es la insurrección anarquista en lo interno. Pero creo también que no hay que descuidar un gran tema, que es el terrorismo internacional de raíz islámica. En ese sentido, la colaboración con los servicios de los países desarrollados es fundamental en el control de este fenómeno.

-Pero Chile se ve hoy como alejado de eso...
-Justamente, ése es el riesgo, porque sin perjuicio de que un país pueda aparecer como más lejano, siempre pueden ser objetivo de otros países. El ejemplo más claro de eso es lo que pasó en Argentina en 1994 (atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA).

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA
Las horas posteriores al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013 en Vilcún, varias miradas apuntaron al entonces director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff. La pregunta era cómo la ANI no había previsto un atentado durante las acciones de protesta por el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo. “En esa oportunidad hubo un cuestionamiento a todos los actores del sistema, entre ellos, críticas a mi persona que, creo, fueron evaluadas por la autoridad, que me mantuvo en el cargo. Eso es todo lo que te puedo decir al respecto. No te puedo decir: ‘Mira, nosotros sí habíamos informado a La Moneda o no habíamos informado’. Sí te puedo responder que, a lo menos, la autoridad que conoció nuestra información se mantuvo en la institución con su jefatura”, señala Yuseff.

-¿Qué decía esa información?
-Hoy tampoco puedo dar detalles de esas situaciones, pero sí puedo decir que la violencia política en La Araucanía y la actividad insurreccional anarquista son problemas que persisten en el tiempo y que, desde el punto de vista de análisis de la inteligencia, están acotados. Se sabe quiénes actúan, su motivación, su forma de financiamiento habitual y su capacidad de fuego. Eso es lo que le corresponde a la función de inteligencia: la comprensión del problema. Es la autoridad la que debe tomar decisiones y el papel fundamental lo cumple el sistema que enjuicia a los imputados de estos delitos. Dicha función debe ser independiente de los organismos que hacen inteligencia. No se pueden obtener evidencias judiciales a partir de la labor de órganos de inteligencia que carecen de independencia del Ejecutivo, de quien dependen directamente. ¿Qué juez sensato se fiaría de evidencia obtenida por un servicio de inteligencia? Es el Ministerio Público, ayudado de las policías, quien obtiene y presenta pruebas respetando las garantías individuales.

-Hace algunas semanas renunció el fiscal de La Araucanía, Luis Chamorro, por amenazas a él y a su familia. ¿Qué opina?
-Es un hecho extremadamente grave. Es algo que no ocurre ni siquiera en los sectores más peligrosos y dominados por el narcotráfico de Santiago. Es primera vez que un fiscal es atacado o acosado de modo tan directo por sus perseguidos, y el Estado ha mostrado que no está en condiciones de garantizar que ese persecutor pueda seguir haciendo su trabajo con tranquilidad. En la medida que no sea la sociedad completa la que desarrolle una forma de repudio a estas acciones no va a haber una solución al tema de la violencia. En ese sentido, creo que es un error aflojar la persecución penal en La Araucanía.

ENCAPUCHADOS Y CASO BOMBAS
-Si se conoce cuáles son los grupos anarquistas que realizan desmanes tras las marchas, ¿por qué no se les puede controlar?
-Dentro de la función de inteligencia se suele mencionar el control de los desórdenes anarquistas en manifestaciones. Nada más alejado de la función de inteligencia. Eso es una función propiamente policial. La respuesta es muy sencilla, en un Estado de derecho nadie puede ser detenido antes de cometer un ilícito, es decir, nadie puede ser detenido hasta que no tire una piedra o no ponga una bomba. Ahí viene la segunda pregunta: ¿si los tienes identificados puedes seguirlos? No, porque potenciales sospechosos en esa situación de radicalidad hay mil anarquistas y mil mapuches. Entonces, ¿cuál es el camino que en los estados desarrollados usan para solucionar ese problema? La disuasión penal, que es cuando el sujeto tiene un justo temor a verse expuesto a una pena si es que ejecuta una conducta prohibida. Ésa es la manera de controlar ese tipo de fenómenos. No la inteligencia.

-¿Qué puede comentar del caso bombas?
-La detención de los anarquistas en España confirma la tesis del gobierno anterior de que estaban identificados, que es lo que siempre se sostuvo por parte de la agencia en sus comparecencias al Parlamento. El fenómeno de colocación de bombas no es problema de identificación de los actores, sino que de su oportuno enjuiciamiento, labores que tampoco le corresponden a la inteligencia. La fiscalía desestimó los cargos porque estimó que las evidencias eran insuficientes, cosa que es bastante habitual en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.