Lunes 17 de febrero. El sol pega fuerte en el cemento. Hay más de 30 grados de temperatura y en uno de los módulos de Santiago Uno varios de los 170 internos que están allí en prisión preventiva, pese a que la capacidad es para 90 reclusos, cargan botellas de plástico con agua. Algunos las traen entre sus manos, otros guardan todas las que pueden en sus bolsos. En las esquinas también pueden verse envases vacíos, mientras que por las ventanas otras tantas cuelgan en cordeles de un lado a otro y son atrapadas por manos que aparecen por las rendijas.

Apenas los internos son encerrados a partir de las 17.30 de la tarde, varios gritos hacen eco entre las celdas. Todos apuntan a lo mismo: agua.

La escena no es aislada. Santiago Uno, la cárcel que fue inaugurada en 2007 como modelo de infraestructura y la solución al hacinamiento de la Penitenciaría, la primera bajo el sistema de concesiones de la Región Metropolitana para imputados y que aseguraba mejores condiciones que los penales estatales, vive una situación crítica. Hay cortes de agua diarios (unos programados por Gendarmería y la empresa concesionaria y otros por sorpresa), filtraciones de los baños hacia los patios y una sobrepoblación de casi mil internos: en el papel fue creada para 2.568 personas que habitarían celdas individuales, pero en la práctica conviven 3.950 internos.

No son las únicas malas noticias que por estos días han salido desde Santiago Uno. El pasado 6 de febrero, la cárcel “modelo” también entregó un titular para la crónica roja: un interno, Matías Pinilla, del módulo 25, asesinó a dos reos, Ramón Peñailillo y Juan Lucero, con un arma blanca y dejó graves a otros dos.

El crimen ocurrió mientras 150 presos eran custodiados por dos gendarmes, y aunque es un hecho aislado en un penal concesionado, un sistema que, salvo Santiago Uno, en general ha sido bien evaluado, fue una potente señal de alarma. “Esta riña revela que no tenemos el control total de cada uno de los momentos dentro de la cárcel, donde las pandillas hacen lo suyo. Cada reo debería tener seis metros cuadrados por celda, que es como se proyectó el penal, pero en la realidad hay tres o cuatro habitándola. Eso provoca conflictos y estrés que, sumados a los problemas delictuales y a la falta de agua, generan un caldo de cultivo para la violencia”, dice el coronel José Maldonado, presidente de la Asociación de Oficiales de Gendarmería y, a la vez, jefe operativo del penal.

Maldonado trabaja en Santiago Uno desde su creación. “Esta cárcel fue poblada con 2.561 reclusos. En el primer año se registraron 90 riñas. Pero al 2011 la cifra subió a 3.690 internos y 214 riñas mientras que en 2013, a 3.840 reclusos y 290 riñas. Hay una relación directa entre la sobrepoblación y la violencia, lo que no debería ocurrir en un penal concesionado, donde debería respetarse la capacidad de diseño máximo para no colapsar todos los sistemas del establecimiento”.

Parte del aumento de la violencia ha sido precisamente por el agua. Pese a que en la cárcel estaba prohibido el  ingreso de botellas, porque los reos camuflaban chicha artesanal, Gendarmería se vio obligada -dice Maldonado- a autorizar los envases a raíz de la escasez. El problema se debe, de nuevo, al aumento de población: los tres estanques de 250 metros cúbicos que en 2007 se proyectaron para 2.568 personas no dan abasto. Lo mismo ocurre con las camas, las celdas, los baños y los comedores.

“Santiago Uno es un recinto donde quedan las personas que están a la espera de ser juzgadas y que, obviamente, están amparadas por la presunción de inocencia, por lo que requieren un trato digno cercano o igual respecto a una persona libre, pero con la particularidad de que están presos. Por lo tanto, la dignidad de su trato y las condiciones físicas deberían ser acordes a personas a las cuales no se ha establecido sanción penal todavía. Hablamos de imputados y no de condenados”, dice Leonardo Moreno, defensor nacional subrogante.

EL PUNTO NEGRO

Santiago Uno no es la única cárcel concesionada con sobrepoblación, pero sí es el caso más crítico. Es uno de los 10 penales que a partir del  2000 el gobierno proyectó para mejorar la infraestructura penitenciaria a través de la Ley de Concesiones, lo que implica un modelo mixto en el que intervienen tanto privados como el Estado y cuyos contratos duran 20 años. La concesionaria de este penal es la empresa Vinci, que a la vez contrata como operador a Compass Group, que provee de servicios como aseo, lavandería, alimentación y salud, entre otros puntos.

Hay tres grupos de cárceles concesionadas: en el 1 está Alto Hospicio, La Serena y Rancagua; en el 2 Biobío y Antofagasta. Santiago Uno corresponde al 3, junto a Valdivia y Puerto Montt.

De los 10 penales, se construyeron ocho. El Ministerio de Justicia decidió no continuar con el modelo. En cambio, proyectó dos nuevos con el sistema tradicional. “Uno ya puede tener conclusiones. El sistema concesionado resultó más caro de lo previsto y los tiempos de construcción más largos. El penal de Antofagasta se demoró 10 años en su construcción en vez de 18 meses, entre el 2003 y el 2013, y los costos más que se duplicaron”, dice el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

De los recintos concesionados, Rancagua es el que ha funcionado mejor (tiene un jardín infantil para los hijos de las reclusas), y  Santiago Uno está en el lado opuesto. Pero su colapso no es nuevo. Al año de su creación superó su capacidad, lo que ha implicado para el Estado desde 2008  el pago de multas a la empresa de 100 UTM diarias por sobrepoblación, independiente del número de internos que albergue.

Autoimponerse multas por el hacinamiento era parte de una política de Estado de evitar la sobrepoblación. “Pero no se anticipó el explosivo aumento de la población penal que iba a suceder tras la reforma procesal penal, que tuvo un impacto tremendo y no  fue de la mano con los cambios a Gendarmería en infraestructura para responder a las necesidades”, explica Valenzuela. Coincide el coronel Juan Carlos Manríquez, director regional metropolitano de Gendarmería: “La reforma fue establecida para reducir los tiempos de detención preventiva,  pero se invirtieron los papeles”.

Para Daniel Urrutia, en tanto, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Magistrados y juez del Séptimo Juzgado de Garantía, la sobrepoblación de Santiago Uno se debe a un factor. Aunque reconoce avances respecto de las condiciones de otras cárceles, piensa que su hacinamiento “es una consecuencia de la presión de parte de sectores políticos y de los medios hacia los jueces que ven la prisión preventiva para evitar que se cumplan penas en libertad. Hay que dar la necesaria laxitud para que los jueces puedan analizar correctamente los antecedentes y determinar la situación con la revisión en la Corte de Apelaciones, como corresponde. Lo que queremos es que las personas respondan por lo que están siendo requeridas, pero eso no significa que en la mayoría de los casos tengan que estar presas. De hecho, el uso de la reclusión domiciliaria ha dado bastantes buenos resultados, entonces no tiene mucho sentido mantenerlos presos”.

UNA SOLUCIÓN POR DECRETO

En medio de la crisis de Santiago Uno, y tras un trabajo de dos años de Justicia, Obras Públicas, la concesionaria y Gendarmería, en diciembre se dictó un decreto que, por primera vez, modifica el contrato entre el MOP -que materializa los proyectos carcelarios mandatados por Justicia a través del sistema de concesiones- y la empresa privada. La resolución permitirá ampliar los cupos de todas las cárceles concesionadas en 4.439 cupos (44%), lo que implica que se termina el pago de multas. Eso, si no se vuelven a sobrepoblar.

En el caso de Santiago Uno se construirá un nuevo estanque de 500 metros cúbicos de agua, se instalarán 931 literas especiales para las celdas, se repararán las filtraciones de aguas servidas y habrá 124 nuevos mesones en los comedores (ahora muchos internos comen en los patios), entre otras mejoras.

“Lo que busca el proyecto de Densificación en Santiago Uno no es habilitar la unidad penal para que lleguen aún más presos, sino que habilitar la infraestructura y servicios para satisfacer a la cantidad que hoy tiene esa unidad. Eso no sólo implica infraestructura, sino también una reforma  a la central de alimentación, cambios en los estándares respecto de la atención de salud y un aspecto muy importante respecto del agua”, explica el subsecretario Valenzuela.

Pero el dirigente José Maldonado mira con cautela el plan: “Tememos que ese decreto, al aumentar el cupo en el mismo espacio, legalice la sobrepoblación y viole el espíritu del programa de cárceles concesionadas, que era garantizar 6 metros cuadrados por interno. No hay que olvidar que era una cárcel modelo”.

No es el único con esa visión. “La solución no está en ampliar los cupos, sino que la prioridad debe ser de qué manera generamos mecanismos que nos permitan llevar menos gente a la cárcel. Además, si se está modernizando el sistema de justicia, hay que tratar de evitar algo que a estas alturas nadie discute: que el peor instrumento para mantener a un ciudadano a la espera de un juicio, es tenerlo privado de libertad”, dice el defensor Leonardo Moreno. Y añade: “Tenemos que preocuparnos también de las personas que son condenadas, para que cuando vuelvan a la vida ordinaria sean ciudadanos útiles para la sociedad. Y eso significa hacerse cargo de su reinserción”.

Otro punto es el factor de reincidencia, un vacío que detectó el único estudio que existe sobre el funcionamiento de las cárceles concesionadas en Chile, de mediados de 2013, y que fue realizado por Paz Ciudadana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  abarcó a los penales del grupo 1 (de condenados) porque tienen mayor tiempo en ejecución: concluyó que en términos de reincidencia no se pudieron establecer diferencias entre el paso de los internos por los penales concesionados y los estatales.

La autora , Ana María Morales, directora del área de justicia y reinserción de Paz Ciudadana, además detectó que la Ley de Concesiones, al establecer contratos por 20 años, resulta  demasiado rígida en el caso de las cárceles. “Éste es el primer estudio, por lo que falta mayor evidencia para llegar a conclusiones más robustas. Pero si se va a a seguir en la senda de las concesiones, el sistema al menos debería ser mirado”, advierte.

Santiago Uno será la prueba de fuego a los cambios que vienen.