La imagen al final de la calle Monte Alegre, en el corazón del cerro Alegre de Valparaíso, es idéntica a toda hora: maestros trabajando en las calles, las veredas y en una enorme construcción de la década de 1910 que ha recuperado su majestuosidad perdida en medio de capas de polvo, estuco y barro. Al interior de la casona, pintada de verde y blanco, la actividad también es frenética. Mientras algunos trabajadores cuelgan uno a uno los cuadros aún envueltos que llegan a la construcción, otros se afanan en pequeños detalles, como pulir las barandas para que recobren su tono de madera original.

Todo esto pasa en el Palacio Baburizza, uno de los edificios más emblemáticos de Valparaíso, que se reinaugurará el 28 de septiembre, tras 15 años de estar cerrado. Es la “joya de la corona” del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), una iniciativa lanzada en 2006, que contó con un presupuesto de 73 millones de dólares y que este año cumple su plazo final.

El inminente cierre del programa ha reavivado un fuerte debate en Valparaíso. Aunque el Baburizza es el lado más hermoso de la iniciativa, el PRDUV debió enfrentar duras críticas a lo largo de sus seis años. Sin embargo, su final no sólo abre la incertidumbre de cómo financiará el puerto sus proyectos más emblemáticos. También da pie a una discusión más profunda: por qué, tras nueve años de su designación como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad no cuenta con un plan estratégico a largo plazo que permita conservar sus atributos.

Por ahora, un punto está claro: el gobierno no renovará el programa ni el crédito del BID. Una decisión que sentencia a uno de los planes más ambiciosos de las últimas décadas a nivel urbano, y que tiene a la comunidad porteña en alerta para evitar partir todo de nuevo.

Grandes esperanzas

“El gran problema que ha tenido este programa es que ha sido juzgado en función de lo que debió haber sido y no de lo que es”. La frase de Roberto Barría, el director ejecutivo del PRDUV, refleja uno de los puntos centrales que plantean los críticos del programa: que los habitantes de Valparaíso se generaron altísimas expectativas sobre la forma en que iba a impactar en sus vidas.

Entre otras cosas, esto se debió al amplio rango de temas que incluyó desde un comienzo. El programa, inédito en su tipo a nivel nacional, abarcaba desde la compra y restauración de inmuebles patrimoniales, como el Baburizza, el edificio Luis Cousiño y el Subercaseaux, hasta la pavimentación de calles y un plan de aseo y ornato urbano, incluyendo nuevos camiones de basura y el control y cuidado de los perros vagos.

A ello se sumó que los fondos fueron vistos como una inyección vital de recursos a una ciudad cuyo municipio arrastra uno de los déficits más altos del país: más de $26 mil millones en 2011. “Se le dijo a parte importante de la población que este plan era tan rico que cabía todo”, plantea Jorge Castro, alcalde de Valparaíso (UDI).

Los orígenes de la iniciativa vienen desde 2002, cuando el presidente Ricardo Lagos anunció la creación de una comisión presidencial que desarrollara un Plan Valparaíso. Al año siguiente, la Unesco declaró a la zona histórica de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en 2006 se creó el PRDUV, una entidad dependiente de la Subdere que administra un fondo especial de US$73 millones, financiado por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de US$25 millones, que además aseguraba su asesoría. Su objetivo era contribuir al desarrollo del puerto apoyando iniciativas específicas.

Pero a poco andar comenzaron las críticas. En agosto de 2009, un informe de la Dirección de Presupuestos dijo que la estructura del programa había resultado “inadecuada” y que requería de cambios para ser exitoso.

Entre los cuestionamientos, se incluía el largo tiempo que se  demoraban las iniciativas y el alto monto de los estudios asociados a los proyectos. “Cuando uno ve que más del 30% de los recursos se van en estudios, hay desconfianza”, señala el diputado RN Joaquín Godoy.

El emblema es la remodelación del Mercado Puerto, una de las grandes obras prometidas y para la que se habían destinado $5 mil millones. Su estudio de factibilidad quedó listo, pero no se alcanzó a realizar. En el PRDUV y el gobierno afirman que los proyectos pendientes no se perderán, porque varias de esas iniciativas serán abordadas en los próximos meses.

Lo viejo y lo nuevo

“¡Mira la vista que hay acá!”. El panorama que se divisa desde la parte alta del edificio donde vive Cristián Amarales (32), en el corazón del cerro Cordillera, es de un fuerte contraste. Hacia la izquierda, la parte más antigua de Valparaíso, la imagen es similar a la que se ve en las postales del puerto: casas de madera multicolores que repletan los cerros. A la derecha, la tónica es diferente. Lo que predomina son las torres de edificios, varios que superan los 20 pisos, y que van aumentando en la medida que el puerto se acerca a Viña del Mar.

Amarales es uno de los dirigentes más emblemáticos del Cordillera. Vive en uno de los departamentos del edificio Unión Obrera, construido en 1870 y que en 1898 se convirtió en la primera vivienda social del país. En 2008, encabezó el comité que logró la remodelación completa de la estructura. Costó cerca de $500 millones, de los que el PRDUV aportó $150 millones. Hoy trabaja en otra serie de proyectos de recuperación de inmuebles en el mismo cerro, y pese al aporte que recibió su comunidad, su visión del programa es crítica. Afirma que los dineros se gastaron bajo una perspectiva turística y centralista. “Se pensó en un Valparaíso sin porteños”, dice tajante.

A unos cerros de distancia, la visión de María Quezada (50) es distinta. La dirigenta del cerro Alegre valora que la iniciativa se haya preocupado de pavimentar y recuperar veredas en su sector, como parte de una intervención de más de $2.000 millones que incluyó el cerro Cordillera. Aun cuando dice que hubo problemas, ve con preocupación que no se le dé continuidad al programa. “Sería una pena, porque tomó curso y un buen ritmo en los últimos tres años. ¿Para qué hacer otra figura si esto se está mejorando? Si no, vamos a estar siempre haciendo nuevos programas”, es su análisis.

En La Moneda se analizan hasta seis alternativas para continuar aportando a la ciudad. La fórmula que lleva la delantera hoy es destinar fondos especiales a través del programa Puesta en Valor del Patrimonio, que también depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Barría destaca que el PRDUV ejecutó más del 94% del presupuesto asignado y que las obras han impulsado a varias zonas, como los cerros Alegre y Concepción. Además, afirma que el programa debió sortear numerosos problemas burocráticos: por ejemplo, para cada obra que realizaba debía acudir a otro organismo para que encargara los trabajos, pues no podía actuar como la institución ejecutora. Esto, además, le impedía tener un control directo sobre lo que se realizaba. Un ejemplo fue el proyecto de remodelación de la histórica Plaza Sotomayor: pese a que el arquitecto Cristián Undurraga ganó un concurso público impulsado por el programa con un anteproyecto, éste nunca llegó a realizarse por la oposición de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso.

Para el abogado porteño Pablo Andueza, experto en temas patrimoniales, este punto explica muchas de las dificultades del programa. “Al PRDUV le tocó la tragedia de estar interviniendo barrios. Y no hay en Chile concepto de barrio, porque en una misma esquina interviene el Serviu, la municipalidad, el Consejo de Monumentos Nacionales... Y no hay un ente regulador. ¿Cómo organizas así un proyecto?”, plantea.

Nuevas rutas

El martes pasado, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, visitó el Palacio Baburizza. Quería estar pendiente de los detalles más mínimos antes de la reinauguración del edificio, la que está programada la asistencia del presidente Sebastián Piñera.

Flores encabeza la repartición que está a cargo del PRDUV. Junto con el director del programa; la directora de Presupuestos, Rossana Costa; y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, integra el directorio de la iniciativa. En las tres últimas sesiones mensuales de la instancia, uno de los temas que se ha abordado es su continuidad más allá del plazo fijado por el BID.

El análisis del gobierno es que el programa repuntó las deficiencias del comienzo y logrará tener un buen cierre, pero que las fuertes críticas iniciales y la resistencia en la comunidad de Valparaíso le juegan en contra.

Por eso, hace unas semanas Flores resolvió que el gobierno no renovará el programa y no pedirá un nuevo crédito al BID. “No es necesario. Está bien que el programa tenga una fecha de término”, señala el subsecretario.

La decisión significa que la ciudad no contará con el presupuesto del programa. Sin embargo, en La Moneda se analizan hasta seis alternativas para continuar aportando. La fórmula que lleva la delantera hoy es destinar fondos a través del programa Puesta en Valor del Patrimonio, que también depende de la Subdere, y cuyos montos son fijados por la Ley de Presupuestos. Y si bien se prevé que la cifra será inferior a la destinada al PRDUV, la idea es tratar de mantener el nivel de inversión en obras.

Las dudas del futuro

El 26 de septiembre está marcado como un día crucial en Valparaíso. Para esa fecha, está convocado un seminario en el que se dará a conocer el Plan Director, una de las iniciativas más emblemáticas incorporadas en el PRDUV.

El plan ha sido desarrollado durante los últimos seis años, lo que ha despertado críticas entre las organizaciones del puerto por su lentitud. Esto, porque el documento debe fijar las bases de lo que se puede hacer en el puerto para preservar su condición patrimonial, incluidas normas más estrictas para la construcción de edificios y desarrollo de sectores tradicionales.

El debate se ha acrecentado con la polémica sobre la construcción de un mall en la zona del puerto y de complejos de departamentos en el cerro Alegre. Hace dos semanas, los diputados por Valparaíso Joaquín Godoy y Aldo Cornejo enviaron una carta a la dirección de Unesco solicitándole un estudio que aborde estos puntos y cómo pueden dañar la condición patrimonial de Valparaíso.

Cornejo (DC), quien fue alcalde de la ciudad entre 2004 y 2008, afirma que el caso del puerto deja en evidencia las carencias que existen en el área: “Lo que falta es una mirada desde el punto de vista del país, del gobierno. Y no es de este gobierno, es en general. No hay políticas públicas pensadas en el tema patrimonial”.

A ello se suma que en el BID hay un análisis crítico de este punto.  Eduardo Figueroa, jefe del equipo del proyecto del banco, señala que pese a que el PRDUV logró resultados valiosos, no se pudo establecer un mecanismo que fijara las líneas a seguir para el futuro de Valparaíso. “Los puntos más débiles posiblemente dicen relación con la consolidación de una estructura institucional robusta, que vele por la continuidad del desarrollo de Valparaíso como ciudad Patrimonio de la Humanidad”, señala.

Pero más allá de los escenarios que se den en el futuro, en el gobierno están convencidos de que Valparaíso debe seguir recibiendo apoyo. Miguel Flores sintetiza así la visión de La Moneda: “El programa colocó en la mesa que es legítimo que existan políticas públicas destinadas a preservar nuestro patrimonio urbanístico. Hoy día nadie discute que el Estado destine recursos a este tipo de iniciativas. La discusión ahora es de dónde los sacas”.