Por Gustavo Villarrubia Junio 21, 2012

El martes 5 de junio, pasadas las l0 de la mañana, una alarma sonó en las dependencias de la sede de la Junta Nacional de Bomberos (JNBC), en Santiago. La alerta no provenía de ninguna compañía de la Región Metropolitana. Tampoco de regiones, donde su peculiar sonido hace que los 38 mil voluntarios que esa institución registra en todo el país salgan en 60 segundos a prestar servicios arriesgando sus propias vidas en favor de la comunidad.

Esta vez el incendio tuvo su epicentro en la misma sede central de los bomberos, en Bustamante 86 (Providencia),donde hoy trabajan aproximadamente 50 funcionarios. Sus mayores problemas están relacionados con el uso de los US$ 27 millones que dejó en caja en 2006 el hombre que presidió durante 36 años la institución “con mano férrea y criterio empresarial”, como él mismo lo define: Octavio Hinzpeter. Y también en la administración de los más de $90 mil millones (US$ 180 millones) que han ingresado a sus arcas en estos últimos seis años en virtud del aporte estatal que reciben los cuerpos de Bomberos del país por Ley de Presupuesto. Para este año la JNBC recibirá $20 mil millones.

A estos ingresos habría que sumar los dineros que le llegan a Bomberos por la Ley de Sociedades Anónimas de 1981, por la cual se le entregan a su Junta Nacional los fondos que se originan con el remate de las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos no las registren en el plazo de cinco años, además de los dividendos y beneficios no reclamados por los accionistas en el mismo plazo. Según Octavio Hinzpeter, el mayor ingreso de esos dividendos lo dan las acciones no cobradas de Gasco. En total, alrededor de $6 mil millones al año recibe Bomberos por esta ley.

La alarma del 5 de junio tenía timbre del tribunales. Porque esa mañana quedó presentada en el 12º Juzgado Civil de Santiago la demanda de las empresas Crimson Fire Inc. y Gimaex of America LLC, en contra de la Junta Nacional de Bomberos, por presunta ilegalidad y graves irregularidades en el proceso de licitación pública Nº 21/2011, para la compra de carros bomba. En el libelo se acusa a la junta de haber actuado de “manera no conveniente para los intereses de los cuerpos de bomberos de Chile”, y se pide una indemnización por daños y perjuicios.

La polémica licitación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2011. Nueve empresas postularon para adjudicarse los contratos por la compra de cinco tipos de carros bomba cuyos precios oscilan entre US$ 250 mil y US$ 700 mil en el periodo de dos años, prorrogable por otros dos. Basados en los registros de adquisiciones -los últimos dos años se han comprado entre 60 y 80 unidades-, los proveedores podían esperar ventas por más de US$ 100 millones.

El monopolio de los carros bomba

El resultado de la licitación no arrojó sorpresas. Los favorecidos fueron las empresas Camiva, Jacinto y Rosenbauer. La primera de la lista fue hasta 2006 y durante 40 años el único proveedor de carros bomba de la JNBC. De allí que el 90% de los 2.800 carros que conforman el parque automotor de Bomberos tenga el sello de venta de Michel Durand, representante de Camiva en Chile, quien estrechó relaciones primero con Octavio Hinzpeter, presidente de la JNBC desde 1970 hasta 2006, y luego con Miguel Reyes, quien ejerce esa función desde entonces.

Santiago Olivera, representante de Jacinto, trabajó 30 años para Camiva. En ese rol es un viejo conocido de Hinzpeter y Reyes. Y en cuanto a Rosenbauer, su representante Pablo Ríos fue  capitán de la 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa, la misma de Milton Rozas, director de la JNBC, quien participó en la aprobación de la adjudicación.

El 5 de junio quedó presentada en el 12º Juzgado Civil de Santiago la demanda en contra de la Junta Nacional de Bomberos, por presunta ilegalidad y graves irregularidades en el proceso de licitación pública Nº 21/2011, para la compra de carros bomba.

Aunque desde hacía años que circulaban entre bomberos acusaciones de presuntos arreglos de integrantes de la JNBC con sus proveedores, esta es la primera vez que la denuncia llega a la justicia. No podía ser peor el momento. En esos días la directiva de Bomberos ultimaba los ofrecimientos a los distintos regionales para asegurar su reelección en la asamblea del sábado 23 de junio, donde los 30 directivos regionales elegirán a los seis integrantes de la Junta Nacional. No todos tienen asegurado su sillón.

La situación, coinciden todos los bomberos consultados, es la más delicada que ha vivido en toda su historia la JNBC. Si hace algunos años recurrieron al abogado Álex Pesso para confeccionar un manual de procedimientos que permitió silenciar las denuncias sobre los privilegios que se le otorgaban a Durand con los carros Camiva; a Patricio Levenson, de Impomak, en materiales menores, y a South Pacific, en equipos de rescate vehicular, esta vez la defensa se hará en tribunales.

A ello se agrega el cambio, a inicios de este año, de dependencia que acaba de asumir la JNBC para la fiscalización de sus dineros y recursos: desde la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al Ministerio del Interior. Un traspaso que los obligará a mostrar todas sus cuentas y a explicar en qué se gasta cada centavo. Partiendo por el uso que les dio la JNBC a los US$ 27 millones que tenían en caja como ahorro institucional en 2006.

Cuando en 2006 Hinzpeter dejó su cargo, algunos directivos regionales pensaron que las cosas cambiarían. Que los dineros empezarían a ser distribuidos equitativamente entre las regiones y los proveedores diversificados. La última licitación fue la constatación de que la relación con los proveedores sigue intacta. Las voces de un asesor jurídico y del  tesorero de la JNBC, que aconsejaron declarar desierta la licitación, no fueron escuchadas en el directorio del 23 y 24 de marzo. Primó la opinión de Marcelo Zúñiga, vicepresidente nacional, quien según el acta respectiva abogó por seguir adelante con las tres empresas elegidas.

En los archivos quedó la carta enviada al presidente Miguel Reyes por el presidente regional de la Novena Región, Armín Llanos, denunciando el lobby a favor de Camiva hecho por Alejandro Delannoy, miembro de la Comisión Técnica de la Junta Nacional para la compra de material mayor.

El poder de la junta

No todo sigue igual. Porque si algo ha cambiado es el monto de dinero que se autoasignó la Junta Nacional de la partida que le proporciona el Estado a los bomberos de todo el país. Para 2012, la JNBC recibirá por Ley de Presupuesto $20.866.998.000, de los cuales $1.461.556.000 destinó para su funcionamiento. La cifra ha ido en aumento desde que Miguel Reyes asumió la presidencia, con un presupuesto de $650 millones, en 2006. En su primer año de gestión, la JNBC lo aumentó en más de $100 millones. Y fue subiendo hasta alcanzar en 2012 un alza del 124,9%. En el mismo periodo el dinero que el Estado le entregó a la JNBC subió en un 75 por ciento.

Octavio Hinzpeter:

“A la junta nadie la puede fiscalizar”

Este empresario en el rubro ortopédico, ex dueño de joyería, de una galería de arte en Nueva York y de un famoso restaurante, fue presidente de la Junta Nacional de Bomberos por 36 años: desde 1970 a 2006.

-¿Cuál considera su mayor logro como presidente de la Junta Nacional de Bomberos?

-La autonomía. A la junta nadie la puede fiscalizar. Impuestos Internos no puede meterse con la junta, sólo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y hasta ahí nomás. La Contraloría una vez me investigó y después de seis meses determinó que no había ninguna irregularidad. Me junté en varias ocasiones con el contralor y al final la única recomendación fue que en vez de tener una sola cuenta, abriéramos 12 cuentas para los 12 ítems principales de gastos. Yo les dije: perdonen, señores, pero con el monto de dinero que manejamos ya es un caos tener una sola cuenta. Y seguimos funcionando igual. Si bien bomberos recibe dineros públicos, es entidad privada, y por esta razón, a menos que les quiten la personalidad jurídica, ni siquiera el SII puede fiscalizarlos. Creo que Bomberos va a terminar siendo un cuerpo remunerado. Ya no pueden seguir siendo corporaciones de derecho privado. Si usted supiera lo que tienen en propiedades. La JNBC hoy maneja mucha plata, y si tú no sabes cómo manejar ese dinero, puedes hacerles mucho daño a los cuerpos de Bomberos.

-¿Esta es la primera demanda contra la JNBC?

-La JNBC tiene tres demandas. Una es la que concierne a la licitación de los carros bomba. Otra, también muy reciente, es de una corredora de seguros por irregularidades en la licitación pública del plan de seguros para el siguiente bienio de los cuerpos de bomberos. Allí hay una historia anexa que le costó la salida al gerente de seguros de la JNBC: Alberto Lhey. Hay acusaciones de que fue una licitación dirigida para que se la llevara una determinada corredora de amigos del presidente. Porque Miguel Reyes tenía una oficina de seguros en Concepción. La tercera demanda es administrativa, por una compra de equipos de respiración asistida que no son compatibles con los que ya teníamos. Culparon a dos jóvenes y terminaron echándolos. Pero la culpa no es de ellos. La aprobación de una licitación es responsabilidad del directorio. Si debían echar a alguien era al tesorero: José Matute. Y más aún ya que también se descubrió que era contador de una de las empresas proveedoras de material mayor: la empresa Normandí, de Michel Durand. Usted sabe, en todas partes se cuecen habas...

- ¿Por qué le siguió comprando carros bomba a Camiva y no se abrió a otros proveedores?

-Mire, los Durand (representantes de Camiva) ya tenían plata, pero con esto se hicieron millonarios. ¿Sabe usted que hasta un zoológico particular tienen en La Dehesa? Michel es un buen hombre, muy emotivo, muy inteligente… Y digo emotivo porque cuando en el terremoto del ’85 se cayó el cuartel en Melipilla, Michel padre les regaló US$ 10 mil. Y de su bolsillo. Es tan inteligente que en el centro de La Dehesa hizo una laguna para patos que hoy sin exagerar debe costar US$ 10 millones si vendiera el terreno para construcción. Y le digo que es inteligente porque consiguió una clasificación de protector de la naturaleza y de los animales y con eso no paga impuestos. Lo mismo con su fundo en Villarrica: mil hectáreas, con una iglesia propia al interior siendo que él no es creyente, y también se las arregló para ser declarado como protector de naturaleza y patrimonio, con lo que está exento de impuesto territorial. Para que vea lo inteligente que ha sido.

Los dueños de la bomba

La molestia por las diferencias en la distribución de los dineros entre los 311 cuerpos de Bomberos del país comenzó a mostrarse puertas afuera en 2009. Ese año, por primera vez un cuerpo de Bomberos de Chile realizó una huelga por falta de recursos.

 El 8 de julio del 2009, los bomberos de La Serena sacaron sus carros a la calle y con una protesta pacífica paralizaron el centro de la ciudad. “Llegó un momento en que el dinero que nos pasaban no nos daba para llegar a fin de mes. Tenemos cuatro cuarteles y no teníamos cómo conseguir cuarteleros, las pocas personas remuneradas que tenemos. Un cuartelero gana $250 mil líquidos y un operador, $200 mil”, dice Cristián Martínez, presidente regional de la Cuarta Región.

“Uno gasta mucho en la mantención de los carros, la prioridad número uno. Esto hace que tengamos algunos cuarteles en muy malas condiciones, como el de La Serena, que tiene baño químico. Después de varias gestiones y de ese famoso paro, el gobierno regional va a invertir $800 millones en remodelar el cuartel central. Pero de momento tengo sólo promesas. Yo sé que a la junta no le gustó que hiciéramos el paro, pero no nos quedaba otra”, explica Martínez.

Un panorama peor es el que describe Efraín Lillo, director del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte, que cubre hasta la frontera con Bolivia. Ubicado en el centro de grandes yacimientos mineros, por allí transitan camiones con explosivos y ácido sulfúrico. La zona exhibe la tasa nacional más alta de accidentes, no obstante el cuartel posee un solo carro bomba para atender a 30 mil habitantes y no tiene central de alarma ni cuartelero.

“Después del terremoto del 13 de junio de 2005 el cuartel quedó inhabitable y aún está igual. No quiero polemizar, pero si uno insiste en que le pidan a la junta las ayudas necesarias, la respuesta es siempre la misma: lo estamos viendo”, afirma Lillo

En la zona sur recogimos otro testimonio: “La Junta Nacional, con la excusa de ‘profesionalizarse’, se ha adjudicado muchísimo dinero, mientras que en la mayoría de los cuarteles tenemos que ofrecerle un sueldo miserable a gente para que sea cuartelero. ¡Qué expliquen cuál es la razón de tener allá tanta gente bien pagada si al final la mayoría del trabajo lo hacen los cuerpos! A esas reuniones trimestrales que hacen en Santiago, los regionales vamos a puro sentarnos y decir que sí. ¡A rendir pleitesía a cambio de ‘limosnas’! Nadie  puede discutir nada”.

Un directivo de la Región Metropolitana refuerza lo anterior. Afirma que en las reuniones trimestrales con todos los directores regionales, “la Junta Nacional tiene todo preparado para que votemos y conste en acta. Y te manejan con los recursos que te dan. Increíble, si son medios que nos pertenecen. La Superintendencia de Valores y Seguros te puede retener dinero, pero siempre y cuando la junta quiera te hacen llegar el dinero. Ahí está el poder”.

Lo anterior fue ratificado por Octavio Hinzpeter: “El ejemplo más patético es la Tercera Región. El representante fue siempre Copiapó; hoy es Freirina, una compañía con 14 bomberos. Eso se hace con un solo fin: conseguir aprobaciones en las asambleas sin que exista participación de los cuerpos. Y es la manera con que se justifica, por ejemplo, que las platas no se prorrateen entre los cuerpos como manda la ley. Porque la junta compra material, lo distribuye entre los cuerpos que a ellos les parece, y después, en reunión de asamblea, hacen un “Acuerdo de ratificación del uso de los recursos del artículo 26”, firmado por los presidentes regionales. Y con esto se blindan por si la Contraloría cuestiona por qué se les ha distribuido tanto a unos y tan poco a otros. Eso yo también lo hacía. No lo voy a negar...

Incendio en las turbinas

El 28 de enero de este año, un tercer incendio en menos de dos meses afectó a la población Las Turbinas (Lo Espejo). Se quemaron 24 casas, quedando más de 30 familias a la intemperie. A los dos primeros incendios, Bomberos debió llegar acompañado de Carabineros. Y ello porque algunos vecinos los recibieron con insultos y piedras por su “lenta respuesta”. 

“Aquí tenemos el récord de incendios de la comuna. Escuchamos una sirena y nos da pánico. El shock y el estrés han hecho que la gente la agarre con bomberos. Poco a poco estamos trabajando para evitarlo, ya que ellos arriesgan la vida metiéndose en estos sitios y muchos sin los equipos necesarios. ¡Cómo se arriesgan para proteger las cosas nuestras!”, cuenta Pilar Torrents, presidenta de la Junta de Vecinos de la población Las Turbinas.

“La junta distribuye los recursos a su antojo, usando la política de la zanahoria y el garrote: estás con la junta y le dices sí a todo, zanahoria; dices tus críticas y lo que no te gusta del sistema, garrote”, cuenta un antiguo funcionario y además voluntario de Viña del Mar.

La visión de Pilar Torrents es sólo una muestra de la realidad de los bomberos de esa zona. Una realidad que muestra Marcelo Alvear, superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien tiene a cargo las comunas de San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, donde está ubicada la población Las Turbinas: “No puedo mandar a Las Turbinas sólo una bomba, sino que tres, más un porta, escala y una unidad de ambulancia. Porque si se quema una casa, por el hacinamiento, se te queman las otras. Y las platas que nos pasaban de verdad no alcanzan. Como no había solución, al iniciarse el año avisamos que teníamos recursos hasta el 15 de marzo y que de ahí en adelante íbamos a tener que salir en vehículos particulares”.

La notificación surtió efecto. Les entregaron una primera cuota de recursos. Pero nuevamente están llegando a un punto crítico. Los $340 millones que la JNBC le asignó al Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur para 2012 no alcanzan. Al recorrer la zona con Marcelo Alvear se entiende: “Tenemos 11 compañías y una brigada en formación, con unos 700 voluntarios; y cubrimos las comunas más vulnerables y algunas zonas muy conflictivas como la José María Caro, La Victoria, Lo Valledor, La Legua, Las Lilas,  Santa Olga, Santa Adriana, los hospitales Barros Luco y Ezequiel González Cortés, dos centros penitenciales… ¿Recuerda lo que pasó en la Cárcel de San Miguel? Y para todo esto en muchas compañías hay un solo cuartelero. Si se da una alarma y no tienes al cuartelero, ¿quién maneja la bomba?”.

Alvear quiere dejar en claro que mantiene “una buena relación con la Junta Nacional”, lo que no es obstáculo para que exhiba su déficit, cómo los dos carros bomba que tiene la compañía de La Legua, uno de los cuales está paralizado en el taller por falta de algo más de $2 millones para reparar su motor. “La junta me está pidiendo al menos dos presupuestos más. Si en estos momentos hay un incendio en La Legua, ¡olvídate!”, señala Alvear.

La zanahoria y el barrote

El problema que amenaza con explotar en la próxima asamblea de la JNBC es la discrecionalidad en la entrega de recursos. “La junta distribuye los recursos a su antojo, usando la política de la zanahoria y el garrote: estás con la junta y le dices sí a todo, zanahoria; dices tus críticas y lo que no te gusta del sistema, garrote”, cuenta un antiguo funcionario y además voluntario de Viña del Mar.

“Esta política nació con Octavio Hinzpeter, y todos acabaron por aceptarla. Menos los cuerpos de Bomberos grandes, que tienen más dineros y se benefician de la junta consiguiendo más recursos a través de este ‘pacto de silencio’. Como los de Santiago, Ñuñoa o Valparaíso, que no reciben nunca garrote porque a la junta le importa estar bien con ellos”, dice otro antiguo directivo que ha estado en la JNBC con Octavio Hinzpeter y ahora con Miguel Reyes.

Para muchos es impresentable que mientras el carro bomba de La Legua está parado ya un largo tiempo por una reparación de $2 millones, le hayan aprobado sin dilación al contralor de la JNBC, Fabián Bustamante, superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, $2.700.000 para reparar un carro reliquia de 1880. “Ahí es cuando te das cuenta de que las prioridades no importan aquí”, dice un funcionario de la sede de la JNBC.

Miguel Reyes:

“Tenemos dirigentes que se van con la platita”

Este abogado que fue alcalde de Florida (Octava Región), jefe de gabinete del alcalde de Concepción, seremi de Transportes y de Justicia, preside la Junta Nacional de Bomberos desde 2006.

-Desde 2006, en seis años, la JNBC aumentó sus gastos en un 50% más que los cuerpos de bomberos. ¿En qué gastan los $1.400 millones que se asignaron?

-Hasta 2010, los recursos de Bomberos eran totalmente devengados. En 2006 nos avisaron que venía una normativa que nos dejaba en las mismas condiciones que otros organismos receptores de fondos públicos: si no eran ocupados dentro del año, se perdían. A diciembre de 2011 estábamos perdiendo $1.500 millones. Gracias a la gestión de la Junta Nacional logramos rescatar sobre $500 millones. Durante el año pusimos contadores a disposición de los cuerpos de Bomberos. Hubo algunos que rechazaron la ayuda, otros la aceptaron y la inmensa mayoría salvó su plata. Ahora, al traspasarse la responsabilidad de fiscalización al Ministerio del Interior, les sugerimos que crearan un organismo similar al que tenía la SVS. Somos una institución humana y tenemos dirigentes a los que lamentablemente les crecen las uñitas, no rinden cuentas y se van con la platita.

-¿Usted cobra por ser presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile?

-No, señor, aquí en la junta hay tres personas -presidente, secretario y tesorero- que no cobran ni un peso. Yo estoy aquí gran parte del día y durante toda la semana porque soy abogado jubilado, mantengo mi oficina en Concepción, y tengo algunas propiedades de renta.

-¿Cómo explica que Chile tenga carros bomba que no tiene casi ningún otro país y que cuestan US$ 1 millón?

-Eso ocurre en la Región Metropolitana, particularmente con el Cuerpo de Bomberos de Santiago, al que escasamente le compramos uno o dos carros que son para las compañías de Plaza Italia para abajo. Porque de Plaza Italia para arriba se los compran las municipalidades. Cuando realizamos la primera etapa de la Región Metropolitana, que eran como 30 carros, les mandé una nota a los alcaldes del sector oriente, indicándoles lo que tenían que aportar. Después tuve una entrevista con un alcalde de una de esas comunas y él me dijo: “Yo compro lo que mis bomberos me piden”. Sin comentarios. 

-¿Con cuáles empresas como proveedores?

- Hay de Camiva e Iturri, porque lo piden los cuerpos de bomberos. Nosotros no nos metemos. Si hay una mayoría de Camiva es porque gran parte de esos vehículos llegaron a Chile cuando a los bomberos, al país, no se les otorgaba crédito. La junta comenzó en 1975, y esa fue la única empresa que le dio crédito a Chile. Yo asumí como dirigente en 1998. Sobre lo que pasó antes , pregúntele a Octavio Hinzpeter.

-Octavio Hinzpeter dice que él dejó US$ 27 millones en caja cuando se fue en 2006. ¿Cuánto queda?

-Justamente, él era así (muestra el puño cerrado). Y esa plata no era de él, era de la junta, de los cuerpos de bomberos. Él decía que mantenía un colchoncito para el periodo de las vacas flacas, y la SVS permanentemente estaba diciendo: esta plata hay que entregársela a los cuerpos de bomberos. Según me contaron, él le decía a usted: “Voy a ser candidato, llévese este carrito”. Había discrecionalidad. Cuando yo asumí, los dirigentes me dijeron: “Carta blanca”. Les dije: no, señor, tengo una formación distinta, en valores y principios. Hay un cambio de estrategia completamente distinto al de Octavio.

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